El «informe» con el paradero de 590 desaparecidos, entregado por el ex director de la DINA, está plagado de antecedentes trucados y falsos, algunos de ellos grotescos. Se lanzó contra la «barbarie judicial» y acusó a los jueces de actuar por «venganza». Pero los hechos que presentó no resisten análisis. A continuación, una revisión de […]
El «informe» con el paradero de 590 desaparecidos, entregado por el ex director de la DINA, está plagado de antecedentes trucados y falsos, algunos de ellos grotescos. Se lanzó contra la «barbarie judicial» y acusó a los jueces de actuar por «venganza». Pero los hechos que presentó no resisten análisis. A continuación, una revisión de «las verdades» del general en retiro.
El ‘Mamo’ Contreras es el único que tiene la razón. Todo el resto, en Chile y el mundo, son mentirosos y farsantes, incluidos jueces y ministros de las cortes. Esa es la principal conclusión a la que se puede llegar si se estudia en detalle el último «informe» del ex jefe de la DINA.
Esto, si se le creyera…, lo que es imposible. Porque nada ha cambiado en Contreras, y nada nuevo entregó. Salvo causar otro profundo dolor y angustia a los familiares de sus víctimas, aportando una lista de 590 nombres llena de situaciones trucadas y alteradas, con errores evidentes y escandalosos, como se demuestra en este artículo. Además, en esa lista repite varios de los nombres que aparecieron en enero de 2001 en el Informe de las Fuerzas Armadas sobre el destino final de 180 detenidos desaparecidos, 151 de los cuales figuraron lanzados al mar.
Para Contreras, abogados querellantes, familiares de las víctimas, organismos internacionales, jueces y ministros siguen siendo unos embusteros, y él es el único que dice la verdad. En su texto «introductorio» negó la tortura, negó las desapariciones, dijo que los que combaten a los «terroristas marxistas» no violan los derechos humanos, sostuvo que los jueces actúan «por venganza» y son «prevaricadores que abiertamente no aplican la ley y no investigan».
De paso, dijo a los jueces que para dictar sus resoluciones «se basan en dichos de testigos falsos, comprados y presionados», y en declaraciones de «los aportes indignos y falsos de individuos inmorales que pertenecieron a las FF.AA., que pretenden imputar delitos a los integrantes de la DINA». Para Contreras, todos los ex DINA son inocentes.
Lo único más novedoso, y ni tanto porque ya lo ha dicho reiteradamente en varias declaraciones procesales, es que responsabiliza a Pinochet de un «permanente ominoso silencio (…) para salir en defensa de esta institución (DINA) y sus integrantes, que dependíamos directamente de dicha autoridad».
El ‘Mamo’ asumió la responsabilidad de los ex DINA «por todos los largos aciagos períodos que han debido soportar, tanto ellos como sus distinguidas familias, solicitando en consecuencia mis más profundas excusas por el daño involuntariamente causado, que pudo evitarse si mi superior jerárquico (Pinochet) hubiese tenido el coraje necesario para asumir la responsabilidad que le correspondía».
También tachó de mentiroso al comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, al decir en la «introducción» de su lista que «este informe lo comencé a elaborar poco después del Informe Rettig (1991) y a continuación de la Mesa de Diálogo, oportunidad en la cual no me fue consultado antecedente alguno, pese a mi total predisposición para cooperar en dicha instancia». Si bien Cheyre no era comandante en jefe en el año 2001, cuando las FF.AA. entregaron su informe post Mesa de Diálogo, después que asumió el mando insistió repetidas veces en que, respecto del informe con los referidos 180 nombres de 2001 (los otros 20 eran casos innominados), la ex DINA nunca quiso aportar antecedentes sobre sus víctimas cuando se le consultó.
Lo que busca
¿Adónde va Contreras con toda esta historia? A tratar de impresionar a los jueces y ministros, una vez más, buscando convencerlos de que todos quienes fueron sus subalternos en la DINA son «inocentes» y no hicieron más que «obedecer órdenes», por lo que han sido sometidos «a la barbarie judicial y publicitaria», como afirma en su «informe».
