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Presentación del libro «Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito: balance, rediseño y desafíos»

Fuentes: Rebelión

Presentar el texto Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito: balance, rediseño y desafíos compromete una especial satisfacción y alegría, así como un reto, tanto institucional como personal.

En efecto, en primer lugar, para ILSA el trabajo conjuga al menos dos temas que han sido parte de su amplia trayectoria: la sustitución de cultivos de uso ilícitos y la construcción de paz[1]. Nuestra entidad ha adelantado diferentes investigaciones y estudios con los que busca, desde las miradas críticas del derecho y de los fenómenos sociales, formular análisis y reflexiones que, por una parte, influyan en la opinión pública, la comunidad académica y los tomadores de decisión; y, por otro lado, contribuyan a las luchas y horizontes emancipatorios de los movimientos sociales, clases subalternas y sectores excluidos. Estos primeros aportes institucionales, remiten a esfuerzos colectivos de carácter regional entre los años 1988 y 1989, que se plasmaron en La irrupción del paraestado. Ensayos sobre la crisis colombiana, texto compilado por el maestro German Palacio en el que categóricamente se afirmaba: “la guerra contra el narcotráfico no es nada más que otro capítulo de la historia general de la astucia del poder”[2] y es que, para Palacio y Rojas el tráfico internacional de cocaína debe ser diferenciado del narcotráfico, donde el primero es un mecanismo de acumulación capitalista, ilegal e internacionalizado, mientras que, el narcotráfico es “una especie de dispositivo político utilizado por los gobiernos y particularmente el gobierno de los Estados Unidos (aunque no solamente) para realizar operaciones de represión, disciplinamiento y control social”[3].

Así, se acuñaría la guerra contra el narcotráfico, noción que mutaría en una guerra contra el narcoterrorismo, teniéndose de esta forma que el tráfico de cocaína, devenido en narcoterrorismo, “de ser una empresa capitalista se transforma poco a poco en un mecanismo de apoyo a un control político internacional en cabeza del gobierno de los Estados Unidos y una herramienta destinada a contrarrestar las luchas sociales en Colombia”[4]. Parte del éxito de esta construcción discursiva estaba en asociar a ésta a sectores sociales dispares y diversos, que son criminalizados de forma homogénea, pero, perseguidos de forma inequitativa por parte de los Estados, que orientan el accionar de su aparato represor contra los sectores más débiles: campesinos y colonos cultivadores de hoja de coca y consumidores urbanos. Sobre esto último se volverá más adelante.

Ahora bien, con relación a la paz, el instituto advirtió en el Portavoz número 44, que si bien en la década de 1990 se presentó el quiebre de los gobiernos militares, el poder real de las fuerzas militares no se había reducido[5], situación que fue reafirmada en el espacio convocado por ILSA y la Universidad Nacional con ocasión de los diez años de la Constitución Política: “las relaciones entre el poder civil y el poder militar en Colombia corresponden más al esquema de una transacción permanente que al de una subordinación clara del segundo al primero”[6]. Esa edición 44 del boletín de los programas de servicios legales en Latinoamérica y el Caribe dedicó su portada al artículo La paz: ni para remedial siquiera de Camilo Castellanos, quien fuera director ejecutivo de ILSA durante el periodo 1998 – 2004 y quien nos abandonó físicamente el 2 de octubre de 2019. En el artículo, Camilo recordaba la relación entre paz y reformas económicas y sociales, la necesidad de que la agenda de paz contemple la profundización y consolidación de la democracia, y, que “solo la más activa y vigorosa movilización de la sociedad colombiana puede desatrancar el proceso de paz”[7].

