Este viernes 15 de noviembre, de madrugada, después de una negociación que ellos mismos relataron como difícil y tensa, un grupo de parlamentarios firmó un acuerdo «por la paz social y la nueva constitución». En pocas horas el ministro del Interior lo aceptó y celebró plenamente, el presidente de la República ratificó esa aceptación con […]
Este viernes 15 de noviembre, de madrugada, después de una negociación que ellos mismos relataron como difícil y tensa, un grupo de parlamentarios firmó un acuerdo «por la paz social y la nueva constitución». En pocas horas el ministro del Interior lo aceptó y celebró plenamente, el presidente de la República ratificó esa aceptación con alegría, insinuando de pasada que la alternativa era volver a declarar Estado de Emergencia. Dos días después 244 abogados constitucionalistas declaran que es una oportunidad que no se puede desperdiciar y que ni siquiera la condición de un quórum de 2/3 para los acuerdos en la Convención Constituyente les parece demasiado grave.
¿Por qué es necesario rechazar este acuerdo?
¿Es posible formular un camino que lo recoja y vaya más allá de él?
1. Es necesario rechazar este acuerdo, en primer lugar, porque ha surgido de una instancia completamente informal constituida a espaldas de todo canal de representatividad democrática. No es un acuerdo del Parlamento, como institución. No está firmado por todas las fuerzas políticas presentes en el Parlamento. Tampoco es un acuerdo formal entre un grupo de partidos políticos. Incluso algunos de sus firmantes han sido cuestionados por los propios movimientos políticos que se supone representan. Lo que ha ocurrido es que un simple grupo de parlamentarios, a título particular, se han arrogado la representatividad de sectores enteros de la sociedad, sin la menor consulta. Podemos asumir que algunos representarían a los empresarios, al poder económico, que otros representarían a los sectores medios o a la opinión de los chilenos moderados, incluso que habría entre ellos alguno que representaría a los sectores de izquierda o centro izquierda. Sin embargo, todo esto es simplemente un conjunto de supuestos: ni los empresarios, ni los sectores moderados, ni siquiera los militantes de los propios partidos involucrados, han sido consultados.
2. Es necesario rechazar este acuerdo, en segundo lugar, porque un grupo de parlamentarios, porque sí y ante sí, dicen representar los deseos de la ciudadanía sin consultarla en absoluto. No se ha considerado en ningún acápite la necesidad de contar con el acuerdo de las organizaciones sociales: las confederaciones y sindicatos de trabajadores, los colegios profesionales, las asociaciones de empresarios grandes y pequeños, las organizaciones de pobladores, las organizaciones de los pueblos originarios, de las mujeres, de los estudiantes. No solo no se las ha integrado a este acuerdo, ni siquiera se ha considerado consultarlas, ¡ni siquiera se las menciona! En una revuelta generalizada, en que en cada calle y cada esquina se grita en todos los tonos por la dignidad, por el reconocimiento, por las múltiples humillaciones sufridas a lo largo de treinta años, este gesto de omisión no es sino una bofetada contra el movimiento social. Un atropello más, perpetrado desde una de las instituciones más desprestigiadas del país.
3. En tercer lugar, este acuerdo debe ser rechazado porque, según el relato emocionado de sus propios firmantes, contiene imposiciones dictadas en las últimas horas de la negociación por los representantes del partido UDI, que en la última elección parlamentaria obtuvo solo 970.000 votos lo que, en un universo de 14 millones de ciudadanos, representa solo al 7% de los verdaderos incumbentes: los representantes del 7% de los chilenos han logrado imponer sus condiciones al otro 93% solo porque nuestros «representantes» han optado, de manera insolente, por acatar las condiciones de un sector ideológico abiertamente minoritario.
4. Es necesario rechazarlo porque el resultado de esa imposición es una regla que exige un quórum de 2/3 de la Asamblea Constituyente para cualquier acuerdo, lo que reproduce los odiosos quórums calificados establecidos por la misma Constitución que se declara querer superar. Una condición que, considerando que la redacción de la nueva Carta Fundamental partirá desde «una hoja en blanco» conducirá a una Constitución plana, que no se pronuncia a favor ni en contra de ningún contenido fundamental. Se nos dice, incluso desde prestigiosos profesores universitarios progresistas, que eso se resolverá más adelante, en la discusión parlamentaria, simplemente como materia de ley, sin reparar en un salto lógico elemental: la derecha podrá impedir los acuerdos que no favorezcan sus intereses exigiendo 2/3 de los constituyentes, pero luego podrá imponer esos mismos intereses recurriendo solo a la mitad del parlamento.
5. Hay que rechazarlo porque establece una misteriosa «comisión técnica», designada por los partidos políticos (no por el Parlamento), de manera paritaria «entre la oposición y el oficialismo», que establecerá todo lo indispensable para materializar el acuerdo. ¿Qué se entiende acá por «oposición»? ¿a la Democracia Cristiana, que ha apoyado múltiples proyectos votando junto al gobierno’ ¿al Partido Comunista, que no ha firmado este acuerdo’ ¿a Evópolis que ha votado con cierta frecuencia en contra del gobierno? ¿Y qué se entienda por «oficialismo»? ¿Por qué los actores son ahora los partidos políticos, otra de las instituciones más desprestigiadas del país, y no una instancia que sea percibida con una mayor representatividad por la ciudadanía? ¿Quiénes, qué instancia y en qué forma, aprobarán las condiciones que defina esa «comisión técnica» que este pacto se compromete desde ya a acatar?
