La Justicia llega tarde El pasado fin de semana – viernes en concreto-fue detenido en Montería, Córdoba, por miembros del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial (CTI), Rodrigo García Caicedo, de profesión ganadero y como sabemos entusiasta defensor del paramilitarismo en Córdoba. Su detención en esta ocasión se llevó en cumplimiento de la orden de […]
La Justicia llega tarde
El pasado fin de semana – viernes en concreto-fue detenido en Montería, Córdoba, por miembros del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial (CTI), Rodrigo García Caicedo, de profesión ganadero y como sabemos entusiasta defensor del paramilitarismo en Córdoba. Su detención en esta ocasión se llevó en cumplimiento de la orden de búsqueda y captura proferida por la Fiscalía de Cartagena, entidad ésta vinculada a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación. Cabe resaltar que, la orden en concreto la emitió el Fiscal Fabio Severiche y cobijó de igual modo al abogado Hirán Herazo. En ambos casos, no podía ser de otra manera, el móvil de la detención es el presumible apoyo que dichas personas hayan podido brindar a grupos paramilitares en esa región del país.
No es la primera detención que las autoridades en Colombia emiten contra Rodrigo García, expresidente del Gremio de ganaderos de Córdoba (GANACOR), pues hay que recordar que en mayo del 2001 miembro del CTI enviados desde la ciudad de Bogotá llegaron a Montería y otras ciudades del Departamento con el objeto de allanar las residencias, negocios e instituciones de miembros de los grupos paramilitares o de persona muy cercanas a estos, entre quienes estaban, por supuesto, no sólo Rodrigo García sino Hernán Gómez Hernández, principal asesor para la ocasión de Carlos Castaño. Aquella redada se saldó con el asesinato de un hombre de confianza de Salvatore Mancuso y con el allanamiento también de la Fundación para la Paz de Córdoba, (Funpazcor), por cierto y como era de público conocimiento, ONG creada por los hermanos Castaño Gil, dizque para promover el desarrollo y la prosperidad del Departamento de Córdoba. Como cosa curiosa, Funpazcor quedaba al frente del Comando Central de la Policía Departamental. En dichas pesquisas, se supo, y eso fue materia de escándalo, las autoridades encontraron que en los ordenadores de esta entidad había una nómina completa de agentes de la policía al servicio de los paramilitares: la remezón en el comando no se hizo esperar.
Desde entonces las apariciones en público de Rodrigo García Caicedo mermaron, pues era costumbre que saliera a dar declaraciones radiales y en donde justificaba de modo incendiario, como siempre, la existencia de los grupos paramilitares. Desde los años 80 este conservador que se autodefine como laureanista fue un incansable propalador de la necesidad de que los terratenientes y ganaderos de la región del Sinú debían organizarse en autodefensas para enfrentar el boleteo, la extorsión y el secuestro de que eran objeto por parte de las distintas insurgencia en Córdoba, y, en particular, del Ejército Popular de Liberación, quien para entonces era la mayor fuerza insurgente en la región. Desde principio de la década de los años 80 se conoce la presencia de los hermanos Castaño Gil en esa región y de otros importantes narcotraficantes, entre quienes se contaban Raúl Matta Ballestero, Cesar Cura y Darío Mendoza entre otros. Fidel Castaño llega a Córdoba a principio de los 80 y muy pronto se convierte en uno de los más prósperos hacendados y ganaderos de la zona y hacia ésta trae su estrategia anticomunista y de arremeter contra toda suerte de campesinos, tal y como lo había hecho en el nordeste de Antioquia -Amalfi, Segovia-y en el Magdalena Medio. Así, Fidel Castaño empieza a acaparar tierras y a cultivar su particular emporio económico. La máxima por entonces en Córdoba era: Vender la tierra, huir o morir. Y esto fue particularmente cierto no sólo para los pequeños campesinos sino también para los medianos propietarios que se resistieran a venderle su propiedad. (Ver María Teresa Rondero:2002:179)
.Así empezó el paramilitarismo en el Sinú.
