Un grupo de dirigentes de organizaciones ambientales, liderados por el director de Oceana, Marcel Claude, quienes el pasado 10 de junio fueron detenidos en la Plaza de la Constitución por protestar por el cierre definitivo de la planta Valdivia de la Celulosa Arauco (Celco), acudieron a La Moneda a dejarle una carta el ministro secretario […]
Un grupo de dirigentes de organizaciones ambientales, liderados por el director de Oceana, Marcel Claude, quienes el pasado 10 de junio fueron detenidos en la Plaza de la Constitución por protestar por el cierre definitivo de la planta Valdivia de la Celulosa Arauco (Celco), acudieron a La Moneda a dejarle una carta el ministro secretario general de la Presidencia, Eduardo Dockendorff, en donde junto con expresarle su molestia por el arresto, reiteraron su pedido de clausura indefinida.
En el texto manifestaron que «el pasado 10 de junio fuimos detenidos en la Plaza de la Constitución a solicitud de autoridades de Gobierno por plantear en el marco de la ley nuestros puntos de vista y los de la comunidad de Valdivia respecto al caso Celco. Hoy, que deberíamos presentarnos ante el tribunal por responder por una medida injusta y en la antesala de una nueva sesión de la Corema de la Décima Región, hemos tomado la decisión de no presentarnos y de insistir ante las autoridades políticas de nuestra postura, representativa de un sector amplio de la ciudadanía chilena».
La misiva agrega que la «injusta detención coincide con las amenazas del intendente de la Décima Región, Jorge Vives, de presentar acciones legales contra las organizaciones ciudadanas por una supuesta campaña de desinformación. Muy por el contrario, si no hubiera sido por el trabajo serio y sistemático de la sociedad civil, las evidentes arbitrariedades de este caso no habrían conocidas por la opinión pública».
Se explica en el texto que reiteraron al ministro Dockendorff (autoridad ambiental de La Moneda) «el cierre indefinido de la planta Celulosa Arauco en virtud del principio preventivo consagrado en la legislación ambiental y la realización de un nuevo estudio de impacto ambiental, que dé garantías a la opinión pública, tanto en la elección de los expertos como en la deliberación de las autoridades».