El controvertido proceso de Justicia y Paz impulsado por el gobierno colombiano enfrenta hoy una creciente polémica por presiones de los ex jefes paramilitares presos y el apoyo del presidente Alvaro Uribe a sus demandas. Este miércoles, en declaraciones a una radioemisora, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Valencia, anunció que ese […]
Este miércoles, en declaraciones a una radioemisora, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Valencia, anunció que ese órgano mantendrá la sentencia que niega a los paramilitares desmovilizados la posibilidad de ser juzgados por sedición.
Con ello, echó en saco roto las declaraciones del mandatario, quien la víspera expresó su desacuerdo con esa decisión, y pidió que paramilitares y guerrilleros sean tratados en igualdad de condiciones.
Así, Uribe apoyó a los principales ex jefes paramilitares presos, quienes se negaron a continuar declarando sus crímenes ante la justicia hasta tanto la Corte Suprema no cambie su fallo.
Analistas consideran que la posición de fuerza de los ex jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) persigue mantener abierta la puerta para poder participar en política en el futuro y evidencia el protagonismo que estos mantienen.
Pero mientras la controversia sigue su curso, dos años después de iniciado el proceso de Justicia y Paz las víctimas siguen esperando por la justicia y la reparación.
Al respecto, el diario El Tiempo recuerda que aunque los paramilitares que han declarado ante la Fiscalía han anunciado la entrega de millonarias sumas para resarcir a las víctimas de sus desmanes, esto no ha pasado de las palabras.
Señala que el fondo de reparación solo cuenta con dos fincas con dos mil hectáreas, tres lotes en avanzado estado de deterioro, tres carros, 152 toros y dos caballos «sin pedigree ni registro.
Sin embargo, de ese fondo deberán salir los recursos para compensar a más de 70 mil afectados por la violencia de las AUC.