Sebastián Piñera decidió ir con todo contra los migrantes y Chile exhibió a escala regional y mundial la represión y la violencia contra familias de otros países, con la singularidad -como ocurrió en otras latitudes- de miles de personas organizadas para agredir a migrantes y quemarles sus pertenencias y los enseres de sus hijas e hijos. Un rostro promovido desde el Gobierno, la derecha y la ultraderecha, sumando al país a ese fenómeno xenófobo y racista que tiene líderes como Donald Trump y Jair Bolsonaro, evocados por personeros de partidos que respaldan a Sebastián Sichel y a José Antonio Kast.
Piñera -que en estos días anda de gira por los países donde sus gobernantes son de derecha: Colombia, Paraguay y Uruguay- dio instrucciones en privado a los responsables del Ministerio del Interior, Carabineros y Ejército, que son los encargados de cumplir su política anti-migratoria.
El titular de Interior, Rodrigo Delgado (militante de la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente, UDI), afirmó que “vamos a seguir con los desalojos en todos los espacios públicos que se requiera y vamos a seguir con el plan de expulsiones”.
En efecto, en coordinación con el alto mando de la policía uniformada, Interior instruyó sacar de una plaza a migrantes en Iquique y en otras ciudades del norte del país, y sin que se publique mucho, hay desalojos en calles de Santiago. El viernes pasado la acción de Carabineros provocó enfrentamientos, conatos, agresiones, heridos y detenidos. Al tiempo que se anunció que en estos días habrá más expulsiones de extranjeros, que elevaría a mas de mil los echados del territorio chileno.
Y el subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli (militante de la derechista colectividad Renovación Nacional), indicó a la prensa, en la línea de denuncias de criminalización de los migrantes por parte del Gobierno, que “aquellas personas que infrinjan gravemente la ley deben someterse a las consecuencias…”. Venezolanos, colombianos y haitianos, sobre todo, saben lo que implican esas palabras de uno de los gestores, desde La Moneda, de medidas contra sus familias.
Además, Galli, en la línea comunicacional establecida desde el Gobierno con la aprobación de Piñera, sostuvo que las autoridades, dirigentes sociales y representantes de migrantes que reclaman por la represión, la violencia y medidas coercitivas, “son personas que se quieren aprovechar de la visibilidad política” por los sucesos ocurridos sobre todo la última semana.
El alto mando de Carabineros está dedicado a aplicar las instrucciones de desalojo, represión y hostilidad a familias extranjeras, la Policía de Investigaciones lleva a cabo la detención y expulsión de migrantes y el Ejército vigila que no entren por las fronteras terrestres en el norte. Son decenas los testimonios de hombres y mujeres de otros países que denuncian insultos, malos tratos y arbitrariedades de las y los policías de Chile.
En este marco, diversas agrupaciones de defensa de los migrantes, legisladores y dirigentes sociales criticaron este fin de semana que Piñera fue a la frontera colombiana-venezolana a incentivar la salida de venezolanos de su país para que vinieran a Chile, y ahora encabeza las medidas contra ellos, lo que volvió a desnudar que su actitud hace un par de años obedecía solamente a presionar y derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro.
Sebastián Sichel, candidato presidencial de la UDI y RN se sumó a la política de Sebastián Piñera ante la migración y expresó que “debe ser legal, ordenada y regular. Tenemos que ser capaces de conseguir ambos objetivos. El Estado debe reforzar fronteras, en especial en puntos de ingreso irregular”. Como lo sostienen desde La Moneda, Sichel puso de relevancia el papel de las policías y los militares. “Debe disponer (el Gobierno) de más tecnología, coordinación y dotación de Carabineros, PDI y Fuerzas Armadas”, sostuvo.
Ataques y violencia contra familias de migrantes
En esta política el Gobierno cuenta con el respaldo de las colectividades de derecha, grupos de ultraderecha y xenófobos, y personas que rechazan la presencia de migrantes. Un punto culminante -que nadie puede afirmar que no se repetirá- se produjo en Iquique, donde unas cinco mil personas marcharon en contra de la llegada de familias desde otros países y luego atacaron violentamente a migrantes, les quemaron sus carpas, ropas, comida y hasta enseres de sus hijas e hijos.
Esto abrió la puerta en Chile a expresiones de agresión y violencia de civiles en contra de migrantes, con rasgos de turbas racistas, uso de palos, material inflamable y maltrato físico, como sucedió y sucede en ciudades europeas donde esos hechos son impulsados por grupos ultraderechistas, racistas y de supremacía racial.
Por redes sociales en Iquique, pero también en Arica, Antofagasta, Santiago, se están organizando grupos anti migrantes, llamando a hacer marchas, manifestaciones, desalojarlos, agredirlos y expulsarlos de espacios públicos y ciudades. Se sabe de agresiones en calles, barrios, plazas, playas, parques y otros lugares donde se instalan o desplazan venezolanos, colombianos, haitianos y peruanos, principalmente. Bajo la consigna de “No+migrantes”, “No+ingresos ilegales”, se están organizando grupos para hostigar, atacar y violentar a extranjeros.
En esta línea gubernamental y el inicio de acciones violentas de civiles, Vanessa González, presidenta de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes declaró que “nos encontramos en un escenario completamente adverso para las comunidades inmigrantes en Chile, donde la deshumanización, la criminalización, la discriminación, el racismo y la xenofobia hacia las personas migrantes y refugiadas ha sobrepasado todos los niveles posibles”.
“Estalla la intolerancia”
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) está investigando los sucesos de Iquique. El director del organismo, Sergio Micco, declaró que “estamos pagando los costos de la falta de una política de Estado en materia de migración. Es evidente que si los chilenos y chilenas solamente hablamos de migrantes a propósito de expulsiones y desalojos, esto favorece la xenofobia y el racismo. Por eso demandamos al Gobierno aplicar la Ley de migración de forma inmediata”.
En medio de prensa de México, Alemania, Perú, Venezuela, España, Francia y Rusia, entre otros, hubo titulares y notas sobre lo ocurrido en Iquique y agresiones a migrantes en Chile. En muchos países se vieron las imágenes e informaciones de chilenos quemandos ropas, comida, carpas, juguetes y enseres de migrantes. Hubo titulares como «Estalla la intolerancia en «Chile», «Xenófobos queman pertenencias de migrantes», «Ataque a migrantes en Chile», «Tensión política y social ante la entrada de migrantes», «Masivo desalojo policial de inmigrantes en na plaza del norte de Chile».
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, escribió en Twitter: “Venezuela repudia la xenofobia y agresiones contra migrantes venezolanos y exige a las autoridades nacionales y locales de Chile respeto a la integridad física y psicológica de nuestros connacionales”.
El Relator Especial sobre Derechos Humanos de Migrantes de Naciones Unidas, Felipe González, también en redes sociales, expresó: “Inadmisible humillación contra migrantes especialmente vulnerables, afectándolos en lo más personal. El discurso xenófobo, asimilando migración a delincuencia, que por desgracia se ha ido volviendo cada vez más frecuente en Chile, alimenta esta clase de barbarismo”.
En un Twitter desde la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH) se sostuvo que el “Gobierno tendrá que responder ante la comunidad internacional por incumplimiento de sus obligaciones en Derechos Humanos, lo que facilitó la violencia ejercida contra migrantes en Iquique”.
http://elsiglo.cl/2021/09/26/sp-con-todo-contra-los-migrantes/