Desde la dictadura de Pinochet que los chilenos no tenían oportunidad de soportar un gobierno tan torpe, miope y desprolijo. Mientras las imágenes de televisión mostraban al mundo escenas pocas veces vistas de descontrolada brutalidad policial, la Intendenta Metropolitana, impertérrita, responsabilizaba a los convocantes. Piñera, con provocaciones deliberadas, torpedeó la mesa de diálogo que el […]
Desde la dictadura de Pinochet que los chilenos no tenían oportunidad de soportar un gobierno tan torpe, miope y desprolijo. Mientras las imágenes de televisión mostraban al mundo escenas pocas veces vistas de descontrolada brutalidad policial, la Intendenta Metropolitana, impertérrita, responsabilizaba a los convocantes. Piñera, con provocaciones deliberadas, torpedeó la mesa de diálogo que el mismo convocó, pero su Ministro de Educación acusó a los estudiantes de haberla quebrado. Esa forma de gobernar explica por qué es el Presidente peor evaluado de América Latina, y que su popularidad haya caído de 60 a 30% en menos de año y medio. Pero más allá de lo que sugieren las apariencias, el comportamiento del Gobierno obedece a una lógica subyacente, de la que no puede escapar.
Si bien en el plano estratégico nadie puede probar que el gobierno se haya apartado un milímetro de la concepción neoliberal, la conducción táctica para enfrentar al movimiento estudiantil ha sido confusa y vacilante.
De esa guisa, se han sucedido anuncios para zanjar el conflicto, que a su turno han sido sustituidos por nuevos anuncios, tales como la llamada Agenda 9+1, la proclamación de que 2011 sería «el año de la educación superior»; las modestas medidas contenidas en el mensaje del 21 de mayo; las primeras ocho propuestas, el Acuerdo GANE y el fondo FE, proclamados en el tiempo de Lavín, las 21 medidas de Bulnes, que duraron menos de una semana, los cuatro ejes que reemplazaron a las anteriores, los Ilamados «puntos de acuerdo» del pasado 24 septiembre y el acotado incremento del gasto público en educación anunciado en la Ley de Presupuesto 2012, para desembocar en el llamado a una mesa de diálogo.
En el período de más de 150 días que ya dura el conflicto, las autoridades han alternado sin transición entre el garrote y la zanahoria; se han movido entre la adulación -como Piñera en la ONU- y la represión, como el 14 de julio y el 6 de octubre; tanto han ofrecido negociar como recurrido a la amenaza; han pasado de la euforia a la furia, de la concesión al insulto y de la postración a la agresividad, sin comprender la demanda del movimiento estudiantil, ni el campo de interacciones en que se desenvuelve el conflicto, ni los recursos disponibles para cada uno de los actores del mismo, simplemente porque no están condicionadas a responder estímulos e incitaciones que se aparten de su estrecha visión de mundo.
La propia convocatoria a la mesa de diálogo se inscribe en esta secuencia de contradicciones. Es muy posible, y de hecho hay versiones que así lo afirman, que haya respondido a uno de esos conocidos arrestos personales de Piñera, en la creencia de que su vocación de «winner» y la audacia que mostró en el mundo de los negocios, son atributos suficientes para inclinar la balanza a su favor, cualquiera sea el escenario, en toda circunstancia. Sin embargo, la experiencia acumulada en algo más de año y medio de gobierno, todavía no le enseñado que en la política, como en el judo, los desaciertos propios propias invariablemente aumentan las posibilidades del oponente.
Es muy posible, y de hecho también hay versiones creíbles que así lo afirman, que asesores más lúcidos y políticos más conservadores lograron hacerlo comprender que un escenario de negociación directa como la mesa de diálogo, ofrece poco que ganar, acaso un par de titulares y unos cuantos puntos de rating, contra pérdidas potencialmente decisivas, tanto más graves cuanto que la demanda estudiantil, la gratuidad de la educación, apunta a uno de los soportes estratégicos de la concepción neoliberal, como es el subsidio a la demanda.
Los hechos se desarrollaron en conformidad con esa hipótesis.
