Ejercer un cargo publico en general y con la referencia especifica al de rector de una Universidad publica, en un país en guerra, cercano a firmar la paz y con el triple de jóvenes en las calles y sin oportunidades respecto a los que acceden a las universidades, exige ante todo representar el librepensamiento y […]
Ejercer un cargo publico en general y con la referencia especifica al de rector de una Universidad publica, en un país en guerra, cercano a firmar la paz y con el triple de jóvenes en las calles y sin oportunidades respecto a los que acceden a las universidades, exige ante todo representar el librepensamiento y tener una probada actitud ética, además de conocimiento de la función publica, experticia y formación teórico-practica para diferenciar que una cosa es el Estado y lo publico y; otra muy distinta la empresa privada y que las herramientas para gestionar lo publico no pueden ser suplantadas por las de la empresa privada porque una busca consolidar el bien común y salvaguardar el interés general y la otra busca ganancias y rentas privadas, su interés es acumular.
Un Rector o Rectora de Universidad publica, recibe las funciones que la sociedad le encarga a través del Estado a cambio de comprometerse a tener una ética de respeto por el otro y por los bienes públicos, pero además para someter a escrutinio critico las políticas de Estado, fortalecer lo publico y atender las demandas colectivas de sus estamentos. Ser funcionario Rector exige ser honesto, entender que lo publico es publico y sus recursos no solo económicos, si no también materiales, simbólicos y de solidaridad deben tratarse con respeto, afianzar la confianza colectiva y tratar con la verdad, ser un parresiastes que dice la verdad aunque genere riesgo o cueste la vida, no engañar, ni convertir a los otros en medios ni cobrar lealtades personales a cambio. Ser honesto impide pedirle a otro tener un intermediario o «padrino» (de capo, de alcapone, de capataz) para acceder a un puesto de trabajo o contrato. Ser responsable implica actuar sin prepotencia, negligencia ni arrogancia y tener siempre presente que los derechos de los gobernados son iguales a los del gobernante.
El Rector en cuanto máxima autoridad ejecutiva, es un agente del Estado y sus fallas o faltas que pueden convertirse en delitos lo comprometen no solo con responsabilidades penales o administrativas, si no también con violaciones a derechos humanos. La línea divisoria, que es frágil y delgada, depende de la forma como actué respecto a su obligación de poner sus capacidades, competencias y saberes suyos y de su equipo directivo en función de la realización del derecho humano a la educación, en toda su complejidad y contenido social, colectivo e individual, en el que entrelazan otros derechos y libertades como las de pensamiento, catedra, investigación, expresión, protesta, y los relativos al trabajo como asociación, remuneración, acceso a los cargos, participación democrática en las decisiones, jubilación, bienestar, paz y tranquilidad laboral, entre otros, a los que se adiciona el respeto al contexto de la cultura material, campus y elementos simbólicos, que requieren protección ante eventuales trasgresiones por carencia de estudios o desatención a recomendaciones técnicas que terminan destruyendo una estética o un patrimonio a cambio de imponer resultados inmediatos traducidos en mas ladrillos amontonados a costa de cultura.
El funcionario Rector, esta investido de una autoridad particular, que no puede desbordarse, ni convertir el uso de la coacción en autoritarismo para imponer su voluntad, ideología o credo, para discriminar, excluir o convertir a sus adversarios u oponentes en enemigos a los que busque destruir o aniquilar, ni poner la institución al servicio de directorios políticos, grupos económicos, ni agentes externos. Su compromiso es con el Estado y la Sociedad en el marco de la constitución vigente, sin propender por gobernar por lealtades ni cultos personales. La legitimidad es parte esencial del ser rector, entendida como el reconocimiento que la sociedad ofrece al funcionario por sus actuaciones basadas en la verdad y las conductas éticas. Lo legitimo es lo cierto, lo verdadero, lo genuino, lo justo y sensato, lo que toma distancia de otorgar privilegios a pocos en detrimento de muchos. Un funcionario legitimo no abusa de su condición de autoridad ni competencias para someter, negar, perseguir u omitir su accionar cuando el débil es maltratado. Legitimidad y legalidad son necesarias y complementarias y no pueden ser separadas, ni sobreponer la una a la otra.
La rectitud y la honestidad, no aceptan trampas ni atajos, ni formalidades, ni despliegues mediáticos acomodados para vender un producto defectuoso como bueno, ni ocultar la realidad con el fin de obtener beneficios particulares en nombre del interés general. La formalidad que hoy es síntoma de lo que se encubre para ganar réditos políticos o económicos, será la la misma que mantenga el riesgo latente de que lo oculto salga a flote y al final revele los trucos hoy encriptados para aferrarse a los cargos, los clientelismos enquistados en representaciones, los costosos lobbies políticos y sus responsables, los aportes encubiertos de contratistas que pagan celebraciones, los términos de contratos y licitaciones, el costo de las lealtades y pactos de silencio. Un rector cuando escapa a la honestidad y a la ética, antes que afectos termina rodeado de intereses y lo que parecían simples errores o faltas leves termina traducido en tramas de sistemáticos delitos detalladamente planeados para ejercer el poder y querer encarnarlo con la pasión ciega de ser poderoso y aparecer en los diarios.
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