Como lo dijera para hacerse el gracioso en 1985, Pinochet está «en las cuerdas». Esa vez lo dijo para señalar que la aparición del germen de lo que sería la Concertación y sus jugadas de negociación le sirvieron para salirse de las cuerdas, hoy ya no está en la misma situación.Aunque, al cierre de nuestra […]
Como lo dijera para hacerse el gracioso en 1985, Pinochet está «en las cuerdas». Esa vez lo dijo para señalar que la aparición del germen de lo que sería la Concertación y sus jugadas de negociación le sirvieron para salirse de las cuerdas, hoy ya no está en la misma situación.
Aunque, al cierre de nuestra edición, la defensa lograba que se postergara el interrogatorio al ex dictador interponiendo en la Corte de Apelaciones un recurso contra el juez Guzmán, a todas luces esta maniobra desesperada solamente retrasará lo que ya parece inevitable: que Pinochet responda por los crímenes de la Operación Cóndor ante Juan Guzmán Tapia.
Tras el interrogatorio las posibilidades son dos: por un lado se abre sin mucho trámite el probable procesamiento del inculpado, para lo que los mismos fallos de desafuero ya han dado más de una razón real. Y, por el otro, existe la idea de que Guzmán decida realizar previamente los exámenes mentales a cargo de especialistas de las universidades Católica y de Chile. De todas formas, ambas opciones sólo enredan más las posibilidades de Pinochet de mantenerse incólume es este proceso judicial.
Por ahora, se posterga el interrogatorio que había sido citado para el jueves 9 de septiembre a las 11:00 horas en la residencia de La Dehesa, en espera de lo que resuelva la Tercera Sala del tribunal capitalino ante el recurso de recusación presentado por la defensa, que todavía podía ser asumido por la ministra Gabriela Pérez, quien quedó subrogando a Guzmán en el caso, aunque esto parecía muy poco probable.
Múltiples procesos por Operación Cóndor
El desafuero resuelto el 26 de agosto contra el ex dictador ha comenzado a cosechar efectos judiciales concretos en otros países de la región. En efecto, así como hace tres décadas la Operación Cóndor se convirtió en el brazo coordinador de la represión de los regímenes militares sudamericanos contra sus opositores, ahora son los tribunales de los países que integraron dicho aparato los que comienzan a organizar sus respectivos esfuerzos para cooperar entre sí en la perspectiva de perseguir a los responsables de las violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar en el marco de ese esquema de inteligencia establecido entre los gobiernos de Santiago, Buenos Aires, Montevideo, Asunción, La Paz, Lima y Brasilia.
En el caso de Argentina, ya el 12 de julio el magistrado Jorge Urso había ordenado la detención de una docena de ex militares de ese país por su responsabilidad en los crímenes de la Operación Cóndor. La medida decretada incluyó a los generales (R) Albano Harguideguy y Ramón Díaz Besone, quienes fueron, respectivamente, ministros del Interior y de Planificación de la dictadura transandina entre 1976 y 1983. La determinación fue adoptada por Urso en su calidad de instructor transitorio de la causa que sobre esa materia investiga hace cuatro años el juez Rodolfo Canicoba, a quien el año 2001 Chile le negó la solicitud de extradición de Pinochet.
El 3 de septiembre, Urso dictó prisión preventiva contra el ex dictador Jorge Rafael Videla (quien ya la cumplía en la causa por robo de hijos de desaparecidos) y otros 16 ex militares, acusados de participar en la Operación Cóndor. La orden del juez incluyó al ex general Antonio Bussi (quien también fue gobernador de Tucumán entre 1995 y 1999), al ex comandante del Primer Cuerpo del Ejército Carlos Suárez Mason y al ex ministro Harguideguy, entre otros. En su dictamen, el magistrado responsabilizó a los acusados de asociación ilícita y de 34 privaciones de libertad, al tiempo que trabó embargos por 331 mil dólares contra varios de los imputados.
Apenas 24 horas antes, el 2 de septiembre, en Uruguay, el ex dictador Juan María Bordaberry y su ex canciller, Juan Blanco, comparecieron ante la justicia penal para declarar en el caso de un doble asesinato perpetrado en Buenos Aires en 1976 a manos de supuestos paramilitares transandinos. Hebe Martínez Burlé, abogada de la familia del ex senador Zelmar Michelini, uno de los asesinados, dijo que tanto Bordaberry como Blanco «tienen responsabilidades directas en el doble homicidio, ya que hubo ingerencia de la Cancillería cuando se reclamó sacarle el pasaporte a Michelini. Asimismo, tenemos determinado que el gobierno de facto había reclamado a sus pares de Argentina que mantuvieran bajo control y aislados a los dos políticos». Precisamente por este caso, una de las aristas de la Operación Cóndor, el juez Rodolfo Canicoba reclamó la extradición de los ex militares uruguayos Manuel Cordero y José Gavazzo.
El mismo día 2 de septiembre, otro importante flanco se abrió contra los represores sudamericanos en Bolivia, donde el fiscal general, César Suárez, anunció que se comunicará con sus similares de Argentina y de Chile para activar en ese país los archivos del Plan Cóndor, con el propósito de esclarecer, particularmente, los casos de desapariciones forzadas de ciudadanos en los tres países.
Para los próximos días, en tanto, se espera novedades en los tribunales peruanos, donde la prensa local acaba de sindicar al régimen militar del general Francisco Morales Bermúdez como colaborador directo en el asesinato de una opositora argentina en junio de 1980. Noemí Gianotti de Molfino había llegado a Lima en esa fecha, junto a sus hijos, pidiendo asilo luego de que varios de sus familiares fueran objeto de desaparición forzada en Buenos Aires. Sin embargo, la mujer fue detenida en Perú y, en una operación relámpago, entregada en la frontera con Bolivia al general Luis García Meza, quien el 17 de julio de ese año asumió como dictador tras encabezar un golpe de Estado. El 21 de julio, el cadáver de Gianotti de Molfino fue hallado en España.