Por una constituyente popular en perspectiva socialista

una mujer que estremeció las vetustas y añejas

estructuras del poder patriarcal y

de la sociedad capitalista nacional.

En honor a Mauricio Fredes, mártir de la lucha

en contra de la sociedad neoliberal.

la reconstrucción del movimiento popular,

el desarrollo de la propia democracia,

llega a ser sentida como un riesgo

a su status de allegados del

sistema engendrado desde 1973.

 Joan E. Garcés

La sociedad chilena neoliberal, políticamente, es una sociedad conservadora que ha rechazado sistemáticamente el cambio político profundo. Desde 1988 en adelante no solo las elites de poder y en el poder, sino también la ciudadanía política tradicional, han rechazado alterar, modificar, transformar, las estructuras del poder instalado, por las fuerzas sociales y políticas vinculadas al capital y al poder imperial. Hoy, enfrentadas, a una de las rebeliones sociales y políticas de mayor envergadura de la historia reciente nacional, han optado, nuevamente, por impulsar un proceso de cambio breve, lento, gradual, controlado, en una dirección totalmente opuesta a lo que demanda la ciudadanía en rebeldía. Su objetivo político es conservar lo más que se pueda de lo existente y tan solo modificar aquello que no modifique, ni altere, ni derrumbe, los pilares, fundamentales, de la sociedad capitalista.

La rebelión social que estalló el 18 de octubre de 2019, impulsada por la ciudadanía subpolítica, no busca ni se plantea un cambio político mínimo. Todo lo contrario, la insurrección de los sectores sociales populares, que han sostenido, la rebelión en vilo, demandan la transformación radical de la sociedad neoliberal. Así lo han expresado desde el primer momento en la consiga: «el neoliberalismo nació en Chile y aquí muere».

Esta consigna, junto con la demanda que pide la «renuncia de Piñera», expresa, el deseo y la aspiración de un cambio histórico mayor, profundo y de largo alcance. Que no puede ser reducido a un cambio de la estructura jurídica-política del Estado, o sea, de un cambio solo y exclusivamente constitucional. No es solo la Constitución Política de 1980, lo que molesta, sino todo, lo «neoliberal».

Lo que la rebelión política ha expresado y sigue expresando, en las calles de las ciudades del país, pero, también, en los espacios territoriales locales, barriales, poblacionales, comunales, etc., es poner fin a la dominación capitalista neoliberal y terminar con todas las instituciones establecidas por el neoliberalismo que explota y devasta a los seres humanos y a la naturaleza en el país hace 47 años.

La ciudadanía rebelde no quiere ni desea mantener esas estructuras económicas, sociales, culturales y políticas que los han oprimido todo ese tiempo. La rebelión es para liberarse de esa opresión. No para que la opresión cambia de gradualidad o intensidad bajo otra forma capitalista. No, la lucha de todas, todos y todes los que concurren a la Plaza Dignidad los días viernes es por el cambio total. Y, es una manifestación y una visibilización de su presencia rebelde en el espacio público, aunque los repriman, los quemen, los mutilen o los maten. Una advertencia de que su lucha no ha concluido. Pues, su victoria política se verificará solo cuando toda la elite de poder y en el poder sean destituidos de esos espacios y se haya modificado radicalmente la estructura social del poder del capitalismo neoliberal.

Por cierto, que esa aspiración y expectativa política e histórica implica un cambio mayor en la sociedad chilena. No se trataría de un cambio político breve, una transición política entre un régimen democrático limitado, como el actual, a otro régimen democrático liberal ampliado; no, se trata, más bien, de un cambio político revolucionario.

La rebelión social apunta, justamente, aquello, producir un «cambio revolucionario», que haga estallar todo. Esta aspiración y deseo político, tiene, por cierto, aterrada a la clase política tanto opositora como gobernante, a sus intelectuales orgánicos, a los medios de comunicación, a los gremios empresariales, a las instituciones académicas públicas como privadas; a la alta, mediana y pequeña burguesía neoliberal. E, incluso a muchos de los sectores medios que al principio aplaudieron el «estallido social». Hoy, a tres meses, de la insurrección ciudadana subpolítica. Están, también, aterrados. Por esa razón, empujados por el miedo político a lo popular y a la radicalidad de su lucha social, han aceptado y comenzado a recorrer el camino que el poder gubernamental y parlamentario le ofrecen, el proceso constituyente, o sea, el cambio político breve, gradual, lento y controlado.

