M D, de 33 años, y vecino de Lavapiés, consiguió llegar en autobús hasta la estación de Atocha en el centro de la capital. De allí fue trasladado inmediatamente por varios vecinos al Centro de Salud de Lavapiés en la plaza de Agustín Lara, donde se le trató de urgencia de sus heridas. M D […]
M D, de 33 años, y vecino de Lavapiés, consiguió llegar en autobús hasta la estación de Atocha en el centro de la capital. De allí fue trasladado inmediatamente por varios vecinos al Centro de Salud de Lavapiés en la plaza de Agustín Lara, donde se le trató de urgencia de sus heridas.
M D (no quiere dar su nombre completo por miedo a las represalias de la policía), en trámites de regularización de su permiso de residencia en España, fue agredido por cuatro agentes de la Policía Nacional que pretendían embarcarlo en un vuelo regular en la mañana del pasado jueves 20 de junio. Finalmente, ante la imposibilidad de deportarlo, lo dejaron malherido en las inmediaciones de la Terminal 4 del Aeropuerto de Madrid Barajas.
M D, de 33 años, y vecino de Lavapiés, consiguió llegar en autobús hasta la estación de Atocha en el centro de la capital. De allí fue trasladado inmediatamente por varios vecinos al Centro de Salud de Lavapiés en la plaza de Agustín Lara, donde se le trató de urgencia de sus heridas y se le realizó un primer parte de lesiones, presentando fuertes contusiones por rodillazos y patadas en las cervicales, la región lumbar y heridas en las muñecas por las bridas con las que estuvo inmovilizado durante horas. Actualmente, permanece en observación. Por miedo a las represalias de la policía, tiene miedo de presentar denuncia por agresiones en los Juzgados de Plaza de Castilla.
Lo que ha vivido en los últimos días nuestro vecino M D, de origen bangladeshí, no ocupará portadas de los periódicos de las principales empresas de comunicación ni titulares de sus telediarios. Sin embargo, su dramática historia es la de muchos migrantes sin permiso de residencia en este país, que padecen a diario el acoso racista y el ensañamiento de los miembros de las fuerzas de seguridad del estado.
El calvario de M D comenzó el pasado 30 de mayo, cuando acudió junto a varios compañeros suyos a la Feria de Córdoba para dedicarse a la venta de flores y gafas de juguete, la actividad que se ha visto obligado a realizar para subsistir mientras termina los trámites para la obtención de su permiso de residencia por arraigo en España. Allí fue detenido por varios agentes de la Policía Nacional, cuyo comportamiento violento y racista durante aquel evento ya ha sido denunciado por organizaciones como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
http://www.apdha.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1181&Itemid=63
Después de pasar dos días en los calabozos de una comisaría de Córdoba por el mero hecho de no tener documentación probatoria de su residencia legal en territorio español, M D pasó a disposición judicial. En el Juzgado de Instrucción nº 2 de Córdoba, el ilustrísimo magistrado-juez titular Sr. D. Arturo Vicente Rueda, dictó el inmediato ingreso de nuestro vecino en el CIE de Algeciras, a petición del instructor del procedimiento, el responsable de la unidad de extranjería del Cuerpo Nacional de Policía de Córdoba. Allí fue trasladado durante la tarde del día 1 de junio.
Recordemos que el ingreso en los Centros de Internamiento para Extranjeros, donde dos personas murieron por agresiones policiales y negligencia médica solo en 2011, es una medida cautelar de detención que los jueces, según sus propias leyes, no deberían decretar más que en circunstancias extremadamente excepcionales. No estar en posesión de un permiso de residencia en regla constituye en España una falta administrativa de igual gravedad que una infracción de tráfico o circular sin billete en un transporte público, y su castigo debería ser, según sus leyes y reglamentos, proporcional a su gravedad, no pudiendo acarrear, por lo general, más que una multa.
Sin embargo, jueces como el ilustrísimo Sr. D. Arturo Vicente Rueda se saltan este principio de proporcionalidad y envían de forma sistemática a trabajadores y trabajadoras migrantes a estos campos de internamiento que no son sino centros penitenciarios donde pueden pasar hasta dos meses de reclusión sin haber cometido ningún delito.
En el plazo establecido de 72 horas, los compañeros de M D en el Grupo de Migración y Convivencia de la Asamblea Popular de Lavapiés hicieron llegar al abogado del turno de oficio la documentación en que quedaba probado su arraigo social en el barrio. Para más inri, entre la documentación que el juez tuvo que examinar estaban los contratos de trabajo que M D tenía que presentar el día 24 de junio en la oficina de extranjería de la C/ San Nicasio de Leganés. El documento de su cita para solicitar la autorización de residencia temporal por arraigo lo portaba M D en el momento de su detención en Córdoba y debería haber sido más que suficiente para demostrar su identidad, sin necesidad de haber sido conducido a dependencias policiales y mucho menos recluido durante casi 48 en un tenebroso calabozo.
En todo caso, todos pensábamos que aquella pesadilla iba a terminar en el momento en que el juez examinase la documentación que le remitimos desde Madrid, en la que constaban numerosos cursos y certificados que probaban su residencia en España durante más de tres años, el informe positivo de arraigo expedido desde la Comunidad de Madrid y la mencionada cita para regularizar su situación, fijada para el día 24 de junio. Pensábamos que, a su regreso de Algeciras, M D podría presentarse a su cita y recordar su prisión en Córdoba y Algeciras como un mal sueño.
