A raíz de la polémica desatada por la compra de acciones de LAN con información privilegiada, por parte del ex candidato presidencial Sebastián Piñera, se ha abierto un debate nacional en torno a la compatibilidad existente entre el ejercicio de la política y la labor empresarial. Para Chile este es un tema controversial por cuanto […]
A raíz de la polémica desatada por la compra de acciones de LAN con información privilegiada, por parte del ex candidato presidencial Sebastián Piñera, se ha abierto un debate nacional en torno a la compatibilidad existente entre el ejercicio de la política y la labor empresarial.
Para Chile este es un tema controversial por cuanto la figura del «emprendedor» ha sido considerada el modelo ideal a seguir. Desde que se agudizó la aplicación de políticas económicas de tipo neoliberal en la década de los ochenta, la figura del «empresario exitoso» ha sido explotada como un referente para la sociedad. Sin embargo, la vinculación de los empresarios con la política ha sido cuestionada en más de una ocasión, principalmente por temor al uso que pueden hacer de información privilegiada o anticipada, es decir, competir en un plano desigual con el resto del sector empresarial y al mismo tiempo aumentar sus recursos personales con la utilización de datos que otros no poseen.
La situación del ex candidato presidencial ha generado diversas opiniones en el ámbito de la política, fundamentalmente por su relevancia como figura en este ámbito. Existen críticas y defensas provenientes de su propio sector, la derecha, así como también de la Concertación, coalición a la cual Piñera ha acusado de persecución política.
Esta disputa se enmarca en una discusión más amplia en la que caben las acusaciones de corrupción en organismos del Estado y la contratación y pago de facturas a empresas inexistentes (caso en que Sebastián Piñera también se vio inmiscuido), sin embargo aquí la acotaremos a la relación entre el ejercicio de la política y de la actividad empresarial.
1. Uso de información privilegiada: tipificación del delito
La utilización de información privilegiada es un delito tipificado en la Ley Nº 18.045 del Mercado de Valores que en su Artículo 164 establece que «Para los efectos de esta ley, se entiende por información privilegiada cualquier información referida a uno o varios emisores de valores, a sus negocios o a uno o varios valores por ellos emitidos, no divulgada al mercado y cuyo conocimiento, por su naturaleza, sea capaz de influir en la cotización de los valores emitidos, como asimismo, la información reservada a que se refiere el artículo 10 de esta ley. También se entenderá por información privilegiada, la que se tiene de las operaciones de adquisición o enajenación a realizar por un inversionista institucional en el mercado de valores» . Aquí se incluyen los directores de sociedades anónimas.
Así mismo, en el Artículo 165, la Ley dicta que «Cualquier persona que en razón de su cargo, posición, actividad o relación tenga acceso a información privilegiada, deberá guardar estricta reserva y no podrá utilizarla en beneficio propio o ajeno, ni adquirir para sí o para terceros, directa o indirectamente, los valores sobre los cuales posea información privilegiada». La pena establecida a la violación de esta norma está establecida en el Artículo 60 de la misma Ley y es de Presidio Menor en cualquiera de sus grados, es decir de 61 días a 5 años.
Por otra parte, la Ley Orgánica establece que Las sociedades anónimas sujetas a la fiscalización de la Superintendencia que incurrieren en infracciones a las leyes, reglamentos, estatutos y demás normas que las rijan, o en incumplimiento de las instrucciones y órdenes que les imparta la Superintendencia, podrán ser objeto de la aplicación por ésta, sin perjuicio de las establecidas específicamente en otros cuerpos legales o reglamentarios, de una multa a beneficio fiscal, hasta por un monto global por sociedad equivalente a 15.000 unidades de fomento. En el caso de tratarse de infracciones reiteradas de la misma naturaleza, podrá aplicarse una multa de hasta tres veces el monto máximo antes expresado .
2. Las acusaciones contra Sebastián Piñera
Los reparos respecto a la participación de Sebastián Piñera en dos frentes, el político y el empresarial, fueron puestos sobre la mesa por primera vez en la campaña presidencial de 2005 y 2006. Ahora, a un año de las elecciones, la Superintendencia de Valores y Seguros ha iniciado acciones legales contra el dirigente de Renovación Nacional (RN) por comprar, el día 24 de julio de 2006, en 18 millones de dólares (cerca de diez mil millones de pesos) tres millones de acciones de la empresa LAN (lo que representa el 0,9407% de la propiedad total de la empresa), el mismo día en que el directorio aprobó un balance que informaba que las utilidades llegaban al 31%, información que fue publicada recién un día después. Desde ese día Sebastián Piñera es dueño del 27% de las acciones de la aerolínea, habiendo realizado un pacto para controlarla con Enrique Cueto, quien también compró acciones de LAN el mismo día .
