La fracasada venta de Chilevisión al grupo de inversión Linzor Capital Partners, no sólo volvió a encajonar al Presidente de la República contra la incompatibilidad de sus insalvables y recurrentes conflictos de interés, sino que abrió un flanco inesperado: la posibilidad cierta de que la señal que ocupa la frecuencia asignada al Canal 11, regrese […]
La fracasada venta de Chilevisión al grupo de inversión Linzor Capital Partners, no sólo volvió a encajonar al Presidente de la República contra la incompatibilidad de sus insalvables y recurrentes conflictos de interés, sino que abrió un flanco inesperado: la posibilidad cierta de que la señal que ocupa la frecuencia asignada al Canal 11, regrese a la Universidad de Chile.
Básicamente, por el factor que precipitó por tierra la negociación entre Linzor Capital Partners y Bancard, sociedad de inversión de Piñera, esto es, el plazo de la actual concesión, que concluye, según trascendió, en 2018.
En seguida, por el tenor de la declaración pública del Rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, emitida el pasado 8 de junio.
En primer término, reafirma su derecho de propiedad y reafirma el plazo de término de la concesión:
«Actualmente, la explotación de esta concesión que es un bien universitario público está en manos de Chilevisión, usufructo que vence el año 2018. Respecto del proceso de cesión o venta de derechos entre los actuales titulares del usufructo e inversionistas, la Universidad declara que ella no ha participado ni ha sido informada al respecto».
Luego, establece el carácter estratégico que reviste para la universidad su participación en el proceso de digitalización de la señal abierta de televisión en curso:
«La Universidad de Chile considera imprescindible que pueda tener cabida dentro de la futura operación de la televisión digital, que hoy está siendo analizada en el Congreso Nacional, en virtud de universidad estatal, nacional y pública, líder en investigación científica y clave para el desarrollo de las políticas públicas. Para la Universidad, la televisión digital es una herramienta de enorme utilidad para mejorar la calidad y equidad de la educación chilena, desafío en el que ella tiene un rol relevante».
Finalmente, deja meridianamente claro que la Universidad es parte en cualquier proceso de negociación:
«El Rector ha solicitado un informe a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile a fin de que analice en detalle todos los aspectos jurídicos vinculados con la negociación que se concretó con la venta del usufructo de la señal de propiedad de la Universidad de Chile. El Rector señaló que «diversos informes recibidos hasta el momento son auspiciosos para la Universidad, pues concurren derechos que haremos valer oportunamente».
En suma, el botin en disputa es la titularidad de la concesión de la Universidad en el contexto de la digitalización de la televisión abierta en pleno desarrollo, y que como informó el Gobierno el pasado 14 de septiembre, utilizará el estándar ISDB-T con MPEG 4, creado por Japón y adaptado en Brasil.
Más aún con el ancho de banda de 6 Mhz que se le entregaría a los actuales titulares de concesión, que permitiría incursionar en negocios paralelos, tales como transporte de datos; señales de pago coetáneas con señales abiertas; video por demanda, servicios personalizados y un vasto repertorio de interacción con los usuarios.
Privatización ideológica
Después del fracaso de la transacción con Linzor Capital Partners, y con la obvia intención de reanimar el alicaído negocio, operadores de Bancard filtraron a la prensa empresarial la existencia de una cláusula que estipula que en 2018 se renovará, de manera automática, la concesión por otros 25 años:
«La única forma de que la casa de estudios rompa con esto es mediante un Tribunal Arbitral, donde debe aducir que Chilevisión rompió con el contrato, algo que hasta la fecha no ha sucedido» (Diario Financiero 10/06/2010).
Esto coloca el centro de gravedad del problema en la desacertada gestión de los dos rectores anteriores, respecto a la señal de televisión de la Universidad.
En 1993 el entonces Rector Jaime Lavados, cedió por 25 años el usufructo de la concesión de la frecuencia al grupo venezolano Cisneros, que se lo traspasó al Grupo Claxon, que se la vendió a Piñera, en 2004.
Los argumentos utilizados entonces por Jaime Lavados, de que la televisión no era el giro principal de la Universidad, y que la administración de un canal en un mercado con cinco señales abiertas no tenía justificación económica, no resisten el menor análisis.
