Ante el trámite final de la LOE, las personas que suscribimos este artículo queremos hacer públicas las principales razones por las que consideramos que esta ley contiene aspectos que perjudican claramente los intereses de la escuela pública como garante del derecho a la educación de todas y todos en condiciones de igualdad, y que -de […]
Ante el trámite final de la LOE, las personas que suscribimos este artículo queremos hacer públicas las principales razones por las que consideramos que esta ley contiene aspectos que perjudican claramente los intereses de la escuela pública como garante del derecho a la educación de todas y todos en condiciones de igualdad, y que -de no corregirse en el trámite parlamentario aún pendiente- puede tener efectos perniciosos sobre su futuro.
Cuando en septiembre de 2002, en plena tramitación parlamentaria de la LOCE, la Plataforma Estatal por la Escuela Pública -sindicatos de profesorado y de estudiantes, asociaciones de madres y padres, y movimientos de renovación pedagógica, junto a PSOE e IU-, organizó un masivo acto en Madrid, con la participación de sus máximos dirigentes -José Luis Rodríguez Zapatero incluido-, suscribimos un manifiesto conjunto que hoy merece la pena recordar y recuperar.
Reivindicábamos entonces que «las Administraciones educativas deben, ante todo, reforzar el papel de los centros públicos como red vertebradora de la oferta educativa y sólo deben mantener conciertos con los centros privados que estén dispuestos a atender a todo el alumnado, sin ningún tipo de discriminación, a hacer efectivo el principio de gratuidad y a llevar a cabo una gestión transparente y controlable socialmente».
Frente a ello, la LOE -tras los acuerdos del PSOE con sectores de la enseñanza privada concertada- no sólo ha renunciado a reconocer ese papel a la educación pública, sino que ha reforzado los conciertos extendiéndolos a etapas no obligatorias, tal como hizo el PP. Por otro lado, la ley no impide la segregación por razón de sexo en etapas o aulas sostenidas con fondos públicos -aunque no se discrimine por ello en la admisión al centro-; ni corta de raíz cualquier posibilidad de cobro a las familias por enseñanzas concertadas; ni somete a los centros privados concertados a los mismos requisitos de funcionamiento y control social; ni evita la competencia desleal de éstos con la red pública; ni asegura que la cesión de suelo público sea para la creación de centros públicos; ni siquiera se ha logrado que el despido improcedente del profesorado -aún con sentencia firme- sea considerado como falta grave, lo que es sencillamente escandaloso.
Por primera vez en la historia de la educación española se equipara por ley -en derechos, que no en obligaciones- a la red privada concertada con la pública. La LOE contempla que «el servicio público de la educación puede ser prestado por los poderes públicos y por la iniciativa social, como garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos»; el Estado hace así dejación de una de sus obligaciones fundamentales contraviniendo el artículo 27.5 de la Constitución por el que «los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación». ¿Cómo se pretende que la «iniciativa social», la enseñanza privada, garantice un derecho fundamental como es la educación cuando, por su propia naturaleza, su objetivo es o ganar dinero o adoctrinar?
Por otro lado, se claudica ante la vieja exigencia de la derecha de equiparar el derecho de todos a la educación con la «libre elección de centro», supeditando a ello el deber de los poderes públicos de programar las plazas escolares. Se pretende presentar como iguales a las dos redes, pública y privada, que siguen siendo muy diferentes en cuanto a su origen, objetivos, gestión, admisión del alumnado o contratación del profesorado, con el objeto de que la red privada concertada pueda recibir todo tipo de sobredotación económica y de personal, como se recoge en distintos apartados de la ley. Y todo ello en detrimento de los recursos para la escuela pública y para el ámbito rural en particular.
La ley no ha satisfecho ni de lejos las expectativas generadas. Por el contrario, las muchas concesiones hechas por el Gobierno a la patronal confesional de la enseñanza concertada nos permiten atribuirle lo que hace tres años decía el manifiesto antes citado: «Se camina hacia la consolidación de dos redes de centros educativos con un alumnado claramente diferenciado. Una, la formada por los centros de titularidad pública, condenados en la práctica a convertirse en una red asistencial dirigida a los sectores más desfavorecidos de la población, y, otra, la integrada por los centros privados concertados cuyo peso e influencia será cada vez mayor».
