Justo cuando el Colectivo de Familiares de los 119 prepara, para fines de este mes, la conmemoración de la publicación de la llamada «Lista de los 119», salió el dictamen de la Corte de Apelaciones de Santiago. El 6 de julio, por 11 votos a 10, fue desaforado el ex dictador Augusto Pinochet por su […]
Justo cuando el Colectivo de Familiares de los 119 prepara, para fines de este mes, la conmemoración de la publicación de la llamada «Lista de los 119», salió el dictamen de la Corte de Apelaciones de Santiago. El 6 de julio, por 11 votos a 10, fue desaforado el ex dictador Augusto Pinochet por su participación en la Operación Colombo. Pinochet pierde así su inmunidad como ex presidente y debe responder por la desaparición de 119 personas y el montaje mediático de encubrimiento de estos crímenes. El 23 de julio de 1975, hace 30 años, El Mercurio, seguido luego por La Tercera, La Segunda, Las Ultimas Noticias y la TV chilena daban a conocer con grandes y grotescos titulares, la lista fatídica.
Por la Operación Colombo, el ex juez Juan Guzmán -que procesó a Pinochet- había dictado además el encausamiento de miembros de la DINA, entre ellos, los generales (r) Manuel Contreras y César Manríquez. Asimismo de los brigadieres (r) Pedro Espinoza y Miguel Krassnoff, el coronel (r) Marcelo Moren, así como del cabo (r) Basclay Zapata.
La «noticia» sobre los 119 había sido presentada originalmente como una exclusividad por dos medios extranjeros diferentes. En Curitiba, Brasil, la publicó el refundado diario O´Día el 25 de junio de 1975. En Buenos Aires, lo hizo el 15 de julio el semanario «Lea». Novo O Dia sacó una sola edición. El único número de Lea, en cambio, fue editado por Codex, una empresa ligada al Ministerio de Bienestar Social argentino, al frente del cual estaba José López Rega, jefe de la «Triple A», la banda terrorista argentina. El diario brasileño informaba que 59 chilenos, miembros del MIR, habían sido identificados entre los muertos, heridos y evadidos en choques producidos con las fuerzas de gobierno argentinas, en la localidad de Salta, en tanto que la revista argentina debutaba con un reportaje sobre «la vendetta chilena», acerca de 60 miristas chilenos eliminados en Argentina, Colombia, Venezuela, Panamá, México y Francia «por sus propios compañeros de lucha». Las dos listas de nombres incluidas en estos medios suman 119. Había 19 mujeres incluidas en la lista.
Culminaba así un montaje mediático de guerra sicológica que la DINA llamó «Operación Colombo». El 24 de julio, una nueva nómina con otros 59 nombres figuraba en el vespertino «La Segunda», bajo el título «Exterminan como ratas a miristas», tomando como fuente a O Dia. La Tercera, por su parte, tituló el 25 de julio «Miristas asesinados en Argentina se burlaban de tribunales chilenos». Se consumaba así una maniobra de guerra sicológica para amedrentar y desconcertar a los familiares de los desaparecidos y a los organismos de derechos humanos, encubrir los secuestros, y desprestigiar la lucha de resistencia. Había que presentar al MIR como una organización terrorista capaz de ultimar a sus propios camaradas, luego de llevarlos secuestrados fuera de Chile.
Hasta hoy, se dilata el pedido de desafuero de Pinochet para enfrentar su responsabilidad en los hechos. Pero el secuestro de Miguel Angel Sandoval, uno de los 119, llevó a Contreras y los ex agentes Miguel Krassnoff, Marcelo Moren Brito, Fernando Laureani, y Gerardo Godoy como reos rematados a la cárcel especial vecina al Batallón de Comunicaciones, en enero de 2005. Están recluidos en Peñalolén, a pocas cuadras del actual Parque por la Paz, la ex Villa Grimaldi, recinto desde el cual desaparecieron 27 de los 119. Desde Cuatro Alamos fueron sacados con destino desconocidos 44 personas, en tanto que 18 fueron trasladados desde Londres 38 y 10 desaparecieron desde el recinto conocido con el nombre de «Venda Sexy», especializado en vejaciones y torturas sexuales. El rastro de los otros resistentes se perdió desde comisarías o lugares no identificados aún.
