Los planes de EEUU para la última etapa de mandato de Bush dan un giro sustancial en lo que respecta a América Latina. El reforzamiento de la Revolución Bolivariana en Venezuela, los movimientos populares en Bolivia y Ecuador y el fracaso del Plan Colombia en la lucha antiguerrilla en este país -escenificado con crudeza en […]
Los planes de EEUU para la última etapa de mandato de Bush dan un giro sustancial en lo que respecta a América Latina. El reforzamiento de la Revolución Bolivariana en Venezuela, los movimientos populares en Bolivia y Ecuador y el fracaso del Plan Colombia en la lucha antiguerrilla en este país -escenificado con crudeza en el reciente ataque de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) contra un destacamento militar en Puerto Asís, que provocó 22 muertos- han hecho que se ponga en marcha una nueva fase de la intervención imperialista en América del Sur: la «andinización» de la guerra.
El Departamento de Estado ha pedido al Congreso de los EEUU, para el año 2006, una cantidad cercana a los 735 millones de dólares «para el sostenimiento de la Iniciativa Andina contra el narcotráfico y el terrorismo» (un incremento del 16% respecto a este año 2005) y lo hace cuando la secretaria de Estado, Condolezza Rice, considera que el Plan Colombia debería finalizar este año 2005 (el plan inicial tenía una duración de cinco años, que se cumplen en el mes de septiembre) aunque «eso no significa que EEUU deje de apoyar a su principal aliado en el hemisferio», como pone de manifiesto la visita que el presidente colombiano Álvaro Uribe hará a George Bush el próximo 4 de agosto en unos momentos en los que se constata la quiebra de la política de «seguridad democrática» y la defunción del Plan Colombia y del Plan Patriota tras el inicio de una nueva ofensiva de la guerrilla.
A finales del 2004 Uribe proclamó que en Colombia ya no había un conflicto armado, sino «actos de terrorismo». La realidad le ha puesto en su sitio. Apenas había dejado de hablar cuando la guerrilla anunció el fin de su repliegue estratégico de casi dos años, la intensificación de sus acciones militares y la reactivación de las milicias urbanas (1). Los ataques no son sólo los clásicos de hostigamientos, emboscadas a patrullas armadas o a pequeñas guarniciones para desgastar al Ejército sino los propios de una guerra móvil en la que se es capaz de movilizar a 300 combatientes para copar una posición. Así viene sucediendo desde enero con la toma de la base de Iscuandé y cuyo último episodio es el ataque a la guarnición de Puerto Asís. En total, desde que se inicia esta nueva fase de la guerra, son más de 200 los soldados muertos en acciones guerrilleras que abarcan la práctica totalidad del territorio colombiano y ponen de manifiesto que todos los frentes están activos, con una intacta capacidad militar y con los canales de comunicación en perfecto funcionamiento para coordinar las operaciones militares en diferentes partes de Colombia como Putumayo, Nariño, Meta, Guainía, Antioquia y Chocó, departamentos donde se han producido los últimos ataques, demostrando que la guerrilla no es una organización terrorista, sino un actor político en la realidad colombiana capaz de realizar acciones militares de envergadura en varias zonas al mismo tiempo y de forma continua.
El tiempo dirá si se con el ataque a Puerto Asís las FARC-EP dan el paso de la guerra de guerrillas a la guerra de movimientos, pero la ofensiva guerrillera muestra de forma palpable el fracaso del Plan Patriota (18.000 soldados a la búsqueda del Secretariado de las FARC-EP) y la incapacidad de asestar golpes contundentes a las reservas militares de la organización, hábilmente encaletadas para estar listas y ser utilizadas en coyunturas políticas y estratégicas determinadas.
También pone de manifiesto que no es verdad el supuesto «éxito» de la política de seguridad democrática tan repetida por Uribe y sus panegiristas: si se comparan los primeros trimestres de 2004 y 2005 (cuando las FARC-EP estaban en su repliegue estratégico) el número de combates apenas ha sufrido variaciones, de 542 en el primer trimestre de 2004 a 466 en el mismo periodo de tiempo de 2005. La diferencia es que ahora se da el salto a ataques de envergadura, a guarniciones militares, y con un alto número de combatientes. Se han producido casos como el de Tame, municipio del departamento de Arauca, que concentró combates durante cuatro semanas consecutivas. Durante tres semanas seguidas hubo combates en diez municipios de Antioquia, la Costa Caribe, Meta y Caquetá. En otros 197 municipios de todo el país se produjo al menos un combate entre la guerrilla y el Ejército. Y a la ofensiva de las FARC-EP hay que sumar la resistencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la aparición con fuerza del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en el departamento de Bolívar y de los restos del Ejército Popular de Liberación (EPL), cuyo grueso principal se desmovilizó en 1990, en el departamento de Risaralda.
