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Política social y represión. Un período de indefiniciones en Chile

Fuentes: Clase contra clase

En la primera cuenta de su Gobierno este 21 de mayo, Bachelet llega como un gobierno con incapacidad para definir situaciones de crisis. Pero no es un problema exclusivo de su gobierno, sino que también de la Concertación y de la derecha. Son períodos que permiten que sigan fermentando condiciones objetivas más favorables para las […]

En la primera cuenta de su Gobierno este 21 de mayo, Bachelet llega como un gobierno con incapacidad para definir situaciones de crisis. Pero no es un problema exclusivo de su gobierno, sino que también de la Concertación y de la derecha. Son períodos que permiten que sigan fermentando condiciones objetivas más favorables para las luchas de la clase trabajadora.

La viga maestra del gobierno El Gobierno viene atravesando situaciones de crisis, desde su punto de vista, entre ellas: 1) el error de identificación del Patio 29 (más que un error, un horror, herencia de la dictadura y de la actual manutención de la impunidad por parte de la Concertación). 2) la lucha mapuche (otro horror, en que el Gobierno, la Concertación y la derecha, tienen al borde la muerte a 4 dirigentes mapuche). 3) las luchas estudiantiles y poblacionales (a las que responden primero con represión). Aunque parezca increíble también son parte de sus últimas crisis, por su obcecación neoliberal, 4) lo que debería ser miel sobre pan: los multimillonarios ingresos fiscales por el elevado precio del cobre (y que podrían ser superiores si una gran parte no se la apropiaran las grandes transnacionales), pues no supieron bien qué hacer con ellos (hasta que claro, se destina a ahorros, pagar las deudas del salvataje del banco Central a las empresas en la época de Pinochet, etc, en vez de atender las necesidades del pueblo trabajador).

Aunque el Gobierno viene atravesando estas situaciones de crisis, seguramente en el discurso del 21 de mayo se concentre en los avances de sus 36 medidas, destacando las políticas hacia la creación de una red de protección social, y las medidas que favorecerían al pueblo trabajador, en lo que incluiría: la elevación de la pensión mínima y asistencial (de muy escasa generosidad); el primer avance en la Comisión Marcel para la reforma previsional (que se perfila aún como una forma de corregir el actual modelo de AFP para legitimarlo); la gratuidad en los consultorios para los mayores de 60 años; la ley de subcontratación; la reformulación de la ficha CAS. Seguramente todo puesto hacia el Bicentenario, mirando lo que han definido como los temas clave de desarrollo (educación, innovación). Y probablemente complementado con las medidas aseguradas para castigar el legítimo descontento social, como la profesionalización de las FFAA, el Ministerio de Seguridad, etc. No olvidará la mención a la reforma del binominal. No sería de extrañar alguna medida sorpresa como aumentos de salarios, quién sabe. Y no es sólo lo que se quiere oír, sino una reafirmación de lo que es la viga maestra de su gobierno: los anuncios, y medidas, de política social. Que se reflejaron también en las fluidas, y novedosas, citas con Arturo Martínez y la CUT. Porque permite mantener las expectativas creadas, e intentar reafirmar el papel de la Concertación como falsos amigos del pueblo. Pero le está resultando cada vez más costoso.

Un período de indefiniciones

Se combinan diferentes elementos: las expectativas creadas con el nuevo gobierno. La continuación de lo que desde estas páginas llamamos tendencias a la emergencia de una nueva cuestión social, visibles en el aumento de reclamos por viviendas, por condiciones de vida dignas, aumentando las denuncias por la pobreza, enfermedades resultado de las condiciones de trabajo, etc.. También, las tendencias a la recomposición de la clase trabajadora, con el avance de la organización y luchas de trabajadores contratistas. Tendencias al declive de los partidos patronales de la Concertación y la derecha, tanto, que obligan a ese gran partido de la reacción, la Iglesia, a tener que intervenir más activamente en la coyuntura política y poner orden en las desordenadas filas de los partidos patronales: la Homilía del 1° de mayo alegando a favor de legislar la subcontratación, la última conferencia episcopal reafirmó su actual rol en la política nacional. Esta combinación de elementos resultan en que los partidos patronales y sus jefes los patrones, deben dar cuenta de nuevos elementos, y están en un período de indefinición. Desde el gobierno y la Concertación, en todo se tardó en responder: la crisis del Patio 29, de la huelga de hambre de los mapuche (ver artículo), la reacción ante los eventos de las luchas estudiantiles combinando mal represión con diálogo, la baja del tipo de cambio, los destinos de los fondos excedentes del cobre, la discusión legislativa de la subcontratación (ver artículo). Esta última concentra toda la situación. Y muestra que es un período que atraviesa no sólo al gobierno y la Concertación, sino también a la derecha. En la discusión legislativa de la subcontratación, estaba planteado si aprobar el proyecto tal como estaba de acuerdo a lo propuesto por la Concertación, o admitir indicaciones de la derecha y los empresarios (aunque los votos de la Concertación bastaban para su aprobación). Si se admitían las indicaciones de la derecha y los empresarios, debía el proyecto pasar a Comisión Mixta, retrasando su aprobación, pero sobre todo dándole aire a la derecha. Y esto, aunque Ud. no lo crea, confundió al Gobierno (o, tal vez, en pactos no públicos, por negociaciones de otras materias, incluso el binominal…). Sea como sea, así se describía esta situación: «La Moneda no es partidaria de que el proyecto vaya a Comisión Mixta (…) tampoco quieren cerrar las puertas al sector privado (…) a lo que se suma que La Moneda no quiere alejarse de la CUT, organización que no ve con buenos ojos esa instancia» (Diario Financiero, 27/4).