Cuando Fidel Castaño llega a Córdoba hay un importante movimiento social muy representado por Indígenas, campesinos y sectores populares que estaban demandando una reconversión profunda frente a la tenencia de la tierra. Las luchas agrarias sin llegar a tener la dimensión de los años 70 fueron significativas y esto se plasmó con la toma de la catedral de la ciudad de Montería en el año 1984. Una de las demandas de este movimiento fue la entrega de tierra para los campesinos e indígenas y también un mejoramiento de las condiciones infraestructurales del departamento. Por entonces en Córdoba diversas expresiones del movimiento guerrillero hacían parte del panorama político en la región, cada uno con distintos niveles organizativos y con signos y adscripciones políticas e ideológicas distintas. Así, por entonces existía el EPL, las FARC y en menor medida el MIR-Patria Libre, quien después se convertiría en la Unión Camilista del Ejército de Liberación Nacional producto de su fusión en la primavera de 1987 con el ELN. La estrategia contrainsurgente que pone en marcha Fidel Castaño en Córdoba requirió de importantes apoyos políticos, militares y gremiales. Está muy claro que el gremio de ganaderos jugó un papel de importancia capital en el proceso de nacimiento y desarrollo del paramilitarismo en Córdoba y dentro de éste, sin duda, Rodrigo García Caicedo y Jesús María López Gómez fueron piezas de primer orden en el apoyo político, económico y gremial. En entrevista concedida al Meridiano de Córdoba, Diario cuyo Director y dueño es – William Salleg Sofán, también investigado por paramilitarismo, Rodrigo García sintetiza de muy buen modo los nexos entre el paramilitarismo y las distintas expresiones del poder en Córdoba. Así señala: » todos los ganaderos como el comercio en un 90 por ciento apoyaban a Fidel -Castaño— y a sus hombres, los alcaldes y gobernadores se aliaron a las AUC. La clase política en su totalidad jugó a eso, y esto no lo puede desconocer nadie y menos negarlo» (Ver entrevista Meridiano de Córdoba: edición 4255.Diciembre 18 2006)
Y si un miembro de la dirigencia económica y gremial en Córdoba y tan afín al proyecto paramilitar como lo es Rodrigo García Caicedo, sin duda, es tan escueto para reconocer que el paramilitarismo fue apoyado por importantes familias monterianas y cordobesas, ¿por qué entonces el Meridiano de Córdoba en su titular del día viernes señala que la detención de García Caicedo cayó entre los monterianos como un baldado de agua fría y que los monterianos están sorprendidos? Frente a esto habría que decirle al Director del Diario que, la detención de Rodrigo García no debe causar ninguna extrañeza, pues lo que debería extrañar a Montería, Córdoba y Colombia, sin equívoco alguno, es que este dirigente gremial haya tenido tanta licencia para incitar a la violencia contra campesinos y sindicalistas desarmados y defender los crímenes de Fidel, Carlos y Vicente Castaño, y también de los Salvatore Mancuso, como lo ha hecho, por supuesto, y encima ande tan orondo como anda y que se le llama Don Rodrigo. Esto es lo de menos, a modo de sorna, pues en Colombia ya es costumbre llamar don todo tipo delincuente o matón, de hecho hemos tenido o tenemos: Don Pablo, Don Berna, Don Diego y ahora Don Mario……
El problema no es de procedencia regional, es de ley.
Y como si fuera poco el abogado de casi todos los para-políticos de Córdoba y de Colombia y hasta hace poco del Rey de las pirámides, Abelardo de la Espriella – persona non sancta a juzgar por lo que ha divulgado sobre él la prensa– ha salido a decir que la detención de Rodrigo García Caicedo deja en evidencia que hay un cartel de testigos falsos que lo que quiere es enlodar a las buenas y cristianas familias monterianas y cordobesas, y para colmo termina diciendo y en una pirueta insostenible, que esto es una estigmatización de la gente del interior del país contra las familias caribeñas ¿por qué generaliza de modo tan vulgar este señor una realidad que no es propia de todos los costeños/as? Yo no he escuchado a ningún político del interior – que son muchos, a propósito, los comprometidos con el paramilitarismo, si no miremos el Departamento de Antioquia-decir que la para-política es propia del mundo costeño. Pienso que en este perverso juego no hay que entrar, pues el tema de si hay familias y político/as que en la Costa están comprometida con el paramilitarismo o con la para-política, ese es, sin duda, un asunto de quien tenga que responderle a la ley – si es que en algo responden, pues ya casi todos están fuera -Miguel Alfonso de la Espriella, Elenora Pineda, Dieb Maoloof y otros— y no algo extensivo al conjunto de los ciudadanos/as que habitan en el Caribe y en Córdoba en particular.
Abelardo de la Espriella sin ruborizarse dice que se está atacando y estigmatizando a familias de Córdoba desde un pretendido cártel de testigos falsos, eso es posible, concedo el beneficio de la certeza, en cualquier caso tendría que demostrarlo, lo que no podría demostrar es que la justicia condenó al «buen ciudadano» y compadre del Presidente Álvaro Uribe Velez, Miguel Alfonso de la Espriella, no por nada distinto a ser miembro del ala política de las AUC y reconocerse como tal, lo propio hizo con Eleonora Pineda, quien igualmente reconoció ser miembro de esta agrupación. Tampoco es estigmatización el que Salvatore Mancuso haya reconocido que tanto Víctor Hugo Hernández como Claudio Sánchez hayan sido Rectores de la Universidad de Córdoba impuesto por el paramilitarismo y al servicio de esa estructura criminal. ¿Acaso es mentira o es un prejuicio el que se diga que Hernán Gómez Hernández, otrora impulsor de los movimiento camilistas en Bogotá en su época de estudiante de la Universidad Nacional, terminaría convertido en el asesor de cabecera de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso y encima les montara un proyecto que casi termina por ponerlos en el congreso?. ¿Es, igualmente, estigmatización, me pregunto, el que se diga que Juan Manuel López Cabrales, el gamonal entre todos los gamonales del Partido Liberal Colombiano y dueño y señor de la gobernación de Córdoba en los últimos 20 años está detenido y condenado por poner la gobernación al servicio de Salvatore Mancuso? ¿Es estigmatización que se diga que Rosalba Negrete, Directora del CTI en Córdoba, trabajaba para los paramilitares, cuando el mismo Mancuso lo reconoció? ¿Es estigmatización que se diga que entre los firmantes del Pacto de Santa fe de Ralito hay – había– un sinnúmero de políticos cordobeses?
