La Corte Suprema de Chile autorizó a que avance el juicio al dictador en la causa de las cuentas secretas del Riggs Bank. El juez a cargo podría pedir su arresto, presentando las pruebas. Pinochet deberá responder por casi 27 millones de dólares. A quince meses de descubiertas sus cuentas secretas en bancos de Estados […]
La Corte Suprema de Chile autorizó a que avance el juicio al dictador en la causa de las cuentas secretas del Riggs Bank. El juez a cargo podría pedir su arresto, presentando las pruebas. Pinochet deberá responder por casi 27 millones de dólares.
A quince meses de descubiertas sus cuentas secretas en bancos de Estados Unidos y del exterior, la Corte Suprema de Chile privó ayer de su fuero al ex dictador Augusto Pinochet, para que sea enjuiciado por fraude tributario y otros delitos vinculados con esas cuentas. Además, su esposa e hijo menor podrían enfrentarse a una nueva detención por negarse a ser fichados tras su procesamiento en la causa.
Sin su inmunidad como ex presidente, Pinochet deberá responder por los casi 27 millones de dólares que ocultó en un centenar de cuentas bancarias abiertas en secreto en el Riggs Bank de Estados Unidos y entidades financieras de otros países, además de la evasión del pago de 16 millones de dólares de impuestos en el período 1981-2004. Dichas cuentas fueron descubiertas a mediados de julio del año pasado por una comisión del Senado norteamericano que investigaba operaciones de lavado de dinero para financiar organizaciones terroristas. El máximo tribunal del país ratificó con esta decisión el dictamen que hace cuatro meses aprobó la Corte de Apelaciones de Santiago, cuando privó de su inmunidad al general Pinochet para que sea sometido al juicio en el que también su esposa y el menor de sus cinco hijos aparecen inculpados como cómplices.
La Corte aprobó el desafuero por los delitos de fraude tributario, uso malicioso de instrumento público y omisión de información en una declaración jurada. En cambio, rechazó otro cargo contra Pinochet que consistía en el embargo internacional de sus bienes dictado en 1998 por el juez español Baltasar Garzón cuando el ex dictador estuvo detenido en Londres. A estos delitos se agregó el lunes una denuncia sobre malversación de fondos públicos y se acogió un nuevo pedido de desafuero que deberán tramitar las cortes.
En sus operaciones fraudulentas, el ex dictador «omitió maliciosamente declarar todos sus impuestos para efectos del cálculo de su carga impositiva» e «incurrió en diferentes procedimientos dolosos encaminados a ocultar y desvirtuar el verdadero volumen de las inversiones realizadas», según estableció el juez Sergio Muñoz, que investigó por más de un año el origen de los bienes de Pinochet y sus cuentas, y dejó el caso para asumir el martes pasado como integrante de la Corte Suprema. El proceso pasará entonces a las manos del juez Jorge Zepeda, quien queda en condiciones de interrogar a Pinochet y ordenar su arresto si considera que hay pruebas suficientes que demuestren los delitos que se le atribuyen.
No obstante, la posibilidad de que el general Pinochet sea enjuiciado resulta incierta, pues en otras dos oportunidades los tribunales archivaron sin sanción procesos abiertos por crímenes ocurridos bajo su dictadura, bajo el fundamento de que una leve demencia mental le impide a Pinochet defenderse en un juicio. «Creo que no va a ser juzgado, siempre con la consideración de que no está en condiciones mentales suficientes como para aceptar o soportar un juicio», afirmó el retirado juez Juan Guzmán, que inculpó en dos ocasiones a Pinochet. El ex dictador está siendo sometido en estos días a exámenes médicos por la causa de la «Operación Colombo», llevada adelante por el juez Víctor Montiglio.
Por otra parte, la esposa del ex dictador, Lucía Hiriart, y el menor de sus hijos, Marco Antonio, enfrentan una orden de detención pendiente por negarse a ser fichados tras ser acusados como cómplices del fraude tributario. La orden fue despachada por el juez Sergio Muñoz antes de su retiro del caso, ordenando el arresto debido a que ambos aún no concurren a prontuariarse, que consiste en la toma de fotografías y huellas digitales, aunque les dio un plazo de cinco días para cumplir el trámite.