Para nuestra sorpresa, el pasado 19 de junio hacia las 12:30, desde el juzgado nº2 de Córdoba comunicaron al abogado de oficio la desestimación de su recurso de reforma. Las argumentaciones esgrimidas en el auto, no son sólo contrarias a derecho, sino contrarias a la dignidad humana, al sentido común y a la inteligencia de cualquier persona que se aproxime a este caso. Desde el Grupo de Migración y Convivencia de la Asamblea de Lavapiés entendemos que solo una mente impregnada de racismo e ignorancia puede permitirse el lujo de firmar párrafos como el siguiente:
«No creemos que deba confundirse el arraigo en nuestro país (…) con el deseo de no ser expulsado». «El recurrente no tiene arraigo laboral en España, sino facilidad de movilidad, y sus familiares más cercanos se encuentran en Bangladesh».
En efecto, la mujer y los dos hijos de M D viven en la ciudad de B-Baria en Bangladesh, y sobreviven gracias a las pequeñas remesas de dinero que cada cierto tiempo M D consigue enviarles con lo poco que le sobra de comer y pagar el alquiler de su habitación compartida en el barrio Lavapiés. Bien poco tendría que leer, viajar y convivir el ilustrísimo Sr. D. Arturo Vicente Rueda para descubrir las causas políticas y económicas por las que personas como M D luchan por salir adelante en un país como el nuestro. Sin embargo, nosotros solo tenemos tiempo aquí para señalar las irregularidades legales perpetradas por su señoría, que acabaron con el encarcelamiento y posterior tortura de nuestro vecino M D.
La primera de ellas, la de haber ordenado el internamiento en un CIE de una persona que tenía una orden de expulsión que, como él mismo reconoce en su auto de 19 de junio, «tiene dos años de antigüedad», precisamente el plazo de tiempo en que las órdenes de expulsión caducan.
Además, en un hecho insólito, acepta como argumento de la parte fiscal el hecho de que ya había una fecha fijada para la expulsión de nuestro vecino: el día 20 de junio. No entendemos para qué el juez otorga al abogado del recurrente, en el penúltimo párrafo de su auto, un plazo de cinco días para interponer un recurso de apelación, si la deportación ya iba a ser ejecutada al día siguiente. En caso de que el abogado de oficio la hubiera presentado, M D se encontraría en la mayor de las indefensiones, a once mil kilómetros de distancia y sin ningún derecho sobre la jurisdicción española.
Por último, entre los documentos de identidad que la policía requisó a M D mientras lo secuestraba en la Feria de Córdoba estaba su pasaporte, que tenía caducado desde hacía unos meses. Con ese pasaporte caducado como único documento de identidad lo condujeron en un coche patrulla desde Algeciras hasta Madrid durante la tarde y noche del día 19, sin informarle en ningún momento del motivo de su traslado. Finalmente, lo encerraron a altas horas de la madrugada en los calabozos de una comisaría próxima a Barajas. Durante el trayecto desde Algeciras hasta Madrid, los policías le dieron de beber zumo de frutas en envases abiertos que, a tenor del efecto sedante que le produjeron, M D descubrió que estaban cargados de somníferos. En la mañana del día 20, cuando los policías que custodiaban a M D y le obligaban a mantenerse en todo momento en silencio le ofrecieron un nuevo tetra brick de zumo abierto, M D se negó a tomarlo, recibiendo ahí los primeros golpes.
Por la mañana, otro coche patrulla con cuatro agentes le llevaron desde la comisaría hasta la puerta de la pasarela del avión. Dos policías quedaron fuera de la aeronave, mientras otros dos se sentaron en dos butacas de alguna fila de la parte media del avión, permaneciendo M D en el medio de ellos, siempre con las manos fuertemente atadas con bridas a la espalda. Mientras el resto de los pasajeros de este vuelo comercial empezaban a ocupar sus asientos, M D fue consciente del destino que le esperaba y empezó a gemir y llorar. Aunque los policías intentaron callar a nuestro vecino con golpes y patadas, no consiguieron evitar que los llantos de M D llegasen a oídos del piloto, que en el ejercicio de su responsabilidad se negó a volar con un pasajero en tales condiciones.
M D abandonó la aeronave hacia las 10:30 de la mañana. Como castigo, los cuatro policías que lo custodiaban se ensañaron con él a patadas, rodillazos y puñetazos en la cabeza, cuello y espalda. Después de la paliza decidieron dejarle abandonado a su suerte en la zona de salidas del aeropuerto. M D, en estado de pánico, consiguió llegar hasta la parada del autobús de línea regular que recorre el trayecto desde el aeropuerto hasta la estación de Atocha. Por el camino, alguna persona solidaria le ayudó a contactar con uno de sus vecinos y compañero del Grupo de Migración de la Asamblea de Lavapiés. Malherido y en evidente estado de shock logró llegar a la estación de Atocha, donde varios vecinos del barrio estaban esperándole para trasladarle de urgencia al centro de salud de Lavapiés.
Una vez atendido, se le recomendó permanecer en observación durante 48 horas y se remitió el parte de lesiones a los Juzgados de Primera Instancia de Plaza de Castilla.
Desde el Grupo de Migración y Convivencia de la Asamblea Popular de Lavapiés queremos denunciar una vez más las torturas y abusos que a diario la policía comete sobre nuestros vecinos y personas queridas, bajo la impunidad que les otorgan jueces y magistrados. Nos gustaría que esta historia sirviese como ejemplo de las terribles consecuencias que para nuestros vecinos migrantes pueden tener las innumerables redadas y controles racistas que cada día, en cada esquina de nuestro barrio, realizan policías nacionales uniformados y de paisano.
Estamos convencidos de que algún día el miedo cambiará de bando y estos policías torturadores y estos jueces ignorantes pagarán sus desmanes con al menos el mismo sufrimiento que ellos están infringiendo sobre nuestras vecinas y vecinos por el mero hecho de ser trabajadores pobres y migrantes.