119 chilenos de los ’70
Muchos eran estudiantes o habían dejado de estudiar para dedicarse por completo a las tareas de organización de la Resistencia. Los(as) que trabajaban, eran o habían sido profesores, sastres, músicos, mecánicos, veterinarios, ingenieros, actrices, cineastas, ingenieros, topógrafos, albañiles, periodistas, mecánicos, secretarias, vendedoras, arquitectos, técnicos agrícolas, obreros o jardineros. Uno de ellos era un ex conscripto de la FACH y miembro de la DINA, cuyo hermano estaba asilado en la embajada de México. De ellos, 102 tenían entre 18 y 30 años, y 13 del grupo estaban entre los 30 y los 40. Había 100 hombres y 19 mujeres. La mayoría (94 personas) militaba en el MIR, pero también había 9 socialistas, 9 comunistas, y varios mapucistas e independientes.
¿Qué hacían ellos, cómo actuaban en política y en casa? Vivieron los tiempos más duros de la represión, jugándose por iniciar la lucha de resistencia. Eran generosos, alegres y vitales, según sus familiares y amigos. Entre todos, tenían 84 hijos al momento de su detención y venían otros 13 niños en camino.
Niños póstumos y en cautiverio
Amanda, hija del ciclista Luis Guajardo y de Patricia Guzmán (cuyo padre fue incluido en la Lista de los 119, al igual que los restantes progenitores aquí nombrados), y José Miguel, hijo de Manuel Cortez Joo, contador que había sido miembro del GAP, y de Gabriela Wenger, nacieron en prisión. Ricardo, el hijo de Washington Cid, dirigente del MIR, y de María Isabel Ortega, estuvo parte de su gestación en cautiverio, al igual que Renata, la hija del ex dirigente sindical de CONAF Juan Molina y de Patricia Zúñiga. La niña nació pocos días después de salir su madre de Grimaldi. Nada se sabe del bebé que esperaba la estudiante de trabajo social Jacqueline Drouilly, cuyo padre era Marcelo Salinas, también desaparecido.
Toño es el hijo póstumo del ex interventor de la textil Comandari, Antonio Cabezas, hijo de Patricia Saavedra. Pilar, es hija póstuma del ingeniero eléctrico Elías Andrónico (que estaba montando una radio clandestina) y de Patricia Ramos. Claudio es hijo de Claudio Silva (del equipo de Informaciones del MIR) y de Regina Lazo, y René es el hijo del activista campesino de Neltume, René Acuña. A su vez, el activista campesino Miguel Angel Pizarro Meniconi y el encargado de tareas militares del MIR en la zona de Talca, Rodrigo Ugas, no supieron jamás que sus compañeras, Guadalupe Díaz y Fedora Machuca, dieron a luz sendos hijos mellizos. Desconocemos el nombre del hijo de Miguel Angel Sandoval. Algunos de estos jóvenes permanecieron en el exilio, y muchos buscan desde los más diversos lugares y países, armar la imagen paterna, a punta de contactos y entrevistas con amigos y camaradas de partido de sus padres.
En un intercambio virtual de cartas sobre los sentimientos de los hijos que tuvieron padres combatientes de la Resistencia, Amanda Guajardo, expresaba: «Volví de Cuba, porque a pesar de toda la mierda que uno ve y sufre en Chile, fue aquí donde yo tuve lo mejor de mi vida, que son mis padres y su historia de amor, y de lucha. Y aunque yo no me empeño en repetirla, no participo en actividades que tengan que ver con el partido, ni me agrupo con hijos de, o con ex miristas, hago mi vida como voy pudiendo y como va saliendo, lo último que negaría y lo ultimo a que renunciaría sería a ese pedazo de historia de la cual ellos me hicieron parte».
