Otros frente problemático escondido en los 183 artículos del proyecto de ley con el que se tramita el Plan de Desarrollo «Pacto por Colombia, pacto por la equidad» es el de las relaciones de la nación con las regiones y con el régimen de descentralización. Un aspecto sobresaliente del PND es el pacto por la […]
Otros frente problemático escondido en los 183 artículos del proyecto de ley con el que se tramita el Plan de Desarrollo «Pacto por Colombia, pacto por la equidad» es el de las relaciones de la nación con las regiones y con el régimen de descentralización.
Un aspecto sobresaliente del PND es el pacto por la descentralización: ‘Conectando Territorios’, en el que se definieron nueve regiones.
Según el Plan, en las regiones se invertirán $786,6 billones, de los $1.180 billones.
Sin embargo, el debate a la propuesta ha sacado a relucir una serie de incoherencias que indican un golpe a la autonomía regional y a la descentralización.
Los nuevos impuestos para los licores departamentales, colocados en el mismo nivel de los licores importados, y el financiamiento de las enfermedades y tecnologías que no están contenidas en el Plan Obligatorio de Salud afectan directamente los ingresos de los departamentos.
En ese mismo sentido esta la propuesta sobre la ‘viabilidad de los proyectos de inversión en el Sistema General de Regalías’, que estaría a cargo no de los OCAD regionales sino del Gobierno Nacional a través de los Ministerios o los Departamentos Administrativos.
«El Departamento Nacional de Planeación viabilizará los proyectos de inversión que, por su naturaleza, no correspondan a ningún Ministerio o Departamento Administrativo y ejercerá la Secretaría Técnica del OCAD PAZ», reza el texto del artículo.
Esta medida es un claro retroceso e implica regresar al Fondo Nacional de Regalías, es decir, retornar a un modelo de centralización y paralizar la inversión por las demoras en los tiempos de los trámites de los ministerios.
La autonomía de los territorios es fundamental, por lo cual no es apropiado apoyar estas normas que pretenden centralizar los recursos del Sistema General de Regalías, dándole exclusividad a la Nación para la viabilidad de los proyectos.
El Partido Liberal ha dicho que se trata de un esquema centralista que pone en riesgo recursos que les corresponden a las entidades territoriales. Concentra poder en el Ministerio de Hacienda y afecta las finanzas de las entidades territoriales, especialmente de los departamentos.
La inesperada centralización que se propone el Plan del Gobierno debilita significativamente lo que han alcanzado las regiones, los departamentos y los municipios en materia de asignación de Regalías de manera técnica a través de los Contratos Plan, de los OCADS y otros mecanismos administrativos.
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