Resulta extraño que el abogado Abelardo de la Espriella diga que contra los cordobeses hay una estigmatización cuando la persona más cercana al clan de los Castaños Gil, como lo es Rodrigo García Caicedo, y de quien Carlos Castaño llegó a decir en sus memorias autorizadas que éste señor era una especie de segundo padre, ha dicho y reconocido que el paramilitarismo en Córdoba es y ha sido un fenómeno que fue apoyado y financiado por importantes sectores de la sociedad cordobesa, Y el apoyo según lo expresó en su momento no provino exclusivamente de los ganaderos, políticos, transportistas o comerciantes, también su apoyo se hizo expreso desde el aparato militar y así lo reconoció en la entrevista anteriormente referida. Al respecto señaló: «Había lugares en donde tenían que operar, era inevitable que el Ejército y las autodefensas que tenían un enemigo común tenían que operar conjuntamente. El Ejército le cuidaba las espaldas a las autodefensas y estas hacían lo propio con el Ejército. El que me diga lo contrario está diciendo mentiras. Esta es hasta muy poco la realidad que vivimos en Córdoba y en gran parte donde operamos con las AUC. Reto a cualquier colombiano que conozca las realidades de nuestras regiones a que desmienta a este hombre de 80 años que lo único que ha hecho en la vida es trabajar para levantar a sus seis hijos»( ibid:2006)
Reafirmando los apoyo.
Como vemos y en la actitud desafiante que siempre lo ha caracterizado, Rodrigo García Caicedo reconoce que el proyecto paramilitar se nutrió desde diversos ángulos. Él, incluso, si detallamos en esta entrevista, se reconoce como parte del proyecto de autodefensa cuando dice – y en gran parte donde operamos con las AUC–-, cosa que no es de extrañarse, pues no había foro, congreso o tertulia en que no hiciese una obcecada defensa de la actuación del comportamiento criminal de los Castaño Gil. En el marco de la desmovilización del EPL en Córdoba, hecho en el que juega un significativo papel (Ver Germán Castro Caicedo: 1996:168) le escuché decir ante un auditorio de un céntrico Hotel en Montería en donde se estaba haciendo una conferencia acerca de los pormenores de ese proceso desmovilización, que Fidel Castaño era un hombre de Paz y que lo que había sucedido y sucedía era que había sido muy estigmatizado y demonizado. Así, desde los años 80, los nexos entre Rodrigo García y el paramilitarismo en Córdoba son innegables, mucho antes que aparecieran Miguel Alfonso de la Espriella, Eleonora Pineda y un conjunto en extenso de políticos de la región pivotando en la órbita paramilitar, fue Rodrigo García la expresión pública de lo que Fidel Castaño quería dar a conocer y eso mismo fue así hasta cierto momento de la jefatura de Carlos Castaño y Mancuso.
En un primer momento, es decir, justo a principio de los años 80, fue Rodrigo García en nombre del Gremio de Ganaderos de Córdoba quien actuó ante las autoridades políticas y militares del orden nacional y regional en la dirección de que éstas aumentaran el pie de fuerza y propiciar desde aquí el cambio en la correlación de fuerzas que existía en la región, la cual a mediados del año 80 era claramente favorable a importantes expresiones del movimiento social y por que no guerrillero. Aquel era un momento de acumulación de fuerzas para el EPL y para las FARC en particular, pues dichas organizaciones al haber entrado en negociación con el Gobierno de Belisario Betancurt (1982-1986) le permitió a este par de organizaciones crecer en lo militar pero también en lo político, lo que en Córdoba se tradujo en una mayor presencia en las zonas urbanas — en Montería, en concreto—, lo que a su vez se tradujo en una mayor presencia entre distintas expresiones el movimiento social. Este hecho se hizo más evidente como quiera que el Congreso había aprobado el acto legislativo No 1 de 1986 y mediante el cual el Gobierno aprobaba la elección popular de Alcaldes. En Córdoba, el Frente Popular y la Unión Patriótica como expresiones políticas y democráticas surgidas de las negociaciones, se lanzan al espacio político en busca de Alcaldías, Concejales y diputados. Este hecho vendría a volver más tensa la situación y a llenar de incertidumbre y miedo a la élite política y económica en Córdoba, quien vería en la elección popular Alcaldes una amenaza a su poder gamonal y hacendil. Mientras estos particulares hechos se sucedían, ya Fidel Castaño y unas pequeñas unidades del Batallón Junín, la Policía y el mismo Departamento de Administrativo de Seguridad DAS facilitaban todo para que las primeras acciones de los paramilitares se fueran traduciendo en asesinatos selectivos y posteriormente en masacres.