Frente a esta situación, la reacción de la comunidad política ha sido diversa. Dentro de la misma Alianza Por Chile, coalición a la que pertenece el partido de Piñera, el Senador Jovino Novoa ha afirmado que el caso introduce conflictos al interior de la oposición: «el problema es que se generan conflictos políticos y es algo que le causa daño a él y a la Alianza» . De la misma manera, Hernan Larraín ha declarado que «cuando Piñera concrete su opción como candidato presidencial, me parece que en ese minuto tiene que dejar de lado su actividad en el ámbito de los negocios» . Nos encontramos así frente a dos visiones distintas provenientes de la Unión Demócrata Independiente (UDI). Por una parte, la posición de Novoa hace hincapié en la estabilidad de la Alianza, la imagen de probidad que deben salvaguardar los políticos y la necesidad de aclarar un caso que apunta a la deshonra del político. Mientras la posición de Larraín tiende a plantear el que para muchos es el problema de fondo: la relación entre el rol de empresario y el de político. El planteamiento de este dilema es bastante novedoso ya que la derecha chilena ha sido creada a partir de la base empresarial y no sólo es de ahí de donde proviene su mayor respaldo electoral, sino también su mundo de referencia política.
En su propio partido, las reacciones han sido tendientes a defender a Piñera y enfocan la discusión hacia la persecución política. El vicepresidente de RN, Claudio Eguiluz, acusó al titular de la SVS, Alberto Etchegaray, de haber realizado trabajos para la Concertación y haber financiado sus estudios con dineros de gobiernos oficialistas , poniendo de esa manera en duda la validez de las acusaciones contra Piñera. Uno podría entender que la concertación le ha estado buscando heridas a Piñera para deslegitimarlo como futuro candidato a la presidencia y en ese sentido se entendería el planteamiento de Eguiluz, sin embargo ¿Qué tiene que ver eso con el hecho de que Piñera haya cometido un delito que no está tipificado por Etchegaray sino por la ley?
En respuesta a Eguiluz, Camilo Escalona, presidente del Partido Socialista (PS) ha declarado que «Esta decisión de la SVS, desde nuestro punto de vista, resguarda el interés del país (…) no puede ser que cuando Piñera es afectado hay persecución política y cuando no es una figura de derecha y son figuras de Gobierno entonces no hay persecución política» . Lamentablemente la propia concertación ha sido acusada en numerosas oportunidades de corrupción y es evidente que cuando se trata de castigar a la oposición los dardos se lanzan con más fuerza, sin embargo, en esta ocación Escalona ha tenido buena puntería pues la batalla que defiende se da en el mundo de la legalidad y no en la política.
Aún cuando Piñera no desempeña cargo político alguno, los líderes de la Concertación le han pedido que se defina, bien como empresario, o bien como político. A este respecto Sergio Bitar, presidente del Partido por la Democracia (PPD) ha dicho que «hay que tener cuidado con la hipocresía, ¿algún chileno puede pensar de que una persona que fue candidato presidencial y que actúa como candidato presidencial no está haciendo política?» Nuevamente, Bitar, desde el sector oficialista introduce la discusión sobre la relación empresario-político. Esta es una cuestión que no podrá ser resuelta en el corto plazo, principalmente porque en el congreso hay varios parlamentarios que son empresarios, y no existen iniciativas tendientes a demostrar incompatibilidad entre ambos roles. Entonces, al parecer el verdadero problema no es la dualidad de roles (empresario-político) sino más bien la posibilidad de utilizar el capital político para fines económicos. Sin embargo, no se ha demostrado que Sebastián Piñera haya utilizado su influencia política para conseguir información privilegiada. Mas bien es su posición de accionista mayoritario de LAN la que le pudo haber servido de plataforma para acceder a la información, lo que significa que en estricto rigor Piñera utilizó recursos del ámbito privado para acceder a beneficios en el mismo ámbito.
3. ¿Se puede hablar de persecución política?