Es ese «miedo político», el que ordena actualmente las diversas posiciones políticas que los actores políticos, los partidos políticos, principalmente, como también los actores sociales y la ciudadanía en general, ante el proceso constituyente. Veamos cómo se han ordenado las diversas fuerzas políticas y sociales ante la actual coyuntura constitucional.

Tengamos presente, un punto central y fundamental. La coyuntura constitucional no fue abierta por la ciudadanía subpolítica popular en rebeldía. Si no que esta fue instalada por distintos grupos políticos, vinculados a la ciudadanía tradicional, a los partidos del orden, parlamentarios o extraparlamentarios. Que vienen desde el año 2006 en adelante, pero con mayor fuerza desde el 2011, planteando la demanda de convocar a una Asamblea Constituyente (AC) para cambiar la CP80. Sin embargo, la demanda por una AC, como señalábamos, más arriba, no era una demanda manifestada por los «rebeldes» del 18-O. Esta fue levantada, aprovechando, la estructura política de oportunidades que abrió la rebelión.

El desconcierto, desolación, incredulidad, perplejidad, estupefacción, confusión, desorientación y sorpresa tanto del gobierno de S. Piñera como de los partidos políticos del orden ante la sublevación ciudadana y popular, los llevo, a subirse y aferrarse a la «tabla de salvación» que fue lanzada por los sectores políticos opositores de realizar un cambio constitucional «radical»: terminar con la CP80. Ante la posibilidad de un naufragio del gobierno y el sistema político durante las primeras semanas del «estallido rebelde» y, sobre todo, del fracaso de la solución militar. No quedo otra que aceptar, regañadientes, el cambio constitucional radical.

El acuerdo del día 15 de noviembre, entre los partidos políticos gubernamentales y los opositores abrió la coyuntura constitucional. Más allá de las escaramuzas y rencillas internas el «acuerdo» vino a poner orden. Y, levantar una «gran muralla institucional» de protección tanto para el gobierno como para el sistema político. Prontamente, los legisladores acordaron hacer las reformas constitucionales necesarias para que el presidente S. Piñera, pusiera en marcha el proceso constituyente. Se fijó el calendario. Y, la cuenta regresiva para el plebiscito de entrada está corriendo. Aunque los principales actores políticos que van participar en esta carrera, están muy inquietos en la línea de partida.

La nerviosidad y la preocupación tanto de los partidos políticos que integran el Chile Vamos, o sea, la derecha política como también de los partidos opositores, especialmente, aquellos que conformaron en su momento la Concertación y la Nueva Mayoría, gravita y consiste en el hecho, central y fundamental de la actual coyuntura critica, la rebelión social popular y de la ciudadanía de subpolítica, no se detiene ni disminuye. Todo lo contrario. Esta sigue prescindiendo de lo que el gobierno y la clase política están realizando. En otras palabras, la insurrección no le interesa ni presta atención a lo que el gobierno o los partidos políticos opositores, plantean o hacen. La radicalidad de la insurrección quedo ampliamente registrada y manifiesta su voluntad de cambio, en el boicot a la prueba de selección universitaria, convocada y efectuada de manera exitosa, por l a Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundario, ACES. Quienes develaron, por un lado, el trasfondo clasista y discriminador de dicho instrumento de selección universitaria y por otra, la forma coludida y corrupta de operar del gran negocio que tanto el DEMRE como el CRUCH hacen de ese proceso. La ciudadanía nacional, aunque rechazo la forma y estuvo, mayoritariamente, de acuerdo con las demandas de fondo de la ACES.

La criminalización de la acción política y la invocación de la Ley de Seguridad del Estado, por parte de la impopular Ministra de Educación, Marcela Cubillos, para los dirigentes de la ACES, convoco una masiva manifestación el viernes 10 de enero en la Plaza Dignidad. Esta movilización fue en solidaridad con la ACES. Miles de ciudadanos y ciudadanas respondieron al llamado. Fueron, por cierto, violentamente reprimidos por el aparato policial del Estado. Lo importante de resaltar aquí, es lo siguiente: al cabo de casi tres meses de rebelión social esta muestra una fuerte cohesión política y potencia que destroza la tesis de su desgaste.

