«No es deportación, es destierro: exigimos su repatriación»; «Nacido en España, deportado a Nigeria»; «Et volem a casa» «Junior sufre varios intentos de asesinato en Nigeria». Las consignas de estas pancartas resumen la situación del ciudadano Junior Taofiki, quien nació, se crió y residió en el estado español hasta que en octubre de 2014 fue […]
«No es deportación, es destierro: exigimos su repatriación»; «Nacido en España, deportado a Nigeria»; «Et volem a casa» «Junior sufre varios intentos de asesinato en Nigeria». Las consignas de estas pancartas resumen la situación del ciudadano Junior Taofiki, quien nació, se crió y residió en el estado español hasta que en octubre de 2014 fue deportado a Nigeria, país del que son originarios sus padres y donde él nunca estuvo. Activistas del Grupo de Apoyo a Junior, integrado por una treintena de colectivos sociales y vecinales, se concentraron el 30 de octubre en las puertas del Palau de la Generalitat -sede del Gobierno valenciano- para denunciar la expulsión, «un claro ejemplo de racismo institucional», según la portavoz de la Campaña, Carla Sendra. Los congregados reivindicaron el traslado de Junior Taofiki a Valencia -«de manera urgente»- por razones humanitarias y que pueda regularizar su situación legal como ciudadano español.
Lamentaron, asimismo, que el interés mediático suscitado por el caso hace cuatro años -cuando se produjo la deportación- haya decaído. Mientras tenía lugar la concentración, portavoces del Grupo de Apoyo a Junior se reunieron con el Gabinete de Presidencia de la Generalitat; el equipo del presidente del Gobierno Valenciano, Ximo Puig (PSPV-PSOE), se comprometió a convocar una reunión entre la Delegación del Gobierno y la Campaña solidaria, informaron los activistas a la salida del encuentro.
El comunicado leído por los portavoces pide que este ciudadano, de 29 años, «sea atendido convenientemente en nuestro sistema de salud ante los graves problemas -físicos y psicológicos- que actualmente sufre»; el deterioro en la salud es consecuencia de la expulsión y la responsabilidad recae en el Gobierno de España, denuncian los activistas. Una carta redactada por la compañera de Junior Taofiki, y difundida a los medios informativos, subraya que el joven nació en Madrid y se trasladó a vivir con su madre a Valencia cuando tenía cuatro años; en esta ciudad se crió, estudió hasta el grado de secundaria y realizó cursos para aprender oficios. Víctima de un desahucio por una deuda en el pago del alquiler, el menor se quedó solo, sin ayuda social alguna, en riesgo de exclusión y sin contar con el DNI «aun habiéndolo tramitado», detalla el escrito. Por un problema de drogas Junior estuvo en prisión y pasó un mes en el CIE de Aluche (Madrid), «en unas condiciones pésimas de insalubridad y hacinamiento»; «es mejor pasar dos años en una cárcel que un mes en un CIE», le dijo a su compañera.
La carta añade que fue expulsado a un país en el que no tenía arraigo, Nigeria, en un «vuelo de macro-deportación», después que se le negara la tramitación del asilo humanitario y pese a contar con la partida de nacimiento compulsada. En Nigeria ha pasado cuatro años: fue detenido, extorsionado y «en repetidas ocasiones por poco pierde la vida». De modo que hace cuatro meses decidió desplazarse a Marruecos, y hoy vive sin documentación en Tánger. En el reino norteafricano ha sufrido realidades como la siguiente: «Entró a un hotel pidiendo ayuda, llamaron a la policía, lo ataron de pies y manos, le dieron golpes y le inyectaron medicación».
En abril de 2015 Ximo Puig preguntó al Gobierno del PP -en calidad de diputado socialista en las Cortes Generales- por la situación de Junior Taofiki. El actual presidente de la Generalitat Valenciana declaró entonces al periódico Levante-EMV que existe «una responsabilidad clara de su país, porque al final las personas son de donde nacen, viven y trabajan (…); España ha de tener un compromiso humano con esta persona». Levante-EMV dio cuenta esos días de la paliza y acuchillamiento que el joven había sufrido en Lagos (capital de Nigeria), lo que hizo que peligrara su vida. El diario informó asimismo, en noviembre de 2014, que el Defensor del pueblo investigaba si funcionarios policiales del CIE de Aluche «impidieron» que se tramitara la solicitud de asilo antes de la expulsión, circunstancia denunciada por el abogado (el autor de este artículo preguntó ayer a la defensoría por las indagaciones, sin recibir respuesta).
En una conversación accesible en YouTube con una portavoz del grupo de apoyo, Junior Taofiki apunta que el Gobierno español tiene constancia de su situación, sobre la cual «ya informaron en su día los periódicos». ¿Cuál ha sido la respuesta de las legaciones diplomáticas españolas? «En la embajada de España en Nigeria me atendieron y dieron una hoja en blanco para que presentara una instancia con las quejas y dudas», explica. Al final del documento anotó su número de teléfono; le dijeron que contactarían con él, lo que no ha sucedido hasta la fecha. Al consulado español en Marruecos acudió con los «papeles», asegura en el vídeo, pero se enfrentó a una respuesta negativa; la razón es que se le considera un ciudadano nigeriano, aunque haya nacido en Madrid. «En Marruecos perdí los ‘papeles’, por lo que estoy en situación ‘irregular’ y corro el riesgo de que me devuelvan a Nigeria, al Sáhara o a Libia como esclavo», subraya; ya en el país magrebí, añade la portavoz, la única posibilidad para tramitar de nuevo el pasaporte pasaría por volver a Nigeria, «el país del que huye».
El abogado de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en el País Valenciano, Jaume Durà, apunta vía telefónica una solución «perfectamente posible»; que Junior Taofiki pueda presentarse en una oficina del consulado español en Marruecos y se le conceda un visado por razones humanitarias, que a continuación sea trasladado a España y -ya en el estado español- se le conceda algún tipo de protección.
En la movilización solidaria participan miembros del colectivo de Iaioflautes y María, estudiante de Educación Social y miembro de la ONG València és Refugi. Mientras sostiene una de las pancartas, afirma: «Ningún ser humano es ilegal; si todo lo que conoce Junior está en España, ¿por qué hay que desterrarlo? ¿Tal vez por ser negro? En Nigeria y en Marruecos no tiene nada, aquí están sus amigos y pareja».
«Todos somos migrantes», asevera Lola, voluntaria en València és Refugi; «esto es muy injusto porque todo el mundo tiene derecho a moverse y buscarse el pan, más aún cuando estamos expoliando África» (Naciones Unidas señala que cerca de 560 millones de personas en el África Subsahariana -el 58% de la población en esta región- padecen la pobreza «multidimensional», que incluye variables como la nutrición adecuada, la salud, la educación o el derecho al agua; el 83% de las personas que sufren pobreza «multidimensional» en el planeta viven en el África Subsahariana y Asia Meridional). Por otra parte, el informe anual del Servicio Jesuita a Migrantes sobre los CIE («sufrimiento inútil») informa que en 2017 fueron detenidas en el estado español 18.794 personas migrantes por considerar que se hallaban en situación «irregular»; además se produjeron 9.626 expulsiones y devoluciones forzosas, principalmente por entrada considerada «ilegal» y estancia calificada como «irregular»; esta cifra implica una media de 26,3 expulsiones y devoluciones diarias.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.