Para Sebastián Piñera, el gobierno ha realizado una persecución política en su contra con el fin de sacarlo del mundo político, deslegitimando su honra. Este discurso estaría avalado por la coincidencia cronológica entre esta acusación en su contra y los casos de corrupción descubiertos en organismos del gobierno, al mismo tiempo que la última encuesta publicada por el Centro de Estudios Públicos (CEP) lo ubicó como «el personaje mejor evaluado de la oposición» y la realizada por el Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC) lo colocaba como «el político con más futuro». Este discurso es absolutamente válido siempre y cuando Piñera pueda demostrar su inocencia, pues en caso de ser declarado culpable, se consideraría que el argumento de la defensa encubre un hecho delictual.
Piñera ha declarado «tengo todo el derecho del mundo a ejercer diferentes labores, ya que no ocupo ningún cargo público (…) el gobierno sigue haciendo uso y abuso de las instituciones públicas con fines electorales y todavía no aprende la lección» . Como vemos, en su defensa también establece la incompatibilidad entre el cargo de político (en desempeño de cargo público) y empresario. Sin embargo, el problema no debiera ser aquello sino la utilización de información privilegiada, que está estipulada como delito.
Para Carlos Maqueira, académico de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, no se ha producido persecución política, puesto que «uno no puede decir que es la primera vez que la superintendencia aplica un artículo como este a un inversionista», y coloca como ejemplo otra situación en la que Piñera aparecía precisamente en el caso contrario. En el llamado «caso chispas», cuando Piñera era Senador de la República, actuó en defensa de sus intereses como accionista minoritario de la compañía Enersis contra José Yuraszeck, quien finalmente tuvo que pagar una millonaria multa . En aquella ocasión Andrés Allamand hizo ver una incompatibilidad entre el rol de político y el de empresario.
4. Negocios y política
Evidentemente todos los opinantes en el «caso Piñera» se ven obligados a proponer el tema de la compatibilidad entre el rol de empresario y el de político. Para el sociólogo Manuel Antonio Carretón «en el mundo cada vez hay más conciencia respecto de la necesidad de poner barreras entre los negocios y la política. Más allá de lo que digan las leyes, se trata de que ninguna actividad económica interfiera en la conducción política del país (…) las personas que han ocupado cargos políticos no deberían tener, sino después de un período largo, acceso a directorios de corporaciones empresariales. De no ser así, lo que se hace es un traspaso de poder e influencia desde una esfera a otra. No se sabe si está hablando con el empresario o con el ex ministro» . De aquí podemos desprender la idea de que la incompatibilidad existente entre los roles descritos pasa por el lazo permanente y efectivo que existe entre las esfera política y la económica, de manera que un cargo político puede servir para actuar en el campo de la economía.
Si pensamos el caso a la inversa, es evidente que los intereses económicos influyen en las decisiones políticas y tal cosa se acepta como legal aún cuando el mundo privado influya sobre lo público y muchos parlamentarios participan del mundo privado. También, desde lo público se puede controlar el accionar de los privados, con mayor o menor cantidad de regulaciones. Por ello es que la discusión no puede ni debe centrarse en una supuesta dicotomía antagónica entre roles sino más bien en una diferenciación mucho más básica: lo legal e ilegal.
Entonces, ¿es ilegal que un político desee influir en el mundo privado? No. ¿Es ilegal que se utilice la influencia política para lograr cambios en la esfera privada? No. ¿Es ilegal que un político utilice su influencia en ámbito privado para lograr cambios en el mismo mundo, que le traerán beneficios personales? No. Lo ilegal es utilizar información que otros no poseen o que poseerán después, cuando sea demasiado tarde, ya sea por algún cargo político, por influencia en el campo de la política, o bien, según la SVS operando en el propio ámbito privado sin tener contacto con el de la política.
Aún cuando la acción de Piñera puede haberse enmarcado solamente en una relación entre privados, «la población tiene claro que él es un empresario y además un político y, hasta ahora, no ha sido castigado por este doble rol» . Huneeus piensa que situaciones difusas como la del caso LAN pueden afectar el futuro político de Piñera y mermar su credibilidad. En efecto, en las últimas elecciones presidenciales Piñera óbtuvo una cantidad de votos importante a sabiendas de su «doble militancia». Lo que la población podría castigar no es aquello, sino la falta de probidad y el engaño, puesto que finalmente existen muchos políticos que participan del mundo privado y el modelo de «empresario exitoso» es parte del imaginario colectivo y se valora positivamente a pesar de que esta sea precisamente la causa de las grandes desigualdades que ha generado el sistema en Chile: la vinculación permanente entre el poder empresarial y las decisiones políticas.
El autor es Sociólogo de la Universidad de Chile