Es precisamente este aspecto señalado por Camilo, la relación entre paz y reformas económicas y sociales, el que estaría presente en los abordajes académicos posteriores de ILSA[8], pero también, el que sería parte de la interacción con actorías sociales, especialmente, en aquellos procesos desplegados con comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas[9]. Y finalmente, esta relación ocuparía un papel destacado en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

ILSA fue una de las organizaciones que impulsó a más de 20 procesos organizativos de la ruralidad colombiana a encontrarse en el 2003 en el Congreso Nacional Agrario, y a firmar en Mandato Agrario, proclama en la que se incluyó la concertación de la política sobre coca, amapola y marihuana, así como la solución política del conflicto social y armado, punto en el que se indicó que:

El logro de una paz sólida y durable exige, además de los pactos entre las partes, la soberanía nacional, transformaciones del régimen político y la solución de los conflictos económicos y sociales que originaron y mantienen por décadas la confrontación armada, y por lo mismo, exige la participación decisoria de las organizaciones populares[10].

Dentro de los conflictos identificados están los de la llamada cuestión agraria, de allí que la interacción de ILSA con procesos sociales en el campo colombiano tenga como finalidad el contribuir a las transformaciones y superación de los conflictos existentes en la ruralidad con el horizonte de aportar a la paz. Así, se apoyó durante el 2006, la formulación del plan de desarrollo alternativo para la sustitución de cultivos de uso ilícito de la Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur (Recompas) en Tumaco (Nariño) y la propuesta regional desde lo rural para lograr la paz de la Mesa Departamental de Organizaciones Sociales Campesinas del Putumayo, propuestas que conjuntamente, de haber sido materializadas, habrían podido beneficiar y desvincular de los cultivos de uso ilícito a 25.000 familias. Muchos años después nuestra entidad estaría en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, de la mano de la Gobernación departamental, difundiendo entre integrantes de las organizaciones campesinas y populares de la región, los seis puntos del Acuerdo Final. Uno de ellos, el punto 4. solución al problema de las drogas ilícitas, y la propuesta para materializar el subpunto 4.1., el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) implicó un gran esfuerzo por la dinámica regional del conflicto, de los cultivos de coca y de producción de cocaína. En general, como institución podemos señalar nuestra satisfacción y alegría por las acciones adelantadas y acá brevemente reseñadas, al igual que, nuestra convicción de que el libro Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito: balance, rediseño y desafíos es continuación de esos esfuerzos, y, además, posibilitará y potenciará nuevos horizontes de acción.

Ese ejercicio de educación jurídica popular realizado en el Catatumbo y otros más desplegados en la región del Ariari (Meta), fue el inicio del trabajo teórico-práctico sobre los cultivos de uso ilícito, que el autor del texto que el lector tiene en sus manos, el sociólogo, miembro de la junta directiva de ILSA, amigo, compañero de travesías y sobrevivencia, Edwin de los Ríos Jaramillo, ha efectuado de manera amplia y constante. Así, en segundo lugar, debo decir que para quien firma esta presentación, genera una gran alegría el poder ver materializadas sus reflexiones y análisis en una obra bajo el sello editorial del Instituto con la que la entidad se propone asumir un gran reto: darle continuidad a la colección Textos de Aquí y Ahora.

El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera firmado entre el Gobierno Nacional de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), se presenta como un conjunto de acuerdos que se configura como un todo indisoluble, que pretende contribuir a las transformaciones necesarias para sentar las bases de una paz estable y duradera. Esa lectura integral del Acuerdo del Teatro Colón implica entender que para que los diferentes componentes de lo pactado cumplan a cabalidad sus objetivos, los demás componentes también deben hacerlo y su implementación debe darse de forma coordinada y general. Solo de esta forma cumplirá con su objetivo como política de Estado transicional.

Uno de esos acuerdos específicos es el titulado Solución al problema de drogas ilícitas, ubicado en el punto 4 del Acuerdo de Paz, que presenta tres grandes componentes: El programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, los programas de prevención del consumo y salud pública, y la solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos. Como se observa, en lo acordado se plantea una respuesta conjunta e integral al problema de las drogas ilícitas, que se distancia diametralmente de la idea de guerra contra el narcotráfico o contra el narcoterrorismo, reseñada anteriormente; estando con el Acuerdo de La Habana, en palabras de Edwin de los Ríos, ante la “irrupción de una nueva visión e interpretación del problema transnacional de las drogas ilícitas”.

