El 30 y 31 de Julio del 2019 las organizaciones campesinas y de base comunal del Cesar y el Catatumbo, representadas en las 24 comunidades de las Asociaciones de junta del Alto Bobalí, centro y sur del Carmen, Honduras, Trinidad (Municipio de Convención), las Asojuntas de los Municipios de Tibú, Sardinata, Zulía y comunidades del […]
El 30 y 31 de Julio del 2019 las organizaciones campesinas y de base comunal del Cesar y el Catatumbo, representadas en las 24 comunidades de las Asociaciones de junta del Alto Bobalí, centro y sur del Carmen, Honduras, Trinidad (Municipio de Convención), las Asojuntas de los Municipios de Tibú, Sardinata, Zulía y comunidades del Pueblo Barí y del centro y sur del Cesar, con el acompañamiento de organizaciones Defensoras de Derechos Humanos de carácter nacional e internacional, retornamos al predio Comunal LA ESTACIÓN, ubicado en la Serranía del Perijá, Vereda El Tigre del Municipio de Chimichuaga-Cesar, límite con la Vereda El Edén del Municipio del Carmen-Norte de Santander.
1- Antecedentes
En el Alto Bobalí las comunidades campesinas han tenido una amplia tradición organizativa en defensa del territorio y la vida digna.
Uno de los símbolos de esta lucha ha sido la tienda comunitaria, la cual, más que un proyecto productivo, ha sido un sitio de encuentro y solidaridad.
Pero tanto este espacio, como el territorio en general y las formas de vida que habitan en él, incluidas las de las de campesino/as e indígenas, han sido fuertemente afectados mediante el asesinato, la desaparición forzada, el desplazamiento y despojo. Los proyectos de las comunidades, en su totalidad fueron destruidos violentamente desde comienzos de 2002 con la arremetida paramilitar, la cual se produjo, como es de público conocimiento, con la anuencia y contribución efectiva del Estado.
Luego de varios años, sin el acompañamiento ni apoyo de la institucionalidad, los pobladores desplazados, regresaron al territorio, con el propósito de reconstruir los proyectos de vida en el «Alto Bobalí». Fue así como se reinstaló la tienda comunitaria, en el 2012. Desde entonces han resistido a la estigamtización, la judicialización y el constante hostigamiento estatal, que se suma a la complejidad del conflicto armado que se desarrolla en la zona. Particulamente, en el último año se incrementó de forma ostensible el pie de fuerza militar, lo cual aumentó el ambiente de inseguridad y zozobra para los habitantes de la región.
2- La protesta y los acuerdos
El pasado 18 de Junio del 2019 las comunidades instalaron un Asentamiento Humanitario Alto Bobalí, con el objetivo de denunciar las graves violaciones a los Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Inernacional Humanitario y exigir al Ejercito Nacional el retiro de la Base de Operaciones Intermedia del Batallón de Operaciones Terrestre No. 10 – BATOT10 de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano, en razón a las arbitrariedades documentadas y el carácter comunal del bien.
El 21 de Junio del 2019 tuvo lugar una reunión entre delegados del Asentamiento Humanitario Alto Bobalí, organizaciones de Derechos Humanos acompañantes como el Equipo Jurídico Pueblos, La Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia, con la Defensoría Regional Ocaña, Procuradoría Provincial Ocaña, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, MAPP-OEA y el Comandante del BATOT 10; acordándose que el Ejército procedería a reubicar el dispositivo dejando el predio en las condiciones en que lo encontraron teniendo como fecha maxima el 31 de Julio. Dicho compromiso quedó contenido en el acta el 22 de junio de la presente anualidad.
3- Situaciones constatadas y documentadas
Cumplido el tiempo pactado, delegados de las Comunidades, junto con representantes del Equipo Jurídico Pueblos, la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia – OACNUDH y la MAPP-OEA, hicieron presencia en la zona los dias 30 y 31 de agosto, con el fin de verificar el grado de cumplimiento de lo pactado, dejando registro de las siguientes situaciones:
– En efecto, la base militar fue reubicada.
– Los miembros del Ejército Nacional de la Base de Operaciones Intermedia del Batallón de Operaciones Terrestre No. 10 – BATOT10 de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano, dejó numerosas trincheras sin tapar, lo cual constituye un riesgo para la comunidad y los animales que pastan.
– Se constata abandono de material de intendencia, entre los que se encontraron botas, gorras, pañoletas, pantalones, buzos, carpas camufladas, sillas dañadas y medias.
– Se observa presencia de basuras arrojadas por todo el predio, toneles arrojados y restos de pimpinas y otros recipientes mal enterrados, los cuales expiden olor a combustibles.
– Se evidencian rastros de quemas de restos y desperdicios, y sacos rellenos de tierra y plásticos.
– Igualmente observamos la tala de la zona boscosa para abrir trincheras e improvisar un gimnasio.
– Se advierte la apertura de caminos hacia otros puntos que no lograron ser verificados en razón a que se desconoce si hubo desminado del lugar por parte del Ejército.
– Se aprecian letreros metálicos con la leyenda «Zona de recuperación ambiental» pese a que se trata de un predio comunitario con mejoras realizadas desde 1993.
– Para la fecha acordada de la entrega, no hicieron presencia los representantes del Ministerio Público pese al compromiso asumido por el Dr. DIOGENES QUINTERO AMAYA Defensor Regional de Ocaña y la Dra. ROSALBA RANGEL DÍAZ Procuradora Provincial de Ocaña.
4- Conclusiones
– La recuperación del predio comunitario, es un ejemplo de dignidad y resistencia de las comunidades campesinas e indígenas de la zona que permitirá desarrollar sus proyectos de vida digna, economía solidaria y permanencia en el territorio.
– El impacto ambiental generado en la zona por la instalación y operación de la base militar, es preocupante y deben desplegarse acciones urgentes para la mitigación del daño causado.
– Se espera que este importante avance de las comunidades en la consolidación de sus proyectos de vida, no sean objeto de retaliación.
– Se mantiene la exigencia a los organismos competentes, de resultados ciertos en las investigaciones por los distintos actos de violación de derechos humanos que han sido denunciados y documentados.