Pese al dinero con que llegó Fidel Castaño y los suyos a Córdoba, éste requería no sólo de una estrategia económica sino también política. La base organizativa y logística la propiciaron de algún modo los ganaderos, que en muchos casos son los mismos políticos. Se trató, en principio, que el proyecto tuviera un adecuado respaldo político, militar, económico y logístico. Atacar a las guerrillas en Córdoba y en Colombia, requería, sin duda, de conjugar todas las formas de lucha, pues en su fase incipiente alguien debía garantizar el armamento, la comunicación, la información y medios económicos y políticos con lo que actuar contra las bases de una insurgencia en alza. En Córdoba para 1985 aún no existía la XI Brigada de Ejército, razón por la cual los ganaderos y las élites políticas vieron ante la supuesta incompetencia del Ejército que el paramilitarismo podría ser una vía más expedita y menos burocrática a la hora de enfrentar a la insurgencia y, en definitiva, de asegurar la inmutabilidad del orden local y regional tanto en lo político como en lo económico y lo social. Desde un primero momento el Gremio de ganaderos de Córdoba y el resto de gremios entendieron que había que conjugar lo legal y lo ilegal con tal de quitarse de encima a la insurgencia. Quien refleja de un particular modo este momento es el mismo Rodrigo García Caicedo, quien al respeto dice «Ramírez Quintero —Coronel entonces— me llamó cuando le llegó un batallón prestado, y me dijo: Rodrigo, me acaba de llegar un Batallón, qué hago, tenemos que buscar 150 colchonetas. Qué podía hacer yo, pues tratar de buscar recursos con los ganaderos y con el comercio de la región para que estos soldados tuvieran lo necesario. Desde esa época empecé a recoger dinero para ayudar a la fuerza pública, porque la pobreza del Ejército y la Policía era absoluta, pero entendimos que ellos sólo no podían y decidimos que con estos recursos teníamos que armar a algunos amigos»
Cambia la Correlación de Fuerza.
Está claro que el planteamiento de Rodrigo García en esta parte oculta varias verdades y también manifiesta otras que el tiempo se ha encargado de corroborar. En primera instancia manifiesta que, el Ejército estaba en total bancarrota, justo cuando sabemos que desde los años 80 el presupuesto general de la nación ha ido en considerable aumento. Si bien no hubo aumento significativo en el periodo de los 80, si lo hubo aunque mínimo en relación al periodo 70-79, pues llegó a crecer hasta ubicarse en un 2% del PIB. (Ver Diego Otero:2007:327). Frente a otros sectores, salud, educación, por ejemplo, el crecimiento de la «inversión» en seguridad y defensa si es significativo. En lo que no se equivoca el Ex Director de Ganador es en señalar que desde un primer momento importantes sectores de la sociedad monteriana y cordobesa estuvieron muy de acuerdo con la definición de una alianza económica, política y militar con la naciente fuerza paramilitar, ello en pro de afianzar los poderes locales y regionales de auténtica expresión y estirpe gamonal. Esta unidad terminó refrendada con la aparición de la XI Brigada del Ejército, hecho que se concretó en la primavera de 1987, lo que imprimió una dinámica a la guerra y en donde los sectores populares fueron los más afectados, pues fue contra ellos los que se fue lance en ristre el paramilitarismo, ello y como quiera que Fidel Castaño desde sus primeros días como Rambo en el nordeste antioqueño entendió que, dice, «si no podíamos combatir donde estaban acantonados, si podíamos neutralizarles las personas que les llevaban comida, droga, razones».
Esto fue particularmente cierto en un conjunto importante de masacres que cometieron los paramilitares contra campesinos/as que hacían parte del área de influencia del EPL y/o de cualquier otra de las insurgencias que hacían presencia en la región, hechos por lo que Córdoba saltó a las primeras páginas de la información nacional e internacional entre mediados y finales de los años 80. Entre aquellas horrendas masacres están las cometidas en volador, el Tomate, Pueblo Bujo y otras más. Por entonces ya la Finca las Tangas no sólo se había convertido en un gran anfiteatro, sino que oficiaba como lugar de grandes fiestas y donde llegaban todo tipo de conjuntos musicales y también políticos y militares, según vamos sabiendo. Las masacres y las muertes selectivas eran lo cotidiano en Córdoba y frente a ello el gobernador y las autoridades civiles y militares callaban y con fiera impunidad. Así, militantes de la Unión patriótica, el Frente Popular y del Movimiento Político A-luchar caían uno a uno.