El problema del Gobierno y la Concertación, es que para gobernar mejor para sus jefes la clase patronal, debe pasar como falsos amigos del pueblo, y este tironeo entre un lado y otro, más en una discusión que, aunque distorsionada legislativamente, refleja los intereses opuestos e inconciliables de la clase trabajadora con la clase patronal que la explota. Pero también es un problema para la misma derecha, que aunque no se perdió un minuto y desde siempre planteó los cambios que aseguraran sin la menor posibilidad de duda los beneficios de la clase patronal, debe asumir otra actitud. Porque quiere ampliar su base social, ampliar su base electoral, para intentar llegar al gobierno en las próximas elecciones, y defender mejor los intereses de la clase patronal. Por eso Longueira, pretende también acercarse a la clase trabajadora para mejor defender los intereses de la clase patronal. Así es que visitó la CUT, cedió algunos puntos de la ley (aunque no uno de los principales, el concepto de empresa que permite el abuso de los muchos RUT al interior de una sola empresa), y declaró que estaba a favor de legislar sobre la materia. Y tiene la misma dificultad que la Concertación, lo que fue señalado por uno de sus medios favorables: «El tema ha sido liderado por los senadores Allamand (RN) y Longueira (UDI). Este último se reunió el martes con A. Martínez para pedirle que exponga la visión de los trabajadores a la bancada gremialista. Y si bien el senador ha asumido una estrategia de desmarque empresarial- buscando que su partido no sea identificado como el defensor de los grandes empresarios-, ha sido explícito en rechazar las indicaciones introducidas por el PS» (La Tercera, 27/4). Y dicho más explícitamente: «Para la derecha es relevante concurrir con sus votos a la aprobación de este proyecto si quiere ampliar su electorado y volver a La Moneda. Tiene claro que la única forma de crecer es ganarle espacio a la centroizquierda en sectores populares, como hizo Lavin en 1999.

Con una estrategia más perdurable, que pasa por sacarse la etiqueta pro empresariado. Pero tampoco puede ir contra sus principios» (Mercurio, 7/5). Todo esto hace que se haya creado un clima de indefiniciones del Gobierno y los partidos patronales, que abre mejores condiciones objetivas favorables para la clase trabajadora, lo que permite que vayan fermentando nuevos fenómenos políticos en su interior, aunque es un camino que viene comenzando a recorrerse. En estas indefiniciones, es que se desarrollan luchas que están aún en los márgenes de la situación política nacional, al igual que su represión, desproporcionada y desmedida (ver artículo). Por último, y para ver eso último no está de más que recordemos la actitud de la clase patronal, que aunque militó activamente para que se modificara el proyecto de ley de acuerdo a sus planteos, no quiso aparecer como que estaba haciéndolo: «Lo que menos quiere el empresariado es que cualquier mejoramiento al proyecto se vincule a presiones de su parte, porque atentaría contra la posibilidad de que fructifique. Por lo mismo, en esta etapa se han cuidado de hacer cualquier maniobra que pueda interpretarse como lobby» (Mercurio, 7/5). Esta fermentación, de la que la misma clase patronal tiene que dar cuenta, se refleja en la definición de la Coordinadora Nacional de Trabajadores Contratistas de luchar por la eliminación de la subcontratación.