Una persistente desprotección jurídica y múltiples violaciones de los derechos individuales y colectivos de personas indígenas durante 2004, estableció el informe «Los pueblos indígenas: esa parte negada de la realidad chilena» elaborado por el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas. De acuerdo al informe del organismo, dirigido por el abogado José Aylwin, el Gobierno […]
Una persistente desprotección jurídica y múltiples violaciones de los derechos individuales y colectivos de personas indígenas durante 2004, estableció el informe «Los pueblos indígenas: esa parte negada de la realidad chilena» elaborado por el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas.
De acuerdo al informe del organismo, dirigido por el abogado José Aylwin, el Gobierno no ha cumplido con el compromiso de reconocer constitucionalmente el carácter multiétnico del Estado chileno, pese a que el censo de 2002 reveló que un 4,6% de la población chilena (692 mil 192 personas) declaró pertenecer a algún pueblo originario o indígena.
Asimismo, lamentó que los derechos que tienen los grupos indígenas sobre sus tierras, lenguas y cultura, sigan bajo los estándares establecidos en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como el incumplimiento del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) en materias indígenas.
Sin embargo, el organismo estimó que las mayores deficiencias del país se producen en el ámbito jurídico, con la con la aplicación de la ley antiterrorista y el uso de testigos encubiertos en los juicios seguidos contra de miembros de comunidades mapuches, y situaciones de abuso policial en la detención de representantes indígenas, incluidos niños y ancianos.
Al respecto, pusieron como ejemplo el juicio por asociación ilícita terrorista contra los miembros de la Coordinadora Arauco Malleco, sobre el cual la Corte Suprema debe pronunciarse en los próximos días respecto al recurso de nulidad presentado por los condenados en primera instancia.
«Tras un juicio que duró cerca de un mes y que por la reserva de identidad de varios de los testigos que prestaron testimonio, desconocida incluso por la defensa de los imputados, careció de las normas básicas del debido proceso, como lo denunció en su momento un informe especial elaborado por el Observatorio y Human Rigts Watch, dado a conocer en octubre recién pasado», recordó el Observatorio.
Otro de aspecto destacado en el balance que presentó el Observatorio se refiere a los conflictos que se generaron en 2004 por tierras indígenas y su daño al hábitat ancestral de pueblos originarios, como el de la central hidroeléctrica Ralco y grupos pehuenches, o la situación de pueblos andinos, dada la tendencia a la privatización de recursos hídricos que utilizan.
Asimismo, criticó que el Gobierno no acogiera gran parte de las recomendaciones para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas que hiciera la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato en su informe de fines de 2003, ni las observaciones expresadas por el relator de Naciones Unidas para los Derechos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, en 2003.
Recomendaciones
El Observatorio propuso que iniciar una consulta con los pueblos indígenas y sus organizaciones representativas, un proceso de revisión de las políticas de estado hacia el mundo indígena; generar una instancia de diálogo para establecer las bases del reconocimiento político-jurídico de los derechos de los pueblos indígenas.
Ademá, impulsar campañas educativas de carácter nacional que erradiquen conductas discriminatorias de las que son objeto en la actualidad, dar cumplimiento a los compromisos sobre derechos individuales y colectivos contraídos en el acuerdo amistoso establecido por el gobierno de Chile con mujeres pehuenche que demandaron al estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En materia judicial, instó al Gobierno a abstenerse de abrir nuevos procesos contra representantes indígenas con aplicación de la ley antiterrorista y a que se propongan las modificaciones necesarias a este cuerpo legal para que solo pueda ser utilizado en crímenes que atenten contra la vida, la libertad o la integridad personal, y no contra la propiedad, como se ha venido haciendo hasta ahora; y revisar los procesos ya juzgados, a fin de verificar en cada uno de ellos el cumplimiento del debido proceso.
Además, pidió presentar proyectos legislativos que eliminen del Código de Justicia Militar todos los delitos que permiten el juzgamiento de civiles; a trasladar a la justicia ordinaria todas las investigaciones por abusos policiales y a exigir la publicación de los resultados de las investigaciones que hoy son perseguidas por tribunales castrenses.