Solicitada internacional desde Argentina para que se respete la vida y la integridad de lxs dirigentes sociales colombianxs Exigen garantías para el libre ejercicio de la protesta y la movilización Buenos Aires – Argentina, octubre de 2012 Ante la emergencia de nuevas amenazas y acciones contra la integridad física y moral de las […]
Solicitada internacional desde Argentina para que se respete la vida y la integridad de lxs dirigentes sociales colombianxs
Buenos Aires – Argentina, octubre de 2012
Ante la emergencia de nuevas amenazas y acciones contra la integridad física y moral de las y los ciudadanos que en Colombia impulsan la denominada SEMANA DE LA INDIGNACIÓN programada del 4 al 12 de octubre del presente año; los abajo firmantes instamos al gobierno colombiano, así como a los organismos multilaterales de la región, a proteger con especial dedicación a todas las personas que de esta forma están ejerciendo su derecho a la expresión y la participación política.
Aunque Colombia vivencia hoy una nueva oportunidad de recomponer su institucionalidad democrática mediante l os diálogos de Paz y la firma de una Agenda para la negociación entre el Gobierno y las FARC-EP, y de igual manera el ELN ha hecho anuncios de vincularse a un proceso amplio y multilateral de Paz ; aún se ciñe sobre el pueblo colombiano la amenaza de experiencias pasadas en las que se demostró que en «tiempos de paz» se ha desatado mayor represión y persecución hacia el movimiento popular.
Es así como ante la convocatoria que l a Coordinación Nacional de Organizaciones y Movimientos Sociales y Políticos de Colombia -COMOSOCOL- extendió para participar en la SEMANA DE LA INDIGNACIÓN, la respuesta que el movimiento popular ha recibido son nuevas amenazas y acciones que vulneran los derechos humanos fundamentales de dirigentes e individuos pertenecientes a organizaciones sociales y populares que encaminan estas jornadas de movilización.
Teniendo en cuenta que múltiples informes de violaciones a Derechos Humanos, entre estos los emitidos por organismos pertenecientes a Naciones Unidas, dan cuenta de la permanente violencia política que azota este hermano país, llamamos al gobierno colombiano y a la comunidad internacional a tomar en serio estas amenazas y a liderar con urgencia las acciones preventivas necesarias para evitar nuevas desapariciones y asesinatos. Creemos que es tan necesario evitar nuevas tragedias como penalizar a los responsables de las amenazas y las violaciones.
Denunciamos que estas detenciones arbitrarias, abusos de autoridad, amenazas y señalamientos, representan una grave persecución política dirigida a líderes/as de las organizaciones sociales que en los últimos años vienen realizando procesos de visibilización, sensibilización, denuncia y movilización en oposición a la implementación de grandes proyectos económicos que en varias regiones de Colombia han implicado graves impactos ambientales y el despojo de tierras.
De igual manera, la dilación en las investigaciones y sanciones frente a estos hechos constituyen acciones contrarias a las posiciones asumidas por el Gobierno Nacional en la Mesa Nacional de Garantías, espacio en el cual el gobierno colombiano se ha comprometido a respetar la labor de los y las dirigentes de organizaciones defensoras de Derechos Humanos y de organizaciones sociales.
Todas las personas y organizaciones defensoras de Derechos Humanos que suscribimos este documento, advertimos que estaremos atentos al desarrollo de los hechos antes, durante y después de la SEMANA NACIONAL DE LA INDIGNACIÓN para acompañar a las organizaciones sociales que convocan, así como para impulsar los recursos a que haya lugar; con el objetivo de condenar a los responsables de dichas violaciones sistemáticas en beneficio de la democracia colombiana y la estabilidad regional.
Solicitamos al gobierno colombiano el respeto por los derechos de protesta y huelga del pueblo colombiano. Así como plenas garantías de seguridad personal y de libertad total para el accionar político, gremial y cotidiano de integrantes del movimiento social y popular que se encuentran defendiendo la vida, la soberanía y el territorio.
