En Nueva Imperial (Región de la Araucanía) fue postergada (hoy 18 de abril) para el 2 de mayo próximo la audiencia en que debía fijarse la fecha y composición del tribunal que llevará a juicio oral al dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco Héctor LLaitul, y al comunero Roberto Painemil. La razón de la nueva […]
En Nueva Imperial (Región de la Araucanía) fue postergada (hoy 18 de abril) para el 2 de mayo próximo la audiencia en que debía fijarse la fecha y composición del tribunal que llevará a juicio oral al dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco Héctor LLaitul, y al comunero Roberto Painemil. La razón de la nueva dilación del proceso es técnica, según el tribunal: el (curioso) daño que se produjo en la cinta que contenía la declaración grabada de Roberto Painemil denunciando haber inculpado a Llaitul bajo los efectos de la tortura, afirmando no conocerlo y negándose a ratificar la declaración inicial.
Se trata de una pieza clave para la jueza Claudia Sánchez puesto que Llaitul había sido inicialmente inculpado por Roberto Painemil, y en esa primera declaración hoy refutada, reside todo el «peso» de la causa de la fiscalía contra el dirigente de la CAM y del propio Painemil. Ambos luchadores mapuche llevan más de un año y tres meses en «prisión preventiva», encarcelados sin juicio. Sólo se les notificó de acusación formal en marzo de este año aunque de hecho están purgando una condena anticipada por el atentado incendiario contra maquinaria de Forestal Mininco, ocurrido en el fundo Las Praderas el 25 de Diciembre de 2006.
Refuerzos para defensoría mapuche
Los querellantes son la representante de la Presidenta Bachelet, la Intendenta Nora Barrientos, y Forestal Mininco. La fiscal Vania Arancibia ha solicitado nueve años de prisión para ambos formalizados, acusándolos de los supuestos delitos de incendio y porte de armas. En la práctica, ellos tenían una nula defensa legal pues a lo largo de todo el año 2007, los abogados de la Defensoría Pública Mapuche (Ricardo Cáceres y Jaime Löpez) nunca solicitaron su libertad bajo fianza, ni impugnaron la declaración por la cual Painemil inculpó a Llaitul en el hecho investigado. Ahora la situación es diferente, ya que el abogado de Derechos Humanos Juan Enrique Prieto (de la Fundación Laura Rodríguez, vinculada al Partido Humanista) y el ex Juez Juan Guzmán (Centro de Derechos Humanos de la Universidad
Central) están apoyando a los defensores públicos en el tema. A pedido de la organización de Familiares de Presos Políticos de la Coordinadora, que teme la orquestación de un montaje en contra de los inculpados, se harán presente en el juicio asimismo observadores de organizaciones de derechos humanos de Chile y el extranjero.
Duro informe de Asociación Americana de Juristas Las irregularidades de este y otros procesos fueron denunciadas por los presos políticos mapuche de la región a una delegación internacional de la Asociación Americana de Juristas, que realizó en enero de este año una visita in situ a la Novena Región, visitando comunidades y cárceles en que están recluidos hombres y mujeres mapuche. La misión, encabezada por la abogada Graciela Alvarez, Presidenta de la filial chilena de la entidad, emitió un duro informe esta semana en Santiago de Chile, con un recuento de las violaciones a los derechos humanos y al debido proceso. El informe se hace eco de las denuncias de militarización del territorio de todas las comunidades que defienden sus tierras ancestrales y hace presente, entre otras consideraciones, la indefensión en materia legal que afecta a los presos políticos y a las comunidades, sus familias y en especial sus niños frente a la violencia desplegada en su contra por agentes del Estado en los constantes allanamientos de que son objeto.