Si bien la Constitución Política de Colombia, reconoce como sujetos de derechos a las comunidades indígenas y afrocolombianas, a la fecha al campesinado no se le ha reconocido como sujeto de derechos sociales, políticos y económicos, en efecto, como parte del sector agrario ha sido marginado históricamente de las decisiones fundamentales que le atañen; sin […]
Si bien la Constitución Política de Colombia, reconoce como sujetos de derechos a las comunidades indígenas y afrocolombianas, a la fecha al campesinado no se le ha reconocido como sujeto de derechos sociales, políticos y económicos, en efecto, como parte del sector agrario ha sido marginado históricamente de las decisiones fundamentales que le atañen; sin embargo el Estado ha impuesto una política agraria fundamentada en el modelo de desarrollo agroexportador, cuyo carácter extractivista ha re-primarizado la economía del sector, ésta, favorece la importación de los elementos más importantes de la canasta familiar y simultáneamente, ha negado de facto al productor nacional colocar sus productos en el mercado interno, creando las condiciones para la dependencia alimentaria y de otros bienes, situación que se viene agudizando con los TLCs dada la imposición de la desregulación del mercado nacional y la laxitud asumida en el intercambio comercial, de hecho, el aumento de la importación de alimentos fue calculada en 700% entre 1991 y 2009 [1] , fenómeno derivado de la implementación de esta política.
La re-primirazación de la economía agraria, ha conllevado a que solo las grandes empresas agroindustriales y especialmente las relacionadas a la producción de banano, azúcar, agrocombustibles y parcialmente el café, tengan la posibilidad de transformar sus productos y competir en el mercado nacional e internacional, sacrificando la oferta nacional de alimentos y la absorción de mano de obra en el campo. Sin embargo, el «éxito» de una política agraria fundamentada en la re- primarización de la economía ha dependido además de la concentración del mercado y la concentración de poder sobre: la propiedad de la tierra, del capital y, de la transferencia investigación y tecnología.
En el Valle, el sector rural está compuesto por campesinos pequeños propietarios, medianos y grandes propietarios. Los pequeños productores se definen como aquellos que tienen 2 (o menos) Unidades Agrícolas Familiares (UAF), a su vez una UAF, se define como la unidad productiva agropecuaria con la capacidad de producir 3 salarios mínimos de ingreso mensual. Los medianos poseen entre 2 y 10 UAFs y los grandes propietarios más de 10 UAFs [2] . La Tabla 1, describe la distribución porcentual del área de la propiedad controlada de acuerdo a los tres tipos de propietarios existentes en el Valle del Cauca.
Tabla 1: Distribución porcentual de propietarios del sector rural en relación al porcentaje del área productiva controlada en el Valle del Cauca.
|
PROPIETARIO |
% DE PROPIETARIOS DEL SECTOR |
% DE PROPIEDAD DEL AREA PRODUCTIVA |
ÁREA (Ha) |
|
Campesinos |
89,89 |
17,36 |
286.966 |
|
Medianos productores |
10,57 |
26,13 |
432.054 |
|
Grandes productores |
2,54 |
56,51 |
934.250 |
Fuente: Equipo Técnico CCVC basado en información de Machado (1998)
El modelo adoptado por grandes productores para el Valle del Cauca, tiene un carácter rentístico extractivista asociado a la producción de caña para elaboración de azúcar y alcohol carburante en la zona plana, ganadería de ceba en la zona media baja y ganadería de leche en la zona alta; dichas actividades agropecuarias limitan la capacidad de aumentar la absorción de mano de obra en el marco de una demanda creciente de la misma.
La pequeña propiedad rural demuestra ser significativamente más productiva que la gran propiedad, la tendencia del uso del suelo es preferentemente a labores agrícolas asociados a la producción alimentaria y al abastecimiento del mercado local y nacional, de hecho Fajardo (2002) demuestra que las fincas campesinas con tamaños inferiores a 5 Has destinan en promedio el 38,6% de su área a labores agrícolas, mientras que fincas con tamaños superiores a 200 Has destinan en promedio 72,3% del área a la producción de pastos para ganado [3] . En donde los minifundios (con menos de 0,5 UAF) son 40 veces más productivos que los predios asociados a grandes extensiones(con más de 10 UAF) [4] .
La ausencia de propiedad sobre la tierra deriva en la existencia de jornaleros cuyos ingresos son bajos, altamente dependientes de trabajos, sin existencia de los mínimos requisitos de seguridad social y sin estabilidad laboral, generándose migración intra e intermunicipal.
La capitalización rural y los proyectos de investigación y transferencia de tecnología, se han destinado casi que exclusivamente a desarrollar los procesos agropecuarios y agroindustriales de los grandes propietarios, la tramitología deriva en que al campesinado se le dificulte acceder a dichos programas; por otra parte, las oportunidades de beneficiarse de los incentivos de capitalización rural, dependen en proporción directa, de la magnitud de la contrapartida, la que en últimas varía de acuerdo al tamaño de la propiedad de la tierra. El programa Agro Ingreso Seguro (AIS) ejecutado en el gobierno del ex presidente Uribe es una muestra de ese desequilibrio, en efecto, AIS presentó un índice GINI de 0,79, es decir altamente concentrado por emporios agroindustriales [5] .
