PS Jaime Gazmuri llamó a los civiles que participaron en el régimen militar a hacer un gesto y reconocer su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos, el UDI Sergio Fernández afirmó que «jamás se siguió una política de esa naturaleza». La primera polémica tras la entrega del informe de la Comisión Nacional sobre […]
PS Jaime Gazmuri llamó a los civiles que participaron en el régimen militar a hacer un gesto y reconocer su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos, el UDI Sergio Fernández afirmó que «jamás se siguió una política de esa naturaleza».
La primera polémica tras la entrega del informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura protagonizaron los senadores Jaime Gazmuri (PS) y Sergio Fernández (UDI), quienes tuvieron diferentes posiciones respecto a las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
Gazmuri llamó a los civiles que participaron en la conducción del Estado durante el régimen militar a hacer un gesto y reconocer su responsabilidad en la política sistemática de violaciones a los derechos humanos, Fernández, en su calidad de ex ministro del Interior, afirmó que «jamás se siguió una política de esa naturaleza, al contrario, se reprimió absolutamente cualquier tipo de apremio ilegítimo».
El senador PS dijo que hay una paradoja ya que el Ejército, sostén principal del régimen militar, reconoce su responsabilidad y se compromete a tomar resguardos para que estos horrores no vuelvan a ocurrir en Chile, pero los políticos que participaron en la gestión del gobierno militar, «no reconocen nada ni hacen un solo gesto».
«Es inaceptable la declaración entregada por el senador Sergio Fernández, en la cual no sólo no asume ninguna responsabilidad sino que pretende desviarla exhibiendo un documento tardío, de 1987, cuando ya la dictadura estaba en sus postrimerías y se anticipaba el plebiscito en el que los chilenos se pronunciaron abrumadoramente en contra de ella», aseguró.
Agregó que «la política sistemática de violación a los derechos humanos comenzó en 1973 y se mantuvo, obviamente, entre los años 1978 y 1982, período en el cual Sergio Fernández fue ministro del Interior. Si él ahora se lava las manos quiere decir que no estaba informado, lo que resulta poco creíble tratándose del Jefe de Gabinete ministerial, o guardó silencio ante las atrocidades que se estaban cometiendo. Sea cual fuere la situación, los ciudadanos merecen una explicación coherente».
«Si los civiles que tuvieron responsabilidades en el gobierno militar no son capaces de hacer un examen acerca de su participación en uno de los períodos más oscuros de nuestra historia reciente, están dándonos la razón a todos los que dudamos de la solidez de sus principios y vocación democrática», señaló.
Por otra parte, Gazmuri destacó que las últimas declaraciones del comandante en Jefe del Ejército, el general Juan Emilio Cheyre, tiene el valor histórico de ser las primeras en que la institución castrense, principal sostenedora del régimen militar que rigió el país desde 1973 a 1989, reconoce su participación en una política institucional que permitió la violación sistemática de los derechos humanos de todos aquellos que disentían del régimen.
Además sostuvo que dicho reconocimiento «es un paso fundamental que contribuye a la restitución de las confianzas que nuestro país requiere para seguir avanzando. Confío en que las otras ramas de las Fuerzas Armadas entiendan la trascendencia de este gesto y hagan su propio examen sobre la responsabilidad que les cupo en uno de los capítulos más traumáticos de nuestra historia reciente».
Fernández: «Tortura no fue política de Estado»
En tanto, Fernández reiteró que «en lo que a mí respecta, como ex ministro del Interior, señalo categóricamente que jamás se siguió una política de esa naturaleza, al contrario, se reprimió absolutamente cualquier tipo de apremio ilegítimo y es más se dictaron instrucciones precisas para castigar a toda persona que cometiera estos ilícitos».
El legislador dio a conocer un decreto de agosto de 1987 en el cual se señala que: «Que se reitera de manera muy enfática, conforme a los textos constitucionales, legales y ministeriales citados, la prohibición absoluta, de aplicar apremios ilegítimos a las personas detenidas, cualesquiera fueren los motivos o circunstancias de su detención».
En el decreto se agrega lo siguiente: «el Supremo Gobierno será inflexible en la aplicación de las sanciones para aquellos funcionarios que se les compruebe haber efectuado o aplicado apremios ilegítimos o violencias innecesarias».
El parlamentario dijo que en la época que se facilitó la labor de la justicia y para ello «cada vez que los tribunales requirieran cualquier información al respecto, debieran ser dados todos los elementos necesarios para facilitar la labor de tribunales».
Además sostuvo que, tal como lo señalan los documentos, «cada detenido tenía que contar con un certificado médico al ingreso y otro una vez que era dejado en libertad ya sea por los tribunales o por las autoridades administrativas».