De los campos cientos de desplazados/as llegaban a Montería proveniente de Valencia, Tierra Alta, Montelibano y demás pueblos. El Río Sinú se convirtió así en el vertedero de cuerpos amputados y mientras las autoridades decían estar investigando el origen de las masacres. El Director del DAS en Córdoba durante este particular «baile de la muerte» no fue otro que Emilio Vence Zabaleta, ese personaje a quien Álvaro Uribe Vélez rehabilitó una vez llegó la Presidencia de la República, ello según dijo en una ocasión, por la buena gestión al frente del DAS en Córdoba. Que quede constancia que, Uribe mientras se estaba presentando esto en Córdoba ya era ganadero en la región y era un político con reconocimiento nacional. ¿Dónde estaba el presidente Uribe mientras Fidel y después Carlos Castaño creaban esta máquina de muerte? En relación con Emilio Vence hay que decir que, éste fue retirado hace algún tiempo de la Dirección del DAS en el Atlántico por comprobarle la Fiscalía que éste personaje organizaba falsos positivos al presidente Uribe ¿ sí esto le hizo al presidente, qué hizo o pudo haber hecho en Córdoba a sabiendas que fue durante su administración cuando se fortaleció el paramilitarismo?
Frente a todas estas muertes el paramilitarismo siempre tuvo una justificación y el gremio de ganaderos en cabeza de Rodrigo García estuvo presto, sino para justificarlas, si para reafirmar la vocación de defensa armada de los ganaderos y, por tanto, de los civiles. Al final de los años 80 Fidel Castaño había hecho un inmenso favor a los militares y también a los ganaderos. Ayudó a Doblegar al EPL. Castaño y los suyos y en una gran coordinación con la XI Brigada, la Brigada Móvil, la Policía y el DAS habían logrado asestar un golpe mortal a diversas expresiones del movimiento social. El EPL, en particular, diezmado por los golpes militares y en una coyuntura política y organizativa singular de ruptura interna — pues ya se conocía la caída del socialismo real— y en un marco de negociación entre el M-19 y el Gobierno y con una Asamblea Constituyente en ciernes, El EPL decide pensar en una posible negociación, sin embargo, el Gobierno de Virgilio Barco no ofrecía condiciones para el diálogo, con lo cual la guerra en Córdoba adquirió al final de la década una dimensión asombrosa en belicosidad, un ejemplo fue la toma coordinada de Saiza por parte del XVIII frente de las FARC y del EPL, en donde el Ejército sufre una estruendosa derrota. Después de Saiza (1988) el EPL entra en una merma operativa y sobre 1989 empieza a pensarse en la negociación. Una vez negocia el M-19, en los primeros meses de 1991 lo hace el PRT, el EPL y posteriormente el Quintín Lame y en 1994 la Corriente de Renovación Socialista, disidencia del ELN.
La negociación con el EPL en Córdoba mermó un poco la conflictividad en la región durante un breve tiempo, lo que llevó a Fidel Castaño hacer una dejación de armas y en apariencia proceder a entregar tierras a algunos campesinos. La historia ha terminado mostrando otra cosa, pues hoy los campesinos están peleando por esos títulos que están en poder de familiares de los Castaño Gil, lo que ha ocasionado la muerte de alguno de ellos ante el reclamo de dichas tierras. El vacio de poder dejado por el EPL muy pronto fue cubierto por las FARC, quien entró en una particular disputa con los otrora ex desmovilizados del EPL, pues aquellos señalaban a estos de colaboracionistas con el proyecto paramilitar, lo que dio lugar a una fiera guerra que se trasladó hasta Urabá. En esta guerra un sector disidente del EPL, (denominado Bernardo Franco) y el cual seguía los postulados de Francisco Caraballo empezó su particular lucha en colaboración con las FARC contra los exmilitantes del EPL agrupados en lo que se dieron a llamar como los comandos. Muy pronto éstos se plegaron al Ejército y otros terminaron en la filas de Fidel y Carlos Castaño. Este trasvase de guerrillero del EPL hacia las filas del paramilitarismo fue un hecho muy común y no simplemente en cuanto hace referencia a combatientes, pues importantes cuadros medios e intelectuales de esta organización terminarían haciendo parte o colaborando con el proyecto paramilitar. De hecho Carlos Castaño sobre el particular afirma «nuestro profesor ha sido la guerrilla ¿qué le hemos aprendido? Por ejemplo, todo lo que es combate irregular. ¿sabe quiénes han sido nuestros instructores? Esa cantidad de guerrilleros desertados que están aquí con nosotros.
La antigua Alianza M-19-EPL en defensa del proyecto hacendil en Córdoba.
Pasada la constituyente y producto de la cercanía con miembros del antiguo EPL, en particular con Marco Jara – Rafael Kerguelen, exnegociador del EPL y condenado en su día por apoyo a grupos paramilitares-deciden lanzar a Rodrigo García Caicedo como candidato a la gobernación de Córdoba y ello avalado por el antiguo proyecto de Alianza Democrática M-19 y el Partido Conservador. Está claro que con esta idea se quiso enviar un mensaje de reconciliación y paz, pero, a la vista del tiempo, sin duda, de haber resultado electo Rodrigo García hubiese sido el primer antecedente de la para-política en Córdoba, pues de suyo era y es conocido la cercanía de este personaje con el paramilitarismo. Hay quienes señalaron en su momento que las elecciones que perdió García Caicedo con Jorge Manzur estuvieron denunciadas por fraude y hubo el reconteo de rigor. Desde una moralidad con tufo de laureanismo, García Caicedo no le tembló el pulso para denunciar los hechos. Por aquella ocasión había que ver a los antiguos miembros del otrora EPL luchar por la gobernación y defender a su aclamado líder, quien fungía de padre putativo de los Castaño Gil. No obstante el control desplegado por los paramilitares en Córdoba y la consolidación de la Brigada XI, las FARC en 1996 atentan contra la vida de García Caicedo en pleno centro de Montería, lo que provoca la muerte de varias personas. El fallido atentado contra el entonces gerente del Ganacor provoca una respuesta sin contemplaciones por parte de los paramilitares, lo que se salda con innumerables asesinatos en la ciudad y el departamento.
