Numerosas organizaciones campesinas del orden nacional y regional impulsan, desde el 1 de septiembre del presente año, una consulta popular con la cual buscan poner de presente, ante los diversos sectores políticos, sociales y económicos del país, la necesidad de continuar sin vacilaciones con la política de distribución de tierras que adelanta el gobierno nacional y que es objeto continuo de saboteos auspiciados por quienes se han beneficiado de un régimen de tenencia raquítico y, en muchos casos, ilegal.
A partir de cinco preguntas que abordan temas como el acceso y redistribución de la tierra, el fortalecimiento de la producción campesina, la permanencia en áreas protegidas con proyectos agroecológicos, la protección de los derechos del campesinado y la garantía de la vida y la paz en el campo, el movimiento campesino expresa su voluntad de constituirse en un sujeto colectivo con capacidad de incidir en el curso de los procesos políticos que configuran la realidad agraria de Colombia.
Es sabido que el país registra uno de los mayores niveles de concentración de tierras en el mundo. La tierra ha sido un factor de poder y violencia en la historia nacional. Por el acceso y control de la tierra se ha generado en Colombia una tragedia de gran magnitud, con indicadores dolorosos como el desplazamiento territorial de comunidades enteras y la muerte de miles de personas. La dependencia extranjera de alimentos, además, es una realidad que golpea la soberanía del Estado y amenaza la subsistencia de miles de hogares pobres del país.
El país tiene una enorme deuda con los pobladores pobres del campo. Gracias a las manos de los labriegos, cientos de centros poblados se abastecen día a día de alimentos que garantizan la vida y su reproducción. Es hora que esa Colombia urbana e indiferente, en un acto de reconocimiento y solidaridad, corresponda con su apoyo a los campesinos que reclaman tierras para cultivar, permanecer en los territorios y vivir con dignidad.
Una reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría (agosto de 2025), mostró que el 88% de los colombianos consultados está de acuerdo con la política de tierras (entrega, titulación y apoyo técnica y económico) que adelanta el gobierno de Gustavo Petro. Muchas tierras que fueron apropiadas de forma violenta e ilegal por políticos, empresarios, narcotraficantes y paramilitares, están siendo recuperadas por el Estado y puestas en manos de asociaciones campesinas, indígenas y consejos de comunidades negras.
En ciudades capitales, municipios y zonas rurales, se siente el vibrar de un sujeto colectivo que no está dispuesto a quedarse de manos cruzadas, esperando a que un nuevo gobierno disponga en contra de sus intereses y aspiraciones. Las cinco preguntas de la consulta, de ser aprobadas, deberán convertirse en mandatos de obligatorio cumplimiento para el Estado, en el inmediato futuro. La Consulta Campesina es una realidad que se hace voz creciente en las calles y veredas de todo el territorio nacional. Del país urbano depende la aprobación de la consulta, por el bien del campo, de su gente, de nosotros mismos y para asegurar la soberanía alimentaria de Colombia.
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