A principios de marzo, la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas (CEOF) publicó un informe sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que analiza la situación real del aborto en el Estado español 22 años después de su despenalización parcial. (JPG) Según la CEOF, el derecho de las mujeres a decidir sin tutela ni restricción se ve […]
A principios de marzo, la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas (CEOF) publicó un informe sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que analiza la situación real del aborto en el Estado español 22 años después de su despenalización parcial.
(JPG) Según la CEOF, el derecho de las mujeres a decidir sin tutela ni restricción se ve mermado por la falta de acceso a educación sexual, anticoncepción y atención de calidad en salud sexual y reproductiva. Así la IVE supone un laberinto de obstáculos económicos y asistenciales más que una prestación sanitaria normalizada.
Según Justa Montero, de la Asamblea Feminista de Madrid (uno de los 12 grupos que lo han elaborado), el objetivo del informe Interrupción del Embarazo: el derecho de las mujeres a decidir es «alzar una voz con visión feminista». Así, proponen normalizar el aborto en la red sanitaria pública: según la ley, puede hacerse en hospitales públicos y clínicas privadas acreditadas por Sanidad, pero un 97,1% se realizan en centros privados y un 2,9% en la red pública. Se da una enorme desigualdad inter e intraterritorial en la prestación del servicio, principalmente en cuanto a la financiación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) entre Comunidades Autónomas (CC AA).
En Andalucía y Murcia los servicios de salud costean el 47% y el 70% de abortos en clínicas privadas respectivamente; en otras, se reembolsa el pago de algunas IVE a las clínicas, a las mujeres u ONG que las tramitan, o no hay concertación. Además, se vulnera el derecho de información al no ofertar abiertamente abortar por método farmacológico con la píldora RU- 486 en las dos o tres semanas de gestación, lo que ahorra costes de desplazamiento a la clínica si se vive en lugares alejados. La RU-486, compuesto que paraliza el embarazo, tiene un coste de 60 o 70 euros, que puede ascender a 420 de precio de venta, aún mayor que el aborto quirúrgico, que ronda los 380. Galicia, donde los dos precios son similares, y País Vasco, que vende la RU-486 a precio de coste, son las únicas excepciones. La CEOF demanda que se garantice la oferta de ambos métodos.
El acceso a la IVE en la red pública encuentra barreras como la falta de información sobre los trámites a realizar y su complejidad, que a veces retrasa la autorización hasta las 12 semanas de gestación, plazo en que algunos hospitales se niegan a realizar el aborto. Los circuitos de atención hospitalaria varían por CC AA, ciudades y hasta por hospitales. Los pocos que practican IVE valoran el supuesto por el que la mujer decide abortar para atenderla.
Si es por riesgo para su salud (causa del 97% de IVE totales y del 47% de la red pública), su ginecólogo puede negarse. Si lo acepta, pasa a la comisión interdisciplinaria del hospital que también examina el caso. En caso de malformación fetal, el hospital deriva a otras provincias, CC AA e incluso llega a pagar la IVE a clínicas privadas. En éstas el trámite es mucho más sencillo, lo que podría explicar que mujeres con serios problemas económicos (el 40% de las que abortaron en 2005 tenían menos de 25 años) paguen de su bolsillo un servicio público. Como solución, la CEOF propone fijar protocolos que agilicen los trámites; realizar las IVE de menos de ocho semanas de gestación (el 62% de las practicadas) en la red de Atención Primaria para reducir los costes de la hospitalización y normalizar la enseñanza de esta intervención en la carrera sanitaria, garantizando la preparación y formación de profesionales que la practiquen.
Tutela y presión externa Las menores de 18 años requieren autorización materna, paterna o tutorial para abortar, ya que la ley de 41/2002 de derechos del paciente contempla la IVE como excepción a la prevalencia de la voluntad del menor para decidir sobre intervenciones médicas. La desregulación de la objeción de conciencia (OC) por motivo de aborto permite que ésta se extienda a todo el personal implicado en la intervención, sea médico, de enfermería o anestesista, y a todo el proceso. Para acabar con estas presiones, la CEOF pide derogar la cláusula de tutela sobre el consentimiento de la menor de la Ley 41/2002; que los centros de atención primaria, especializada y hospitales hagan pública la lista de personal objetor y que se garantice que las nuevas contrataciones no sean de objetores.
Garantía de derechos más allá de la teoría
Según la CEOF, el aumento de embarazos no deseados y abortos se debe a la ausencia de políticas que garanticen de forma efectiva el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos con el acceso a la educación sexual, los anticonceptivos, la planificación familiar de calidad y el aborto voluntario. Pese a ser la clave de la prevención de embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual, la Ley Orgánica de Educación de 2006 no hace referencia a la educación afectivosexual, por lo que sólo se imparte en colegios o institutos con profesorado y dirección sensibilizados.
Otros centros dan información fisiológica o psicoemocional o con un enfoque heterosexista y reproductivista. La CEOF propone incluirla como enseñanza obligatoria en el currículo escolar. El Sistema Nacional de Salud establece la necesaria asistencia en todos los métodos anticonceptivos (MAC) pero sólo financia los hormonales de primera generación y mayor carga hormonal, mientras que ocho CC AA sufragan el dispositivo intrauterino (DIU).
La Anticoncepción de Emergencia o píldora poscoital, que evita un embarazo no deseado tras una relación sexual sin protección en los tres días siguientes al coito, es de pago en nueve CC AA y sólo dos CC AA tienen centros abiertos el fin de semana, cuando se produce una mayor actividad sexual. Algunos se niegan a prescribirla a menores de 16 años de edad al interpretar restrictivamente su capacidad de decisión, así como algunos farmacéuticos practican la objeción de conciencia para no dispensarla. Por este motivo, la CEOF pide que los MAC fiables y seguros se incorporen a la cartera sanitaria y se fije un precio social para el preservativo. La nula coordinación entre Atención Primaria, Planificación Familiar y Atención Especializada causa retrasos en la atención que pueden ser fatales ante la carencia de MAC, por lo que los grupos feministas piden que se garantice la atención de calidad y se capacite a los profesionales.
Los grupos feministas afirman que la ley del aborto de 1985 otorga la potestad de decidir primeramente a los jueces, porque el aborto sólo se penaliza en tres supuestos, y a ellos corresponde decidir si la causa que una mujer alega entra o no en uno de los contemplados. Al seguir tipificado como delito, no hay seguridad jurídica de que el aborto no será perseguido. Por tanto, reclaman que «salga del Código Penal, salvo en el caso de que se realice contra la voluntad de la mujer» y se desarrollen disposiciones para garantizar su realización como cualquier otra prestación sanitaria.