Durante el Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), éste decide entrar en un proceso de negociación con las FARC. La zona del despeje irrita al paramilitarismo y crea inquietud en diferentes gremios de la producción. La negociación bajo la modalidad del cese al fuego hace que las FARC actúen en distintas zonas, mientras se mantiene intocable o se respeta la zona despejada para los diálogos. Por en esta misma época el ELN empezó a demandar del gobierno de Pastrana el despeje de una zona del sur de Bolívar con el objeto de iniciar los diálogos. Carlos Castaño en su particular lucha por disputar este territorio desata un movimiento cívico por el no al Despeje, lo que lo complementa con sangrientas incursiones militares. Es durante este periodo en que Carlos Castaño ordena el secuestro de un conjunto importante de congresistas, ello con el objeto de sabotear los procesos de paz con el ELN y en segunda instancia abrir la posibilidad de que el gobierno concediera a los paramilitares un espacio para el diálogo y los admitiera como un interlocutor político.
Andrés Pastrana consciente que el proceso con las FARC podían resquebrajarse si los paramilitares persistían en su política de torpedeamiento, autoriza en 1999 a que Rodrigo García junto a Gabriel García Márquez hicieran un trabajo exploratorio frente a las posibilidades un diálogo a futuro. Se realizan varios encuentros, uno de ellos por cierto en España y en donde participan Felipe González, Rodrigo García Caicedo, Jaime García Exbrayat – hijo de Rodrigo García, exdirector de la Corporación de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS), Exfirmante del Pacto de Ralito— y Hernán Gómez Hernández- La pregunta frente a este hecho es ¿qué podía hacer el padre y hermano putativo de Carlos Castaño junto a su principal asesor hablando con Felipe González acerca de una posibles conversaciones con los paramilitares, si en algunos círculos se entendía que éstos en ningún caso podrían actuar como mediadores o facilitadores, pues eran muy de la órbita del paramilitarismo? En otros encuentros participan el representante Ordosgoitia, un tal Mario H y Abel Matute, miembro del gobierno español. Finalmente, estas conversaciones terminaron por diluirse.
Las Farc antes estos movimientos empezaron a demandar del gobierno de Andrés Pastrana resultados contundentes contra los paramilitares, hecho que se concretarían hacia el año 2001 cuando en el mes de mayo se produce en Montería y otros sitios del departamento allanamientos de residencias y negocios. Entre las residencias allanadas se encontraría la de Rodrigo García y la de Hernán Gómez Hernández. En el propiciamiento de estos allanamientos también jugó un papel importante las denuncias que significativos medios periodísticos de los EEUU hicieron, quienes por entonces registraron en profundidad la gran embestida paramilitar contra la población civil en Colombia. Roto los diálogos de Paz con las FARC, el país entra en una nueva fase de violencia. Andrés Pastrana se retira sin logar la paz pero si con un nuevo Plan de profundización de la Guerra, pues su gobierno puso las bases del denominado Plan Colombia. Desde el final del gobierno de Pastrana Carlos Castaño empezó a anunciar que los paramilitares se deslindarían del negocio de las drogas y que estaban interesados en entrar en una fase de interlocución con el Estado.
Uribe: Nuestro candidato.
En esta fase Álvaro Uribe aparece en la arena política hacia la presidencia y la propuesta de seguridad y defensa que éste plantea hace que el grueso del movimiento paramilitar empiece a tomarse en serio unos diálogos entre éstos y un posible gobierno suyo. Mancuso llegua a decir que Uribe sería su candidato. Las elecciones estaban a la vista y estaba claro que los paramilitares empezaron a articular una propuesta que les permitiera copar espacios en distintas expresiones del poder local y nacional. De hecho ya tenían permeada la Fiscalía, las alcaldías, las gobernaciones, el ejército, la policía y se preparaban para asaltar el Congreso. En este marco de control del legislativo y otras expresiones del poder institucional es que hay que entender, sin duda, El Pacto Político entre distintos Congresistas y otros políticos y funcionarios de Córdoba, y la cúpula del paramilitarismo. En ese pacto, 32 firmantes y entre quienes están Juan Manuel López, Rodrigo Burgos, Reginaldo Montes, Fredy Sánchez, Jesús María López, Salvador Arana -Sucre, exdiplomático en Chile nombrado Por Uribe–, Sigifredo Senior, Alvaro Cabrales, Eleonora Pineda, José de los Santos Negretes y Jaime Garcia Exbrayat (hasta el 2006 Director de la CVS), firmaron una declaración de Principio en donde se propusieron Construir una Nueva Colombia. Quizá otra más violenta y más sangrienta. La existencia de este pacto se supo después de una pelea que tuvieron los Congresistas Miguel Alfonso de la Espriella y Juan Manuel López por cuestiones burocráticas delante del Presidente Uribe en enero del 2006 en Montería y en donde se acusaron mutuamente de deberle favores a los paramilitares.