El sábado 1 de octubre, ante el Consejo Nacional de la UDI, Piñera descartó de plano la gratuidad de la educación, a sabiendas de que ese era el tema principal de la segunda reunión de la mesa de diálogo, a la que el mismo había convocado. Si eso no es descartarla a priori, difícil imaginar qué lo sería.
El lunes 3, después de haberlo anunciado el domingo a través, cuando no, del diario El Mercurio, el Gobierno no sólo no se abstuvo de enviar proyectos de ley mientras durara el diálogo, como pedían los estudiantes, sino que despachó a trámite parlamentario un proyecto de ley, que a pretexto de resguardar el orden público, elevó sustantivamente las penas a conductas habituales en manifestaciones de protesta social, con el agravante de que deja librada la calificación de esas conductas a una institución policial ampliamente desacreditada por su historial represivo. Si eso no es un portazo al diálogo, difícil colegir qué lo puede ser.
Incluso, es perfectamente posible inferir que las provocaciones del Gobierno, incluida la prohibición oblicua de la marcha, apuntaban deliberadamente un escenario de aguda confrontación como el que se produjo la mañana del jueves 6, para meterle de contrabando, a una ciudadanía traumatizada, la idea de la necesidad de un arsenal represivo de mucho mayor tonelaje, por cierto en nombre del orden público, el derecho de la mayoría y la seguridad ciudadana, tópicos de primera y última hora del discurso neoliberal.
Sólo así se explica el desorbitado lenguaje utilizado por la Intendenta Metropolitana, Cecilia Pérez, quién sólo vio «delincuentes encapuchados sembrando temor en la población, y liderazgos irresponsables haciendo llamados por sobre la ley», y el nuevo sambenito repetido en todos los niveles del gobierno y los medios de comunicación, en el sentido de que el movimiento estudiantil está siendo cooptado «por los sectores más extremos».
Si esa es la estrategia, su éxito no está garantizado. En primer lugar, porque pese a que ya van 38 manifestaciones de parecida naturaleza en cinco meses de conflicto, en cada una de las cuales el objetivo mediático ha apuntado a criminalizar la movilización estudiantil por la vía de concentrar la cobertura en los disturbios y actos de violencia que inevitablemente se instalan en la periferia de eclosiones sociales de semejante envergadura, el movimiento estudiantil dispone de un sólido y extendido respaldo ciudadano, como mostró la encuesta Adimark de septiembre, donde el 79% de la muestra dijo estar de acuerdo con las manifestaciones de los estudiantes, tres puntos más que en la evaluación de agosto.
Pero, en lo principal, porque los estudiantes, contestes de ese apoyo, no se han dejado amedrentar ni evidencian señales de flaqueza, más allá del natural desgaste por un conflicto tan prolongado. Antes bien, en virtud de una paradoja dialéctica, las torpes provocaciones del Gobierno parecen darle nuevo impulso que posterga la fase de declinación propia e inherente de todo movimiento social. Además, los estudiantes saben que desmovilizarse a esta altura, es el camino más seguro a la derrota. De hecho, en los mismos instantes en que la Intendenta tronaba contra ellos, y los amenazaba con querellas criminales, la CONFECh convocaba a un nuevo Paro Nacional para el día 19 de octubre.
Cabe presumir que la densidad informativa de la jornada de movilización del 6 de octubre, que desafió y superó por amplio margen la prohibición del Gobierno, puede redundar en una amplia participación ciudadana en el Plebiscito Nacional por la Educación, programada para los días 7 y 8 de octubre. Por lo pronto, el portal Voto Ciudadano, donde se podía sufragar en línea desde el jueves 6 a mediodía, estaba colapsado.
En la reunión misma, según se ha podido reconstruir por los mensajes de twitter emitidos por los protagonistas, más que un diálogo, lo que hubo fue un monólogo del Ministro Bulnes, quién, esta vez con el apoyo de una presentación power point, repitió por enésima vez la oferta del gobierno, consistente en becas para el 40% de alumnos de menores recursos, sin siquiera escuchar la propuesta que llevaban los estudiantes, también respaldada en forma documental. Si eso no es atropellar los mínimos protocolos que exige un diálogo para ser calificado de tal, difícil interpretar qué puede serlo.