Con ello intenta que, mediante recursos de revisión y otras leguleyadas, como ha pretendido antes, los jueces caigan en la maraña y acumulen todas las causas atribuibles a la DINA en un solo gran proceso, para que la culpa penal recaiga sólo en él y un pequeño puñado de lo que fue su plana mayor, entre ellos los Krassnoff, Moren Brito, Espinoza, además del ‘Guatón’ Romo y el ‘Troglo’ Zapata, los más «salidores».
Sin un pelo de tonto, el ex jefe de la DINA advierte que tiene hoy un «mejor camino» para recorrer, cuando la Corte Suprema, con una mano, revocó el plazo de seis meses que había impuesto para cerrar las investigaciones de los procesos, y, con la otra, designó para hacerse cargo de importantes procesos a nuevos ministros ideológicamente pinochetistas, según se puede apreciar si se analiza su performance en la Corte de Apelaciones de Santiago.
A ellos la Corte Suprema les entregó las causas que quitó a otros jueces de dedicación exclusiva (o las del juez Juan Guzmán, que se acogió a retiro), quienes se caracterizaron por hacer su trabajo con dedicación, investigando a fondo y rechazando beneficiar a los ex agentes con la amnistía o cualquier otro beneficio invocado por sus defensas jurídicas.
Ante todo esto, los abogados querellantes y las agrupaciones de derechos humanos saben hoy que están pronto a enfrentar una nueva gran batalla en tribunales: luchar contra la regresión que se espera ante los avances que se había logrado en la aplicación de la justicia y la búsqueda de la verdad.
Los querellantes
Los abogados querellantes, que tienen en las cuerdas a los ex agentes y al propio Contreras, se manifestaron escépticos y «curados de espanto» ante sus arremetidas comunicacionales.
En la Corporación de Asistencia Judicial, Hugo Gutiérrez y Nelson Caucoto analizaron el documento. Con lápiz en mano revisaron cada uno de los 590 nombres y expresaron sorpresa y risas respecto de datos que no coinciden con la realidad procesal que ellos conocen hace tantos años.
Lo mismo hicieron los abogados de la Fundación de Ayuda Social de Iglesias Cristianas (Fasic), quienes estudiaron durante horas los antecedentes, encabezados por Héctor Salazar.
Este último fue categórico: «Es un documento que no tiene ningún valor, no aporta absolutamente nada. No entiendo el sentido de lo que ha hecho».
«No quiero caer en la trampa. Si le damos validez a una parte, también tendremos que considerar válidas otras partes. No creo que valga la pena ni siquiera detenerse en este documento», advirtió.
Según Salazar, todos los datos que Contreras entrega son conocidos porque los ha puesto de manifiesto antes en distintas declaraciones judiciales, un libro que escribió y en manifestaciones a la prensa. De todas maneras, sostiene que igual sintió algo de decepción «porque pensé que alguna vez Contreras podría colaborar, atendiendo a la apremiante situación judicial en que se encuentra».
Nelson Caucoto plantea que Contreras podría estar cayendo en un «estado de demencia», ya que «siempre he pensado que vive en un mundo distinto al de la realidad. Él entró en un terreno que es más apropiado para los siquiatras».
Hugo Gutiérrez descarta que este sea un intento de Contreras para causar algún efecto en los más de 137 procesos que enfrenta. Dijo que el ‘Mamo’ «no nos dice hoy nada nuevo cuando afirma que hay un responsable último de todos los ilícitos cometidos durante la dictadura militar, que es Pinochet».
«Lo que pretende Contreras es decir que ‘si a mí me juzgan, también tienen que juzgar a quien me mandó’, que es Pinochet», sostiene Gutiérrez, aunque agrega que eso a Contreras «lo termina haciendo más responsable por los crímenes, por cuanto él tenía una alta posición en la jerarquía».