Por su parte, Renata Molina, en París, en un acto realizado el año 2004 en un seminario sobre Memoria y Medios de Comunicación organizado por la Asociación de Ex Presos Políticos Chilenos en Francia expresaba: «Yo no tengo problemas con el compromiso político que mis padres tuvieron, esas son elecciones personales que yo respeto. De ellos rescato la adhesión a valores universales que me acompañarán siempre. Cuando era pequeña, siempre que hice preguntas, mi madre y mi padre adoptivo me respondieron. Pasó mucho tiempo antes de que yo pudiera reconocer ante mis amigos que mis padres habían sido presos políticos. Esto no era fácil en un medio francés. Cuando tenía unos 15 años, me interesé más, trataba de encontrarme con mi historia…a los 17 fue por primera vez a Chile, para encontrarme con la familia de mi padre y compañeros de partido que lo conocieron… Fueron muchas emociones fuertes. Necesitaba impregnarme más de esa cultura, de esos recuerdos, de esa historia en la cual había sido sumergida desde siempre sin saberlo..Era necesario para mi construcción como persona.»
Renata considera que el trabajo de recuperación de la memoria «es algo muy importante y fundamental para que Chile se sane de su historia». Al leer una crónica sobre la vida de su padre realizada por esta periodista como parte de un libro sobre los 119, escribió: «Este año voy a cumplir 29 años, o sea la edad en la cual mataron a mi papi, a quien no tuve la suerte de conocer porque la dictadura me lo robó antes. Me doy cuenta que hay sobresaltos de esperanza en todas partes, y muchos trabajos de memoria y de recuperación de los que fueron nuestros compañeros, padres, amigos y amores… Gracias por no dejarlos muertos».
El colectivo de familiares de los 119 prepara actividades conmemorativas que se desarrollarán el 28, 29 y 30 de julio en Santiago, para lo cual se ha constituido un colectivo que prepara en la actual sede de la FECH (que en dictadura fue un edificio ocupado por la DINA), una actividad artística en la Plaza de la Constitución y un acto central con un diaporama, actuaciones teatrales, grupos musicales y de danza. Cada familiar hará caminar por las calles de Santiago a uno(a) de los 119. Algunos trasladarán las siluetas intervenidas en estas semanas por artistas, desde la casa de tortura en que estuvieron (Londres 38, Villa Grimaldi, Cuatro Alamos, o José Domingo Cañas) y otros saldrán de lugares también simbólicos, como el Cerro Santa Lucía, para converger en la Plaza de la Constitución.
La campaña de prensa
La DINA contó con una campaña mediática previa, necesaria para hacer creíble su versión. El 14 y 15 de junio de 1975, los diarios chilenos informaron de planes de ingreso al país de guerrilleros del MIR y del ERP argentino, algunos de los cuales habían sido detenidos en el paso Pehuenche. El 13 de junio La Tercera tituló «Ejército guerrillero forman contra Chile». La nota señalaba que sus integrantes se entrenaban en Argentina, pertenecían al MIR y a otros grupos marxistas que figuraban como desaparecidos. El 26 de junio, el mismo diario anunciaba que había 25 guerrilleros presos en Talca. El 3 de julio agregaba que fueron capturados en Salta, guerrilleros con enlaces en Chile. En ninguno de esas informaciones se entregaban nombres de detenidos, y todas eran falsas, como comprobaron en la época los familiares que buscaban a los desaparecidos.
El 4 de julio de 1975 Pinochet anunció su decisión de no permitir el ingreso al país de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, anunciado para el día 10 del mismo mes. Diversas informaciones anunciaron entonces el hallazgo en Buenos Aires de los cadáveres de los chilenos Luis Guendelman, Jaime Robotham, Juan Carlos Perelman, detenidos desaparecidos por quienes se habían presentado previamente recursos de amparo en los tribunales. «La Tercera» tituló el 16 de julio: «Matanza entre miristas deja al descubierto burda maniobra contra Chile». El mismo día, el diario «Las Ultimas Noticias» escribió: «Sangrienta vendetta interna hay en el MIR». Las familias Guendelman, Robotham y Perelman constataron en terreno la falsedad de las noticias, ya que esos cuerpos correspondían a personas desconocidas para ellos. La periodista Gladys Díaz, detenida en febrero de 1975 junto a Juan Carlos Perelman, ha relatado sus vivencias acerca de los días en que ambos compartieron prisión y tortura en Villa Grimaldi.
El diario La Tercera escribía el 25 de julio, cuando ya se conocían los 119 nombres: «Los miristas se encontraban un una mortal lucha interna por disputas tanto políticas como de dinero».
