Este 2013 es un año clave para el movimiento estudiantil y para el reordenamiento de la correlación política del «sistema de dominación», lo que incidirá directamente en el carácter que asumirá el cierre de la coyuntura política generada por el desbande del movimiento de masas y la (re)emergencia de la protesta social el 2011. Los […]
Este 2013 es un año clave para el movimiento estudiantil y para el reordenamiento de la correlación política del «sistema de dominación», lo que incidirá directamente en el carácter que asumirá el cierre de la coyuntura política generada por el desbande del movimiento de masas y la (re)emergencia de la protesta social el 2011. Los principales elementos en juego en este proceso van desde: la profundidad que asumirá el reordenamiento del sistema político, los ajustes de la agenda en educación superior de las clases dominantes y el carácter, proyección y limitantes que deberá afrontar el movimiento estudiantil para salir airoso y cumplir su principal objetivo: la conquista para todos los chilenos del derecho social a la educación.
a) El carácter de la lucha estudiantil entre el 2011 y el 2013 y la ‘fractura’ del consenso neoliberal.
El ascenso del movimiento estudiantil consiguió generar en menos de un año lo que la concertación no pudo o sencillamente no quiso hacer en más de diecisiete de «transición pactada»: poner en entredicho el rol del movimiento de masas en la política y el carácter del Estado en relación a la economía y la sociedad. En ello incidió el ascenso de la derecha al ejecutivo mediante elecciones democráticas después de 52 años, la ruptura de la hegemonía y la capacidad convocante de la centroizquierda, pero sobre todo, el desbande de un movimiento de masas cuyos principales espacios de expresión de su descontento se generaron al margen de los canales institucionales del estado (situación que no ocurría de manera generalizadas desde las diecisiete jornadas de protesta nacional contra la dictadura entre 1983-1986), el recambio generacional y la construcción de una nueva cultura política por fuera de los radios de acción consolidados durante la transición pactada.
La importancia de estos últimos aspectos están dados porque precisamente fueron unos de los principales elementos en disputa entre las cúpulas de la oposición a la dictadura, incidiendo en el carácter que asumiría la transición democrática y el lugar que le correspondería al movimiento social en ese esquema. En dicho escenario dos fueron las tendencias que se presentaron: por una parte un bloque liderado por la D.C. y apoyado por el PS (Briones-Núñez y a la cual se sumará con posterioridad una fracción del «bloque socialista»), cuyo centro era el acatamiento del eje neoliberal del sistema en construcción en lo económico y su no cuestionamiento al sistema político; y por otro, el representado por las fuerzas progresistas y revolucionarias, cuyo carácter estaba puesto en negar la obra de la dictadura, acentuando los rasgos de deslegitimidad del proceso mediante el descontento popular, por lo cual era necesario «movilizar a las masas». En ese empeño la mayoría de las fuerzas de izquierda, unieron sus esfuerzos y apostaron por radicalizar el proceso de protesta, hasta el momento en el cual el PC, leyendo con agudeza su posterior exclusión del proceso, desplaza su política de sublevación popular, desarma el FPMR y hace los intentos infructuosos por sumarse al proceso conducido finalmente por el PS y la DC. El tronco histórico de la concertación y el «partido de la gobernabilidad neoliberal», el candado político del eje de acumulación del modelo neoliberal.
El efecto político en relación al movimiento popular lo identificamos en el plano ideológico y en el político. En el ideológico fue necesario desmontar la alternativa de movilización popular. Con ese objetivo los ideólogos de la transición (Tironi, Moulian, Garetón, Bruner y cia.) idean: a) una lectura politicista del golpe militar, que no se hace cargo de los elemento socioeconómicos puestos en juego en el colapso de la U.P. y los motivos del golpe militar, que sataniza al proyecto revolucionario y -por efecto inverso-justifica la dictadura de exterminación y su objetivo de erradicar el cáncer extremista de chileno; b) señala la incidencia de una «profunda cultura cívica» o «ciudadana» (de alrededor de 40 de años de vida republicana) y el «carácter anómico» del movimiento de protesta dado en el ciclo del 83-86, para lo cual aislaron a todas las alternativas teóricas que no se ajustaban al discurso que venían construyendo [1] ; c) la justificación de la inadecuación de los análisis de clases sociales y su sustitución por los análisis de estratos socioeconómicos, ante la fuerte expansión del consumo, lo que borraba las «fronteras culturales de las clases sociales» [2] . Los efectos de dicho juego ideológico fueron: a) desechar de la política el componente de clases, sustituyendo la «vieja» igualdad, justicia y desarrollo que remiten necesariamente a la relación del Estado con la economía, política y sociedad, por la «aggiornada» equidad y progreso, que desacopla la relación entre economía, sociedad y política. b) Aislar por descrédito a los proyectos políticos que sostenían otras alternativas. c) La desmovilización por vía de cooptación política del movimiento de masas, la desarticulación progresiva de la estructura estatal que sostenía al sector público ligados a las empresas estatales y al área de servicios sociales (agentes de movilización permanente durante el periodo 1938-1973) y el desmantelamiento de los soportes institucionales que permitían la organización sindical y estudiantil.