Lo concreto
Analicemos la lista de Contreras. De partida, afirma que de los 590 nombres que entregó, las víctimas de la DINA fueron sólo 80 personas. Y sostiene que todas ellas «murieron en combate». O sea, contradice las verdades que están acreditadas en decenas de procesos, algunos de los cuales ya se encuentranlistos para sentencia: que la inmensa mayoría de las víctimas fueron detenidas sin resistencia en la calle o sus domicilios, muchas veces con presencia de testigos.
Al Ejército le atribuye casos en que la responsabilidad de la DINA es obvia: entre ellos, los de Alfonso Chanfreau Oyarce, Jacqueline Droully Yurich, María Isabel Joui Petersen, Juan Molina Mogollones, Rodrigo Ugas Morales y Alan Bruce Catalán. Todos ellos permanecieron detenidos en recintos propios de la DINA, como Londres 38 y Villa Grimaldi. El caso de Bruce es significativo, porque era sobrino de Moren Brito, quien, según ex prisioneros que sobrevivieron, lo mató a cadenazos en Grimaldi.
Al «Servicio de Inteligencia Naval» lo culpó del caso de los ocho miristas de 1975 detenidos por la DINA en Valparaíso y llevados al Regimiento Maipo en el cerro Playa Ancha; ellos son: Abel Vilches, Alfredo García, Carlos Rioseco, Elías Villar, Fabián Ibarra, María Gutiérrez, Sonia Ríos y Horacio Carabantes. Hay testigos vivos que fueron careados con estos desaparecidos en Valparaíso, diligencias hechas por el jefe de la Brigada Vampiro de la DINA, teniente y luego capitán Fernando Lauriani Maturana, alias «el teniente Pablito». Éste viajó con sus hombres desde Santiago a practicar las detenciones.
Según Contreras, todos ellos fueron puestos en libertad desde el Regimiento Maipo, y vueltos a detener por la Armada y llevados al cuartel Silva Palma en Playa Ancha, desde donde desaparecieron y fueron arrojados al mar «frente a Valparaíso».
Contra la FACH
Contreras le atribuyó a la Fuerza Aérea 22 de los 119 desaparecidos en la Operación Colombo, por la que se quiso hacer creer que 119 chilenos, casi todos del MIR que desaparecieron desde centros clandestinos de la DINA en Santiago, se habían asesinado entre ellos en Argentina, ajusticiándose por supuestos ajustes de cuentas políticas. En todos estos casos, los respectivos procesos acreditan que estas personas fueron arrestadas por grupos operativos de la DINA y conducidas a sus prisiones clandestinas, desde donde desaparecieron.
Entre los cargos a la FACH figuran Muriel Dockendorf Navarrete, María Angélica Andreoli Bravo, Carlos Salcedo Morales, Francisco Aedo Carrasco, Carmen Bueno Cifuentes, los hermanos Mario y Nilda Peña Solari y Jorge Ortiz Moraga. Todos ellos permanecieron detenidos en Villa Grimaldi, Tres Álamos o el cuartel de Irán con Los Plátanos en Ñuñoa. Pero de este «lapsus» del ‘Mamo’, el caso que más confirma la falsedad de sus dichos es el de los hermanos Jorge y Juan Andrónico Antequera. Porque está comprobado en el proceso respectivo que fueron detenidos por agentes de la DINA bajo las órdenes del ya mencionado «teniente Pablito», quien se quedó varios días con el ‘Guatón’ Romo en el domicilio de calle Paraguay, en La Granja, esperando detener más gente en una «ratonera». La evidencia más clara es que la hermana de los jóvenes desaparecidos, Arety, al planchar una camisa que le ordenó Lauriani, encontró su tifa en el bolsillo con su nombre real.