Las organizaciones y comunidades agrarias y populares del Valle del Cauca presentamos ante el Gobernador Ubeimar Delgado Blandón nuestras demandas sociales, económicas y políticas, buscando que mediante el dialogo encontremos la mejor manera de resolver el conflicto económico, político y social que vivimos, demandas que se encuentran enmarcadas en el Pliego Nacional de Peticiones Agropecuarias y Populares (documento adjunto). De parte nuestra ya están los voceros departamentales y nacionales para iniciar el dialogo y conformar la Mesa de Interlocución y Acuerdo Agropecuario y Popular, escenario que proponemos como la instancia para abordar el pliego de peticiones y llegar a acuerdos.
1. EXIGIMOS IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS Y ACCIONES FRENTE A LA CRISIS DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
· Exigimos el cumplimiento en la implementación de las leyes pesqueras en beneficio de pescadores artesanales del departamento debido a la vulnerabilidad de ese sector frente al creciente caudal de importaciones.
· Exigimos la implementación de programas fortalecimiento a la producción y comercialización de renglones agropecuarios departamentales sensibles como son el café y la leche. Además la toma de medidas para controlar el contrabando de leche que ingresa al departamento.
· Exigimos la veeduría y acompañamiento del gobierno departamental explotación maderera que garantice la sostenibilidad de este recurso y la permanencia de pequeños madereros que derivan su sustento de esa actividad.
2. EXIGIMOS ACCESO A LA PROPIEDAD DE LA TIERRA
· Exigimos que la administración departamental y las alcaldías municipales, en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, MADR, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, conjuguen esfuerzos para la adquisición de tierras para los campesinos, Resguardos Indígenas y los Consejos Comunitarios que no la posean o la posean de manera insuficiente.
· Exigimos el apoyo logístico y presupuestal en la legalización de tierras para los campesinos, indígenas y afrocolombianos que no hayan saneado sus títulos de posesión así como la solución de conflictos relacionados a la titulación individual de predios, a campesinos beneficiarios de proyectos del INCORA en las décadas de los años 80s y 90s.
· Exigimos la redistribución entre campesinos con problemas de acceso a la propiedad, de las tierras incautadas a la mafia y que en la actualidad son administradas por el Estado.
· Ecigimos el saneamiento de conflictos relacionados al uso del suelo en territorios altamente intervenidos considerados por la normatividad estatal como Zonas de Reserva Forestal (ZRF) o de otras figuras de ordenamiento territorial que hagan parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas -SINAP.
3. EXIGIMOS RECONOCIMIENTO A LA TERRITORIALIDAD CAMPESINA, DE AFRODESCENDIENTES E INDÍGENAS
· Exigimos la constitución de Zonas de Reservas Campesinas (ZRC) en: Florida, Pradera, Palmira, Ginebra, Guacarí, Buga y Tuluá como la mejor forma de ordenamiento social de la propiedad rural y del territorio, para ello la Gobernación del Valle del Cauca y las alcaldías municipales en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADS, el MADR e INCODER, dispondrán los recursos para que las organizaciones campesinas formulen los Planes de Desarrollo Sostenible en cada municipio, por su parte, las instituciones apoyarán y desarrollarán los mecanismos de gestión institucional para la constitución de las ZRC.
· Exigimos constituir los Resguardos Indígenas de Ginebra en la zona alta del municipio para la etnia Lili, la constitución de un resguardo indígena en Tuluá y tres en Sevilla para la comunidad Embera Chamí.
· Los entes Estatales, serán medio y generará programas de interlocución con las demás instituciones de orden departamental y nacional, para viabilizar la constitución de ZRC Se promoverá a la creación de instancias de concertación con la CVC.
· Exigimos la titulación colectiva inmediata del Consejo Comunitario de la cuenca del Naya.
· Exigimos que las administraciones departamentales y municipales reconozcan la autonomía de las comunidades campesinas en el ordenamiento territorial del departamento y municipio, rechazando los megaproyectos y las transnacionales que planteen invertir capital en el territorio y afecten a las comunidades
· Exigimos las comunidades agrarias accedan a los recursos de regalías departamentales y municipales, éstos se invertirán en programas que generen desarrollo y sostenibilidad en las comunidades, dichos programas deben ser formuladas con participación directa del campesinado y sus organizaciones representativas en la mesa departamental de interlocución con organizaciones campesinas.
· Apoyo en la financiación de proyectos productivos, para consolidar el desarrollo agropecuario de la región y estabilizar la propiedad de los campesinos, afrodescendientes e indígenas.
· Exigimos respeto y prevalencia de las figuras de ordenamiento territorial, productivo y ambiental de las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas sobre las zonas de consolidación y recuperación, así como aquellas de desarrollo agroempresarial.