La nueva visión contenida en lo pactado enfatiza en que el conflicto interno en Colombia “antecede y tiene causas ajenas a la aparición de los cultivos de uso ilícito de gran escala, y a la producción y comercialización de drogas ilícitas en el territorio”[11]; además reconoce que la producción y comercialización de drogas ilícitas ha afectado el goce efectivo y ejercicio de derechos y libertades fundamentales, por lo que las nuevas políticas que se desprenden del Acuerdo Final, tienen un enfoque de derechos humanos y de salud pública, diferenciado y de género; así como, se deben orientar a dar “un tratamiento especial a los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico que son las personas que cultivan y las que consumen drogas ilícitas”[12].

El trabajo del colega Edwin, se suma a la literatura especializada que de forma reciente aborda el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito[13]. Debe decirse que pocos textos hoy tratan sobre los cultivos de uso ilícito sin remitirse a esta importante propuesta contenida en el Acuerdo Final[14]. Ahora bien, como quedó establecido en lo pactado, las nuevas políticas, como el PNIS, deben ajustarse “con base en la evidencia, las lecciones de buenas prácticas y las recomendaciones de expertos y expertas y organizaciones nacionales e internacionales especializadas”[15]. Contrario a esto, el Gobierno del presidente Iván Duque, en un ejercicio de simulación de la implementación del Acuerdo de La Habana, ha reducido el PNIS, como acertadamente se señala en la introducción “a un apéndice de las estrategias de erradicación”, desviando el centro de la política en la materia, de los derechos humanos y la salud pública a una “amenaza a la seguridad de nuestro país”[16], esto es, la vuelta al narcotráfico como dispositivo político para la represión, el disciplinamiento y el control social.

Dos aspectos deben señalarse, por una parte, mientras el actual Gobierno centra sus esfuerzos en la reducción del área de cultivos de uso ilícito, y de esta forma extirpar “ese cáncer que ha atacado a nuestro país por décadas”[17], estudios demuestran que son más efectivas para reducir la oferta mundial de cocaína “los esfuerzos en incautaciones y destrucción de infraestructura que los esfuerzos en erradicación. [A partir de lo cual, se sostiene que] el indicador de éxito o fracaso no debe ser el área cultivada sino la cocaína que efectivamente llega al mercado”[18]. Frente a esto, las cifras de incautación de cocaína han venido en descenso desde el 2017, año en el que se decomisaron 324,85 toneladas, teniéndose a 2020 el registro de solo 137,46 toneladas confiscadas. Por su parte, las cifras de destrucción de infraestructura primaria de coca y cristalizaderos evidencian una mayor afectación a la primera (3.468), que a los últimos (158). Así las cosas, la administración Duque está haciendo mal la tarea, lo que se refleja en que la producción de cocaína haya llegado a 951 toneladas en el 2019, un aumento del 8 % con relación al 2018[19].

De otra parte, en el informe No 5 de seguimiento multipartidista a la implementación del Acuerdo de Paz, 14 congresistas denuncian serias problemáticas asociadas a la erradicación forzada, en primer lugar, que esta estrategia ha trasladado los cultivos a territorios étnicos y áreas de especial protección ambiental, al igual que, se ha ampliado la conflictividad social y la pérdida de legitimidad de las autoridades en donde se lleva a cabo. En segundo lugar, que existen inconsistencias en las cifras de erradicación forzada de 2019 con las hectáreas reportadas con coca en 2018: “en 25 municipios del país se reportan más hectáreas erradicadas forzosamente que sembradas”[20], lo que implica que la política busca cumplir indicadores, y no la superación de condiciones de pobreza y marginalidad de quienes están vinculados a los cultivos de uso ilícito y la transformación de los territorios dedicados a éstos, lo que pone en duda sus resultados efectivos en el largo plazo.

