Suponer que al siguiente día de posicionarse Petro y Márquez en la casa de Nariño todos los problemas estructurales del país desaparecerán, por arte de magia, es partir de una lectura ingenua, apresurada y anclada en el deseo.
“Ante esta realidad sobrecogedora que a través de todo el tiempo humano debió de parecer una utopía, los inventores de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria. Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra” –Gabriel García Márquez
El resultado electoral del pasado 19 de junio deja como victorioso a Gustavo Petro y a Francia Márquez, siendo un logro histórico que no puede negarse, en la medida en que el Pacto Histórico comparte la posibilidad de potenciar las aperturas democráticas en el terreno político, económico y social. Los sectores populares y las amplias mayorías han puesto en dicho programa de gobierno sus anhelos de cambio, la oportunidad de construir con libertad y dignidad el camino hacia la paz del pueblo y la garantía de todos sus derechos sin distinción alguna. Han visto en ellos la posibilidad de ejercer activamente su poder y de acceder a los espacios políticos que les han sido arrebatados, al permanecer siempre en las periferias y en el centro de la violencia estatal y paraestatal del bloque de poder contrainsurgente.
Dentro del logro de haber podido expresar en las urnas la voluntad de cambio del pueblo colombiano, más allá de las amenazas, las manipulaciones y la constricción que se imponen en las elecciones, es urgente no perder de vista el futuro próximo y evitar que el análisis político de la situación se relaje a costa de la batalla que se obtiene. El hecho contundente es que las dificultades del camino democrático en Colombia no han concluido, y que la lucha por su consolidación y desarrollo van mucho más allá de las votaciones y de un gobierno «alternativo» a las viejas castas, representado en las personas de Gustavo Petro y de Francia Márquez.
Ante este panorama es preciso observar, por un lado, el modo en que el bloque mafioso y fascista más radical, con su accionar contrainsurgente, comenzará a actuar para hacer ingobernable el país a la nueva administración; y por el otro, los consensos que el Pacto Histórico viene adelantando con una de sus facciones, como la Santista y la liberal-conservadora que buscan reacomodarse y zafarse de la crisis institucional, que de entrada presentan una dificultad en la ejecución de los anhelos que el pueblo ha puesto en el gobierno entrante. Esto nos conduce a recordar que ellos no han perdido el poder ni la capacidad de definir el ambiente político regional y nacional, aun cuando puedan verse obligados a replegarse momentáneamente para darse un respirito, mientras se adaptan al nuevo escenario político generado por la movilización social de los últimos años, que develó el descontento popular, desencadenando así una crisis de legitimidad, que no le permitió al bloque de poder posicionar “gobierno” y “oposición”. Sin embargo, esta facción logra percolarse en el Pacto Histórico, pretendiendo ser la rueda y ser el palo en la rueda conforme se expresen sus intereses, con el fin de evitar cualquier apertura democrática efectiva en el país.
Como prueba de ello basta citar los últimos eventos preelectorales desesperados y desatados desde el establecimiento, así como la tendencia de acomodar las circunstancias del país a los poderosos desde sus medios propagandísticos, lo que en el fondo evidencia y pronostica que el bloque de poder antipueblo no dudará en desarrollar y ejecutar todo tipo de artimañas bajo la excusa de recuperar el “orden” y la “seguridad” de su democracia, sus negocios y sus privilegios. No sorprenderá el hecho de que adelanten campañas de desestabilización política y social, ampliando las frustraciones de los sectores sociales que hoy se sienten perdedores y presentándolos como síntomas nacionales ante la “inoperancia” del nuevo régimen.
Las castas tradicionales y regionales que actúan privando a las amplias mayorías de los espacios políticos y la toma de decisiones, escalarán la guerra y sin reservas desatarán y jugarán todas sus cartas de represión, caos y engaño, en caso de que sus tácticas iniciales no rindan frutos en el mediano plazo. Este es un escenario que no puede eludirse, menos aún si se parte del desarrollo histórico de la política colombiana contemporánea, en la que se recrudece la violencia de los ricos banqueros, terratenientes, empresarios y mafiosos (todos agrupados en un solo bloque) en contra del pueblo, cuando surge una limpia oportunidad de potenciar los cambios que democraticen la sociedad.