En la nueva fase de la ofensiva estratégica guerrillera hay que apuntar las acciones que tienen como principal objetivo las infraestructuras petrolera, vial y energética. Entre los meses de enero y marzo de 2005 se han producido 83 acciones de este tipo (59 en el mismo trimestre de 2004), destacando los ataques contra la infraestructura petrolífera. Precisamente en el último ataque, en Puerto Asís, el destacamento del Ejército tenía como misión proteger la infraestructura petrolera. En los departamentos donde se ha centrado el grueso de la Operación Patriota por parte del Ejército uribista, 18.000 soldados pretendiendo cercar una amplia zona en la que supuestamente se asienta la dirección de las FARC-EP, como ha sido el caso de Caquetá, se han producido atentados contra la infraestructura eléctrica llegando a dejar sin electricidad a casi todo el departamento (2).
Merece la pena recordar que con el ataque a Puerto Asís, las FARC-EP han querido enviar la carta de defunción del Plan Colombia a sus impulsores: fue precisamente en el departamento de Putumayo donde se inició la primera fase del plan el año 2000. Y es en los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare donde se desarrolla en la actualidad el Plan Patriota.
«Andinizar» la guerra
El fracaso del actual Plan Colombia y de la otra cara de su moneda, el Plan Patriota, la campaña militar más grande y ambiciosa del estado colombiano contra la guerrilla desde la Operación Marquetalia de los años 60, es evidente. Tanto que el nuevo director general de la CIA, Porter Goss, ha dicho que «el poderío de las FARC las constituye en el grupo con la mayor capacidad y la más clara intención de amenazar los intereses estadounidenses en la región» (3). Incluso un hombre tan belicoso como Roger Noriega, secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, ha reconocido el fracaso del Plan Colombia al asegurar que «el 90% de la cocaína y un porcentaje significativo de la heroína llega a Estados Unidos desde Colombia», por lo que ni siquiera habría cumplido su función de lucha contra el narcotráfico.
Con los nuevos movimientos del Departamento de Estado, las declaraciones de Rice, de Goss y de Noriega se da formalmente por finiquitado el actual Plan Colombia ante el evidente fracaso que ha cosechado y se reelabora otro, un Plan Colombia II, con una pretensión ya claramente regional y con la pretensión de involucrar a Ecuador en la guerra, de reforzar a Uribe con su reelección para que «termine la tarea» – la derrota estratégica de la guerrilla, principalmente las FARC-EP, y crear las condiciones para una nueva negociación donde la guerrilla ya no esté en una posición de fuerza, sino de debilidad- en 2010 y se desequilibre por el sur la política de la Venezuela bolivariana, a quien ahora no sólo se acusa de fomentar las revueltas en Ecuador y en Bolivia, sino también de apoyar al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador y de «desestabilizar la democracia» en ese país centroamericano.
Es la «andinización» de la guerra civil en Colombia para lo que no se descuidan los aspectos económicos. El interés de los EEUU de controlar las riquezas energéticas de los países latinoamericanos, de forma especial las del «triángulo estratégico» compuesto por Colombia, Venezuela y Ecuador, es notorio. Colombia es, después de Venezuela, el país con más reservas de petróleo de la región (se estima en 2.600 millones de barriles, con una producción de 710.000 barriles diarios), es el octavo proveedor de EEUU de petróleo crudo, cuenta con importantes reservas de gas natural y carbón (4) y con una riqueza acuífera que la sitúa entre las principales a nivel mundial. La región andina, en su conjunto, y la cuenca amazónica son las más ricas del mundo en diversidad biológica (Colombia, en concreto, es el primer país mundial en cuanto a diversidad de aves y anfibios, el segundo en flora, el tercero en reptiles y el cuarto en mamíferos). Estos son aspectos que no habría que despreciar a la hora de referirse al antiguo Plan Colombia ni al que saldrá de la reunión Bush-Uribe de agosto.
Para ayudar a su aliado, es previsible que EEUU haga un gesto con Uribe en lo que respecta al Tratado de Libre Comercio. Ya se ha anunciado que EEUU está dispuesto a reemplazar los beneficios arancelarios temporales por otros duraderos y como retribución por la «lucha contra el narcotráfico». Y se da la curiosa circunstancia que el TLC se está negociando conjuntamente con Perú y Ecuador, países especialmente importantes en la estrategia diseñada por EEUU de «andinizar» la guerra con la finalidad de estrangular a la guerrilla colombiana a través de una serie de «anillos militares» que están compuestos de bases en el exterior (las de Manta en Ecuador, Iquitos en Perú, Chapare en Bolivia, Aruba, Curazao y la posible instalación de una nueva en Panamá, en la parte de la selva del Darién que comparte con Colombia), de una mayor implicación de las tropas estadounidenses en la guerra contra la guerrilla (los Comandos Conjuntos) y de la amenaza constante de intervención directa aplicando la «carta democrática» de la Organización de Estados Americanos (OEA), tal y como ya ha intentado con Venezuela.
