Desde el inicio de la vida como República, a los Congresistas se les ha llamado Honorables Padres de la Patria (HPP), denominación que hoy apenas es un mal recuerdo porque la mayoría de Senadores y Representantes no merecen llamarse honorables, de tal forma que al tener una reputación cuestionable pierden la paternidad de la sociedad […]
Desde el inicio de la vida como República, a los Congresistas se les ha llamado Honorables Padres de la Patria (HPP), denominación que hoy apenas es un mal recuerdo porque la mayoría de Senadores y Representantes no merecen llamarse honorables, de tal forma que al tener una reputación cuestionable pierden la paternidad de la sociedad colombiana; y para colmo de males tampoco se puede hablar de patria dada la sumisión de las élites dominantes ante la plutocracia que manda en los Estados Unidos.
En una democracia real y efectiva el Congreso de la República es el escenario donde se tramitan y aprueban las leyes que rigen a una sociedad; donde a través del debate político entre mayorías y minorías se llega a pactar políticas públicas en pro del bienestar del pueblo.
Legislando para el gran capital
En Colombia desde hace varias décadas ha sido evidente que el Congreso es la corporación donde se legisla en favor del gran capital nacional y extranjero, además se ha convertido en un centro de operaciones de la mafia donde campea la corrupción y el tráfico de influencias.
Contrario a su ‘deber ser’, el Congreso se ha especializado en tramitar y aprobar Proyectos de Ley que perjudican la calidad de vida de la población, además de afectar los bienes comunes y el patrimonio ambiental de los colombianos.
Las Leyes aprobadas se han caracterizado por la privatización de las empresas estatales, los servicios públicos, de la salud, y de reformas pensionales a favor de los empresarios, entre otros. El recientemente aprobado Plan Nacional de Desarrollo (PND) se caracteriza por favorecer a los grandes empresarios, al igual que destroza el medio ambiente y entrega los recursos naturales a las multinacionales.
La corrupción devora a Colombia
Según la Fiscalía General de la Nación (FGN) la corrupción de los políticos en el país incluyendo a los congresistas, ha producido desfalcos a la Nación por más de 2 billones de pesos entre los años de 2014 a 2018 [1], siendo los más representativos los de Odebrecht, Reficar, PAE, POT, Fosiga, Transmilenio, Ruta del sol, entre muchos otros.
En el más reciente informe el Monitor Ciudadano de la Corrupción, de Transparencia por Colombia, reveló que entre 2016 y 2018 se reportaron 317 hechos de corrupción donde se perdieron 17,9 billones de pesos; en la misma investigación se calculó en promedio cuánto tardó en llegar la justicia, los resultados demostraron que la sanción fiscal tardó en promedio 4,4 años; la condena penal 4,2 años y la sanción disciplinaria tuvo un tiempo promedio en emitirse de 3,3 años [2].
Esta investigación evidencia que la mayoría de los casos son de corrupción administrativa, dentro de la que se encuentra la contratación pública que de lejos es la predominante con un 46 por ciento; además muestra que de los actuales Alcaldes, Gobernadores y Concejales el 52,4 por ciento estuvo investigado, sancionado y/o inhabilitado por corrupción.
Por estos hechos sólo han judicializado a unos pocos congresistas, más por que les ha sido imposible ocultar los delitos, que por la voluntad de las autoridades judiciales por hacer justicia. El Congreso y el Gabinete del Gobierno son la representación mediocre de la clase política; es evidente que en Colombia la mayoría de los nombramientos se dan por maniobras políticas y económicas y no por méritos.
Un parlamento nuevo
No puede haber democracia sin lucha contra la corrupción, porque la corrupción no es solamente un delito, es un sistema de poder paralelo al sistema democrático; por tanto, Colombia necesita un nuevo sistema parlamentario que sea capaz de construir junto a los ciudadanos leyes a favor de las mayorías, donde el ejercicio de la política esté subordinado a la ética.
En estos tiempos donde es necesario e inaplazable construir la Paz con justicia y equidad social, es clave que los ciudadanos no nos dejemos engañar o ‘comprar’ por promesas de campaña; además debemos castigar a los políticos mediocres y corruptos de siempre, dirigiendo el apoyo ciudadano hacia nuevos liderazgos políticos, para de esta forma construir un nuevo país.
Notas