No bien se conoció el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 28 de mayo y hecho público el 5 de julio, por el cual se concedía el desafuero de Augusto Pinochet en el proceso por el caso conocido como «Operación Cóndor», que instruye el Ministro de Fuero Juan Guzmán Tapia (El […]
No bien se conoció el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 28 de mayo y hecho público el 5 de julio, por el cual se concedía el desafuero de Augusto Pinochet en el proceso por el caso conocido como «Operación Cóndor», que instruye el Ministro de Fuero Juan Guzmán Tapia (El Siglo Nº. 1.200, del 9 de julio 2004), se tuvo la sensación de estar ante un fallo de gran trascendencia. Para profundizar en sus alcances y mejor estimar su importancia, El Siglo conversó con el ex alcalde de Chillán y ex diputado Eduardo Contreras Mella, uno de los abogados querellantes.
«Yo creo que la Operación Cóndor es un caso que sobrepasa lejos las fronteras del país, no por las razones obvias de que los crímenes se ejecutaron fuera de Chile y en distintos países, sino porque muestra toda la magnitud de la perversidad de este plan, sin duda orquestado -y hay antecedentes que lo comprueban- desde los Estados Unidos, con participación directa de la CIA. Y no es casual que haya nacido de una simple coordinación de información a través de los agregados militares de las embajadas, para después ir creando los departamentos los exteriores de las distintas policías, en particular la DINA, y llegar finalmente en noviembre de 1975 a la famosa reunión de Santiago en que el delegado uruguayo propone que en honor al país anfitrión se le denomine Cóndor. Están las actas de esta reunión. En los Archivos del Horror se descubre todo esto que estamos conversando. Esta reunión duró hasta los primeros días de diciembre y allí se constituye formalmente la Operación Cóndor. La constancia está en el expediente: está la tarjeta de invitación suscrita por Manuel Contreras ‘a nombre del Estado de Chile’, y por consiguiente nadie podría tener la peregrina idea de que Augusto Pinochet, Jefe de Estado, no supiera de esta reunión que sin duda se realizaba con su consentimiento y su directa participación. Como si esto fuera poco, hay informes de la embajada norteamericana al Departamento de Estado y del Jefe de Centro de la CIA en Santiago a la CIA en Estados Unidos. Y ambas notas coinciden en decir que se ha puesto en marcha un operativo cuyo nombre es Cóndor y cuyo responsable es Augusto Pinochet. A propósito de esto, en el expediente no sólo está agregado el recurso de revisión presentado hace años por Manuel Contreras y que fue agregado al expediente del caso Letelier, donde Manuel Contreras relata pormenorizadamente cómo es que las órdenes las daba Pinochet cuando se reunían a tomar desayuno, cómo le contaba todo lo que se iba a hacer, y donde dice que ‘el jefe supremo de la DINA era Augusto Pinochet’ y que él se limitaba a cumplir sus órdenes. Y hay un episodio que recuerdo en este momento, ocurrido en los años 75-76: están prisioneros los muchachos del MIR que son obligados a comparecer en la televisión y que después fueron asesinados, y entonces se redacta la declaración que tienen que leer y ellos contaron en su momento, y está en el expediente la constancia de uno de los sobrevivientes, que Krasnoff Martchenko fue el encargado de ir desde Villa Grimaldi al palacio donde gobernaba Pinochet. El vuelve -y muy elegantemente vestido, evidenciando que había estado con la primera autoridad de la época- y les dice que ‘don Augusto Pinochet ha aprobado el texto’. Lo aprobó personalmente…».