Cabe señalar, por cierto, que la rebelión ha abierto otros flancos de lucha social activa. Especialmente, en los espacios territoriales, un ejemplo, es lo que ha acontecido en Pudahuel Sur. Si olvidar ni dejar de lado, el cambio constitucional propio. O sea, la rebelión «no está ni ahí» con el proceso institucional estatal sino, su interés político está en el proceso constituyente popular autoconvocado. Allí se escribe la nueva constitución política del Estado Plurinacional.

Todo lo anterior, explica el nerviosismo del conglomerado aliancista y gubernamental, Chile Vamos. Y, si bien, tanto Renovación Nacional (RN) como la Unión Demócrata Independiente (UDI) no rechazan el proceso constituyente, han argumentado que dado que la movilización insurrecta ciudadana subpolítica se mantiene ellos han decidido votar por «no apruebo» en el plebiscito del 26 de abril, o sea, no aprobar el cambio de la constitución política actual, o sea, en otras palabras, mantener vigente la CP80. Incluso, la UDI, ha insinuado solicitar al presidente Piñera que este plebiscito no se realice, dado el contexto de violencia, desorden, insurrección social y política.

Por su parte, los partidos políticos de la exConcertación y de la Nueva Mayoría, están muy preocupados, principalmente, los sectores neoliberales por la potencia y continuidad política de la rebelión. La reciente carta firmada por exfuncionarios de los gobiernos de la «centroizquierda», prueba irrefutable de su conservadurismo neoliberal. Instan en representación de ellos mismos y tal vez, de sus familias y de nadie más; «a superar la crisis y la violencia que inquieta a la gran mayoría de Chile, evitando errores voluntaristas y mostrando moderación». Y, por cierto, y señalan cual es el único y verdadero camino que salvaría a la sociedad neoliberal amenazada por «minorías de exaltados, irresponsables y fanatizados que avasallan a la gran mayoría de chilenos que han escogido el camino del proceso constitucional dentro de las reglas y respeto democrático».

Cabe señalar que la carta «En Defensa de la Democracia», defiende la democracia protegida consagrada en la CP80 que este sector político mantuvo, institucionalizó y legitimó desde 1988, en adelante. Ellos, militantes de la Democracia Cristiana, del Partido Socialista de Chile, del Partido por la Democracia, de los distintos Mapus, etcétera, en 1986, corrieron a refugiarse, ampararse, a protegerse en la institucionalidad pinochetista y de la CP80, ante la capacidad bélica mostrada por la resistencia armada popular a la dictadura. Luego del fallido atentado contra del dictador por parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), tanto la Alianza Democrática, como el Bloque Socialista y sectores del MDP (Movimiento Democrático Popular), optaron, por bajar y suspender las movilizaciones sociales, las llamadas Jornadas de Protesta Nacional y aceptar, a nombre de la mayoría ciudadana silenciosa, la trayectoria institucional de la dictadura. En otras, palabras, a preparar su participación en plebiscito sucesorio contemplado en la CP80, para el año 1988. Y, por cierto, no discutir la legitimidad de dicha constitución, aceptando, la tesis política de Patricio Aylwin, planteada en 1984.

Hoy, igual que ayer, estos sectores, por cierto, algunos promotores directos, del derrocamiento del gobierno popular de Salvador Allende y del genocidio popular, aceptan y llaman a participar en plebiscito por una nueva Constitución Política de espaldas y contra de lo que el pueblo rebelde plantea. Estos ciudadanos rebeldes son tratados o mejor dicho maltrados de manera insolente y grosera, despectiva y clasista: son «exaltados, irresponsables y fanatizados» y, por cierto, una minoría.

En su actitud de soberbia política inaudita, en hombres y mujeres que sufrieron, como exfuncionarios del gobierno popular, la persecución política, el exilio, el encarcelamiento y la tortura, hoy desprecian a las y los ciudadanos rebeldes, solo por luchar contra un sistema que las y los oprime. Da vergüenza. Ellos, son la «verdadera amenaza» para la democracia y, sobre todo, para la vida de millones de chilenos y chilenas, los cuales ellos durante 24 años, condenaron a la marginalidad, a soportar durante años la devastación que el neoliberalismo hacía de sus vidas, mientras ellos desde los recintos del poder disfrutaban de las bondades del sistema. Hoy cuando los «condenados por el neoliberalismo» dicen basta, ellos, con un cinismo total, los denuncian como «exaltados, irresponsables y fanatizados», por exigir dignidad.

