El gobierno de Sebastián Piñera, en el poder desde hace poco más de un año, se enfrenta a una escena pocas veces observada. Si pensábamos que el modelo económico de mercado, que llevó a Chile desde la última década del siglo pasado a encabezar todos los rankings de los organismos internacionales y agencias de inversión, […]
El gobierno de Sebastián Piñera, en el poder desde hace poco más de un año, se enfrenta a una escena pocas veces observada. Si pensábamos que el modelo económico de mercado, que llevó a Chile desde la última década del siglo pasado a encabezar todos los rankings de los organismos internacionales y agencias de inversión, era eterno, no pocos factores externos se han encargado de recordar que nada es permanente ni en Chile ni en el mundo.
Aquella idea levantada por todos los gobiernos de la postdictadura, sin excepción, en cuanto las políticas de libre mercado desregulado llevarían a este país del Cono Sur al desarrollo en pocos años, se ha estrellado con una realidad que hasta el mismo gobierno ha tenido que reconocer: la guerra comercial desatada por Estados Unidos contra China, los principales socios comerciales de Chile, afectará el crecimiento económico de esta nación.
El sábado pasado Piñera leyó la Cuenta Pública ante el Congreso Pleno en Valparaíso. Un discurso de varias horas para describir lo (poco) realizado y anunciar lo que prevé hacer. Una gran compendio de artículos y deseos cada año más aburrido para los chilenos y menos relevante para las organizaciones, que aquella tarde eran dispersadas y perseguidas en el puerto por las fuerzas especiales de Carabineros, espectáculo urbano que se repite cada año y expresa, en todo su peso, la brecha que separa los salones del Congreso con las organizaciones sociales, el abismo entre la clase política y la ciudadanía. A nadie, salvo a los partidos, funcionarios y afines le interesa mucho lo que sucede en aquel edificio.
Los anuncios de Piñera no se dirigen a la ciudadanía. Sí, por cierto, a los partidos y las clases dirigentes, como los jueces o los mismos parlamentarios. Nada, o muy poco, sobre las pensiones de miseria que reciben los jubilados, aun cuando sí para las AFP, las entidades privadas que lucran con los fondos de los trabajadores, y tampoco nada relevante para mejorar la calidad de vida de los chilenos en general. Todo lo contrario: el discurso contó con la advertencia que vienen tiempos complejos. Una ironía si consideramos que el eslogan de su campaña fue que vienen «tiempos mejores».
Piñera y su ministro de Hacienda ya han comenzado a internalizar la guerra comercial y han rebajado la tasa de crecimiento del producto prevista para este año, que no pocas instituciones no gubernamentales estiman bajo el tres por ciento. La economía chilena, en suma, será la más afectada en Sudamérica, junto a la peruana y argentina, detalló una publicación de Moody’s Analytics el lunes.
Sin crecimiento económico se acaba el programa de Piñera. Y se termina también su apoyo electoral, básicamente conseguido sobre las promesas de supuestos mejores empleos y alzas de salarios. Con esta tasa de crecimiento ya hay efectos en una resta de exportaciones y ventas internas, alza en la tasa de desempleo, caída en el precio del cobre, importante fuente de recursos para el Estado chileno, devaluación del peso, con la consecuencia en un aumento de precios internos y otras posibles consecuencias por venir.
Piñera se quedará sin programa, sin ideas. Y próximamente, cuando los efectos sean evidentes y afecte el bolsillo de los trabajadores y consumidores, sin su piso electoral.
Este panorama descrito ha mantenido hasta ahora un equilibrio muy precario. Existe una ciudadanía atenta al devenir de los acontecimientos dispuesta a participar en la esfera pública a través de sus demandas, desde las más antiguas a las más recientes producto de la reinstalación de políticas conservadoras por el gobierno de Piñera.
Desde finales de mayo y comienzos de junio las calles de Santiago, Valparaíso y otras capitales regionales han sido testigos de jornadas de movilizaciones, paros, protestas, banderazos, sentadas, acampadas y otras formas de manifestación de organizaciones de ciudadanos. Principalmente desde estudiantes de Educación Secundaria, trabajadores de múltiples sindicatos bajo el alero de la coordinadora No + AFP, que demanda el fin del sistema privado de pensiones, organizaciones ambientalistas y, a partir del lunes 3 de junio, de millares de profesores afiliados al poderoso Colegio de Profesores, que defienden la educación pública, hoy desatendida por el gobierno. En todos los casos hay una sentida reacción a la reinstalación del imaginario conservador vía políticas públicas.
Los estudiantes se han movilizado en una creciente energía desde finales de abril. Por una parte, como respuesta a las normas impuestas desde el año pasado con la ley de Aula Segura, que endurece en todos los aspectos la represión en los colegios. A través de estas y otras políticas similares, los estudiantes del Instituto Nacional, en pleno centro de Santiago, son revisados y requisados cada día al ingresar a clases por funcionarios policiales que buscan elementos explosivos y armas.
Bajo este clima de persecución, el gobierno se ha sumado a una propuesta realizada por un organismo consultor para quitarle la condición de obligatoria a las asignaturas de Historia y Educación Física. Algo similar había ocurrido años atrás con Filosofía, propuestas o decisiones que expresan el fuerte interés de las elites por moldear una futura masa laboral con bajo nivel reflexivo y cultura histórica, social y, especialmente, política. Ante ello, los estudiantes, junto a profesores, han levantado permanentes actividades de rechazo y protestas en pleno crecimiento.
La agenda del gobierno de Piñera no pasa por el fortalecimiento de los sistemas públicos, ni en salud, educación o vivienda. Donde pueda intentará introducir al sector privado, ya sea financiado y rentabilizado a través de los usuarios o por subsidios públicos. En la educación pública es lo que está sucediendo, alerta que han llevado a las calles los maestros desde inicio de esta semana. » El gobierno tiene que escuchar que estamos defendiendo la Educación Pública, totalmente abandonada por un gobierno que quiere que se siga deteriorando para que los amigos privados arremetan con sus negocios», dijo, a modo de consigna ante una marcha de colegas en Valparaíso, Mario Aguilar, el presidente del Colegio de Profesores.
El abandono de la educación pública esconde una serie de efectos, los que van desde las extensas jornadas de trabajo, aspectos salariales a falta de inversiones en la infraestructura de los colegios. Una suma que ha deteriorado los niveles de la educación pública chilena, que está registrada desde las evaluaciones internacionales, como la prueba PISA, hasta la enorme brecha entre los rendimientos entre la educación pública y privada. Un proceso de decadencia que también se expresa en las enormes desigualdades de la sociedad chilena.
Estudiantes, maestros, jubilados y trabajadores están en las calles en estos días en un clima que tenderá a ser cada día más frío y difícil. Con un gobierno en retroceso y sin respuestas, es posible que estemos en las puertas de un interesante proceso de acumulación de fuerzas por parte de la ciudadanía y sus organizaciones.
*Periodista y escritor chileno, director del portal Politika.cl, analista asociado al CLAE
http://estrategia.la/2019/06/