Hay otros aspectos que hace tres años también se consideraban cruciales por todas las fuerzas progresistas, incluido el PSOE. La participación democrática en la gestión de los centros es uno de ellos. Se decía entonces y reiteramos ahora que los consejos escolares, máximos órganos de representación de la comunidad educativa, deben tener la función de ejercer el control social en la gestión de los centros. Pues bien, la LOE ni potencia el papel de los consejos escolares (se les resta competencias muy importantes con respecto a la LODE) ni ha recuperado la elección democrática de los equipos directivos.
Mención especial merece lo que decía el manifiesto sobre los recursos necesarios para mejorar la calidad del sistema educativo: «Es imprescindible la aprobación de una ley de financiación extraordinaria que garantice la aplicación de una auténtica ley de calidad en todas las comunidades autónomas. Es necesario invertir más en educación pública y alcanzar la media de los países de la Unión Europea». La LOE ha incluido finalmente un título de financiación, con el compromiso (¡a 10 años!) de equiparar nuestro gasto educativo a la media europea, pero no se aborda la compensación interterritorial, cuestión que resulta clave para que haya un sistema compensador que trate en igualdad a todo el alumnado, independientemente de su origen social y territorial.
En cuanto a la enseñanza de la religión, lejos de solucionar la problemática actual de una manera coherente con nuestros valores constitucionales, como vienen demandando amplios sectores de la sociedad española, se cede nuevamente a los intereses de la jerarquía eclesiástica y se retrocede al vincular, por primera vez en democracia, una ley orgánica a unos acuerdos con la Santa Sede claramente contradictorios con nuestra Constitución (Capítulo 3, del Título III), lo que resulta, sencillamente, inadmisible.
La LOE, pues, nos aleja aún más del modelo de escuela laica que corresponde a un Estado aconfesional, manteniendo el adoctrinamiento en las aulas, generando con ello segregación entre el alumnado en función de las creencias o convicciones morales de sus familias, y financiando con el dinero público escuelas confesionales que están transmitiendo a su alumnado, a través de la enseñanza religiosa, contravalores ajenos a nuestra propia legislación, a los fines de la educación, a la convivencia en igualdad y a la propia razón, como son el sexismo, la homofobia, el fundamentalismo, la interpretación sesgada de los derechos civiles, las relaciones humanas, el origen de la vida y la concepción de la muerte, la prevalencia de la fe sobre la razón, el cuestionamiento de avances científicos que son positivos para la salud y el conocimiento…
Consideramos que ante estas deficiencias y retrocesos, las organizaciones y colectivos progresistas del ámbito educativo tienen la obligación de plantear al Gobierno y a los partidos políticos, durante lo que resta del trámite parlamentario de la LOE, la necesidad de abordar las cuestiones de fondo, expuestas en este escrito. Y exigir su rectificación.
Animamos, pues, a todas las personas y organizaciones que se movilizaron contra la LOCE a sumarse a esta iniciativa y a movilizarse conjuntamente, como vienen haciendo algunas de ellas en los últimos meses, en defensa de una educación pública y laica de calidad, en condiciones de igualdad, y con financiación suficiente.
Firman este artículo Loles Dolz (coordinadora del Área Federal de Educación de IU), Augusto Serrano (Secretariado Confederal de STES), Ginés Martínez (vicepresidente de la Confederación laica de Padres de Alumnos, CEAPA), Maite Pina y Eulalia Vaquero (ex presidentas de CEAPA), Juan F. González Barón (presidente de Europa Laica), Francisco Delgado y Beatriz Quirós (miembros del Consejo Escolar del Estado), Agustín Moreno (Comisión Ejecutiva Confederal de CC OO), Julio Rogero (Movimientos de Renovación Pedagógica), Jaume Martínez Bonafé, Xose M. Souto González y Fernando Ballenilla (profesores universitarios).