¿Quien llora la detención de Rodrigo García Caicedo?
Después de todo, nuevas investigaciones en otras partes del país han demostrado que una gran parte del Congreso elegido para el periodo legislativo 2002-2006 había sido impuesto por el paramilitarismo y que gracias a este la ley de Paz y Justicia había podido sacar una ley a imagen y semejanza de sus necesidades. Hoy son más de 70 los congresistas investigados y ya han sido más de treinta los que han estado tras la reja, pero, al decir verdad, muchos son los que han podido salir de la prisión, con lo cual el proceso de la para-política está en fase de terminar como terminó el proceso 8000. Es de recordar que la dirigencia política de Córdoba en su gran mayoría está investigada por el escándalo de corrupción y crimen más grande que se ha dado en la historia del Departamento y de Colombia. Como en el proceso 8000 son varios los congresistas de Córdoba investigados y condenados, razón por la cual no es admisible que el Director del Meridiano de Córdoba – también involucrado en todo este ballet del crimen– y el abogado Abelardo de la Espriella traten de señalar que todo esto es una malquerencia de la gente del interior contra la gente del Caribe. Si Rodrigo García Caicedo está investigado por paramilitarismo es porque como él dice en su entrevista, «el 90% de los ganaderos apoyaba al paramilitarismo». El es ganadero, luego entonces parece entender que bien merecido lo tiene. La pregunta es, quien ha sentido la detención del señor García Caicedo — aunque no se ha llegado a consumar, pues cayó enfermo— como un balde de agua fría como dice el Meridiano de Córdoba, de seguro que los familiares de los desaparecidos, asesinados o mutilados no, pero sí, en cambio, los ganaderos y demás gremios que tanto le deben….. ¿Por qué les extraña a las élites de córdoba esta detención si debería estar tras la reja desde hace por lo menos más de una década? En cualquier caso, sin duda, volverá a casa, pues tiene 82 años y también mucho contar……
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en particular por el Fiscal de Derechos Humanos Fabio Severiche, Esta es la segunda ocasión que el expresidente
a cabo a instancias del Fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía de Cartagena, y en particular de los como sabemos uno de los principales defensores de
principal en Montería por miembros del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial (CTI) en la ciudad de Montería Rodrigo García Caicedo
Sacan a fiscal de Derechos Humanos, Fabio Severiche, salpicado por grabación de ex ‘para’
En una cinta, un convicto ofrece frenar procesos que maneja el fiscal, a cambio de plata y dice que este le ‘arregló’ el caso a Mara Bechara, ex suegra del ex comandante ‘para’ ‘Gordolindo’.
Mara Bechara también estaba siendo indagada por sus presuntos nexos con las Auc.
No obstante, su caso fue precluido recientemente por Severiche, fiscal 84 de Derechos Humanos de Cartagena, ciudad a la que trasladaron los procesos en los que ‘El Mello’ es testigo: «No había mérito para llamarla a indagatoria», dice el fiscal quien en diciembre ordenó la captura de Claudio Sánchez, rector de la Universidad de Córdoba por sus nexos con las Auc.
Pero en las cintas en las que habla ‘El Mello’ la versión es otra. Allí se asegura que Severiche recibió dinero para arreglar el caso Bechara.
‘El Mello’ dice que el fiscal no le dio plata por ese caso, pero sí la oportunidad de elegir a uno de los procesados para que hiciera lo mismo.
«Me dijo, búscate una persona de estas y cuadra. Haz el contacto, te autorizo (…) Me dijo, ‘voy p’a Bogotá, necesito autorización porque voy a capturar a esta gente'».
En las grabaciones, el hombre también dice que aunque no ha podido ingresar a Justicia y Paz, desmovilizados se están encargando de decirle a la Fiscalía que él es quien sabe lo que sucedió entre la dirigencia de Montería y las Auc.
‘El Mello’
Con solo 29 años y segundo de primaria, Walter José Mejía López, alias ‘El Mello’, montó en su celda de la cárcel de Barranquilla su propia oficina de cobro de extorsiones.
Desde mediados de diciembre último y a través de un celular y de una mujer, empezó a seleccionar a sus ‘víctimas’ de un largo listado de miembros de la dirigencia de Córdoba que él mismo ha venido acusando de nexos con ‘paras’ y de homicidios, convirtiéndose en un testigo ‘estrella’ de la Fiscalía, que incluso lo tiene como candidato al programa de Protección de Testigos por su alta credibilidad dentro de este sensible expediente.
