Políticos imputados y políticos imputados

La plaga de la corrupción ha vuelto a la escena pública, los dos grandes partidos tienen auténticos problemas en especial en Valencia y en Madrid el Partido Popular, y en Andalucía el PSOE. En los recientes días se ha imputado un delito de prevaricación al candidato de Izquierda Unida a la alcaldía por Sevilla que ha sido recibida con algarabía por estos dos partidos y por los medios de comunicación. Para estos últimos, y para los analistas de la derecha todas las imputaciones son iguales, y si se puede aupar a IU al estrado de los corruptos donde ya estaban PP y PSOE, perfecto para barrer cualquier alternativa sugerente para el electorado.

Hay, en primer lugar, que aclarar que «imputado» es toda aquella persona contra la que se dirige un procedimiento penal y procesado o acusado es aquel contra quien hay cargos concretos.

Por eso no es lo mismo estar procesado en el marco de una investigación policial contra una red mafiosa, a la que se le acusa múltiples y muy graves delitos, de la que se recibe dinero y lujosos regalos a cambio de adjudicaciones de contratos públicos en perjuicio de la hacienda pública, que estar citado en calidad de imputado por tomar una decisión injusta.

Pero es que además en las investigaciones del caso Gurtel la denuncia que ha implicado a decenas de políticos, empresarios y conseguidores procede de la policía y la fiscalía que disponen de sólidas pruebas de la comisión de delitos de prevaricación por cargos públicos del Partido Popular. No se trata de una maniobra contra este partido procedente de ninguna organización de izquierda.

Veamos la diferencia con respecto al caso del candidato de IU en Sevilla. Aquí, la citación en calidad de imputado lo es en virtud de una denuncia de una asociación empresarial que acusa al concejal de izquierdas de adoptar decisiones injustas que le han causado un perjuicio económico. No hay ninguna denuncia ni indicio de que el concejal se ha enriquecido gracias a su cargo. es, fue él quien impulsó la fórmula del concurso público para la venta del suelo en lugar de la subasta. El primer teniente de alcalde siempre ha defendido que pretendía evitar la especulación sobre unos terrenos destinados a la construcción de VPO pues, si se encarecía el precio del suelo, lo haría el de la vivienda. Sin embargo, los denunciantes sostienen que esta opción perjudicó al Ayuntamiento, que podría haber obtenido un mayor beneficio con la subasta.

Pero sigamos analizando las diferencias entre procesados y procesados. El de Sevilla no es el único cargo político de Izquierda Unida que está procesado -e incluso los hay condenados- en las listas de esta coalición. Por ejemplo, la candidata a las Cortes Valencianas por Esquerra Unida, Marina Albiol, fue imputada y posteriomente absuelta como consecuencia de una denuncia del presidente de la Diputación, Carlos Fabra, que le acusaba de poner en circulación unas pegatinas con la leyenda «Fabra a la prisión». Otro candidato de la misma lista, Victor Tormo, ha sido condenado por dos faltas de injurias contra el mismo presidente de Diputación por haberle llamado «corrupto» por la calle en dos ocasiones. Casualmente, Carlos Fabra, sí que está procesado por corrupción, entre otros delitos.

También, el alcalde de Puerto Real (Cádiz), José Antonio Barroso (IU), fue condenado a una multa de 6.480 euros por injurias graves al rey. La sentencia de la Audiencia Nacional condenó al político de izquierdas por llamar al Borbón «corrupto», «hijo de crápula» y «deleznable» además de hacer referencia a sus costumbres sexuales y a su supuesta «vinculación etílica». En Valencia, el candidato de Esquerra Unida a la alcaldía, Amadeu Sanchis está citado a declarar en calidad de imputado por una querella del grupo ultraderechista España 2000 que le acusa de un delito de injurias contra los militantes ultraderechistas.

Otro alcalde de IU, el de la localidad de Seseña, ha sido imputado en numerosas ocasiones acusado de injurias por el promotor inmobiliario conocido como «El pocero», quien con un patrimonio estimado de seiscientos millones de euros, afirmó en cierta ocasión al no ser recalificado un terreno que había comprado que «es una vergüenza que en este país un empresario haya tenido que invertir en política, como todo el mundo sabe que yo he hecho, para que funcione su empresa».

Todos estos cargos de Izquierda Unida viven con poco más de mil euros al mes, ni les toca la lotería de forma reiteradamente sospechosa como al presidente de la Diputación de Castellón, ni les regalan trajes como al presidente de la Comunidad Valenciana. A los primeros «la política» no les supone regalos ni riqueza, sino multas que se deben sufragar solidariamente. Y, en cambio, se les quiere incluir en el mismo saco que esos otros procesados por corrupción a los que se les acusa con numerosas pruebas policiales de haberse lucrado de forma millonaria gracias a la corrupción.

Otras condenas e imputaciones que tampoco son de la misma índole, serían, por ejemplo, el juicio al portavoz del PSOE en las Cortes Valencianas, Angel Luna, en virtud de una denuncia del PP. Su supuesto delito es haber hecho públicos documentos que probaban el saqueo de fondos públicos con ocasión de la visita del Papa a Valencia. O las condenas por no disolver disolver el grupo Sozialista Abertzaleak. al ex presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa (PNV), al ex parlamentario de EA Gorka Knörr y a la representante de EB en la Cámara autonómica, Kontxi Bilbao,

Todas estos procesamientos y condenas no son obstáculo para que puedan ser incluidos en las listas electorales. Muy al contrario, somos muchos los que pensamos que quizás nos hagan falta más concejales o diputados que sean denunciados por delitos de injurias al Borbón, a Carlos Fabra o por destapar la corrupción. Quizás el problema sea que el Código Penal protege a auténticos criminales.

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