Así en el plano político el eje que el «partido de la gobernabilidad neoliberal» articuló se basó en: a) dar continuidad y profundizar el «Estado Subsidiario», generando un entorno económico favorable para la inversión privada internacional, la acumulación de capital acelerada y la concentración de la riqueza (baja tasas arancelarias, construcción de un sistema tributario regresivo basado en el gravamen del consumidor por vía indirecta, una política de salarios de hambre y un apoyo «fantasma» por vía de la ampliación de los créditos de consumo y el endeudamiento). b) La cooptación del movimiento de masas por la inserción de sus cuadros en los principales movimientos sectoriales que les permitió durante los 90′, jugar a la política «de hacer en la medida de lo posible» para evitar la «regresión autoritaria», lo que implicaba apelar a la desmovilización, al diálogo y al acatamiento de la agenda política instalada en los palacios gubernamentales (ejemplo de ello fue el reflujo en el que entra el movimiento estudiantil a principio de los noventa que llega incluso a la ruptura de las federaciones. En el caso de los trabajadores, las negociaciones ideadas para generar los acuerdo CUT-CPC); c) la reducción de los conflictos sectoriales a cuestiones gremiales ajustadas a los tiempos del presupuesto de la nación y al reajuste salarial acorde al IPC nominal; d) la postergación de reformas estructurales sustantivas y el posterior blindaje político de la constitución de los 80′ (las reformas constitucionales implementadas durante el gobierno de Lagos, que pomposamente se presentaron como el «fin de la transición»).
El resultado general de esta relación entre el Estado, política, economía y sociedad implicó la des-estructuración del eje de acción política clásico del movimiento popular y sus referentes políticos, basado en al articulación del «sistema de partidos» al movimiento social a través del Estado. El estado a la vez que un espacio de conciliación de los conflictos de clases y facciones de clases, era motor de los Proyectos Políticos de Sociedad que los distintos referentes disputaban adentro y afuera de la institucionalidad, constituyéndose como expresión política de la alianza de clases.
Sin embargo el 2006 fue un año que a nivel político-simbólico y de movilizaciones marcó un antes y un después. Fue el «primer año» desde que se decretó por papel el «fin de la transición» y fue el «primer» año en el que una nueva forma de hacer política se instala desde ese doble flanco que la concertación clausuró: el movimiento social retomó una ofensiva masiva, basada en la acción directa por fuera de la institucionalidad y expresando un contenido político que en su quehacer anticipaba una nueva cultura política basada en el mismo conflicto histórico que divide a nuestra sociedad.
Así desde el 2006 observamos una pérdida progresiva de las bases sociales de apoyo de la concertación en los movimientos sociales y un recambio generacional acompañado por una radicalización ascendente de las movilizaciones sociales, que llegan el 2011 a su cima. Durante el 2006 se inician dos tendencias interesantes: a) por una parte hay un reposicionamiento de formas de luchas por fuera de los canales institucionales del Estado con métodos de acción colectiva basados en la «acción directa». Las huelgas ilegales de los trabajadores subcontratados de las forestales al margen de la CUT en la que muere acribillado Rodrigo Cisternas. El movimiento mapuche inicia un proceso de radicalización aumentando sus protestas, corridas de cerco y ocupaciones ilegales de las tierras usurpadas, movilizaciones en las cuales son asesinados: Alex Lemún, Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío. Por su parte el movimiento estudiantil secundario apela mediante la ocupación masiva de sus liceos que llegan en su clímax a paralizar cerca de un millón de estudiantes a nivel nacional.
