En Colombia existimos más de 9500 prisioneros políticos y de guerra. Es una realidad dura y lamentable, pero como tal nadie puede negarla. Quien así lo haga camina por los bordes de la insania y el desvarío. Miles de hombres y mujeres nos encontramos encerrados por anhelar construir una Colombia con justicia social y paz, […]
En Colombia existimos más de 9500 prisioneros políticos y de guerra. Es una realidad dura y lamentable, pero como tal nadie puede negarla. Quien así lo haga camina por los bordes de la insania y el desvarío. Miles de hombres y mujeres nos encontramos encerrados por anhelar construir una Colombia con justicia social y paz, y esto se debe a que nuestras acciones para lograrlo devienen siempre por parte del gobierno en inclemente guerra.
Por otra parte, hay que decirlo también, es cierto que las cárceles están inmensamente hacinadas y actualmente existen más de 100.000 compatriotas que se debaten entre la vida y la muerte en estos cementerios de libertades. Todos somos invisibilizados por el gobierno para mostrar cifras acordes con un país respetuoso de los Derechos Humanos. Pero en el caso de los prisioneros que ejercemos oposición al régimen y que representamos alrededor del 10% de la población carcelaria, el gobierno ha llegado al colmo de negar nuestra existencia.
El régimen de terror colombiano se ha caracterizado por ser un aparato que aplica la violencia sistemática para mantener el statu quo, y la cárcel es precisamente una de las mayores expresiones de esa violencia estatal. Estamos hablando, entonces, de un instrumento de represión utilizado por los sectores dominantes en contra del pueblo trabajador que desea un país diferente. La cárcel es un lugar monstruoso donde se intenta anular y destruir por completo al opositor político; es cercenada de forma cruel su vida social, alejándolo de sus familiares y seres queridos; aquí se le niega la prestación de servicios de salud como forma de tortura; se permanece incomunicado por largas temporadas y las correspondencias son decomisadas sin aviso; también son incautados los libros y cualquier otro material que pueda servir para la formación del prisionero. A lo anterior se suma el hecho de ser sometidos a traslados sucesivos y permanentes para que no podamos establecer relaciones políticas o de amistad; sin embargo, a donde llegamos, los Prisioneros Políticos y de Guerra promovemos la organización al interior de las cárceles, lo cual trae como consecuencia un nuevo traslado. En otras ocasiones se aplica la tortura para la obtención de información que pueda servir para golpear las organizaciones populares o la insurgencia; la presión sobre la familia es pan de cada día, y en fin, se nos aplica un sinnúmero de castigos, porque para eso la oligarquía sí es implacable y vengativa.
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| Ex-Ministro del Interior y Justicia Juan Carlos Esguerra, dimitido en junio de 2012 a raíz del escándalo de la Ley de Reforma de la Justicia |
Estas son las condiciones que el Ministro del Interior y Justicia Juan Carlos Esguerra quiere ocultar con la negativa para la constitución de la Comisión de Verificación de la situación de los Prisioneros Políticos y de Guerra, y con mayor razón aún, con el argumento de la no existencia de esta categoría de prisioneros en el país. Esta es una verdadera bofetada a la posibilidad de una solución incruenta al conflicto social y armado que nos aqueja.
¿Pretende acaso el Ministro hacerle creer a la sociedad colombiana que después de más de 50 años de confrontación armada, sólo hay en Colombia Prisioneros de las fuerzas oligárquicas? Existimos, duélale a quien tenga que dolerle, y además, somos parte fundamental a tener en cuenta en la inaplazable tarea de enrumbar al país por el camino de la reconciliación nacional. Otra cosa muy diferente es que al gobierno no le interese transitar por tan noble ruta, sino por el contrario por el de la sangre y la perfidia, como tantas veces lo ha demostrado.
Las FARC-EP han dado muestras suficientes e inequívocas de su voluntad por medio de hechos concretos de paz. En los últimos años han sido sido liberados el Ex -Concejal Armando Acuña, el infante de Marina Henry López, el patrullero Carlos Alberto Ocampo y el Cabo Primero del Ejército Salín Sanmiguel. Igualmente la política Clara Rojas y la ex -congresista Consuelo González de Perdomo; el Sargento Pablo Emilio Moncayo, el actual Gobernador del Meta Alán Jara, el ex -senador Luis Eladio Pérez, y los ex -congresistas Orlando Beltrán y Jorge Géchem Turbay.
En Abril de 1998, durante el gobierno de Ernesto Samper, las FARC-EP entregó de manera unilateral a 70 militares, y en el marco de las conversaciones del Caguán fueron entregados al gobierno de Andrés Pastrana 302 policías y militares retenidos por la insurgencia, sin recibir ningún gesto recíproco de parte del gobierno. Vale la pena recordar también, para no ir muy atrás, el caso del Policía Harrison Estiven Giraldo, herido y capturado en combate, y posteriormente entregado por nuestras unidades Farianas, después de prestarle la atención médica debida, al CICR en el Tambo Cauca en Enero de 2012. A esto se suma el proceso de liberación que actualmente está en proceso de la totalidad de policías y militares retenidos, y la anunciada proscripción de la retención económica dentro de nuestra acción revolucionaria [ al momento de lograr sacar por fin este comunicado del ostracismo de la cárcel, ya la totalidad de policías y soldados presos de guerra en manos de las FARC, fue efectivamente liberada, de manera unilateral, mientras que la comisión de verificación de DDHH a las cárceles fue reiteradamente negada por el gobierno de Santos]*.
Todos estos hechos no hacen 
sino demostrar evidentemente que la insurgencia continúa como siempre en la historia, enarbolando la bandera de la solución política, no sólo en el discurso sino en la práctica cotidiana.
Sin embargo, a todos los hechos de paz por parte de la insurgencia el gobierno responde con odio, arrogancia y guerra. No le interesa en lo más mínimo la reconciliación de la sociedad colombiana, y por eso se niega a la instauración de una Comisión de Verificación de la situación de Derechos Humanos vividas en las cárceles por los Prisioneros Políticos y de Guerra. Demuestra suficientemente su carácter al oponerse al clamor mayoritario de paz social. Por ello, hacemos un llamado enérgico a la sociedad colombiana entera y a la comunidad internacional, para sumar esfuerzos y exigir al gobierno dar pasos certeros hacia la solución definitiva del conflicto político, social y armado por medio del entendimiento; y un paso imprescindible en este sentido, es cumplir con el deber de permitir la verificación de la situación vivida por las personas que han sido privadas de su libertad por cuestiones políticas o derivadas del conflicto. Nosotros haremos lo propio a través de la protesta y resistencia carcelaria, porque concebimos en las cárceles otra trinchera de combate, en el escenario de la construcción de una nueva sociedad, donde impere la dignidad, la justicia social y la paz. Lo asumimos con responsabilidad, decoro y orgullosamente de cara al pueblo colombiano. Somos parte de él, de ahí venimos y por él luchamos.
PRISIONEROS POLÍTICOS DE GUERRA DE LAS FARC-EP ¡HEMOS JURADO VENCER Y VENCEREMOS!
15 de Marzo de 2012
* Nota: al momento de lograr sacar por fin este comunicado del ostracismo de la cárcel, ya la totalidad de policías y soldados presos de guerra en manos de las FARC, fue efectivamente liberada, de manera unilateral, mientras que la comisión de verificación de DDHH a las cárceles fue reiteradamente negada por el gobierno de Santos.