Hace unos días, el Parlamento chileno aprobó la posibilidad de retirar el 10% de los fondos ahorrados por trabajadores y familias en las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones). Es una bofetada importante a uno de los abusos más flagrantes de la dictadura de Pinochet que, bajo el dictado neoliberal de los Chicago Boys de Milton Friedman, desde 1980 introdujo la obligación del ahorro forzoso a favor de los sistemas de pensiones privadas [i]. Gracias a la dictadura cívico-militar, también en este aspecto, Chile ha sido el laboratorio mundial de políticas neoliberales, con el conocido D.L. 3500.
Este modelo de “seguridad social” en realidad permite a los grandes grupos privados de recaudar y canalizar ahorros para financiarse a sí mismos, así como para invertir el dinero depositado por los ciudadanos, sin que los mismos puedan acceder a las ganancias, pero viceversa asumiendo las posibles pérdidas. Según el guión neoliberal de privatización de las ganancias y socialización de las pérdidas, tan querido por José Piñera, hermano mayor de Sebastián Piñera, actual presidente, que fue quien introdujo el sistema en Chile. Con un detalle: al momento de decidir, Pinochet y la cumbre militar establecieron que tanto las Fuerzas Armadas como las Fuerzas Policiales y de Orden, mantendrían el sistema de pensiones a cargo del Estado, con obvios beneficios [ii].
En las últimas semanas, en Chile se ha hablado solo de esto. El debate público ha desvelado la naturaleza abusiva del ahorro forzoso, también gracias a la negativa histérica de los poderosos a devolver a sus propietarios incluso una pequeña parte de los fondos acumulados. El debate pone el acento fuertemente en la necesidad de reconstruir el sistema público de seguridad social, destruido por la dictadura para transferirlo al círculo restringido de la oligarquía que levantó cabeza el 11 de septiembre de 1973.
Por lo mismo quedan expuestas las contradicciones de la centro-izquierda, de la cual muchos representantes están en las Juntas Directivas de la AFP y en el pasado han sido firmes defensores de ellas. Pero hoy se unen para poner contra las cuerdas a la derecha y al gobierno.
La decisión parlamentaria constituye una derrota importante para el gobierno de Piñera, un firme defensor de este sistema, estructuralmente incapaz de resolver las necesidades más básicas, como la salud y la educación, durante décadas en manos del mercado, de la lógica de las ganancias y en un sistema aún enyesado por el pinochetismo.
A pesar de la crisis sanitaria, social y económica, los despidos asociados con la pandemia y un número de muertos que supera los 13,200 (en una población de 17 millones), las únicas medidas ofrecidas por el gobierno han sido cajas de alimentos, préstamos bancarios y bonos de alrededor de 550 euros, pero solo para un sector reducido de la población con contrato e ingresos formales de trabajo. Sin embargo, hoy en Chile el trabajo “ilegal” o informal es una realidad generalizada y creciente. Y casi la mitad de los trabajadores ganan menos de 500 mil pesos brutos (550 euros), lo que significa menos de 400 mil pesos (440 euros) netos, mientras que solo el 20% de los trabajadores ganan más de 750 mil pesos (830 euros) [iii].
Desde la creación de las AFP, se han entregado más de $ 150 mil millones de contribuciones obligatorias y las compañías de seguros han recaudado más de $ 70 mil millones en primas. En el “sector previsional” hay una treintena de empresas, de las cuales varias son extranjeras (por ejemplo, BlackRock, la administradora de fondos más grande del mundo). Pero solo cuatro han embolsado la mitad de este enorme flujo de dinero, más de $ 35 mil millones. Y las cuatro compañías están firmemente en manos de los “grandes electores” de Piñera [iv].
En comparación con las pensiones literalmente de hambre que las AFP pagan (de mala gana), hay que decir que, en los últimos 10 años, sus administradores han subido sus salarios hasta un 500%. El record pertenece a un italiano, Alfredo Orelli, presidente de AFP Planvital (controlada por Assicurazioni Generali SPA), que gana la modesta suma de alrededor de 21,000 euros al mes [v], frente a los sueldos miserables de los trabajadores que aportan obligatoriamente a las AFP, entre otras a la antes mencionada.
Con evidente indignación y descontento entre la población (más del 90% está de acuerdo con el retiro del 10 %), la banda sonora del debate parlamentario ha sido un gran “cacerolazo” nacional liderado por organizaciones sociales y políticas contra las medidas de última hora anunciadas por el presidente Sebastián Piñera como “ayuda económica” para la clase media. Un evidente escamotage para tratar de frenar la aprobación del retiro, que no logró convencer al 86% de los ciudadanos (con ahorros previsionales) que retirarán su 10% para ayudarse a sí mismos durante la pandemia [vi].
Según una encuesta reciente de Plaza Pública Cadem, la aprobación de Piñera se ha reducido a un mínimo histórico del 12 % (perdiendo 15 puntos), mientras que solo el 29% aprueba la gestión de su gobierno contra el coronavirus.
Se trata, por lo tanto, de una doble derrota, tanto económica como simbólica, que pone al gobierno y a la derecha en serias dificultades.
En Chile, las AFP han recaudado casi $ 200 mil millones, el equivalente a más del 80% del PIB del país, lo que les permite hacer y deshacer en la política nacional.
Ante la ausencia de medidas gubernamentales efectivas, naturalmente no era deseable achicar los ahorros personales para la vejez. Pero el retiro parcial tiene un valor simbólico más allá de su naturaleza de emergencia. Representa un primer y gran golpe contra el desastroso sistema privado de pensiones, defendido desesperadamente en los últimos meses por el capital financiero y sus representantes, con Sebastián Piñera a la cabeza.
