Por unanimidad, la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, confirmó los procesamientos contra el ex dictador Augusto Pinochet en el marco de la investigación de la Operación Colombo., específicamente por el secuestro y desaparición del ingeniero químico Juan Carlos Perelman, el estudiante Héctor Garay y el interventor de la textil Comandari, Antonio Cabezas. El nombre de Antonio Cabezas Quijada fue incluido en una lista publicada por el semanario argentino Lea, reproducida por El Mercurio el día 23 de julio de 1975. Allí se señalaba que 60 «miristas» habían sido asesinados «por sus propios compañeros de lucha» en Argentina, Colombia, Venezuela, Panamá, México y Francia.

Las causas fueron retomadas por el ministro Víctor Montiglio luego de jubilarse el Juez Guzmán. El procesamiento se había dictado el pasado 5 de diciembre, luego de reconocerse mediante diversas pericias que Pinochet estaba en condiciones mentales de enfrentar un juicio. El fallo afirma que «quedan de manifiesto los hechos señalados en el procesamiento, esto es que agentes del Estado privaron de libertad y torturaron a personas de las que sólo se tuvo noticia a través de informaciones falsas de su muerte publicadas en Brasil y Argentina».

La Operación Colombo fue un montaje de la DINA, la GESTAPO chilena, para encubrir en 1975 la desaparición de 119 miembros de la resistencia, entre ellos Antonio Cabezas Quijada (28 años, casado) militante socialista. El se había desempeñado como interventor en la industria textil Comandari, durante el gobierno del presidente Salvador Allende, y el 11 de septiembre se mantuvo en su puesto junto a los obreros de esa fábrica. Fue liberado tres meses después de esa primera detención. Pero el 17 de agosto de 1974, este apasionado hincha del club Universidad de Chile, ex alumno del Instituto Nacional y del Liceo Lastarria, padre de Antonio, un hijo que había esperado por años y no alcanzó a conocer, fue detenido en su propia casa. Los agentes le aseguraron sólo debía ir a firmar a la Segunda Fiscalía Militar.

En la industria Comandari

Desde 1972, Antonio Cabezas se había desempeñado en Comandari, designado por DIRINCO (Dirección de Industria y Comercio), repartición en que trabajaba, y que dependía del Ministerio de Economía de la época. Textil Comandari era una de las industrias del país que al ser ocupada por sus trabajadores, continuaba produciendo, ligada a la denominada «Area de Propiedad Social», muy atacada entonces por la derecha económica. Los interventores eran particularmente odiados por los empresarios, que veían en ellos un símbolo del poder perdido en tiempos del gobierno del Presidente Allende. Muchos de ellos fueron detenidos o debieron exiliarse después del golpe. Todas esas fábricas volvieron a poder de sus antiguos dueños, en este caso de Juan Comandari.

El primer año la familia recibió llamados indicando que Antonio había sido visto en Cuatro Alamos, pero el uniformado Conrado Pacheco, a cargo de Tres Alamos, siempre negó cualquier información. De todos los indicios que se desvanecieron, sólo un testimonio se mantuvo a firme: la declaración de José Nicolás Vargas Villegas, abogado jefe de gabinete del Ministro de Justicia de la época, General Hugo Mussante. El recibió del SENDET (Servicio Nacional del Detenido) la respuesta de que Antonio Cabezas estaba detenido.

La familia ratificó el 30 de mayo de 1977 la querella presentada ante el Segundo Juzgado del Crimen de Santiago, proceso Rol 82.824-1, que no arrojó resultado alguno.

Nacer en Chile

Desde Australia, donde salió exiliada en 1982 junto a su hijo Toño, hoy ingeniero comercial, reacciona con la noticia Patricia Saavedra, la esposa: «Estoy dichosa y sólo espero que siga el proceso adelante… sin parar, hay que saber de todos, uno por uno.» En su testimonio para el libro «119 de nosotros» (Lom ediciones, 2005), ella había relatado: «Antonio quería esperar que el niño naciera, y luego nos iríamos; yo tenía siete meses de embarazo. El había estado detenido hasta el 20 de noviembre de 1973. El día del golpe yo me fui a la industria y caímos detenidos juntos, yo como una trabajadora más. Nos llevaron al Regimiento Tacna. Yo logré que me llevaran a la Posta porque me sentía mal, y de allí me liberaron. El estuvo todo el tiempo en la enfermería del regimiento, y yo lo pude visitar. Cuando lo volvieron a detener, nunca jamás imaginamos lo que podía pasar, porque nuestra experiencia había sido diferente. «