Y El Mercurio, editorializaba ese mismo día: «Los políticos y periodistas extranjeros que tantas veces se preguntaron por la suerte de estos miembros del MIR y culparon al gobierno chileno de la desaparición de muchos de ellos, tienen ahora la explicación que rehusaron aceptar. (Ellos murieron) víctimas de sus propios métodos, exterminados por sus propios camaradas…»
Los medios nacionales de comunicación jamás rectificaron aquellos titulares y la campaña precedente. Su efecto, quedó en alguna medida impreso en el inconsciente colectivo de los chilenos, como señalan los especialistas de salud mental de CODEPU en su obra «La gran mentira».
Los responsables civiles
En la época, era director subrogante de El Mercurio, Arturo Fontaine Aldunate, Premio Nacional de Periodismo 1975, y actual decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Santo Tomás. Mario Carneyro Castro, ya fallecido, era el director de La Segunda. Subdirectora de La Segunda era Mercedes Garrido, vigente como reportera en El Mercurio, de quien se dice fue la autora del titular «Exterminados como ratas» referido a los 119 desaparecidos. Director de La Tercera era Alberto Guerrero Espinoza, y el cargo de subdirector de ese diario, lo ocupaba Héctor Olave Vallejos, actual editor de los servicios informativos de El Mercurio, que en sus columnas políticas firmaba como » Tito Justo Livio». Ninguno de ellos ofreció jamás disculpa alguna respecto del rol que desempeñaron en esta campaña de la DINA. La nula conciencia pública actual sobre estas responsabilidades, quedó en evidencia cuando Héctor Olave obtuvo el año 2003 el premio nacional de Periodismo. En el jurado que discierne este premio tiene decisiva influencia el gobierno, representado por el Ministro Sergio Bitar, de educación.
En esos días, los medios también callaron las reacciones de los familiares, acogidas en la prensa internacional, donde la maniobra de la dictadura no tuvo credibilidad alguna. A las numerosas declaraciones en tribunales de testigos que habían presenciado las detenciones, se sumó, una semana después de la publicación de las listas por la dictadura y sus sirvientes de los medios, el valeroso testimonio de 95 detenidos del campamento Melinka, en Puchuncaví. El 31 de julio iniciaron una huelga de hambre que duró 9 días, exigiendo una respuesta sobre el destino de las personas mencionadas en las listas. Arriesgando sus propias vidas, los huelguistas dieron testimonio de haber visto, en diversos centros de interrogatorio y detención, a muchos de esos 119 detenidos. Eduardo Charmé, José Carrasco Tapia, Dagoberto Cortés, Carlos Díaz Cáceres y Juan Carlos Gómez Iturra, que participaron en la movilización y continuaron en la resistencia después de ser liberados, fueron asesinados con posterioridad a esos hechos.
Complicidad de los jueces
El Poder Judicial había otorgado previamente el respaldo jurídico requerido. El 28 de mayo de 1975 la Corte de Apelaciones había rechazado una solicitud colectiva de 164 familiares de desaparecidos para investigar su suerte. El Comité Pro Paz desde el primer momento solidarizó con los familiares, intentando conocer la verdad de lo ocurrido.
En 1998, el juez español Baltasar Garzón incluyó a los 119 integrantes de esa lista, entre los casos por los cuales encausó al dictador y solicitó su extradición a Londres.
Existe una clara ligazón entre la publicación de la lista de los 119, (operación Colombo), y la denominada Operación Cóndor.
Por una parte, están los documentos descubiertos en Argentina en 1978, en las oficinas del Mario Arancibia Clavel, cuando éste fue detenido como espía chileno. El agente figuraba en esa época como funcionario del Banco del Estado en Buenos Aires. El declaró entonces que en abril de 1975, «Iturriaga» (el general Raúl Iturriaga Neuman, jefe de la sección exterior de la DINA) le informó del operativo bautizado como «Operación Colombo», en el cual a ese oficial le correspondía «hacer aparecer en Argentina a un subversivo chileno muerto en Chile». En el domicilio de Arancibia Clavel la policía argentina encontró cinco carnets de identidad de desaparecidos chilenos y también listas con nombres de 32 de los secuestrados, distribuidos en lotes diferentes, como si hubieran ingresado a Argentina por los pasos fronterizos de Tromen, Pino Hachado, Puyehue y Las Cuevas. Entre los nombres figuran algunos mencionados en la lista de los 119 y otros que continúan desaparecidos pero no fueron incluidos en ese montaje.
