¿Quiénes rogaban ayer, en Chile, para que Pinochet no muriera? Obviamente su familia, así como quienes le dicen «el tata» y admiran al «valiente soldado» que derrotó al comunismo. Los mismos que fueron a vitorearlo enfrente de su casa para celebrar su cumpleaños número 91. Y ante quienes dijo -en voz de su mujer- que […]
¿Quiénes rogaban ayer, en Chile, para que Pinochet no muriera? Obviamente su familia, así como quienes le dicen «el tata» y admiran al «valiente soldado» que derrotó al comunismo. Los mismos que fueron a vitorearlo enfrente de su casa para celebrar su cumpleaños número 91. Y ante quienes dijo -en voz de su mujer- que asumía «la responsabilidad política por todo lo obrado».
Pero también rogaban las familias de las victimas y todos los chilenos que solidarizan con la causa de los derechos humanos. Parece extraño, pero así es. Porque la muerte de Pinochet cerraría todos los procesos con un sello lapidario: «sobreseído definitivamente por muerte del imputado» (artículo 93 del Código Penal).
Y si Pinochet muere sin condena alguna -sea por sus crímenes o por sus actos de corrupción- se establece un hito que marcará a Chile con un sello indeleble: su incapacidad para hacer justicia.
Anotemos lo ocurrido. La transición chilena tuvo un precio: la impunidad de Pinochet. Así, el ex dictador entregó la banda presidencial a Patricio Aylwin el 11 de marzo de 1990 y se quedó ¡por ocho años más! como jefe del ejército. Con la llave del arsenal en la mano, impidió toda investigación judicial que apuntara hacia él y miembros de su familia.
Tras esos ocho años de impunidad, se quitó el uniforme para convertirse en senador vitalicio. Y todavía estaría en el Senado si no es por acción de la justicia española. Estuvo arrestado en Londres por más de 500 días. Chile impetró su mejor derecho a juzgarlo y se logró su repatriación «por razones de compasión», ante su frágil salud. Fragilidad que se evaporó no más pisar tierra chilena, en esa famosa escena cuando se levanta de la silla de ruedas.
La impunidad siguió su curso. Cuando las pruebas en su contra eran irrebatibles -en el caso de «la caravana de la muerte»- las cortes lo declararon loco en el 2001. Sobreseimiento definitivo por demencia del imputado. Nuevamente fue una mano extranjera la que puso las cosas en su lugar. El Senado de Estados Unidos reveló sus cuentas secretas en el 2004, cuentas en las que Pinochet decidía millonarios movimientos de dinero con una cordura a toda prueba. Ello obligó a las cortes a declararlo nuevamente «sujeto apto de proceso». Y en eso estamos en Chile, juzgándolo por crímenes de disidentes y por su corrupción. Pero ningún juez se ha atrevido a condenarlo.
Pero hay muchos a quienes la muerte de Pinochet les viene como anillo al dedo, además de los jueces que tienen esta «papa caliente» entre manos. La derecha política necesita deshacerse del pesado fardo de su herencia si quiere llegar al gobierno en el 2009. Y la Concertación gobernante requiere resolver esta impresentable impunidad por la vía más fácil [además de distraer la atención de los escándalos de corrupción de los últimos 7 años que mantienen al gobierno virtualmente paralizado. – PCS].