Mediante uno de esos montajes comunicacionales de su especialidad, el diario El Mercurio ha pretendido incansablemente la absolución pública de Sebastián Piñera, en el caso de la millonaria multa impuesta por la Superintendencia de Valores y Seguros, por haber utilizado información privilegiada en la compra de un paquete accionario de Lan Chile, mediante el oblicuo […]
Mediante uno de esos montajes comunicacionales de su especialidad, el diario El Mercurio ha pretendido incansablemente la absolución pública de Sebastián Piñera, en el caso de la millonaria multa impuesta por la Superintendencia de Valores y Seguros, por haber utilizado información privilegiada en la compra de un paquete accionario de Lan Chile, mediante el oblicuo expediente de victimizar al candidato de la derecha y hacerlo objeto punto menos que de una aviesa campaña de Transparencia Internacional.
Para entender el problema, no debe perderse de vista que el 24 de julio de 2006, siendo simultáneamente director de Lan Chile y accionista mayoritario de Inversiones Santa Cecilia, Sebastián Piñera compró a través de esa sociedad de inversión, y de otra denominada Minera Mar Cantábrico, un paquete de 3.250.000 acciones de la línea aérea, minutos después de haber participado en la sesión de directorio que conoció el Estado de Resultados del primer semestre de 2006.
Según la resolución de la SVS, Piñera pagó 9.840 millones de pesos, equivalentes a unos 18 millones de dólares de la época, lo que significa que canceló 3.280 pesos por acción. El 26 de julio, cuando se transó en el mercado el título accionario de Lan en conocimiento de sus estados de resultados, el precio alcanzó a 3.520 por acción, lo que significa que Piñera se quedó con una diferencia que osciló entre el 3 y el 4,88% por acción. La resolución del Superintendente de Valores y Seguros, agrega: «considerando el diferencial de precio entre la apertura del mercado una vez conocidos los estados financieros de Lan, esto es, 3.390 pesos por acción, y el precio de adquisición efectivo de 3.280 pesos, puede estimarse razonablemente un menor costo asociable a la falta, de aproximadamente 330 millones de pesos».
Ése y no otro es el meollo del problema.
Pero sucedió que el 21 de septiembre pasado, Transparencia Internacional dio a conocer el Informe Global de la Corrupción 2009, que incluía una breve mención al caso de Piñera. «El valor de las acciones se disparó cuando los estados financieros se hicieron públicos el día siguiente, lo que reportó a Piñera un beneficio extraordinario de 700.000 dólares», consigna el informe, que entre sus conclusiones, apuntó que el abuso de información privilegiada «permite que los accionistas mayoritarios se enriquezcan a costa de los inversionistas minoritarios», lo cual, «a largo plazo, incrementa el costo de capital, desalienta a los inversionistas, propicia la especulación e incrementa la volatilidad de la bolsa».
Y como el informe tomó estado público pues Eduardo Frei lo dio a conocer el día del debate presidencial de TVN, ardió Troya, en el sentido mediático. Desde entonces, no ha pasado casi literalmente un día en que El Mercurio haya dejado de impugnar el informe de Transparencia Internacional, y por su intermedio al capítulo chileno de Chile Transparente, maniobra que concluyó hace algunos días con la publicación de las conclusiones de una comisión de «hombres buenos», en el lenguaje mercurial, que se abocó a la tarea de analizar el informe de Transparencia Internacional.
Resulta que al tenor de esta maniobra, el centro de gravedad del asunto no es que Sebastián Piñera haya obtenido de una pasada casi 700 mil dólares por haber utilizado información privilegiada, sino que el informe «contiene imprecisiones de hecho en aspectos sensibles, que podrían haberse evitado si los redactores hubiesen actuado con mayor prolijidad en la selección de fuentes «; sin perjuicio de hacer caudal de «la falta de diligencia del directorio de Chile Transparente en la supervisión de la designación de los responsables y en la elaboración y divulgación del Informe», «la falta de imparcialidad y abierta intencionalidad de los redactores del informe», o los «conflictos de intereses» de los mismos.
La operación remata con una típica admonición de cuño mercurial: «los errores cometidos en una materia de tanta relevancia, y en tantos aspectos distintos, hacen pensar que la única manera de que esta institución recupere su credibilidad es renovando completamente a su directorio», no sin antes deslizar que el «i nforme reprocha que un tercio de los ingresos de Chile Transparente provenga de la Presidencia» . (El Mercurio, 02/12/2009, pág. 3).
Tal parece que el editorialista no leyó, o no entendió, el considerando Nº 3 de la resolución de la Superintendencia de Valores y Seguros del 6 de julio de 2007, que le aplicó a Piñera una multa de 19.470 Unidades de Fomento, poco menos de 400 millones de pesos al día de hoy, por infracción al deber de abstención descrito en el artículo 165 de la ley 18.045, y que señala de modo textual:
«Que con ocasión de los antecedentes precedentemente, esta Superintendencia de Valores y Seguros le formuló cargos al Sr. Sebastián Piñera Echenique, mediante oficio reservado Nº 003 de fecha 10 de febrero de 2007, por no observar el deber de abstención que pesa sobre quien tiene acceso a información privilegiada, transgrediendo lo dispuesto en la parte final del inciso 1º del artículo 165 de la Ley Nº 18.045, que dispone que cualquier persona que en razón de su cargo, posición, actividad o relación tenga acceso a información privilegiada, beberá guardar estricta reserva y no podrá utilizarla en beneficio propio o ajeno, ni adquirir para sí o para terceros, directa o indirectamente, los valores sobre los cuales tenga información privilegiada».
Asimismo, cabe deducir que el editorialista no supo, u omitió, que el 9 de enero pasado, el juez del 27º Juzgado Civil, Javier Torres, confirmó lo obrado por el Superintendente Guillermo Larraín, en el caso de Juan Cueto Sierra, multado por la misma infracción, perpetrada el mismo día, que Piñera.
Sucede que Cueto, a diferencia de Piñera, impugnó en tribunales la resolución del Superintendente. Pero, además de desechar sus argumentos, y de confirmar la resolución de Larraín, el juez Torres lo condenó a pagar las costas del juicio. Evidentemente, Piñera pagó discretamente la multa de 360 millones de pesos con la intención de evitar las salpicaduras del caso en plena campaña, lo cual impidió el informe de Transparencia Internacional.
De ahí la virulencia y contumacia de la maniobra mercurial.