Por otra parte, b) observamos un desplazamiento de la lógica política que organiza la lucha reivindicativa de los distintos sectores: hay un paso progresivo de la lógica de la resistencia a la de propuesta, lo que permite a nivel político un menor margen para la cooptación política y un cuestionamiento radical a la relación del Estado con la sociedad y la economía. En el caso de los estudiantes secundarios se pasa de la resistencia contra la municipalización a la exigencia de desmunicipalización y el fin a la L.O.C.E. (Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza), los trabajadores subcontratados exigen el fin de la subcontratación y los mapuches levantan las exigencias de autonomía y soberanía territorial de la Nación Mapuche.
Si bien estos elementos fueron parciales durante el 2006, durante las movilizaciones sociales del 2011 y 2012 alcanzan mayores niveles de presencia: Los movimientos regionalistas y ambientalistas (Aysén, Freirina y Calama) que ponen en cuestionamiento el modelo de desarrollo centralizado y basado en la explotación sin reparos del piso ecológico. Pero sin duda, por su permanencia en la agenda pública nacional y apoyo social, es el movimiento de los universitarios y secundarios del 2011 el que alcanza mayor proyección. Los dos ejes señaladas (el eje político que relaciona Estado, sociedad y economía y el rol que le cabe al movimiento social en ello) fueron los dos elementos articuladores que potenció al movimiento y que él potencio: a) (re)posiciona la masividad y la ocupación de la polis, ampliando el repertorio de acción con jornadas de protesta callejeara, combinados a métodos radicales (por su creatividad y su violencia bajo la modalidad de autodefensa) y la inclusión de otros sectores en solidaridad a la lucha (La quema de la multitienda la Polar, el paro productivo de los Portuarios y las jornadas de protestas del 24 y 25 de agosto que culminan con el asesinato del joven Manuel Gutiérrez); b) suma a nuevos contingentes de estudiantes a las movilizaciones, provenientes de universidades privadas emergentes, institutos profesionales y centros de formación técnica, lo que le permite ampliar su base social orgánica; c) transversaliza su apoyo a nivel social; d) genera una crisis de legitimidad en el sistema de partido y una fuerte crisis de aprobación en las instituciones del Estado, otorgando mayor aprobación a sus principales figuras por sobre a los representantes del «mundo político»[3].
Estas características y la sensación de desborde, «malestar» o «crisis de consenso social»que los movimientos sociales instalan en la palestra nacional, permitieron que si bien la clase política se llevara gran parte del costo, éstas pudiesen esboza una política pragmática de reformas menores que dieran mayor impulso al agotamiento político del consenso neoliberal (La reforma del sistema de partido por vía de la Ley de inscripción voluntaria que invitaba a los cerca de tres millones de jóvenes no inscritos en los registros electorales a participar. Los paquetes de reformas económicas y tributaria. La mayor entrega de «bonos» a los más pobres y la política ofensiva desplegada por el oficialismo en fiscalización al «lucro» y la «usura»)
Pese a estos elementos que uno pudiese considerar de buenas a primeras como un ‘avance’ y una oportunidad política para capitalizar y avanzar en acrecentar las críticas al sistema, la situación interna del movimiento estudiantil -principal agente de desestabilización del consenso- no estuvo a la altura de las tareas del momento político, y la lectura a posteriori no es muy positiva, como en ese momento ya lo señalábamos [4] . El carácter político de las demandas puestas en juego en las correlaciones de fuerzas globales nos era francamente desfavorables: el profundo estado de des-movilización del movimiento popular chileno y su clase obrera secuestrada por el reformismo, la dispersión y fragmentación partidarias de los núcleos revolucionarios, la ausencia de claridades políticas en el plano de la estrategia y la táctica, el peso del sectarismo y la dispersión ideológica, se tradujeron en una profunda disociación de realidad y sueño, entre proyecto utópico y maniobra táctica.
Asumiendo aquello como el estado del arte del movimiento, era necesario asumir la derrota en lo táctico que -insistimos, son un dato objetivo y están dadas por las correlación de fuerzas globales-, identificar los aspectos esenciales puestos en juego, replegarse para preservar las fuerzas y proyectar futuros escenarios de movilización y lucha. Dichos aspectos puestos en juego son política y movilización. Por una parte, el carácter político de las demandas que rompen el consenso neoliberal y cuestionan la relación entre Estado, política, economía y sociedad; y el rol que cabe en dicha administración a la polis, a la comunidad fractura por la irreconciliable contradicción entre aquellos que viven de su trabajo y aquellos que viven a costa de la explotación y administración del trabajo ajeno.
b) El carácter de las demandas y las maniobras políticas del eje neoliberal .