Reafirma esa opinión Hugo Cabezas Quijada, ingeniero agrónomo del SAG, Servicio Agrícola Ganadero, quien expresa, en Santiago: «Yo le aconsejé a mi hermano que se fuera del país. Me respondió que no había cometido ningún crimen, y estaba libre. Nosotros no tomábamos conciencia de la situación. Nadie se podía imaginar lo que pasó. Hoy veo un uniforme y lo odio. Pero yo no nací con ese odio, ese sentimiento me lo hicieron nacer en esos años, cuando supe de las atrocidades como el hecho de que haya habido desaparecidos y mujeres violadas por perros. Nosotros creíamos en la democracia, no veíamos lo que venía, la traición más absoluta a todos los valores…»

La madre

Gabriela Quijada, la madre, era dueña de casa, y participaba en la Junta de Vecinos de su barrio, donde trabajó apoyando la candidatura presidencial de Salvador Allende. Cuando su hijo desapareció, se convirtió en una aguerrida integrante de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Patricia, la esposa, tiene muy presente el día de verano que el Presidente Allende fue a visitar la textil Comandari. Antonio y los trabajadores se ven contentos y emocionados en la foto que documentó ese instante para la historia, y que formó parte de la exposición montada en Santiago para los 30 años del golpe de Estado en el Museo Salvador Allende.

Patricia explica así el desempeño de su marido como interventor: «El tenía una increíble capacidad de organización, que le fluía en forma natural, sin haber estudiado, y le permitió administrar muy bien. En nuestro hijo Toño también veo ese don.» De hecho, en Sydney, Australia, Tony Cabezas acaba de ser nombrado «High Flyer» en la empresa en que trabaja, GE Commercial Finance Australia and New Zealand, por su extraordinario desempeño en finanzas y ventas en los últimos dos años.

En el Instituto Nacional, donde estudió la enseñanza secundaria, Don Hugo Cabezas, padre de Antonio, había sido compañero de Gustavo Leigh, integrante de la Junta Militar en 1975. Le dirigió una carta apelando a sus sentimientos, sin recibir respuesta alguna. Treinta años más tarde, en junio de 2004, cuando la futura Presidenta de Chile, entonces ministra de Defensa, Michele Bachelet, visitó Australia, donde la esposa de Antonio y su hijo continúan viviendo, Patricia le entregó una carta pidiendo su intervención para que este caso se active e investigue judicialmente. La esposa de Antonio recordó en la misiva la relación de trabajo y compañerismo que en 1972 mantenía su marido con el general Alberto Bachelet -padre de la ministro- por el tema de las JAP y por DINAC, la distribuidora nacional de alimentos.

Un fugaz retorno

Patricia ha retornado a Chile sólo una vez, el año 2001, oportunidad en que «vi con emoción el nombre de mi marido en un muro del local del Comité Central del Partido Socialista, en una lista encabezada por el compañero Presidente. También vi la placa que se colocó en el Instituto Nacional como homenaje a los alumnos caídos, entre los cuales también figura Antonio».

A su vez, Toñito, en su única visita a Chile, alcanzó a ver a sus abuelos, se reencontró con su infancia al redescubrir a sus primos, y visitó el Memorial del Detenido Desaparecido en el Cementerio General.

Pésame por la mentira

Desde Australia, Patricia evoca con ira la publicación de la lista de los 119. Ella vivía en Santiago con su madre, la habían echado del trabajo inmediatamente después de la detención de su marido. Le avisaron que venían unas personas conocidas «a darle el pésame». Con la voz todavía temblando de indignación, como si fuera ayer, afirma:

«Me puse furiosa. De qué pésame me hablan, esto es una mentira, cómo iba a estar peleando en Argentina, si se lo llevaron de su propia casa. Los eché a todos para afuera de la casa». Hasta ahora, dice «Yo me firmo como Patricia de Cabezas, no me considero viuda.»

Treinta años después del secuestro de Antonio Cabezas, el 2 de septiembre de 2004, el entonces juez Juan Guzmán, que investigaba la llamada «Operación Colombo» (Lista de los 119) había encargado reos a 16 uniformados por este caso y otros 32 similares. Ellos son el ex director de la DINA Manuel Contreras, César Manríquez, su segundo al mando; el ex jefe de Cuatro Alamos, Orlando Manzo; el ex jefe de Villa Grimaldi Marcelo Morén Brito; el ex jefe de la brigada Halcón, Miguel Krassnoff, y los agentes Basclay Zapata y Osvaldo Romo. También fueron procesados Conrado Pacheco, jefe de Tres Alamos, el ex detective Manuel Carevic; el ex jefe del aparato exterior de la DINA, Francisco Ferrer Lima y los tenientes Ricardo Lawrence, y Gerardo Godoy, así como Gerardo Urrich, jefe de la brigada Purén, el ex jefe de la brigada Vampiro, el brigadier (r) Fernando Lauriani, y el general (R) Raúl Iturriaga, entonces jefe del aparato exterior de la DINA. El círculo se cerraría ahora con el principal responsable, el ex dictador y mafioso Augusto Pinochet.