Organizaciones No Gubernamentales (ONG) pidieron el 13 de octubre a la Unión Europea (UE) dar prioridad a la protección de los derechos humanos en su relación bilateral con Colombia. La petición forma parte de una campaña internacional impulsada por 224 entidades, entre ellas Amnistía Internacional, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Oficina […]
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) pidieron el 13 de octubre a la Unión Europea (UE) dar prioridad a la protección de los derechos humanos en su relación bilateral con Colombia.
La petición forma parte de una campaña internacional impulsada por 224 entidades, entre ellas Amnistía Internacional, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Oficina Internacional de Derechos Humanos-Acción Colombia (Oidhaco).
El objetivo es denunciar las amenazas que sufren los defensores de los derechos humanos en el país sudamericano y la falta de interés de las autoridades públicas ante una situación de «desamparo».
Las ONG instaron a la UE a poner los derechos humanos «en primer lugar de la agenda de las relaciones diplomáticas, de cooperación y de comercio» con Colombia y a presionar al gobierno de Bogotá a realizar «verdaderos cambios de política» en ese sentido.
Asimismo abogaron porque el bloque comunitario no lleve adelante las negociaciones para un tratado de libre comercio con Colombia si no constata mejoras en la situación de los derechos humanos.
El secretario general de la Organización Mundial contra la Tortura, Eric Sottas, pidió que el gobierno colombiano establezca -más allá de las promesas- una hoja de ruta con medidas y plazos para asegurar un ambiente libre de amenazas para el trabajo de los defensores de los derechos humanos.
Sottas espera que el gobierno de España, que tendrá la Presidencia de turno de la UE en el primer semestre de 2010, colabore para mejorar el diálogo entre el bloque y Colombia en esa materia.
Las ONG también pidieron que el gobierno del presidente colombiano Alvaro Uribe Vélez rinda cuentas sobre la actuación de los servicios de inteligencia contra los defensores de los derechos humanos, las organizaciones intergubernamentales y diversos magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Exigieron además esclarecer ejecuciones extrajudiciales contra civiles que afirman haber cometido el Ejército «de manera sistemática».