Estos sectores no ofrecen ninguna confianza a la ciudadanía rebelde e incluso para toda esa ciudadanía silenciosa que ellos dicen representar. Fundamentalmente, porque van a «votar apruebo», o, tal vez, más que alguno de las y los firmantes, vote «no apruebo». Pues, la mayoría de ellos se han sentido muy cómodos y conformes con la CP80. Especialmente, luego de las reformas introducidas en el año 2005, cuando su líder máximo Ricardo Lagos, proclamó «urbe et orbi», que por fin teníamos una «constitución política democrática». Obviamente, mentía y como mienten estos 99 personeros firmantes.

La sociedad chilena no tendrá una constitución política democrática si sigue la «hoja de ruta» trazada por el gobierno corrupto de Sebastián Piñera y el ilegitimo parlamento.

Por esa razón, ha comenzado articularse y, espero, que pronto se organice social y políticamente, una tercera posición ciudadana para enfrentar la coyuntura constitucional. Se trata de un conglomerado heterogéneo de ciudadanos subpolíticos que rechaza, abierta y categóricamente, el proceso constituyente ofrecido por el gobierno.

Esta posición como decíamos en nuestro anterior artículo no acepta que el proceso hacia una nueva constitución política sea dirigido por la clase política y dirigente actual. Carecen de todos los requisitos democráticos para hacerlo, no tienen legitimidad, no representan a la ciudadanía, no son confiables, etcétera.

El objetivo político de este sector no es el cambio político breve. Todo lo contrario, se busca realizar un cambio político histórico revolucionario. Ello significa, que le momento constituyente, es un momento histórico-político que posee una potencia política extraordinariamente subversiva y democrática. Se busca fundar todo. Se trata de poner en movimiento una nueva historia. Cuyo horizonte configura una ética de la liberación, aquello que es sostén y propósito del proyecto emancipador, ese que, por lo general, a algunos, todavía, nos hace sentido nombrar socialismo.

Exacto, la coyuntura constituyente, no debe ni puede ni es deseable, que se ordene solo en dos ejes posibles, o dos alternativas, como ha sido, el orden binario, impuesto violentamente por la dictadura cívico-militar y ampliado, profundizado y consolidado por la Concertación a lo largo de estos 30 años.

Desde 1989 en adelante la política fue dirigida y monitoreada por el sistema binominal. Las dos alternativas eran: neoliberalismo de derecha o neoliberalismo de centroizquierda. Por esa razón, emergió la sociedad neoliberal más cohesionada y estable de todas las emergidas en las sociedades capitalistas periféricas, e incluso centrales. El fin de binominalismo, no puso fin, ni altero, ni modifico esa lógica.

En la actual coyuntura crítica y, pesar de que la rebelión es manifiestamente anticapitalista y anti-neoliberal. Dado que la conducción del proceso constituyente no lo tienen las fuerzas sociales insurgentes o rebeldes, sino la clase política corrupta, la cual desconoce y rechaza a las fuerzas sociales y políticas rebeldes.

El oficialismo neoliberal posee dos opciones políticas e históricas que permiten la continuidad de la dominación capitalista. Ambas se perfilan opciones aparentemente alternativas y confrontadas al momento de redactar la nueva constitución. Los y las redactores serán los mismos, dado la fórmula de elección de las y los constituyentes, que han controlado, manipulado y expropiado la representación la ciudadanía nacional a lo largo de estos últimas tres décadas.

Por lo tanto, las opciones serán, entre, entre un neoliberalismo de derecha, defendido, a ultranza por la UDI, RN y Evopoli con disidencias menores, pero, no fundamentales. A las militancias de estos partidos, habría que sumarle los diversos sectores sociales y ciudadanos provenientes de la alta burguesía empresarial, exmienbros de las Fuerzas Armadas, exmienbros de los gobiernos concertacionistas, probablemente, de los sectores más conservadores de la Democracia Cristiana, como también de la mediana y pequeña burguesía y, por cierto, sectores populares neoliberalizados (la clase media baja aspiracionistas). O sea, sectores ciudadanos que hemos identificado como tradicionales y, probablemente, parte importante de los sectores «ciudadanos no políticos», que, ante el miedo, que le generan los «rebeldes», irán votar, por mantener la CP80 o, por aquellos constituyentes que defenderán, en Convención Constituyente, los principios y valores del neoliberalismo. Este sector, no es, un grupo menor, todo lo contrario. Perfectamente, podrían llegar a un 25 a un 30%, de la ciudadanía. Aproximadamente, 4 millones de votantes.