-Si todo esto ya está demostrado, ¿qué persiguen hoy los abogados de derechos humanos? «Es que la demostración, en tanto no tenga un correlato en el terreno procesal, queda en el campo de la ética y de la política. Y nosotros queremos que se complete el ciclo de algo que desde el punto de vista ético ya la opinión pública ha asumido, que es la responsabilidad principal de Pinochet en la creación de una asociación internacional del crimen, porque eso fue la Operación Cóndor. Lo que hemos logrado es un primer paso. La Corte de Apelaciones, en un fallo brillante, ha dicho que hay el delito y que Pinochet puede ser desaforado. Nosotros hemos logrado sólo el primer paso, que es desaforarlo en la Corte de Apelaciones. La Constitución y los códigos respectivos establecen que cuando se ha perdido el desafuero, el ‘derrotado’ tiene la posibilidad de apelar ante la Corte Suprema. Y allí puede ocurrir de todo: podemos perder o ganar. Eso lo ve el Pleno de la Corte Suprema y ello debería ser a fines de este mes o comienzos del otro. Y si como esperamos, la Corte Suprema lo confirma, vuelven los expedientes a manos del juez Guzmán, quien se verá frente al escenario de procesarlo o no. Obviamente, si él mismo mandó los expedientes para procesarlo, lo va a hacer. Y desde ese momento, Pinochet queda legalmente sujeto a juicio. Será seguramente el momento en que su defensa sacará el manido argumento de que está loco. Debiera haber nuevos exámenes mentales. El juez tiene que designar una comisión de peritos, y las partes tienen derecho a designar sus peritos ad-hoc. Perseguimos lo que cualquier abogado decente: que se complete el juicio. Esto no es payaseo, tiene que llegar hasta el final: él debe ser procesado, acusado y condenado. Y la pena que le corresponde a un hombre por este tipo de delito no es otra que la de presidio perpetuo».
-En la legislación chilena, ¿su edad lo exime de cárcel? «La edad influye, seguramente sería condenado a estar en su casa. Pero en qué lugar físico cumpla su condena, incluso si no la cumple, no es tan relevante como el leer un día la sentencia que diga que Augusto Pinochet Ugarte es condenado a presidio perpetuo…».
-De lo dicho, se desprende una responsabilidad del Estado chileno que continúa y lo compromete después de Pinochet… «Por supuesto. No sólo la Operación Cóndor, todos los crímenes cometidos por agentes del Estado, a quien comprometen en definitiva es al Estado. Y por consiguiente los gobiernos de Chile, en tanto representantes políticos del Estado, deben asumir una responsabilidad frente a la cual no han sido capaces de responder».
-Hablemos más de la repercusión internacional de este fallo. «Quisiera detenerme en esa expresión: ‘repercusión internacional’. El impacto fue diez veces más fuerte afuera que en Chile. A mí me sorprendió la cantidad de entrevistas que he debido enfrentar, y me parece que a todos los colegas que participaron en los alegatos les ha pasado otro tanto. ¿Y por qué? Yo creo que es, primero, porque están implicados otros Estados. Esto implicó a otras dictaduras, no sólo la chilena, y esta posibilidad de que los Estados se organicen para matar a los opositores constituye una aberración histórica que espanta a la gente. Por otra parte, eso deja en evidencia el error mayúsculo cometido por la Corte Suprema al sobreseer a Pinochet por una supuesta locura o demencia. Y algo que persistentemente me han preguntado es ‘cómo es posible que ustedes hayan logrado este éxito si ya la Corte Suprema había dicho que estaba loco o demente’. Bueno, es porque el Derecho también tiene sus caminos, y a pesar de las dificultades, si tú persistes y eres porfiado y se aplica la ley correctamente, como lo hicieron los magistrados de la Corte de Santiago, puedes encontrar los caminos para poner las cosas en su lugar. Y yo creo que ése es otro elemento del por qué tuvo tantas repercusiones: un Pinochet que parecía ya salvado, finalmente no lo está y puede correr el mismo riesgo que hace cuatro años. La importancia de este fallo, entonces, es que a pesar de la aparente derrota por locura o demencia, vuelve a levantar los ánimos del movimiento de DDHH en Chile y les dice que hay que seguir luchando».
-El Estado no terminaba en Pinochet: ¿qué pasa con los otros responsables, con los civiles? «Los abogados de DDHH sentimos que tenemos una gran deuda con la sociedad chilena, en el sentido de que todavía, por falta de recursos -porque nadie está detrás de nosotros, nadie financia nada aquí- no hemos podido superar la etapa de los militares. Y sin duda que tienen que responder los ministros del Interior de la época. Yo puedo anticipar concretamente que en casos muy importantes, como los de Calle Conferencia y el propio Cóndor, estamos apuntando a esos ministros del Interior, que sin duda deben ser procesados y condenados».