Entre los señalados por ‘El Mello’ -supuesta mano derecha de ‘Jagüi», un comandante ‘para’ de Montería- figura la ex directora del CTI de ese departamento Rosalba Negrete; el empresario Carlos Ochoa; el ex rector de la Universidad de Córdoba Víctor Hugo Hernández; la ex candidata a la Gobernación del departamento Mara Bechara; y el ex director de la CVS Jaime García, condenado por firmar el Acuerdo de Ralito.
Y aunque algunos ya habian sido implicados en otros expedientes e incluso en las versiones del ex ‘para’ Salvatore Mancuso, hoy están presos o encartados debido al testimonio de ‘El Mello’.
A Negrete y a Hernández, por ejemplo -a quien Mancuso admite haber contactado en busca de favores para las Auc-, este hombre los acusa de participar en el asesinato de Hugo Iguarán, candidato a la rectoría de la Universidad de Córdoba, por años bajo el dominio paramilitar.
¿Amenazas o coartada?
La mujer que habla en las grabaciones le confirmó a EL TIEMPO que esa es su voz, que su interlocutor es ‘El Mello’ y que está dispuesta a testificar ante la Fiscalía. Pero pidió la reserva de su nombre.
Y agregó que ‘El Mello’ le dijo que si se llegaba a saber lo que estaba pasando, iba a decir que, por miedo, había recibido plata de los sindicados.
Coincidencialmente, Severiche -que no conoce el contenido de las cintas- dijo que creía que a ‘El Mello’ lo están amenazando con desaparecer a su familia: «En la última diligencia dijo que gente de Montería lo estaba amenazando».
Insubsistente
¿Alguien intenta desprestigiar a Severiche y frenar sus pesquisas? ¿En cuáles procesos ‘El Mello’ dijo la verdad y en cuáles mintió? ¿Hay una red de testigos para incriminar a inocentes o salvar a culpables a cambio de sobornos?
El viernes, EL TIEMPO consultó el caso con la Fiscalía quien informó que Severiche acababa de ser declarado insubsistente y que se había ordenado una investigación.
Pero antes de irse, dejó firmadas tres órdenes de captura, una de ellas contra el amigo de Carlos Castaño y ex líder de los ganaderos de Córdona, Rodrigo García. Su detención no se pudo hacer efectiva el viernes porque está hospitalizado. La medida, que también afecta a Hiran Herazo y Freddy García, fue emitida para escucharlos en indagatoria
Aún no se sabe quién asumirá estos procesos.
‘Voy a salir avante’: Fabio Severiche
Fabio Severiche lleva 18 años en la rama judicial. Oriundo de Planeta Rica (Córdoba), ha sido juez y fiscal.
EL TIEMPO: ‘El Mello’ dice en una cinta que ud. arregló el caso de Mara Bechara y lo autorizó para que él hiciera lo mismo con otro sindicado…
Fabio Severiche: Lo que está diciendo ese señor es falso. Me sorprende. Lo conozco porque recibí su proceso en junio del 2007. Lo de Mara Bechara es falso y eso tiene que demostrarlo. Bechara salió porque no había méritos para llamarla a una indagatoria y vincularla.
¿Cuál ha sido su relación con ‘El Mello’?
Como fiscal y procesado. Creo que lo están amenazando y sobornando, con desaparecer a su familia y a él.
En la última diligencia que tuve con él dijo que la gente de Montería lo estaba amenazando, incluso pidió traslado para la cárcel de Valledupar. Lo único que hemos hecho es protegerlo.
¿Qué tan creíble es?
Es un testigo muy importante y sabe mucho. Las declaraciones que ha rendido han servido para vincular a muchas personas. Él sabe mucho de las Auc y de personalidades de Montería relacionadas con ese grupo, era el brazo derecho de un comandante en Montería y se ha corroborado lo que ha dicho con otros testigos y otras pruebas.
¿A qué atribuye estos señalamientos en su contra?
Me quieren acabar porque estoy resolviendo homicidios y estas situaciones que nunca se habían resuelto en Montería. Pero voy a salir avante. Que me investiguen.
Las grabaciones
Walter Mejía, ‘El Mello’: «(…) él (el fiscal) y yo llegamos a un acuerdo. Él me dijo, tienes que aprovechar las circunstancias, yo necesito que saques en limpio a Mara Bechara (…) Ella quedó por fuera, le pagó al fiscal una plata, millones por eso (…) Es un montaje que hicieron, con conocimiento mío y todo, p’a desvirtuar el testimonio que ya estaba dicho.».
La supuesta abogada: «¿De cuál fiscal estamos hablando?
W.M.: «De derechos humanos, 84, doctor Fabio Severiche, de Cartagena. Los procesos los pasaron para Cartagena, porque allá están manipulando».
S. A.: «¿De cuánta plata estamos hablando por persona para sacarlos del proceso?
W.M.: «De 15 en adelante».
S.A.: «¿Usted tiene el don de que el fiscal saque del proceso a la persona si hay arreglo económico, usted se encarga de eso?».
W.M.: «Yo tengo la herramienta, eso está hablado».