De todos los «anillos militares» es en el de la base de Manta donde radica la principal preocupación de los EEUU puesto que si Ecuador aplicase una política exterior autónoma y la cerrase daría al traste con todo este diseño estratégico. La base de Manta es una base FOL (es decir, un puesto avanzado de operaciones) del Comando Sur, según establece el Convenio Número 2 firmado entre ambos países el año 1999 -justo al inicio del Plan Colombia-, y en ella operan al menos 500 soldados estadounidenses, de ellos 200 están integrados en las «fuerzas especiales», que tienen como principal misión el monitoreo de todo el territorio colombiano con la finalidad de ubicar al Secretariado de las FARC-EP y las principales concentraciones de guerrilleros para centrar en ellos los operativos del Plan Patriota. De ahí la importancia que tiene para el movimiento popular ecuatoriano no olvidar que su cierre es crucial tanto para su diseño futuro como país y para hacer realidad la solidaridad entre los pueblos. Esa es la responsabilidad del movimiento conocido como «forajidos». No vale argumentar que se salió a la calle para protestar contra todos los partidos y no contra los intereses del imperialismo, ejecutados con precisión precisamente por esos partidos: de forma especial y preferente el Tratado de Libre Comercio y el mantenimiento de los acuerdos militares como el de la base de Manta.
Fracaso, también, en la erradicación de los cultivos de coca
EEUU ha desembolsado hasta el momento 3.000 millones de dólares en la aplicación del Plan Colombia, convirtiendo a este país en el quinto del mundo en cuanto a la ayuda recibida tras Iraq, Israel, Egipto y Afganistán. El 80% de esa cantidad ha ido destinada a la lucha antinarcóticos, a la lucha antiguerrillera y a la protección de la infraestructura petrolera. De la importancia de Colombia en el diseño geoestratégico de los EEUU da muestra el hecho de que la embajada de Bogotá es la segunda del mundo en importancia en cuanto a número de efectivos, 2.000 que trabajan para 32 agencias estadounidenses, situándose sólo por detrás de la de Bagdad.
El Congreso de los EEUU está discutiendo, en ese nuevo Plan Colombia II, aumentar el número del personal militar y de los contratistas privados que tiene actualmente en el país, 800 oficiales y 600 contratistas trabajando en temas de seguridad. Una propuesta presentada el 7 de octubre de 2004 hacía hincapié en los contratistas privados, no sujetos a las restricciones y salvaguardias a que están obligados los militares. Desde que en el año 2000 se puso en marcha el Plan Colombia, once contratistas han resultado muertos en operaciones de la guerrilla y 3 están retenidos desde que la avioneta en que viajaban fuese derribada el 13 febrero de 2003 por una unidad guerrillera de las FARC-EP. Estos últimos han sido propuestos para un canje con los dos guerrilleros que han sido extraditados a EEUU por Colombia, «Simón Trinidad» y «Sonia» (5).
El Plan Colombia que ahora fenece, se vendió a la opinión pública colombiana e internacional como «un plan para la paz, prosperidad y la consolidación del Estado» y subrayando la necesidad de consolidar el Estado como el vehículo imprescindible para atajar el tema de la droga. Si bien en un tiempo se produjo una reducción del nivel de producción de droga de hasta el 47% en la región andina (según datos de la Oficina de la ONU para las Drogas y el Delito -UNODC- en el 2003) hoy es un hecho que la producción se ha recuperado y que el número de hectáreas plantadas con coca en Colombia, Perú y Bolivia asciende a 158.000, cinco mil más que el año anterior (6). En el caso de Colombia, los programas de extirpación de coca y la fumigación han forzado a los campesinos a reducir el tamaño de sus campos. Según la UNODC, el 93% de los campos tienen ahora menos de tres hectáreas, lo que dificulta enormemente la fumigación y sólo quedaría como alternativa la erradicación manual.
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(1) Raúl Reyes, miembro del Secretariado de las FARC en declaraciones al Canal 1 de la TV de Colombia, 19 de febrero de 2005.
(2) La Electrificadora del Caquetá reconoció la «indisponibilidad» del circuito eléctrico en todo el departamento, de forma especial entre los municipios de Altamira y Florencia, como consecuencia de la voladura de la torre 80 por parte de un frente de las FARC-EP. Una situación similar se vivió en el norte del departamento de Santander, y en los departamentos de César y Bolívar.
(3) «Relaciones EEUU-Lationamérica: una agenda vista desde la seguridad». Fundación Seguridad y Democracia, 27 de abril de 2005.
(4) Departamento de Estado, Oficina de Asuntos Hemisféricos: «Por qué debemos apoyar el Plan Colombia», 21 de febrero de 2001.
(5) Agencia France Press, 27 de junio de 2005.
(6) Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 14 de junio de 2005.