La coordinación de comunidades afectadas por Basurales en la Región de la Araucanía, en conjunto con representantes de organizaciones Mapuche, ambientalistas y de la sociedad civil, entre ellas, Konapewman, la coordinación de identidades territoriales Mapuche, Observatorio latinoamericano de conflictos ambientales, Olca, entre otros, en medio de una manifestación en el edificio del gobierno regional, exigieron […]
La coordinación de comunidades afectadas por Basurales en la Región de la Araucanía, en conjunto con representantes de organizaciones Mapuche, ambientalistas y de la sociedad civil, entre ellas, Konapewman, la coordinación de identidades territoriales Mapuche, Observatorio latinoamericano de conflictos ambientales, Olca, entre otros, en medio de una manifestación en el edificio del gobierno regional, exigieron personalmente este medio día al Intendente de la región de la Araucanía, Ricardo Celis, la instalación de una mesa de trabajo con todas las partes involucradas: Servicios públicos, municipios, comunidades afectadas y organizaciones, para buscar una solución definitiva a los graves problemas que existen en la región de la Araucanía sobre los recintos de basurales, que afectan a una veintena de comunas que contaminan a comunidades Mapuche en medio de una emergencia ambiental y sanitaria.
Las organizaciones han presentado como plazo antes del 23 de diciembre la posibilidad de reunión, que persigue intentar un nuevo proceso de diálogo para buscar una solución definitiva a los graves problemas que enfrentan numerosas comunidades mapuche en la región, teniendo como base la erradicación de los basurales de comunidades Mapuche, transformaciones profundas sobre el tratamiento de la basura, mitigaciones y restauraciones a los territorios dañados.
Las organizaciones esperan que esta vez, exista una verdadera voluntad y disposición de parte de las autoridades para restablecer un diálogo sincero y honesto.
En relación a la revocación de la calificación ambiental del basural de Boyeco por parte de Corema, la coordinación de comunidades y las organizaciones consideran que esta es una justa medida que viene a restablecer un principio de cordura, aunque tardía, ya que han sido las propias comunidades afectadas las que han venido sosteniendo estas denuncias por años y nunca se les consideró a tiempo en relación a los impactos e irregularidades.
Asimismo, las organizaciones, han presentado a la Contraloría general de la República y a la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de diputados, una petición para investigar ilícitos e irregularidades en torno a los recintos de basurales en la región y las responsabilidades políticas, legales y administrativas de los servicios públicos en esta materia. Los basurales en la región de la araucanía se han convertido en un «oscuro negocio» para empresarios bajo la responsabilidad de autoridades.
Sobre esto mismo, las organizaciones se reunieron con el diputado Alejandro Navarro, integrante de la comisión de recursos naturales de la cámara de diputados a quienes le han solicitado su intervención de acuerdo a sus facultades de fiscalización
En relación al caso Boyeco y al ex Alcalde René Saffirio, las organizaciones encuentran ridículo que a días de su salida como edil de Temuco, recién ahora venga a reconocer las irregularidades y daños ocasionados por Boyeco, luego de años de mentiras y engaños, no tan solo a las comunidades sino a toda la ciudadanía. A la vez, las organizaciones esperan que con el nuevo alcalde Huenchumilla se abran nuevas posibilidades para erradicar definitivamente el basural de Boyeco y se haga justicia para las familias directamente afectadas. Las organizaciones no descartan una pronta reunión con el nuevo edil de Temuco.
La coordinación de comunidades afectadas por basurales y las organizaciones de apoyo, manifiestan su confianza en la resolución de la Corte de Apelaciones que emitirá en los próximos días sobre el caso Boyeco, que busca el cierre definitivo del recinto. Sobre esto, señalan que existen antecedente irrefutables que demuestran que la única posibilidad que queda es su clausura, cierre definitivo y erradicación, lo que podría marcar un importante precedente judicial para dar solución a las diversas comunidades en las diferentes comunas de la Región para dar justicia social y ambiental a los afectados.