Con el interés de avanzar con certeza en la edificación de la paz para Colombia y fortalecidos con las iniciativas de diversos sectores de la nación que han manifestado abiertamente el compromiso con la solución política del conflicto y el fin de la guerra, las FARC-EP hemos expresado empeño en implementar acciones concretas para fortalecer […]
Con el interés de avanzar con certeza en la edificación de la paz para Colombia y fortalecidos con las iniciativas de diversos sectores de la nación que han manifestado abiertamente el compromiso con la solución política del conflicto y el fin de la guerra, las FARC-EP hemos expresado empeño en implementar acciones concretas para fortalecer los sueños por una paz transformadora, basada en la justicia social.
Seis «ceses el fuego» unilaterales, incluyendo el que se inició el pasado 20 de julio, ratificado en el día de ayer; liberaciones de prisioneros de guerra, el acuerdo sobre limpieza y descontaminación del territorio de la presencia de minas antipersonal, artefactos explosivos improvisados y municiones sin explotar o restos explosivos de guerra en general, son gestos de desescalamiento que afirman la voluntad y decisión de paz que acompaña el espíritu de cada uno de los integrantes de las FARC-EP.
Acordamos en la Mesa de Conversaciones iniciar el proceso de descontaminación territorial de explosivos y definimos dos sitios, en el departamento del Meta y en la vereda el Orejón, municipio de Briceño, norte del departamento de Antioquia.
El Orejón se ha proyectado en la esperanza de que sí es posible la reconciliación de la nación, dado que mancomunadamente combatientes de las fuerzas militares y guerrilleros de las FARC-EP, desarrollan una activa labor humanitaria junto con los habitantes de la comunidad y bajo la coordinación de la Ayuda Popular Noruega (APN).
Hemos avanzado en el plan piloto hasta la tercera fase, enfrentando las dificultades que caracterizan a todas las comunidades agrarias de Colombia, azotadas por el abandono estatal, el desplazamiento y la violencia. A estas realidades se sumó el accidente que ocasionó heridas a dos desminadores y la muerte del soldado Wilson de Jesús Martínez Jaraba, generando un sentimiento de luto en la misión humanitaria de guerrilleros y soldados, como al conjunto de la Mesa de Conversaciones.
Las preocupaciones de los habitantes del Orejón y Pueblo Nuevo crecen por la larga historia de promesas incumplidas por parte del Estado. Ahora la presencia de autoridades gubernamentales, más la participación guerrillera, ha despertado nuevas esperanzas impulsándolos a exigir desarrollo social; a proponer proyectos productivos que les permitan salir de la marginalidad y repare el impacto violento del entorno social y medio ambiental que ha generado Empresas Públicas de Medellín (EPM) con la ejecución del mega proyecto hidroenergético Hidroituango, que ha afectado gravemente labores de pesca por la contaminación del agua, la perdida de las tierras más fértiles para la agricultura y promovido la migración de especies hacia la ladera, lo que ha incrementado accidentes como la mordedura de serpientes.
A esta situación de crisis humanitaria se suma la intimidación permanente de grupos paramilitares que amenazan la libre movilidad y el abastecimiento de víveres a la comunidad. Estas estructuras de terror actúan abiertamente, a ojos de todos los pobladores del municipio de Briceño, sin que las fuerzas militares y de policía desarrollen acciones contra ellos. En la región todos saben que estos grupos tienen asentamiento permanente en la vereda las Auras.
Por estas razones la comunidad del Orejón ha solicitado acciones concretas por parte del gobierno, obligando a paralizar el desarrollo de la fase tres del plan piloto. Reclaman certeza de que el gobierno va a despejar el territorio de la presencia de grupos paramilitares y a implementar planes de sustitución de los cultivos de uso ilícito a los que les tocó recurrir como única forma de sobrevivencia.
Para los habitantes del Orejón la limpieza del territorio de todo tipo de explosivos y municiones sin explotar implica garantías de seguridad, planes para la transformación de sus condiciones de vida y el ejercicio pleno de sus derechos. Entienden que la paz es transformadora y desde ya hay que empezar a edificarla. Ese es nuestro compromiso en la Mesa de Conversaciones.