Sin embargo, sin que se le moviera un músculo, en un rostro de suyo pétreo, responsabilizó al movimiento estudiantil por el quiebre en la mesa de diálogo. Peor aún, lo hizo sobre la base de mentiras y consignas vacías de contenido.
Reiteró que el Gobierno no va a conceder la gratuidad que plantean los estudiantes, porque eso significaría que los impuestos de los pobres financiarían la educación de los más ricos.
Primero, eso es un sofisma neoliberal carente de contenido, y peor aún, una mentira flagrante. En lo que se refiere a educación básica y media, la afirmación de Bulnes desconoce y soslaya la educación particular pagada, esa que cobra aranceles en torno a los 200 mil pesos, y que ofrece una calidad comparable a los estándares del primer mundo. Bulnes ignora, o más bien simula ignorar, que ese segmento de estudiantes participa en alrededor del 8% del total de la matrícula primaria y secundaria. Bulnes omite que en ninguna parte de la demanda del movimiento estudiantil está planteada la gratuidad para ese segmento de población.
Respecto a la educación superior, ese tópico es aún más mentiroso, porque en el esquema actual, simplemente pagan todos, especialmente los pobres a través del endeudamiento, en el contexto de un millonario gasto publicitario de los planteles universitarios que compiten por atraer «clientes», y de los cantos de sirena de una banca insaciable, que ha encontrado en el «mercado» estudiantil un nuevo nicho de negocios.
En segundo lugar, es falso que los estudiantes pretendan que los impuestos de los pobres financien la educación de los ricos. Si Piñera y Bulnes se detuvieran tan siquiera un segundo en escuchar los argumentos de la contraparte, se darían cuenta que lo que piden es ¡exactamente lo contrario!: que los impuestos de los más ricos, partiendo por las empresas transnacionales que explotan nuestros recursos naturales, financien un sistema público de educación para los que no puedan pagarla.
Los estudiantes no han planteado ningún tipo de segmentación, pero si eso es lo que le preocupa a Piñera, Bulnes y Cía, técnicamente no hay ninguna dificultad para darles en el gusto. Bastaría que en el nuevo sistema, cada universidad, al momento del proceso de matrícula, exija acreditación de renta familiar, y el que esté por encima de determinado monto, pues que pague el arancel.
Pero ese no es el problema, como tampoco lo es el temor de que los impuestos de los pobre financien la educación de los ricos. Esas son sólo declaraciones para la galería. El problema de fondo, como lo saben perfectamente Piñera, Bulnes y los neoliberales de todos los pelajes, es el subsidio a la demanda, los famosos «vouchers», y la eventualidad del retorno al subsidio a la oferta, vale decir, un sistema de educación pública gratuita e igualitaria, gestionada y garantizada por el Estado, y financiada con tributación progresiva.
Eso es lo que no pueden aceptar los neoliberales.
No sólo porque se terminaría el pseudo o cuasi mercado de la educación, en virtud del cual se han transferido siderales recursos públicos a sostenedores privados, sino porque, doctrinariamente, se derrumbarían las bases de sustentación del modelo neoliberal, con efecto de demostración e irradiación a todos los sectores de la actividad económica donde hoy predomina sin contrapeso.
Si aparentemente contra toda lógica, el Gobierno no sólo se aferra a una posición de notorio aislamiento, sino que ya ni siquiera se cuida de guardar las apariencias con un simulacro de negociación, es porque sabe que lo que está en juego con la coyuntura abierta por el movimiento estudiantil, es la supervivencia misma del neoliberalismo estratégico.
Es posible, e incluso probable, que el movimiento estudiantil no sea capaz, por sí mismo, de acabar con la educación de mercado, al menos en esta vuelta, porque eso implicaría el principio del fin del modelo neoliberal, y por tanto su derrota política. Pero que haya corrido la empalizada hasta esa frontera, es una proeza que la inmediatez tal vez impide aquilatar en su justa dimensión.
Por lo demás, no se afirma la imposibilidad de ese desenlace. Sólo que para eso es necesario que otros actores se suban al tablado y que fuerzas de refresco asuman el relevo. Pero no hay mucho tiempo. La historia muestra con regularidad que las oportunidades perdidas, después son extremadamente difíciles de remontar.