A Carabineros, Contreras le imputó el arresto y desaparición de otro de los 119 de la Operación Colombo: Juan Carlos Perelman Ide. En la investigación procesal está acreditado que Perelman fue detenido el 20 de febrero de 1975 en un departamento de calle Bilbao junto a su pareja, la periodista Gladys Díaz Armijo, por un grupo de agentes DINA que los llevaron a Villa Grimaldi, donde los mantuvieron detenidos. De esto existen múltiples testimonios en el episodio Villa Grimaldi que instruye el ministro Alejandro Solís. Contreras da a Perelman como detenido por Carabineros en «cuartel de calle 18» (ex diario «Clarín») y sepultado en la cuesta Barriga y desenterrado en 1979 por la CNI y lanzado al mar «frente a Los Molles». Gladys Díaz fue liberada tiempo después, y es testigo viviente del nuevo «error».
En realidad, que los cuerpos de los desa-parecidos fueron desenterrados desde la segunda mitad de la década de los años setenta en adelante y que sus restos fueron arrojados al mar, no es nada nuevo. Decenas de declaraciones de ex agentes de la DINA de base así lo atestiguan en distintos procesos, pero fundamentalmente este método quedó revelado con detalle en la investigación que el ministro Juan Guzmán llevó adelante por el caso de la militante comunista Marta Ugarte, como lo relató La Nación Domingo en el reportaje «400 cuerpos al mar», el 23 de noviembre de 2003.
Grotesco «lapsus»
Respecto de los 80 desaparecidos que son los únicos que Contreras asignó a la DINA, su destino final no es sin embargo el mar, sino el Instituto Médico Legal, para luego ser sepultados como NN en distintos patios del Cementerio General. Sin embargo, en algunos procesos, como el de Marta Ugarte y Calle Conferencia, se encuentra también establecido que la DINA lanzó a sus prisioneros al mar, utilizando helicópteros Puma conducidos por los pilotos del Comando de Aviación del Ejército, varios de los cuales están procesados por ese delito.
Uno de los aspectos más grotescos del «informe Contreras» es quizá lo que dice acerca de los cinco militantes del FPMR detenidos por la CNI en septiembre de 1987: José Peña Maltés, Julio Muñoz Otárola, Manuel Sepúlveda Sánchez, Alejandro Pinochet Arenas e Iván Fuentealba Navarrete. Porque si bien no niega que los detuvo la CNI y los llevó al cuartel Borgoño en Santiago, al referirse a su «destino final» afirma que éste fue «Cuesta Barriga, desenterrados por la CNI en 1979, y lanzados al mar». O sea, los desenterraron dos años antes de matarlos.
Duro al Comando Conjunto
El capítulo del «Comando Conjunto» (CC) aporta otra serie de «novedades». Consultadas por LND fuentes de tribunales estrechamente vinculadas a las causas contra el CC, éstas afirmaron que de los 94 nombres que Contreras achaca a esta organización criminal, no más de 30 son efectivamente atribuibles al CC de acuerdo a los antecedentes de los procesos.
Entre los restantes 64 nombres, Contreras incluyó, por ejemplo, a la dirección clandestina del Partido Comunista que en mayo de 1976 fue detenida por un gran operativo de la DINA en calle Conferencia de Santiago, lo que dio origen al nombre del proceso Calle Conferencia. Entre los que dirigieron esta operación-«ratonera» están algunas «estrellas» de Contreras: Miguel Krassnoff y «Don Jaime», chapa del suicidado coronel (R) Germán Barriga Muñoz, quien fue jefe de la brigada «Purén». Por ello, ambos están procesados por el secuestro y desaparición de Jaime Zamorano Donoso, Jorge Muñoz Poutays, Jaime Donato Avendaño, Uldarico Donaire Cortés, Elisa Escobar Cepeda, entre otros. Sin embargo, el ‘Mamo’ le echó la culpa al Comando Conjunto.