Que una coalición de centro izquierda reformista como opción de cambio haya logrado posicionarse en la casa de Nariño es un hecho relevante en la historia del país, que sin embargo no puede refrenarse sobre el anhelo y el deseo de transformación sin que estos se lleven a cabo por el mismo pueblo desde las calles, los barrios, las veredas y los campos colombianos, pues la democracia va más allá del juego electoral, los puestos, los acuerdos entre sectores políticos y las personalidades. Y frente a este avance político, los ricos que todavía están diluidos en el poder del Estado no dudarán en coaccionar al gobierno y de consentir reformas que no afecten sus negocios y sus privilegios, mientras que la ultraderecha oscura no dejará de urdir un plan que los conduzca a la retoma total del poder.
Resulta claro que durante el gobierno del Pacto Histórico no se logrará disminuir con suficiencia el alcance político de quienes han constreñido al Estado debido a sus intereses económicos, y que esa ruta debe construirse en la lucha sostenida desde las bases mismas movilizadas, porque no es sino el pueblo quien puede rodear y defender sus anhelos e intereses. Suponer que al siguiente día de posicionarse Petro y Márquez en la casa de Nariño todos los problemas estructurales del país desaparecerán, por arte de magia, es partir de una lectura ingenua, apresurada y anclada en el deseo. El cambio y la paz no son de un gobierno sino de quienes decidimos luchar, desde nuestras experiencias, por el alcance, la construcción y el desarrollo de un proyecto político efectivo a los intereses y esperanzas populares. Es ahí donde resulta valioso acompañar las reformas que desarrolle el actual gobierno, cuando le hablen directamente al pueblo colombiano y al júbilo que salió a las calles a festejar.
Es claro también que la capacidad de maniobra del gobierno entrante estará golpeada continuamente por parte de aquellos sectores representantes de los intereses neoliberales y antipueblo que impulsaron y abrigaron la victoria, con el propósito de recuperarse y relegitimar la institucionalidad colombiana que se encontraba en una fuerte crisis, de modo que pueda adherir la movilización social a un programa que la contenga y la reinstitucionalice al evidenciar que la lucha electoral y parlamentaria responde a final de cuentas. De esto se sigue una obvia dificultad ante la ejecución concreta de políticas de campaña, a lo cual se sumará una campaña mediática por parte de la ultraderecha traqueta, retardataria y fascista, buscando imponer una opinión y ambiente generalizados de señalamiento y juicio sobre el gobierno y su gabinete, a fin de “demostrar” que la izquierda es ineficiente e incapaz de conducir el país y construir oportunidades de futuro.
Frente a esta realidad inicial, es primordial que todos los sectores sociales que abrigan la necesidad del cambio y las aperturas democráticas mantengan una actitud consciente y crítica ante el panorama político y social que acontece, y para que la guerra que se librará sin caretas, así como la que se desatará debajo de cuerda no nos tomen incautos, desesperanzados ante los bloqueos de cambio producidos por esa misma élite mafiosa, desinformados o demasiado confiados en la capacidad de un gobierno que más que nunca requiere del compromiso activo del pueblo colombiano. Asumir que el gobierno por sí mismo modificará de raíz la cultura y la política estatales y paraestatales, sólo puede producir descontentos que serán aprovechados por quienes han malgobernado este país despojando y exterminando.
De ahí la necesidad de adelantar análisis prudentes y objetivos de la realidad concreta del país, y difundirlos como campañas políticas del pueblo a través de diversas manifestaciones y organizaciones sociales, políticas, culturales, avanzando en la construcción de una amplia red democrática que diezme las acciones de esa minoría reaccionaria y autoritaria, y que en cambio potencie la democracia efectiva como proyecto político popular, que no se reduce a un liderazgo concreto ni a unas fórmulas dispuestas desde los de arriba.