El capitalismo neoliberalismo ultra corregido o centroizquierdista, será, la otra alternativa capitalista. Esta estaría defendida por los sectores de la vieja Concertación más los partidos de la Nueva Mayoría, incluyendo, por cierto, al Partido Comunista de Chile y, también, por lo que queda del Frente Amplio. Ellos buscarían introducir un conjunto de cambios y transformaciones al patrón de acumulación neoliberal. Para decirlo en forma sintética, su apuesta sería conformar o establecer un «capitalismo neoliberal con enfoque basado en los derechos» o un «capitalismo normal» O sea, un capitalismo sin Estado subsidiario, sino, en donde el deber del Estado sería atender los derechos sociales, económicos, culturales, de género, como también de la naturaleza, lo cual implicaría trabajar con las comunidades desempoderadas para aumentar su nivel de participación en las decisiones del Estado.

En este sector, la diversidad política es amplia y heterogénea. Entre el ala conservadora y la progresista habrá fuertes disputas y conflictos que abrirán la puerta para que los sectores políticos de la derecha neoliberal puedan obtener triunfos notables. Como ya lo hemos conocido en el actual parlamento. Sin embargo, habrá mucho más las coincidencias que diferencias. En relación al régimen político, la democracia liberal representativa, la existencia de los partidos políticos, etcétera; no serán significativas, no van existir, controversias profundas. Tal vez, la plurinacionalidad, será quizás, el de mayor conflictividad. O, el tema de género u otras cuestiones valóricas. Pero, lo que va predominar en este conglomera será el consenso sobre la continuidad de la dominación capitalista. Ahora, que sea, neoliberal o no, no será lo sustantivo. Lo más seguro que van introducir cambios políticos institucionales que no van alterar la estructura del poder social establecido hace 47 años por las fuerzas del capital.

A pesar del desprestigio político de este sector entre la ciudadanía. Lo más probable que este sector sea apoyado por un 30 a 35 % de la ciudadanía tradicional y ciudadanía no política, o sea, podría obtener, aproximadamente, el apoyo de 5 millones de electores.

Mientras que los sectores opositores al proyecto constitucional estatista conformados por los ciudadanos subpolítica en rebeldía, que se expresaría, no votando en el plebiscito del 26 de abril, serían aproximadante, entre un 35 a un 40% de la población electoral, es decir, cerca de 6 millones de ciudadanos, o sea, la mayoría.

Estos sectores subpolíticos han venido rechazando los procesos electorales desde 1997 en adelante en las elecciones presidenciales de 2017 constituyeron el 42%, del padrón electoral general, ellos son la mayoría social y política. Lo cual no debiera cambiar en el próximo torneo electoral. La ciudadanía subpolítica en rebeldía va boicotear el plebiscito. No, porque quiera mantener la CP80, sino porque busca transformar la sociedad neoliberal y reemplazarla por otra sociedad más justa, igualitaria, equitativa, plurinacional, en donde hombres y mujeres sean iguales en derechos, en donde los bienes naturales sean de todas y todos, o sea, comunes, donde los pueblos originarios tengan autonomía política, cultural y territorial, pero, respetando los derechos de las mujeres, etcétera. Con una economía que proteja y en equilibrio con la naturaleza. Se trata de construir a partir del momento constituyente otra sociedad. No, se quiere otra Constitución Política que ordene de manera distinta los diversos elementos que conforman el capitalismo.

La apuesta es por la construcción de una sociedad socialista. Y, la única forma de avanzar en su construcción es hacerlo desde el poder popular. Y, él no se expresa ni tiene cabida en el actual proceso constituyente convocado por el poder del capital para frenar la rebelión popular y ofrecer un refugio a todos los sectores que se sienten amenazados por ella.

Por esa razón, hay que construir e impulsar la constituyente popular en perspectiva socialista. Esa es la tarea.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.