Por cierto, todos ellos aparecen arrojados al mar, lo que ya se sabía desde el anteriormente mencionado informe de las FF.AA. de enero de 2001. También culpa al CC del arresto y desaparición de los militantes del MAPU Elizabeth Rekas Urra y Antonio Elizondo Ormaechea, cuando éstos fueron secuestrados por agentes de la DINA y llevados a Villa Grimaldi, donde fueron vistos por varios prisioneros que salieron libres.
Marta Ugarte
Pero otro «exceso» de Contreras es imputarle al CC el crimen de Marta Ugarte Román, la única desaparecida arrojada al mar por la DINA y los Puma del Comando de Aviación del Ejército, que el océano devolvió porque la amarra del trozo de riel atado a su cuerpo quedó mal hecha. En Peldehue, Germán Barriga y sus hombres estuvieron a cargo de la siniestra tarea, después de sacar a un grupo de prisioneros desde Villa Grimaldi.
«La inyección que el doctor Pincetti le puso a Marta Ugarte parece que no la dejó totalmente muerta. Al momento de ensacarla, todavía se movía. Todos estábamos apurados porque venía el helicóptero. Entonces abrimos el saco y la ahorcamos con un alambre. No se movió más». Es la dramática declaración procesal del ex agente E.V.T, suboficial (R), cuyo nombre LND se reserva porque el hombre teme por su vida, según le dijo al juez Juan Guzmán. Osvaldo Pincetti, que se sepa, no trabajó nunca para el CC, sino para la DINA y la CNI.
Falso enfrentamiento
Otra «laguna» del reo autor en el capítulo atribuido a «FF.AA. y de Orden», se refiere a seis «muertos en combate» que la DINA sacó en 1975 ya fallecidos desde Villa Grimaldi hasta Rinconada de Maipú, donde incluso el periodista Julio López Blanco filmó y transmitió el show en vivo para TVN (reportaje LND del 15 de junio 2003). Se trata de Catalina y Alberto Gallardo, Luis Ganga, Mónica Pacheco, Manuel Reyes y Pedro Cortés. Testigo del espectáculo que contradice a Contreras fue su propio agente Amador Fuentes Salas, chapa «Hernán Galleguillos», como lo reconoció en 2003 a LND y lo declaró judicialmente bajo su firma.
Operación Cóndor
En los casos «Muertos en el extranjero», relacionados con la Operación Cóndor, Contreras comete más inexactitudes. Por ejemplo, hace aparecer el crimen del mirista Jorge Fuentes Alarcón, detenido en Paraguay y entregado a la DINA, que lo trasladó a Villa Grimaldi, como «muerto al escaparse de la prisión, se le aplicó Ley de Fuga». Cuando existen decenas de testigos que lo vieron en Villa Grimaldi atado a una cadena y tratado como un perro porque tenía sarna.
A Edgardo Henríquez Espinoza, Juan Hernández Zaspe, entre otros, los menciona como «lanzados al Río de la Plata o al mar frente a Buenos Aires». Pero en el expediente de Operación Cóndor y en el fallo de la Corte de Apelaciones que desaforó a Pinochet por esta causa, se estableció que todos ellos, si bien fueron detenidos en Argentina, terminaron entregados a la DINA y trasladados hasta Villa Grimaldi.
A David Silberman, de Operación Colombo, lo sindica como «asesinado en Buenos Aires con explosivos», historia añeja ya aclarada hace muchos años, cuando en la investigación judicial se descubrió la falsedad de esa información que fue la versión oficial de la dictadura en 1975. Sus familiares viajaron en su momento a Buenos Aires y verificaron que jamás se trató del cuerpo de Silberman.
Contreras mantiene su vieja excusa de que al general Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, así como al ex canciller Orlando Letelier, los asesinó la CIA. Y dice que Álvaro Vallejos Villagrán, a quien el ex agente Samuel Fuenzalida reconoce que trasladó a Colonia Dignidad desde Cuatro Álamos junto a su jefe, el capitán Fernando Gómez Segovia, «emigró a Canadá», donde supuestamente estaría vivo.