No es aventurado suponer la realización de movilizaciones como parte integrada al plan de desestabilización orquestado por la “gente de bien”, amparados en una obligación moral y cívica por recuperar el país de las manos “comunistas”, “castrochavistas”, “vándalas” y “terroristas”, como es habitual en ellos afirmar para refrenar todo anhelo de cambio. Basta recordar, ampliamente, lo sucedido durante el plebiscito de 2016, los obstáculos impuestos a la implementación de los acuerdos de paz, las acciones desatadas durante los estallidos sociales de 2019 y de 2021. Estas manifestaciones serán amplificadas por los grandes medios que, bajo la supuesta consigna de la libertad de prensa, difundirán “noticias” que revelen la susodicha inconformidad del país, identificando como siempre los intereses de los ricos como intereses nacionales y populares; o creando desinformación y confusión alrededor de propuestas que apunten hacia aperturas democráticas, como si se tratara de inmensos riesgos para el futuro de todos y de todas. Con los recursos que cuentan y ante la inestabilidad que pueden generar en algunos de los sectores sociales más oscilantes en el campo político, no es difícil escalonar las eventuales movilizaciones y agudizarlas hasta hacer legítimo para ellos el uso de la violencia como forma de restaurar la seguridad, el orden y la nación, que no es más que la palabrería para ocultar sus verdaderas urgencias: retomar a toda costa el poder para proteger sus riquezas, su impunidad y los espacios políticos que han ocupado durante décadas.
El actuar de las clases dominantes no se reducirán exclusivamente a la guerra de opinión en la esfera propagandística y mediática de las redes sociales y de las bodeguitas uribistas, sino que buscarán un despliegue total como guerra generalizada contra todo el pueblo, además de las bases políticas y sociales del gobierno entrante, pues dentro de la actuación contrainsurgente lo que se plantea es bloquear, a como dé lugar, toda opción de cambio, todo aquello que ponga en amenaza real sus negocios y privilegios; y no es tanto el gobierno de Petro, sino la oportunidad que ofrece el Pacto Histórico para potenciar a las mayorías como sujetos libres, capaces de representarse a sí mismos con el compromiso de defender sus destinos. De ahí que el desarrollo de acciones violentas que rebosen el discurso que impongan los antipueblo no sea un escenario hipotético, fruto de un análisis sobrevalorado de ellos. Por el contrario, es una lectura que parte de señalar el modo sistemático con el que opera, con el fin de lograr concentrar el poder político y económico.
Ante este posible panorama no está demás pronosticar que las dos facciones de derecha buscaran reforzar las confrontaciones entre el bloque fascista y autoritario y los sectores sociales, las fuerzas democráticas y revolucionarias que le apostamos a una transformación de la sociedad colombiana. En este sentido, es urgente convocar a todas estas fuerzas en la construcción, consolidación y desarrollo de un Frente Democrático del pueblo en defensa de los derechos sociales y políticos y de la soberanía de las amplias mayorías, para que las promesas de cambio sean expresión activa de toda la sociedad movilizada en procura de sostener las riendas del país.
Es necesario rodear y defender los intereses y anhelos del pueblo que hoy festeja el alcance del Pacto Histórico, y comprender que esta defensa va más allá del gobierno y de las personalidades concretas de Gustavo Petro y de Francia Márquez. También es necesario que la administración entrante asuma el compromiso que aceptó con el pueblo colombiano y que gobierne de cara a ellos, así como establecer qué tipo de consenso tendrá mayor peso: el de los anhelos populares, o el desarrollado con la facción del bloque de poder tradicional. La claridad, la solidez, la ubicación política, la autonomía crítica y la movilización social permanente son imprescindibles en este nuevo ciclo de la historia en el que, todas las fuerzas populares y revolucionarias, somos sujetos activos y soberanos del porvenir histórico nacional.
Es urgente que ante el ambiente que se nos impone nos decidamos por adelantar la digna, legítima y libre protección de la vida y el futuro de los excluidos, de nuestras luchas, de nuestros intereses y demandas obstaculizados por el bloque fascista durante años.
Es el momento histórico donde los olvidados, las negritudes, los campesinos, los jóvenes, las mujeres, los nadies y las fuerzas democráticas y revolucionarias asumamos, más que nunca, nuestros intereses, y sumemos desde las particulares experiencias a la construcción del frente amplio por la defensa de la democracia y de la libertad, sin las cuales no es posible cimentar y ejecutar el camino para la paz del pueblo y el derrumbe de la dictadura mafiosa.
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