«La Humanidad ha elegido el camino equivocado en algún momento de la Historia» José Saramago Basándonos en el último documento de trabajo presentado a la militancia para su debate por Izquierda Unida, partimos de la base de que necesitamos como mínimo dos grandes revoluciones en nuestra sociedad, complementarias la una de la otra. Ambas de […]
«La Humanidad ha elegido el camino equivocado en algún momento de la Historia»
José Saramago
Basándonos en el último documento de trabajo presentado a la militancia para su debate por Izquierda Unida, partimos de la base de que necesitamos como mínimo dos grandes revoluciones en nuestra sociedad, complementarias la una de la otra. Ambas de carácter anticapitalista, pero en el camino para acabar con dicho sistema, tenemos que atacar dos grandes frentes: el económico y el político. Como idea-fuerza básica la premisa de que el capitalismo ha de ser erradicado, de que ello es posible, que no es una utopía, y que el capitalismo es el último responsable de haber llegado a una sociedad injusta, cruel e inhumana como la que tenemos.
Sabemos que al capitalismo le sobran los Derechos Humanos, que sólo le interesa el mercado, y que desprecia la democracia. No es un problema por tanto de reformar, de adaptar o de refundar el capitalismo, sino de abolirlo, de erradicarlo, de transformar nuestra sociedad en otra más justa y democrática. Frente a las «reformas estructurales» del tándem PP-PSOE, que sólo esconden recortes sociales a nuestros derechos fundamentales y a nuestros servicios públicos, nosotros apostamos por las «transformaciones fundamentales» que nos llevarán a otra sociedad, fundamentada en la garantía a los Derechos Humanos y a la protección y respaldo por parte del Estado del conjunto de servicios y recursos públicos que garanticen un vida digna.
En primer lugar, tenemos la Revolución Económica: aquí encuadraríamos un conjunto de medidas encaminadas a generar un entorno económico más justo y democrático. Entre otras, incluiríamos un proceso de Auditoría Ciudadana de la Deuda, que evalúe nuestro montante de deuda pública, y proceda a calificar aquélla parte de la misma que sea ilegítima, para denunciarla y repudiarla. Para la parte restante, negociar un nuevo marco de demora en el pago de la misma. Recordamos que sólo en intereses de dicha deuda, en 2013 hemos pagado 38.500 millones de euros de los PGE. En la misma línea, anular la modificación al Artículo 135 de nuestra Constitución, y por tanto, anular el actual dictado que nos obliga, a instancias de la Troika, a proceder al pago de todos nuestros acreedores, antes que al pago de cualquier servicio social o gasto público. La auténtica prioridad ha de establecerse en el gasto social, y en la protección a las personas.
En este contexto, incidir en las políticas de generación activa de empleo, que no serán posibles hasta que se cumplan una serie de circunstancias, entre ellas que el Estado vuelva a erigirse en el agente empleador por excelencia, que el crédito vuelva a fluir para empresas y familias, y que alcancemos un nuevo modelo productivo basado, entre otros pilares, en la penalización de la política de bajos salarios y precarización del empleo, en un proceso de reindustrialización, de revaloración de la I+D+i, de la ciencia y de la cultura, y en la migración hacia un nuevo modelo energético. En todo ello deberán influir los procesos de nacionalización de las grandes empresas estratégicas de nuestra economía (telecomunicaciones, energía, agua, transportes, etc.), de creación de un polo de Banca Pública, de reforma fiscal progresiva, de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, y de una reforma del sector agroindustrial y alimentario.
Por otra parte, otro gran grupo de medidas se encuadrarían en lo que pudiéramos denominar la Revolución Democrática, que consistiría en la implementación de transformaciones políticas encaminadas a instaurar un auténtico y pleno sistema democrático en nuestro país. El estatus del cargo público, la creación de la figura del revocatorio, la transparencia y rendición permanente de cuentas y decisiones, la política de sueldos públicos, la eliminación de las puertas giratorias entre lo público y lo privado, las medidas de democracia local y participativa, los referéndums y las Iniciativas Legislativas Populares (ILP), la estricta y escrupulosa separación entre los poderes del Estado, la reforma de la Ley Electoral, de la financiación de los partidos políticos, la instauración del pleno derecho a la información, la democratización de los medios de comunicación y la reforma del reglamento de las Cortes Generales y de los Parlamentos autonómicos se encuadrarían en todo este grupo.
Por último, desde un sector crítico importante de la izquierda seguimos haciendo un llamamiento a romper con la actual Unión Europea y con el marco del Euro, bajo cuyos parámetros económicos, políticos y sociales será imposible canalizar un mínimo de medidas que puedan caminar hacia el cumplimiento de los objetivos marcados anteriormente. Necesitamos recuperar la soberanía monetaria, y con ella la soberanía económica y política, bajo las cuales, no sin las dificultades derivadas de dicha ruptura, podremos vislumbrar un horizonte más justo desde los puntos de vista humano, social y medioambiental.
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