6. Es necesario rechazar este acuerdo porque dictamina que la elección de delegados constituyentes se hará con el mismo sistema pobremente democrático con que son actualmente elegidos los diputados , lo que obviamente conducirá a que la eventual Asamblea Constituyente no sea sino una réplica, en su composición y carácter, del parlamento actual. Un sistema electoral que favorece completamente a los partidos políticos grandes, en que es prácticamente imposible que sean elegidos candidatos independientes, que obliga, por meras razones de cálculo electoral, a formar coaliciones artificiales de partidos que luego no logran ponerse de acuerdo en el Parlamento.
¿Qué hacer? ¿Cómo avanzar? ¿Cómo aprovechar lo que han acordado de manera ilegítima y convertirlo en algo que pueda ser reconocido y aceptado por una ciudadanía ampliamente indignada, cansada justamente de este tipo de manipulaciones?
1. En primer lugar, es necesario un diálogo entre Unidad Social, que congrega a la mayor parte de las organizaciones sociales importantes del país, y el Parlamento, institución que deberá aprobar la ley que convoque a la redacción de una nueva Constitución. Un diálogo en que los diversos sectores de la ciudadanía se sientan representados, o porque están presentes los parlamentarios que han elegido, o porque, aun desconfiando del Parlamento, están presentes los dirigentes intermedios que se han dado a sí mismos. Un diálogo que comience por aceptar la necesidad de un plebiscito de entrada, sobre el cambio de Constitución y sobre el mecanismo, considerando las dos alternativas que han sido planteadas, con los nombres que les corresponden.
2. En segundo lugar, es necesario que ese diálogo conduzca a una serie de condiciones que permitan generar una Constitución gestada y aprobada de manera realmente democrática, para que cuente con la más amplia legitimidad, para que no sea percibida como otro arreglo cupular de la clase política por sobre la ciudadanía. Para que no tengamos que pasar, en diez o veinte años más, por un nuevo estallido social que obligue a la clase política a escuchar lo que durante estos últimos treinta años no ha querido escuchar.
3. Las condiciones mínimas que se pueden plantear, que pueden recoger a la vez la preocupación de la ciudadanía por no volver a ser engañada y el miedo de los sectores de derecha ante las «mayorías circunstanciales» son las siguientes:
a. Que la elección de los constituyentes se haga con una ley electoral especial, que considere un sistema proporcional simple, y sobre la base de los distritos municipales, que son los más cercanos a la ciudadanía.
b. Que se acepte la regla del quórum de 2/3 de los constituyentes para alcanzar los acuerdos con la condición de que las materias relevantes sobre las que ninguna de las posiciones obtenga tal quórum, sean llevadas a plebiscito. En una Constituyente pensada para funcionar a lo largo de un año, esto requeriría la introducción de un plebiscito vinculante intermedio, después de nueve meses de funcionamiento, para que se lleven a consulta ante toda la ciudadanía cada uno de los artículos constitucionales sobre los que no se ha alcanzado acuerdo. En los tres meses siguientes, la Constituyente, acatando ese carácter vinculante, redactaría un texto que contenga las posiciones más votadas por los ciudadanos, y sometería ese texto a un plebiscito final ratificatorio. Tres plebiscitos: uno de entrada, sobre el mecanismo; otro intermedio, vinculante, sobre los artículos en controversia; uno final, ratificatorio.
c. El acuerdo entre Unidad Social y el Parlamento debe incluir, justamente buscando la confianza y adhesión ciudadana, una agenda social mínima, urgente, que se implemente a lo largo del funcionamiento de la Convención o Asamblea Constituyente, y un claro y contundente pronunciamiento sobre las violaciones de los Derechos Humanos que han ocurrido a lo largo de estas semanas de protesta.
d. El acuerdo debe incluir una cláusula que permita a la Convención o Asamblea Constituyente derogar cualquier acto de Estado que implique endeudamiento externo o acuerdos internacionales vinculantes dictados en un plazo de dos años antes de su establecimiento y hasta que la nueva Constitución entre en vigor. Esta precaución básica está destinada a que los gobiernos vigentes durante el período de redacción de la nueva Constitución no introduzcan leyes, deudas en la banca internacional, o acuerdos internacionales que operen como las muy conocidas «leyes de amarre» promulgadas en el último año de la dictadura, o que establezcan obligaciones del Estado chileno ante poderes supranacionales como el Fondo Monetario Internacional, la banca trasnacional, o la Organización Mundial de Comercio, obligaciones que actúen luego como una camisa de fuerza por sobre lo que la nueva Constitución pueda establecer.
El acuerdo adoptado por un grupo de parlamentarios de manera irregular, extra institucional, bajo imposiciones antojadizas e inaceptables contiene, sin embargo, logros que muestran el impresionante impacto que el estallido de Chile y la ira ciudadana expresada en las calles ha producido sobre la ya muy desprestigiada clase política de este país.
Rechacemos ese acuerdo y negociemos otro que lo supere, tanto en legitimidad como en su carácter democrático. Solo una legitimidad anclada profundamente en la ciudadanía, solo un carácter democrático, que confíe en el buen criterio del conjunto del pueblo chileno, puede hacernos avanzar hacia la paz. Hacia esa paz que hemos remecido con la expresión de nuestra justa indignación. Esa paz que no hemos tenido a lo largo de los últimos cuarenta y cinco años, debido a la implantación de un sistema económico y social injusto, humillante y que es hoy simplemente insostenible.
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