Las protestas que desde hace más de una semana conmueven a Colombia no son protestas ante hechos puntuales, de la misma manera que las protestas que hace más de un mes sacuden a Chile no lo son por un alza de 30 miserables pesos del metro. Ambas protestas son sistémicas y expresan el malestar generalizado […]
Las protestas que desde hace más de una semana conmueven a Colombia no son protestas ante hechos puntuales, de la misma manera que las protestas que hace más de un mes sacuden a Chile no lo son por un alza de 30 miserables pesos del metro. Ambas protestas son sistémicas y expresan el malestar generalizado del pueblo con un sistema que ha vuelto insoportable la vida de la inmensa mayoría de la población mientras unos pocos se hacen groseramente ricos. En el caso de Colombia se suma también la violencia sistemática contra el pueblo, que se evidenció con las masacres de niños en Caquetá, los falsos positivos, el genocidio de líderes sociales en todo el país, y por supuesto, la violencia con los manifestantes en el marco de este paro cívico. No es casual que una de las demandas más fuertes que se han hecho sentir es el desmonte del ESMAD, el temido grupo antidisturbios que es responsable de innumerables muertes en cada protesta, incluida la muerte del joven Dilan Cruz durante este paro.
El desmonte del ESMAD, un grupo que da tratamiento de guerra a la protesta social y que es irreformable, era una de las demandas centrales del Comité Nacional del Paro (CNP). Pero ahora aparece una carta dirigida al «Respetado señor Presidente», firmada por el CNP, junto a una serie de apaga-incendios profesionales del Congreso, la coalición «Defendamos la Paz», y una lista de gente que incluye a no pocos vividores y oportunistas. La crema y la nata se juntaron en esta carta. Entre otros, aparece Rodrigo Londoño «Timo», quien el día del paro, en lugar de estar en las calles de Bogotá, estaba en Aguabonita, Caquetá, pontificando sobre las mieles de la pacificación. Ahora aparece para montarse a la negociación de una protesta en la que estuvo ausente. En esta carta, el CNP, en asociación con buena parte de la clase política tradicional y «alternativa» del país, el «país político» como lo llamaba Gaitán, dice como condición para el diálogo con el gobierno:
«Que se garantice el ejercicio del derecho a la protesta, se desmilitaricen las ciudades y cese toda acción violenta contra las movilizaciones pacíficas de la ciudadanía por parte de la Fuerza Pública y, en especial, del ESMAD.« [1]
No que se desmonte el ESMAD, sino que cesen sus acciones violentas. ¡Cómo si el ESMAD, que es la encarnación de la criminalización de la protesta social pudiera, por obra y gracia de Dios, reprimir de manera democrática! Esto, o es una ingenuidad, o es una claudicación; más bien parece lo segundo. Después de tener la iniciativa, el CNP se la ha vuelto a entregar al gobierno, dejando de lado una de las más sentidas aspiraciones populares, más sentida aun por el cobarde asesinato de Dilan Cruz, asesinato tan cobarde como los muertos en cada paro agrario, en tantas protestas estudiantiles, o como el apaleo letal a Nicolás Neira en plena carrera séptima a sus tiernos 15 años. Al parecer, aceptan con obediencia y resignación las palabras de Diego Molano, Director del Departamento Administrativo de la Presidencia, quien fue enfático:
«Particularmente el Esmad no está en discusión. El gobierno nacional tiene claridad de que sus Fuerzas Militares y de Policía hacen parte del Estado; aquí no hay una negociación del Estado, aquí lo que hay es una conversación para encontrar soluciones a problemas concretos, a unas problemáticas sociales que se han planteado« [2] .
El problema es que el pueblo es quien ha planteado la discusión del ESMAD. No es el «país político» quien lo ha hecho, y esa discusión se dará cuando el pueblo decida que se dé, cuando decida hablar con voz propia y no permita más que su voz sea secuestrada por una recua de politiqueros que han lucrado de sus cargos de representación, de gestores del descontento social, de administradores «responsables» de la protesta social. Acá no hay problemas «concretos» que solucionar. Esto no se soluciona con mejorales y aspirinas. Esto requiere una discusión de fondo, que sí, tiene que ver con el modelo, con esa línea roja planteada por el santismo que ahora posa de progresista (señal de lo derechizado que está el espectro político colombiano).