Arancibia Clavel, había integrado anteriormente en Chile, como miembro de Patria y Libertad, el grupo que en 1970 asesinó al ex comandante en jefe Raúl Schneider. El huyó luego a Argentina, donde se incorporó después del golpe de Estado a la sección exterior de la DINA. Desde el 2000, el agente cumple en Buenos Aires condena a prisión perpetua, ratificada el 2004 por la Corte Suprema argentina como «partícipe necesario» del doble homicidio del General Carlos Prats González y su esposa Sofía Cuthbert, ocurrido el 30 de septiembre de 1974 en un atentado en Palermo. En un nuevo proceso que lleva adelante el juez federal de Buenos Aires, Juan José Galeano, sobre la Operación Cóndor, quedó demostrado que además, Arancibia Clavel dirigió sesiones de tormento en «El Olimpo», uno los campos clandestinos de detención de la dictadura militar argentina. En los interrogatorios se estableció además su vinculación con la Operación Cóndor y la desaparición de centenares de chilenos.
Los «archivos del horror»
Otra fuente de información sobre la Operación Cóndor son los archivos paraguayos de inteligencia, remitidos al juez español Baltasar Garzón por el abogado Martín Almada, hoy incorporados a los juicios en Chile. Almada descubrió en 1992, en la capital paraguaya, más de una tonelada de documentos en la Sexta Comisaría de Asunción. Entre los papeles figuran informes sobre el acta de constitución de la Operación Cóndor, realizada en Santiago de Chile entre el 25 de noviembre y el primero de diciembre de 1975, en la Primera Reunión Interamericana de Inteligencia Nacional, presidida por Manuel Contreras, director de la DINA, a la que asistieron representantes de Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay. En homenaje a los anfitriones, los invitados que representaban a las dictaduras del continente bautizaron como «Cóndor» los mortales vuelos de la muerte emprendidos a partir de entonces.
Los frutos de la alianza
Un ensayo de la Operación Cóndor se vio en septiembre de 1975, cuando en Asunción, Paraguay, el dirigente mirista chileno Jorge Fuentes Alarcón, detenido en mayo de ese año, fue entregado al Coronel Edgardo Ceballos Jones, del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea chilena y posteriormente a la DINA. Pero la colaboración se había iniciado al menos un año antes, ya que el 30 de septiembre de 1974 el ex comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats González fue asesinado por agentes de la DINA en Buenos Aires, Argentina. También en Buenos Aires, en la localidad de Moreno, fue detenido a fines de 1974 Edgardo Enríquez Espinoza, dirigente del MIR, por miembros del Ejército argentino y funcionarios de la DINA que lo trasladaron a Santiago, donde desapareció. El atentado realizado el 8 de octubre de 1975 contra el dirigente demócrata cristiano Bernardo Leighton y su esposa Anita Fresno, en Roma, Italia, y más tarde, el asesinato del ex canciller Orlando Letelier y su asistente Ronnie Moffit, el 21 de septiembre de 1976 en Washington, fueron también el resultado de la asociación criminal de la DINA con sus pares en el extranjero, lo que ya ha quedado acreditado judicialmente en Argentina, Italia y Estados Unidos.
En Argentina, varios de los crímenes de la Operación Cóndor ya han sido investigados y se ha terminado con la impunidad. En cambio en Chile sólo el caso de Miguel Angel Sandoval escapa a la impunidad. El gobierno de Lagos dio una señal negativa al impedir que los chilenos detenidos y torturados en Argentina al amparo de la Operación Cóndor, fueran considerados con sus testimonios para el informe de la Comisión Valech. Pinochet tampoco fue desaforado por la Operación Cóndor, y es primera vez que se abre una posibilidad para que los máximos responsables de estos crímenes sean castigados. La Corte Suprema tiene ahora la palabra, pues sin duda la defensa de Pinochet apelará de la ajustada sentencia de la Corte de Apelaciones.