Según información procedente de la población reclusa, un solo galeno se encuentra en servicio actualmente en el complejo penitenciario de Pedregal, establecimiento que presenta un hacinamiento cercano al 110%. A la insuficiencia de personal médico se suman otras trabas históricas como la falta de medicamentos para el tratamiento de las enfermedades de las y los […]
Según información procedente de la población reclusa, un solo galeno se encuentra en servicio actualmente en el complejo penitenciario de Pedregal, establecimiento que presenta un hacinamiento cercano al 110%. A la insuficiencia de personal médico se suman otras trabas históricas como la falta de medicamentos para el tratamiento de las enfermedades de las y los detenidos, el difícil acceso a atención especializada y a la práctica oportuna de exámenes para el diagnóstico temprano de patologías; así como la deficiencia en los programas de prevención.
A pesar de ser ésta una realidad ampliamente reconocida de forma unánime por las tres ramas del poder político en Colombia, los análisis y salidas siguen siendo limitadas. La determinación social en materia epidemiológica no parece ser considerada como un enfoque válido que permita apuntar a la resolución de las reales causas del problema. Hasta el momento, las medidas adoptadas por el Estado, han fracasado una tras otra. Mientras tanto, más personas llegan a las prisiones cada día.
La expresión concreta de esta diagnosticada patología del sistema penitenciario es la muerte y la tortura física que sufren por falta de atención las y los reclusos del país. Los ejemplos abundan: Desde ayer (25 de diciembre), el preso político Andrés Mauricio Tobón Tobón, recluido en el Patio F del complejo penitenciario de Pedregal, presenta dolor y sangrado en la micción. Aunque tiene antecedentes que han ameritado intervenciones quirúrgicas, luego de dos días, no ha sido atendido porque el médico se encuentra prestando sus servicios en la reclusión de mujeres (del mismo complejo penitenciario), donde seguramente existen múltiples requerimientos en salud.
Es preciso recordar que en el marco del Cese al fuego bilateral temporal, pactado entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, se suscribió un compromiso de humanización de las condiciones de reclusión de los presos políticos de la organización rebelde. Situación de más, que refuerza las obligaciones estatales en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y las que se derivan de las relaciones especiales de sujeción a las que se encuentra sometida la población reclusa.
Ninguna de estas fuentes de obligación, pareciera resultar vinculante al Gobierno nacional. Las y los presos políticos, igual que el resto de la población reclusa, viven una situación de indignidad permanente.
Fuente original: https://derechodelpueblo.blogspot.com.es/