Siguiendo el exitoso (para la oligarquía) modelo de pacificación y desmovilización de las FARC-EP, ahora estos apaga-incendios han venido a reiterar las líneas rojas de la negociación con los exrebeldes, hoy convertidos en defensores del establecimiento. Durante todos los años de negociación en la Habana el bloque santista insistió que las políticas de Estado no estaban en discusión, que el Estado no se negociaba en la mesa, hasta que los exrebeldes lo terminaron aceptando. «El modelo económico o la inversión extranjera no son elementos presentes en esta agenda de negociación«, insistió Humberto de la Calle para que no quedara ninguna duda [3] . Y así fue. Los farianos se desmovilizaron y todo siguió igual.
Hace pocos días, De la Calle volvió a la carga a raíz del paro cívico para defender el acuerdo con las FARC-EP: «el mejor acuerdo es ese, porque fue el que permitió que estos señores entregaran las armas, se destruyeran, formaran un partido político y reconocieran el sistema democrático en Colombia« [4] . Estas palabras no son casuales, como tampoco lo es su presencia como firmante de esta carta para el diálogo con Duque. Los sectores del establecimiento interesados en mantener el status quo, buscan reproducir el modelo de negociación con las FARC-EP pero con la protesta social: desmovilizarla, que terminen aceptando que no se discutirá ni el Estado ni el modelo, y luego mandarlos para la casa. Mientras prosigue la matazón de los más revoltosos y ruidosos. Y el país como si nada.
La firma de Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo, Rafael Pardo, entre otros, es señal de que con estas negociaciones lo que se busca es sacar pueblo a la calle, que ponga heridos y muertos para que otros negocien el descontento a cambio de migajas, cambios cosméticos, de un huequito en el banquete del poder. Negociar y negociar eternamente, para después alegar que no se cumple nada y repetir el ciclo. Acumular muertos e incumplimientos. La política del gatopardismo, o del rafaelpardismo en su versión colombiana: que todo cambie para que todo siga igual.
Ahora, precisamente es el momento de cruzar las líneas rojas, el momento de plantear la discusión de un modelo económico que destruye el medio ambiente; que asesina de hambre a los niños en la Guajira, en Meta, en el Chocó; que desplaza campesinos e indígenas; que deja en la calle a seres humanos que han trabajado toda su vida para que otros se enriquezcan; que arrebata todos los derechos a las personas; que empobrece al pueblo y encarece el costo de la vida. Es el momento de plantear la discusión de un Estado fundado en la violencia sistemática en contra de las comunidades empobrecidas y que criminaliza toda forma de protesta social. Este Estado, este modelo económico, y por supuesto, el ESMAD deben ser el tema principal de negociación ahora. Si no ahora, entonces ¿cuándo?
Pero parece que una vez más la dirección del movimiento popular no está en realidad interesada en luchar para vencer. No, están en realidad interesados en negociar otra derrota más. Y para ello, se apoyan en los «villanos invitados» que aparecen en la carta. En el «país político», que habla un lenguaje totalmente extraño al «país nacional» que ha salido a marchar estos días por iniciativa propia y rabia honda. Al parecer no han entendido la profundidad del malestar popular. ¿Cuándo se romperá este ciclo? Ojalá el CNP rectifique. Y si no rectifica, ojalá que la máxima de Jorge Eliecer Gaitán de que el pueblo es superior a sus dirigentes se cumpla y que fuerce discusiones de fondo, a pesar de la sagrada alianza que está tratando de aplacarlos.
Notas
[1] http://pacocol.org/index.
[2] https://noticias.caracoltv.
[3] https://www.bbc.com/mundo/
[4] https://www.elespectador.com/
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