-Estamos hablando de Sergio Fernández… «Estamos hablando casi de la lista completa a que el juez Garzón le tiene prohibido salir del país. Algunos subsecretarios del Interior que en su oportunidad se permitieron decir que no sabían… o mintieron, o le faltaron a la justicia y tienen plena responsabilidad en todo lo que ocurrió. Pero también estamos hablando de sorpresas, porque tú sabes que cuando estábamos alegando por la Operación Cóndor, el señor Relator que exponía hechos se refirió a uno que yo no conocía, ya que no es posible que conozcamos al dedillo los 14 tomos, y es que había por allí un carta de Arancibia Clavel, agente de la DINA, que compromete abiertamente a Ambrosio Rodríguez, Procurador General de Pinochet, abogado contratado por la familia de Stoulman para averiguar el paradero del matrimonio Stoulman Pessa que fue detenido y desaparecido en Ezeiza, Argentina, y que habría recibido un alto pago por sus servicios. Pero aparece nombrado por Arancibia Clavel más bien como un hombre de su lado… Y se habla allí de que se entrevistó con ‘el gerente’ -‘el gerente’ era Manuel Contreras- y se reunió con coroneles argentinos y chilenos. ¿Qué oculta Ambrosio Rodríguez? Y curiosamente, él, que ha sido llamado declarar, ante Investigaciones y ante el juez Guzmán, se ha negado a hacerlo amparándose en el secreto profesional. El puede ampararse en el secreto profesional cuando es llamado como testigo, pero tengo la impresión de que se han reunido suficientes antecedentes como para que pasemos a una etapa mayor en relación a don Ambrosio, y pedirle al juez que lo cite a declarar ahora como inculpado».
-¿Qué tiene de nuevo el fallo y por qué lo califica de «brillante»? «Primero, una cuestión si se quiere formal, pero muy importante: el fallo despeja de una vez el tema de la ocasión para discutir el estado mental de Pinochet. Hasta ahora, así nos ocurrió en los casos Conferencia y Prats, la Corte resolvía no acoger los desafueros sobre la base de que ya la Corte Suprema había dicho que estaba loco, aplicando mecánicamente un fallo recaído en una causa distinta, lo cual está expresamente prohibido por nuestra legislación. Pero lo más importante es que aclara que no es posible en un juicio como es el desafuero, cuyo único objetivo es determinar si ha o no lugar a la formación de causa, tratar el tema de la locura o demencia. Es decir, perjudicaría al propio Pinochet, porque el tema de la locura o demencia tiene que aplicarse al procesado: de cierta edad, al cual debe hacérsele ciertos exámenes para ver si tiene o no capacidad para ser sometido a proceso. Y eso, que parece una cuestión simplemente formal, creo que fue clave y que la Corte sentó un principio que no hace sino respetar la Constitución y las leyes. Y esto es lo que hace imposible que la Corte Suprema aplique el criterio de la locura o demencia, porque la Corte de Apelaciones le ha dicho ‘miren, ustedes no tienen más competencia que pronunciarse sobre dos elementos: hay o no hay delito; y hay o no a lo menos simples sospechas de que algo tenga que ver el señor Pinochet’. Porque si las hay, está desaforado. Punto. El segundo elemento, ahora ya de fondo, es que a diferencia de los otros, este fallo entra al detalle muy pormenorizado de cómo fueron tratadas cada una de las víctimas, y también expresa muy minuciosamente las diversas pruebas que muestran la participación directa de Pinochet. Esto, que no lo decían de modo tan claro y categórico otros fallos, es lo que permite decir que se trata de un fallo brillante, de una resolución impecable. Y déjame decirte que el voto de minoría de los ministros que estuvieron a favor de Pinochet es de una pobreza lamentable, porque no hacen otra cosa que repetir la tontera de la locura o demencia, sabiendo ellos que no está loco ni demente. Y sabiendo algo mucho más grave: que el fallo que declaró loco a Pinochet no se basa en los exámenes de la Comisión de Peritos que designó el juez Guzmán, sino en certificados de los médicos privados de Pinochet, que se acompañaron al expediente y que el fiscal señor Raúl Rocha tuvo como suficientes. Porque ningún médico de la Comisión de Peritos mencionó la palabra ‘incurable’, y la Corte Suprema puso la palabra ‘incurable'».
-Y en cuanto a los tiempos… «Si llegamos a un resultado más o menos concreto, tenemos trabajo para un año. Si la Corte Suprema revoca el desafuero, todo durará un mes más. Pero creo que esto último no va a suceder».
-Pero están las maniobras de los poderes fácticos… «…Y la gente de la Concertación, que quisiera que esto terminara pronto. Como decía Vidal, ‘esto es cosa del pasado’. Y eso, sin darse cuenta del enorme aporte que el movimiento de derechos humanos le ha hecho a la democracia chilena. Al revés de lo que ellos piensan, esta lucha lo que hace es fortalecer a esta débil transición, y debiéramos tener el apoyo de quienes no nos lo han dado».