La educación como un derecho social, la gratuidad,el fin al lucro y la democratización a nivel político son demandas que en el marco de la transición conducida por el «partido de la gobernabilidad neoliberal», atentan contra el corazón de la relación estructural del Estado con la sociedad y la política, pero de manera opaca, puesto que son fácilmente asimilables por una táctica «democrático-nacional» o «nacional-popular». De ahí que la principal tarea del movimiento estudiantil y de las fuerzas revolucionarias sea esclarecer las implicaciones de una y otra y la manera en cómo las articulamos en un proyecto contrahegemónico, con arraigo nacional y en perspectiva continental.
A pesar de aquello el rol jugado por esta demanda en lo estudiantil permitió frenar la agenda de transformación en ESUP para Chile (no su eliminación) y ese fue el único rédito político en lo reivindicativo ganado por el movimiento el 2011. Una agenda cuyos aspectos centrales son consenso en el bloque neoliberal y que tiene como principal objetivo la formación de clúster productivo, la integración del desarrollo de capital humano de avanzada de las universidad al sistema productivo, generando una captación privada de la renta generada por la investigación y la innovación tecnológica y técnica.
Por este motivo Piñera, en un gesto al bloque dominante y bajo la presión de revertir los índices de aprobación, designa a Beyer como ministro de educación (consenso en la clase política) para reconducir su apuesta de gobierno tecnocrático y la implementación de la agenda educativa neoliberal: a) la reformulación de la institucionalidad, agrupando en un mismo espacio a universidades privadas y «públicas», b) la modificación del financiamiento estatal por uno mixto que convine uno centrado en el modelo de convenio de desempeño y otro asignado a la demanda (al cliente-estudiante), con mayores garantías (una reducción de su tasa de interés al 2%), c) la combinación de modalidades de ingreso alternativa y estandarizadas al sistema de educación en su conjunto (PSU, más cupos de equidad) , d) la creación de mayores confianzas a los «clientes», aumentando la fiscalización (Superintendencia de educación), mayor información sobre las carreras y e) generar un ajuste de la oferta de educación acorde a la rentabilidad en el mercado educativo (XXX).
La conducción de Beyer fue bien encaminada para los objetivos del ejecutivo; sin embargo, el rechazo al informe del lucro, el escándalo generado a raíz de la colusión de la Comisión Nacional de Acreditación y la Universidad del Mar y su posterior quiebra generaron una escenario político que, «el partido de la gobernabilidad neoliberal», aprovechó a su favor para recomponer sus espacios de acumulación social: se idea una operación política para generar una acusación constitucional a Beyer una semana antes de la primera marcha estudiantil y coincidente con la llegada mítica de Michelle Bachelet, sus esbozos de campaña y sus primero anuncios de gobierno en materia educacional. El contenido de sus anuncios refleja todo menos una claridad programática y una clara tendencia a acomodarse en función del movimiento de masas. Antes de la marcha del jueves pasado (que el oficialismo esperaba cercanas a 10.000) que convocó a más de 100.000 personas en Sgto. y cerca de 250.000 a nivel nacional, Bachelet anunciaba un «Arancel diferenciado»; con posterioridad a la marcha del 11, Bachelet anuncia: «hay que llegar progresivamente a la gratuidad».
Estos movimientos demagógicos del bloque neoliberal y los amagues por parte de la izquierda reformista y progresista en trasladar la discusión de las correlaciones de clases a la esfera política y la coyuntura electoral, junto con manifestar una profunda falta de perspectiva de poder, esconden bajo el sino de la ansiedad una falta de vocación y de análisis político del terreno en el que se mueven nuestros enemigos, de dónde se pertrechan nuestras líneas de acumulación de fuerza y de dónde se originan todos los cambios sociales profundos y radicales: en nuestra capacidad creativa como movimiento popular, en la alegrías y dignidad que nos da la lucha y en la profunda moral de combate y ruptura que necesitamos para romper el cerco neoliberal.
c) las limitantes de la táctica electoral en la transición inconclusa y los riesgos para el Movimiento Popular.