El estallido de la protesta social.
No hay duda de que el estallido de la protesta social (incluido el movimiento NO + AFP) que comenzó en octubre pasado, ha impuesto al gobierno y al parlamento de centrarse en las necesidades inmediatas de una población agotada por la pandemia y una profunda crisis social y económica. En un país con uno de los peores records del mundo en términos de redistribución de ingresos y concentración de riqueza, la mayoría de la población (casi el 70%) vive endeudada con los gastos diarios.
Pero de octubre hasta hoy, el gobierno de Sebastián Piñera no ha dado en el clavo, cometiendo un error tras otro.
Sin abordar las causas de la profunda crisis social y política, sin un mínimo de creatividad o inteligencia, la reacción de Piñera y su gobierno ha sido una brutal y masiva represión, la descalificación de las demandas de la calle, la retórica vacía, el uso de la crisis sanitaria con fines políticos y la vuelta a una situación de autoritarismo que no se asemeja a una democracia. Una estrategia que, a lo largo de los meses (con el drama Covid-19 y el colapso económico), ha mostrado su completo fracaso.
El gobierno se ha opuesto al retiro del 10% de todas las maneras posibles, pero no ha logrado convencer incluso a sus partidarios: la derecha se ha dividido y una parte importante de sus parlamentarios ha votado a favor para no perder el estrecho apoyo que les queda. No ha sido suficiente la “campaña de terror” llevada a cabo por la AFP y por “expertos” cercanos al gobierno que divagaban sobre “malas políticas”, perjudiciales para la economía, regresivas e irresponsables desde el punto de vista fiscal, vaticinando el desastre económico y, sobre todo, un empeoramiento drástico de las pensiones (en realidad mínimo).
Para silenciar a los “expertos”, ha sido necesaria la declaración del Centro de Estudios de un importante banco que recordó que la puesta en circulación de 20 mil millones de dólares representa un estímulo extraordinario para la economía, justo cuando más se necesita vi . Y después de esta votación, los pocos grandes empresarios que controlan la mayoría de los fondos tendrán que devolver casi $ 20 mil millones a 11 millones de hombres y mujeres que trabajan y menos de 1 millón de jubilados-as.
El gobierno tuvo que admitir la derrota, descartando la posibilidad de un veto presidencial o de impugnar la decisión ante el Tribunal Constitucional. Ambas hipótesis habrían significado su suicidio político, aunque el Tribunal Constitucional ha ayudado a la derecha en varias ocasiones en defensa de la Constitución de Pinochet, remodelada en democracia por la centro-izquierda, pero aún en vigor y sustancialmente intacta en lo medular.
Entre las diversas perlas de la Carta Magna dictatorial, existe la definición del “Estado como subsidiario del mercado”. Es decir, donde el mercado no llega, el Estado debe intervenir. La misma Constitución ha favorecido la privatización del agua y hoy en Chile se venden los ríos, mientras que 138 municipios sufren una dramática sequía [vii].
La fuerza con que irrumpió la revuelta social el pasado mes de octubre, junto a la devastación económica y humana de la pandemia, han logrado resquebrajar la institucionalidad política chilena causando fracturas, divisiones, fragmentación de los grandes bloques de los poderes fácticos.
La aceleración de la crisis ha logrado lo que los largos meses de protestas no habían podido lograr. La derecha ha salido de ella no solo derrotada, sino profundamente dividida, de manera transversal, con la fragmentación y la caída de “Chile Vamos”, la coalición de partidos oficialistas que parecía bastante compacta hasta hace unas semanas. Con una cola de renuncias, sanciones internas contra quienes votaron contra el gobierno, enfrentamientos entre figuras históricas de la derecha y del pinochetismo.
La ruptura dentro de esta coalición tendrá efectos a corto y largo plazo y podría ser el comienzo del fin de una era que tiene su origen en la dictadura.
En evidente dificultad, Piñera ha realizado el quinto cambio en el gobierno desde octubre pasado, con el ingreso de nuevos ministros de la “derecha dura” pinochetista para tratar de recomponer la litigiosa coalición de gobierno (UDI, RN y Evópoli).
Pero el tiempo se está agotando. Con una derecha dividida (con muchos diputados y senadores que se oponen abiertamente a las decisiones de Piñera), los próximos meses abren la posibilidad de cambios profundos en sintonía con las grandes protestas que comenzaron en octubre del 2019.
La próxima fecha importante será la del Plebiscito para el cambio de Constitución, programado para el 25 de octubre (con una previsible derrota de la derecha). Y el próximo año habrá un maratón electoral que culminarà con las elecciones presidenciales.
La obstinación de Piñera en mantener a toda costa los pilares del orden neoliberal podría convertirse en un nuevo combustible para las fuerzas sociales y políticas. Mientras tanto, el fuego de la revuelta está ardiendo bajo las cenizas.
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[i] http://www.previsionsocial.gob.cl/transparenciaactiva/adjgen/dl-3500.pdf
[ii] http://www.fundacionsol.cl/estudios/pensiones-por-la-fuerza-resultados-del-sistema-de-pensiones-de-las-fuerzas-armadas-y-de-orden-2020/
[iii] http://www.fundacionsol.cl/estudios/retiro-10-afp/
[iv] https://www.cendachile.cl/
[v] https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/gasto-en-remuneraciones-de-directorios-de-afp-suben-cinco-veces-en-la-ultima-decada/YHQLZ4FQFREDNCVKWVUZZIX3NA/
[vi] https://twitter.com/ActivaResearch/status/1283381658243207169
http://marcoconsolo.altervista.org/chile-pinera-tropieza-con-las-pensiones/