-¿Cuáles son los abogados que, con usted, han participado en este proceso? «En la Operación Cóndor han participado, en distintas etapas del proceso y muy destacadamente, los abogados Hugo Gutiérrez, Hiram Villagra, Sergio Concha, Francisco Bravo, Juan Subercaseaux, Juan Pavín».
Operación Cóndor: Cae la red en Argentina
Por Julio Oliva García
Un ministro del Interior de la dictadura y otros once oficiales argentinos fueron detenidos por su participación en la red internacional del crimen que fue bautizada como «Operación Cöndor» en homenaje a sus precursores chilenos. Importantes aportes a la investigación realizaron personas como Adolfo Pérez Esquivel, Juan Gelman y el paraguayo Martín Almada, quien descubriera los «Archivos del Terror», recientemente entrevistado por nuestro semanario en su paso por Chile. Como podría comenzar a suceder en nuestro país con algunos que ya están incluidos en el listado de extraditables del juez Baltasar Garzón, el ex ministro del Interior de la dictadura argentina Eduardo Albano Harguindeguy quedó detenido en su domicilio por orden del juez federal Jorge Urso, quien investiga en Buenos Aires la articulación que existió para llevar a cabo la «Operación Cóndor». En su indagatoria, Urso también ha establecido la conexión con militares chilenos, uruguayos, paraguayos, brasileños y bolivianos, siendo los primeros argentinos detenidos en el proceso Antonio Domingo Bussi, Jorge Rafael Videla, Carlos Suárez Mason y Cristino Nicolaides. Ahora, junto a Harguindeguy, ingresaron a la lista «Cóndor» los generales de brigada Fausto Marcelo González, Leopoldo Héctor Flores y Juan Pablo Saa; los generales de división Ramón Díaz Bessone -ex ministro de Planificación y presidente del Círculo Militar-, Eugenio Guañabens Perello, José Antonio Vaquero y José Rogelio Villarreal; los coroneles Carlos Tragant, Hugo Pascarelli, Carlos Miguel Landoni y Eduardo Samuel Delio. Aunque están detenidos por otros delitos, también deberán comparecer ante Urso el ex almirante Antonio Vañek y el ex general Juan Bautista Sasiaiñ. Otros implicados son el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, con poder sobre Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán, Luciano Benjamín Menéndez, alias «Cachorro», actualmente detenido en Córdoba. El ex subcomandante del Primer Cuerpo de Ejército, Jorge Olivera Rovere, y el ex coronel Bernardo Menéndez, que también están procesados por crímenes cometidos bajo su mando, como la sustracción de menores en los recintos de tortura clandestino de Buenos Aires. Eduardo Albano Harguindeguy, quien nunca antes había sido detenido, fue el ministro político de la junta militar compuesta por Jorge Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti, entronizada con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
Pinochet, Videla y Stroessner
En la investigación, que incluye el caso de un centenar de ciudadanos extranjeros secuestrados en Argentina para ser entregados a los represores de sus respectivos países, un juez anterior -el fiscal federal Miguel Angel Osorio-, ya había establecido en agosto de 2000 la participación en la red de los dictadores sudamericanos Augusto Pinochet, Alfredo Stroessner y Jorge Rafael Videla. La causa, que comenzó indagando la participación de torturadores uruguayos en el centro clandestino Automotores Orletti de Buenos Aires, se amplió por orden de Osorio, pues según su fallo «no se limita a los delitos cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, donde se encontraba Orletti, sino que abarca todas las privaciones ilegales de la libertad resultantes de la Operación Cóndor». Por lo mismo, el fiscal estableció que el objetivo de la investigación es determinar la responsabilidad de los imputados en la «privación ilegal de la libertad calificada de personas perpetrada total o parcialmente en territorio argentino por civiles, militares y/o de fuerzas de seguridad de cualquiera de los estados miembros», definiendo la operación como «una vasta organización criminal que actuó en el Cono Sur dirigida al secuestro de personas, su desaparición, muerte y/o tormento». Desde ese momento, la Cámara Federal confirmó los pedidos de captura internacional de Augusto Pinochet, Manuel Contreras, Pedro Espinoza, el dictador paraguayo Alfredo Stroessner y los militares uruguayos que operaron en el centro clandestino de detención Automotores Orletti. En estos días, el juez Urso comenzó a detener a los implicados argentinos de la red criminal.