«Los revolucionarios no pueden prever de antemano todas las variantes tácticas que pueden presentarse en el curso de la lucha por su programa liberador. La real capacidad de un revolucionario se mide por saber encontrar tácticas revolucionarias adecuadas en cada cambio de la situación, en tener presente todas las tácticas y en explotaras al máximo. Sería error imperdonable desestimar el provecho que puede obtener el programa revolucionario de un proceso electoral dado; del mismo modo que sería imperdonable limitarse tan sólo a lo electoral y no ver los otros medios de lucha, incluso la lucha armada, para obtener el poder, que es el instrumento indispensable para aplicar y desarrollar el programa revolucionario, pues si no se alcanza el poder, todas las demás conquistas son inestables, insuficientes, incapaces de dar soluciones que se necesitan, por más avanzadas que puedan parecer»
(Che Guevara, 1961)
Este 2013 tiros y troyanos apostarán a llevarse un corte suculento en la repartición de prebendas que el «partido de la gobernabilidad neoliberal» distribuirá para recomponerse con miras a ganar las elecciones presidenciales. Por este motivo por más que su tronco histórico (la DC y la derecha del PS, hoy conducida por Escalona), intenta trazar la cancha en relación al eje del nuevo gobierno [5] ; los sectores progresistas saben cuál es el rol que hoy cumple la ampliación de la coalición. En palabras de Osvaldo Andrade: «los socialistas apuestan porque el PC logre controlar las movilizaciones sociales en un eventual gobierno de Bachelet»[6]. Y por su parte, el PC por más que dilate su posición frente a las elecciones a la reunión del comité central el 21 de abril, el grueso de su política electoral está trazada para que los candidatos del PC sean incluidos en las listas parlamentarias, lo que significa un guiño a integrar un nuevo gobierno. De ser así, el riesgo que presenta la apuesta del gobierno de «convergencia» como paso al «gobierno de nuevo tipo» que levantan los comunistas, nos deja con más interrogantes que con certezas. Con la incerteza de saber cómo se comportarán sus dirigentes sindicales hoy presentes en la presidencia de la CUT y en la CPC; con incerteza de cuál será el rol específico jugado en educación; con la incerteza de llevar a una «revolución-de restauración» en palabras de Gramsci el ciclo de movilizaciones iniciado el 2006 y cerrando políticamente los cambios en el eje neoliberal.
La limitante de la apuesta comunista está en qué: a) el conglomerado lo conduce el partido del orden, por lo que no hay una hegemonía obrera en el proceso; b) que las modificaciones constitucionales que se requieren para implementar las políticas de redistribución de la renta y de democratización que están en su programa requieren de quórum contra mayoría (los llamados dos tercios para las reformas); c) a nivel ideológico difumina el enemigo incluso en el marco de su apuesta de periodo de «neoliberalismo v/s democracia». ¿A caso como presentar una lucha contra el cerco neoliberal si se es parte del mismo gobierno que asegura su gobernabilidad?; d) lo más terrible, hipotecan la importancia de la independencia política de clase para reconstruir el movimiento sindical y el movimiento popular.
Por su parte comprendiendo la racionalidad que está en la base de la táctica del progresismo que busca posicionar el gobierno como una palanca del proceso del movimiento popular, se presentan las siguientes contradicciones y dificultades para cada una de las lecturas que se hacen de esta alternativa. Por un parte, el «progresismo pequeño-burgués» que hoy conduce nodo XXI y la Izquierda Autónoma, que se presenta con una retórica ciudadana que tiene en la base de su táctica una lectura de estratos socioeconómicos y que, precisamente, apuestan en el sujeto mayoría como el motor de sus cambios políticos y sus objetivos, meros transformaciones democráticas, con lo cual surge la interrogante de: a) el rol que la cabe a la organización política. Los compañeros autónomos lamentablemente sólo un pequeño núcleo de estudiantes sin inserción en el movimiento popular y, por lo tanto, con una visión de su clase de los cambios nacionales; b) no hay un proyecto definido de sociedad hacia dónde quieren orientar el proceso de cambio, por lo que sólo son fuerza auxiliar que quedará aislada y a la deriva de la agenda del partido del orden. c) se le agregan todos los agravantes señaladas para el caso de los comunistas. Por su parte, «el progresismo popular» que representa el Partido-Igualdad demostró en las pasadas elecciones municipales ser más una burbuja que un «partido-movimiento»-herramienta de los pueblos y, a mi juicio, un poco prematura en su apuesta, en relación al desarrollo del movimiento popular.