4. EXIGIMOS LA PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LAS COMUNIDADES Y LOS MINEROS PEQUEÑOS Y TRADICIONALES EN LA FORMULACIÓN Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA MINERA.
· Exigimos la participación efectiva de las comunidades y los mineros pequeños y tradicionales en la formulación y desarrollo del Plan de Desarrollo Minero – Energético del Departamento.
· Exigimos detener la concesión de títulos mineros y revertir las concesiones efectuadas, hasta tanto se defina concertadamente con las comunidades rurales la política minera del país, en la que se garantice el derecho prevalente de las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas a ser beneficiarias de las concesiones y se brinden garantías para la minería artesanal.
· Exigimos el apoyo y reconocimiento y formalización de la minería artesanal, pequeña y mediana y apoyo para la reconversión tecnológica hacia modelos de producción minera más limpios y de bajo uso de contaminantes, en coordinación con la Coorporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, el Ministerio de Minas y Energía y el MADS.
· Apoyo desde las instancias de gobierno del departamento, los municipios y la CVC, para que las comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinas, participen en la redefinición concertada de un nuevo Código de Minas y Recursos Naturales. Así mismo, exigimos que se apoye la participación de las comunidades en la construcción de una nueva ley de regalías que redefina la participación nacional y local de los beneficios económicos de la actividad minera.
· Exigimos la promoción por parte de la gobernación del valle del cauca, la CVC y las alcaldías municipales de la sujeción del desarrollo de producción minera y energética a los Planes de Desarrollo Sostenibles de las ZRC, los Planes de Vida de las comunidades indígenas y afrocolombianas, así como a Planes de Ordenamiento Territorial construidos participativamente y con atención a estudios sobre vocación del suelo.
· Exigimos el apoyo por parte de la Gobernación del Valle del Cauca, la CVC y los municipios de Palmira, Tuluá, Buga, San Pedro y Bugalagrande para que las comunidades campesinas e indígenas afectadas por la construcción de las centrales hidroeléctricas Amaime y Tuluá, participen en la decisión de la inversión de los recursos captados por las instituciones por concepto de la venta de energía hidroeléctrica. Así mismo, exigimos un aumento del aporte por concepto de regalías del 6 – 10% de las utilidades de las Centrales Hidroeléctricas. El 4% será manejado directamente por las comunidades para el desarrollo de programas y proyectos de conservación ambiental de las cuencas, la producción agropecuaria sostenible, vivienda, infraestructura, saneamiento básico, fortalecimiento organizativo y protección de derechos humanos.
5. Exigimos se adopten medidas y se cumplan garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural.
· Exigimos dar cumplimiento a la acción de consulta previa para las comunidades afro e indígenas en proyectos o normativa que afectan los derechos de estos pueblos.
· Otorgar el derecho al Consentimiento previo, libre e informado a las comunidades campesinas sobre proyectos y normativas que afecten su entorno, en lo social, lo político, lo ambiental, lo económico y lo cultural.
6. Exigimos inversión social en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios públicos y demás.
· Exigimos dotar adecuadamente los centros hospitalarios y de salud tanto en el sector urbano como rural del departamento, así como la vinculación suficiente y cualificada de personal de salud.
· Exigimos partidas presupuestales para inversión social en infraestructura y dotación para educación, vías, red eléctrica, saneamiento básico, agua y alcantarillado.
· Exigimos que los acueductos comunitarios sean manejados por las comunidades con criterio social y no empresarial. Y en donde no se cuente con ellos promover su constitución.
· Exigimos la construcción de vivienda digna financiada por el Estado tanto en áreas rurales como urbanas, que sean concertadas con los beneficiarios.
· Exigimos la creación de programas de acompañamiento y veeduría desde la administración departamental y las administraciones municipales a las familias en procesos de desalojo, garantizando vivienda digna durante tal proceso.
· Exigimos el pago del cargo básico en la tarifa de servicios públicos en los estratos 0 y 2.
· Exigimos la excepción del Impuesto predial para estratos 1, 2 y 3 en la ciudad de Cali y municipios aledaños
MESA AGROPECUARIA Y POPULAR DE INTERLOCUCIÓN Y ACUERDO
-MIA NACIONAL-
¡Por la vida y contra el desarraigo!
¡Viva el Paro Nacional Agrario y popular del 19 de Agosto!
[1] MONDRAGÓN, H. Relatifundización, megaproyectos y campesinos en Colombia. Misión Rural. Bogotá D.C. 2009.
[2] Ibíd.
[3] FAJARDO, D. (2002). Tierra, poder político y reformas agraria y rural. En: Cuadernos tierra y Justicia. Bogotá D.C: Ediciones Antropos.
[4] PERFETTI et al. Políticas para el desarrollo de la agricultura Colombiana. FEDESARROLLO. Bogotá, Abril 2013
[5] Eduardo Sarmiento Palacio. La apertura profundizó el deterioro del sector: El fracaso agrícola . El Espectador. Bogotá D.C. Noviembre 22 de 2009.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.