Lo prueban el interés de Víctor Pérez por recuperar la señal para la Universidad, y el hecho de que en el ejercicio de 2009, Chilevisión fue la única empresa de la «industria» de la televisión en obtener utilidades, por un monto de $7.603 millones , a pesar de ser el tercero en ingresos publicitarios.
El papel que jugó el anterior rector de la Universidad de Chile, Luis Riveros, en 2004, cuando Sebastián Piñera compró Chilevisión, es al menos cuestionable, porque según versiones de prensa, hasta ese entonces la duración del usufructo era de 20 años y no era renovable automáticamente
En rigor, más que a temas de gestión, la entrega del Canal 11 al sector privado en tiempos de Lavados y Riveros pareció obedecer más a la fiebre privatizadora de cuño ideológico y a la conversión neoliberal que aquejó a una parte significativa de la cúpula concertacionista durante la década de los noventa, que al eventual déficit que generaba la estación de televisión.
Morrocotudo conflicto de interés
A pesar de su inequívoco compromiso de campaña, y por razones que tendrá que explicar de cara a la historia, Piñera se resistió a vender Chilevisión, hasta que la presión combinada de la mayor parte del arco político, incluidos connotados correligionarios de RN y sus dudosos aliados de la UDI, virtualmente lo obligó a hacerlo.
Y en esta ocasión, el monto de la operación, unos US$ 146 millones, no era tan significativo como la influencia, toda vez que era un negocio -un «deal» como dice ahora la prensa empresarial- unas diez veces menor que la venta de LAN, que le reportó entre US$ 1.500 y US$ 2.000 millones.
Sin embargo, los antecedentes sugieren que se arrepentirá hasta el último de sus días de no haber vendido a tiempo Chilevisión, y de la manera más discreta posible, porque el conflicto de interés que genera la retención de su propiedad entró en una espiral descendente cuyo desarrollo le va a ir restando progresivo espacio de maniobra.
En uno de los términos de la ecuación, parece ser difícilmente discutible que la concesión de venta fue por 25 años. Así lo aseguraron, con documentos en mano, los parlamentarios de la Bancada por la Transparencia, Patricio Hales y Patricio Harboe (PPD), Jorge Burgos (DC), y Marcelo Schilling y Carlos Montes (PS), quienes tomaron cartas en el asunto y por tanto, serán un activo factor fiscalizador del conflicto de interés.
A modo de ejemplo, Hales exhibió una resolución del Consejo Nacional de Televisión del año 1993 en el que se especifica que la concesión se traspasó sólo hasta 2018, fecha en la que volverá a manos de la Universidad de Chile:
«Tenemos la convicción con un documento oficial del 25 de mayo de 1993 que está establecido que la transferencia del uso de está señal de televisión se termina en ocho años más, porque está especificado en el numeral 12 de este documento y que es limitado sólo por 25 años».
A la salida de una reunión con el Rector, el diputado Montes confirmó la intención de la Universidad de asegurar, a través de la recuperación de la concesión, su presencia en la televisión digital:
«La principal universidad del país no puede quedar fuera de la televisión digital y las nuevas tecnologías de comunicación e información, esa es su mayor preocupación, y por lo tanto, a partir de eso están revisando todos los contratos, los términos jurídicos, el alcance y esto que nosotros vimos en esta resolución que él nos leyó es categórico. Aquí no hubo autorización de la autoridad pública, el Consejo Nacional de Televisión nunca autorizó por más de 25 años, eso es lo más importante».
En la oportunidad, los parlamentarios manifestaron que en esta situación existe un claro conflicto de interés, pues en su calidad de Jefe de Estado, Piñera es propietario del canal de televisión, a la vez que debe velar por el patrimonio público, entre otros, de la Universidad de Chile, por lo que se produce una evidente contradicción entre la realización de ese negocio y la defensa de la casa de estudios.
Además, si Piñera decidiera impugnar la legalidad del decreto del Consejo Nacional de Televisión, mostrado por los parlamentarios, o se propusiera negociar con la Universidad cualquier fracción del ancho de banda de 6 Mhz
¿en qué condición lo hará? ¿cómo Presidente de la República o como propietario de un activo, que al tener fecha de vencimiento experimentará un creciente deterioro en su valorización?
Los datos muestran que se metió en un berenjenal de difícil salida, por no haber honrado sus compromisos. Un claro ejemplo en que la ambición rompe el saco, y donde el castigo más justo es aquel que uno mismo se impone.