Como nos gustaría ver a todos estos compañeros, gastando sus recursos organizacionales en la reconstrucción política, ideológica y organizacional del movimiento popular: en sus organizaciones de masas y sectoriales, en los territorios y en la articulación multisectorial.
d) Observaciones finales:
«El problema no es tanto saber si [el pueblo] se puede sublevar, sino ver si son capaces de construir una organización que les dé los medios para llegar a un final exitoso – no por una victoria casual, sino por un triunfo prolongado y definitivo».
Mijaíl Bakunin
a) La educación como derecho social no es una reivindicación revolucionaria en el sentido socialista; es una reivindicación fácilmente asimilable por una readecuación de eje político del bloque de centroizquierda, con variantes «progresistas» o «reformistas» y que, en el juego de la correlación de clases actuales, sólo está a la deriva de las dádivas y carácter que asumirá la reestructuración del «partido de la gobernabilidad neoliberal». Mientras no se rompa el eje histórico del partido del orden (tronco PS-DC, ratificado a finales del 2012 [7] ), romper el cerco neoliberal a la izquierda desde el mismo conglomerado de gobierno es muy complicado y tiene mayores costos que posibilidades reales (por más que el ala de izquierda del PS, el PPD y el PRSD apuesten por ello. Ellos representan alrededor de un 10% de la fuerza electoral de la concertación. El grueso sigue constituyéndolo la DC).
b) La educación como derecho social representa sólo un avance en el sentido democrático-nacional, el avance estratégico pasa por el carácter que asume el proyecto educativo en cuestión, puesto que ataca a la relación que asume el Estado con la economía y la sociedad. Sin embargo, la construcción de este proyecto de educación debe tomar como eje el rol de masas y aprovechar el escenario para ir combinando disputa ideológica con avance reivindicativo, sobre todo aquellas relacionadas con organización y que favorezcan ante todo la unidad del movimiento estudiantil en sus diferentes componentes
c) Se requiere reabrir un nuevo escenario de movilizaciones radicales en sus formas y en sus contenidos que nos permita tensar al máximo posibles las estrategias reformistas y progresistas. Para ello la lucha de masas y la acción directa son las herramientas que permiten avanzar al calor de la lucha mostrando los límites estructurales de la gobernabilidad neoliberal, moralizan a nuestros compañeros y disipan las falsas expectativas de transformación democráticas.
d) Necesitamos seguir profundizando la construcción de la organización revolucionaria en nuestro país en perspectiva continental y generando mayores claridades en la estrategia y la táctica. Por ellos es necesario seguir nucleando compañeros, forjándolos en una ética de combate y de construcción horizontal. La tarea sigue siendo la formación de la vanguardia comunista libertaria como síntesis entre organización política y pueblo; aquella franja colectiva de militantes del Pueblo Digno y Soberano que no vacilan en combatir el localismo y el sectarismo, en avanzar en la formación integral y que con alegría afrontan la construcción política desde las bases.
e) Seguir apostando las energías en reconstruir las organizaciones sectoriales en perspectiva nacional, en general una dirección político social de carácter multisectorial con una amplia legitimidad y apoyo social conseguido mediante la lucha y e organizar nuestros territorios.
M. Zeguel.
Estudiantes de Historia y Sociología.
Militante del Frente de Estudiantes Libertarios-Chile.
14/4/2013
Cerrillos, Chile.
[1] Véase por ejemplo la posición de Moulian en el lanzamiento de la investigación de Gabriel Salazar sobre «La violencia Política Popular en las Grandes Alamedas. La violencia en Chile 1947-1987 »
[2] El famoso texto de Tironi y Martínez, «las clases sociales en Chile. Cambio y estratificación. 1970-1980»
[3] http://feluchile.blogspot.com/2012/03/aporte-para-un-balance-y-proyecciones.html
[4] http://www.rojoynegro.info/sites/default/files/Reportaje-Chile.pdf
[5] La DC: no gobernará con el PC; Escalona, el eje del gobierno de Bachelet: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/09/01/escalona-asegura-que-no-hay-crisis-institucional-y-cuestiona-una-asamblea-constituyente/
[6] http://diario.latercera.com/2013/04/06/01/contenido/reportajes/25-133757-9-el-pc-alista-su-desembarco-en-campana-de-bachelet.shtml