A continuación enumeramos algunas de las intimidaciones y violaciones que ya se están reseñando, para que a partir de esta información se inicien las investigaciones y las acciones preventivas necesarias:
Detención arbitraria de JIMMY ALEXANDER MORENO. Líder miembro de la Junta de Acción Comunal Central de Floridablanca (Santander), integrante del Comité por la Defensa del Páramo de Santurbán y dirigente del Polo Democrático Alternativo.
Amenazas de muerte por parte del grupo paramilitar autodenominado Bloque Central de las Águilas Negras dirigida a Docentes organizados en ASOINCA en el departamento del Cauca.
Amenazas y señalamientos dirigidos al profesor RENÁN VEGA CANTOR que obligaron a este académico abandonar el país por riesgos hacia su vida. Este caso hace parte de la persecución al pensamiento crítico que vive Colombia.
Amenazas de muerte contra organizaciones sociales y de Derechos Humanos integradas a la Minga Social y Comunitaria y el Congreso de los Pueblos en el Valle del Cauca y Norte del Cauca -NOMADESC, FCSPP, CUT, MOVICE, SINTRAUNICOL, ACIN- Estas amenazas proferidas por grupos paramilitares se han venido presentando de manera constante, señalando y estigmatizando la labor de defensores y defensoras de los Derechos Humanos. Se han adelantado labores de denuncia ante las autoridades competentes sin que hasta el momento se evidencie algún avance al respecto.
Detención arbitraria de ROBER DAZA GUEVARA, líder del Comité de Integración del Macizo Colombiano -CIMA y del Coordinador Nacional Agrario – CNA en el departamento de Nariño.
Amenazas y judicializaciones en contra de FELICIANO VALENCIA y demás voceros e integrantes de la Minga Social y Comunitaria.
Amenazas sistemáticas de muerte contra Piedad Córdoba -dirigente de Colombianos y Colombianas por la Paz- y Carlos Lozano -director del periódico Voz-, ambos integrantes de la Junta Nacional de Marcha Patriótica. En junio del presente año se descubrió un plan para asesinarlos por el que grupos paramilitares pagaban 200.000 dólares.
La detención ilegal y posteriores amenazas contra Andrés Gil , integrante de la Junta Nacional de Marcha Patriótica y reconocido líder de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra.
Detenciones arbitrarias, interrogatorios ilegales y empadronamientos contra integrantes de las Juntas de Acción Comunal en las veredas de la región del bajo Guaviare, donde se impulsa la organización de las comunidades campesinas para resistir en el territorio y prevenir el desplazamiento forzado.
Amenazas de muerte, señalamientos y restricción a la movilidad proferidas por el grupo paramilitar autodenominado «Águilas Negras» contra integrantes de las Asociaciones de Trabajadores Campesinos de los Municipios de Corinto, Caloto y Miranda, Filiales de FENSUAGRO-CUT, integrantes de la Coordinación Departamental Cauca del Proceso de Unidad Popular de Suroccidente Colombiano y del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica.
Bombardeos y ametrallamientos indiscriminados por parte del Ejército Nacional y la Fuerza aérea colombiana en territorios del departamento de Antioquia y capturas ilegales de integrantes de la Asociación Campesina de Ituango.
Señalamientos recurrentes y acusaciones infundadas por parte del gobierno colombiano contra el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, lo que pone en evidente riesgo la vida e integridad de sus militantes.
Queremos invitarle a sumarse en solidaridad con Colombia, firmando esta solicitada exigiendo garantías para el libre ejercicio de protesta y movilización. Manda la adhesión a:
adhesionesporcolombia@gmail.
CONVOCA ESPACIO NUESTRA AMÉRICA POR COLOMBIA:
Tinto, Mate y Resistencia, REDHER – Congreso de los Pueblos, Asamblea de Estudiantes Colombianxs en Argentina, Marcha Patriótica capítulo Argentina, Colectivo la Patria es América, Colombianxs en el Sur, Colectivo Sur consciente, Colectivo América Mestiza.