A medida que las investigaciones en torno a la dictadura de Augusto Pinochet van poniendo en evidencia la importante participación de civiles en altas funciones de gobierno, emerge el carácter de una «dictadura cívico-militar» No se trata, como pudiera pensarse, de una mera disquisición intelectual propia de historiadores sino, por el contrario, de un hecho […]
A medida que las investigaciones en torno a la dictadura de Augusto Pinochet van poniendo en evidencia la importante participación de civiles en altas funciones de gobierno, emerge el carácter de una «dictadura cívico-militar» No se trata, como pudiera pensarse, de una mera disquisición intelectual propia de historiadores sino, por el contrario, de un hecho político de la mayor trascendencia en el Chile de hoy. Por de pronto, abre la necesidad de investigar y, eventualmente, llevar a los tribunales a numerosos civiles que, hasta la fecha, permanecen impunes, muchos de ellos vestidos con nuevos ropajes democráticos protegidos por partidos y movimientos de derechas.
En otros países latinoamericanos, particularmente en la República Argentina, ya se ha comenzado a utilizar este nuevo concepto con un alcance jurídico insospechado. De hecho, por estos días ha debido comparecer ante la justicia Jaime Smart, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires durante los años de terror de la dictadura de Videla, como cómplice de asesinatos y detenciones ilegales.
En el caso chileno, investigaciones reciente muestran que altos funcionarios civiles de la dictadura de Pinochet estaban al corriente de las operaciones llevadas a cabo por organismos de seguridad del Estado. Entre las investigaciones que se han llevado a cabo en nuestro país, delatando la complicidad cívico – militar durante la dictadura de Augusto Pinochet, destaquemos el valioso material que aporte el libro del periodista Mauricio Weibel «Asociación Ilícita: Los archivos secretos de la dictadura» en que aparecen los nombres de varios connotadas figuras de la derecha chilena.
El golpe de estado de 1973 y la cruenta dictadura que lo siguió fue el resultado de una conspiración política fraguada por sectores civiles y militares de extrema derecha con el financiamiento de los Estados Unidos. La complicidad de la derecha en los crímenes de lesa humanidad que se investigan quedó sellada en Chacarillas (1977) Algunos de los jóvenes de entonces son o han sido diputados, senadores y ministros del actual gobierno. La derecha de hoy quiere olvidar aquel maridaje entre el dinero y el terror, lo que no se puede borrar es la responsabilidad de algunos funcionarios civiles en crímenes horrendos perpetrados por la DINA-CNI durante aquellos oscuros años.
El actual gobierno de derechas ha sacado el tema de las violaciones de derechos humanos de su agenda. Los medios de comunicación, con muy escasas excepciones, otorgan espacio a este negro capítulo de la historia nacional. En la actualidad se vive en nuestro país una complicidad de silencios que pretende dejar en la impunidad a muchos civiles que fueron responsables o cómplices de crímenes que a pesar del tiempo trascurrido siguen abiertos como una herida en el corazón de muchos compatriotas.