La obra acá presentada contribuye a los necesarios ajustes al Programa de Sustitución, en al menos tres aspectos centrales, que se corresponden con cada capítulo del cuerpo del documento. En primer lugar, evidencia lo que son procedimientos administrativos en los que existe una alta discrecionalidad por parte de funcionarios e instituciones, especialmente en lo que corresponde a no vinculación y retiro del Programa[21], así como la lentitud en la implementación e incumplimientos durante el actual Gobierno. Como advierte el autor, las familias hoy integradas al PNIS (99.97) representan solo el 76,1 % de aquellas que firmaron acuerdos colectivos de sustitución voluntaria bajo la presidencia anterior y siguen a la espera de una vinculación formal. De otra parte, debe reseñarse que el 96 % de las familias vinculadas “ha cumplido con la erradicación de raíz de los cultivos ilícitos”[22], pero, por el contrario, disminuyen de forma preocupante las cifras de cumplimiento y avance del Gobierno en las diferentes fases de implementación del Programa con relación al universo de familias. Por ejemplo, solo el 74,9 % de las familias ha recibido asistencia alimentaria inmediata (algo que debe hacerse en el primer mes) y solo el 62,3 % ha tenido servicio de asistencia técnica integral. En otros componentes, el progreso en la implementación únicamente da cuenta de “recursos comprometidos”[23].   

En segundo lugar, el trabajo expone elementos de relacionamiento del PNIS con la Reforma Rural Integral, específicamente con los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), cuestionando cómo los planes de acción para la transformación regional (PATR) se han querido mostrar cómo los PDET, señalando el autor que los planes son “documentos base que contienen el agregado de eventuales obras, programas y acciones institucionales que fueron producto del proceso participativo de consulta territorial y comunitaria que fue realizado en cada una de las regiones”. Los desencuentros materiales entre estos documentos y el PNIS se expresan en las formas en que se han dado los procesos de participación comunitaria y/o de beneficiarios en la implementación[24], así como, en la pérdida del carácter territorial del Programa de Sustitución, limitado básicamente a la entrega de subsidios para la eliminación de las plantas de coca. La no estipulación del PNIS como un programa de transformación del campo articulado bajo la Reforma Rural Integral hace que ésta aún más se aleje de la posibilidad de obtención de sus objetivos. 

Finalmente, en tercer lugar, el texto enfatiza en la necesidad de construir tipologías y estrategias territoriales diferenciadas para la implementación del PNIS en zonas de manejo especial. Tema que ha sido abordado de manera recurrente en el periodo más reciente[25] y al que el investigador De los Ríos contribuye con la exposición de las principales problemáticas que deben resolver la implementación diferenciada del Programa, exposición que tiene soporte en los análisis del autor sobre la literatura especializada, pero también en el amplio trabajo realizado en los territorios donde se adelanta la sustitución de cultivos.    

A cuatro años de haberse firmado el Acuerdo de La Habana, con relación al PNIS está pendiente el realizar ejercicios de sistematización y reflexión de la implementación de sus experiencias piloto (algo en lo que enfatiza el autor en las conclusiones); al igual que adelantar los cambios estructurales en el campo colombiano, especialmente aquellos que se encuentran incorporados en el punto 1 del Acuerdo Final; y, por supuesto, la implementación de los contenidos del punto 4 que han sido aplazados. De otra parte, la evaluación institucional del Programa debe hacerse considerando los enfoques de derechos, territorial, étnico y de género, así mismo, éstos deben ser parte de los ajustes al PNIS, revisiones que además deben tener presente la jurisprudencia que sobre cultivos de uso ilícito han expedido altas cortes y tribunales.

Con Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito: balance, rediseño y desafíos el Instituto se suma al gran reto de contribuir al análisis sobre la implementación del Acuerdo Final, con la satisfacción por el accionar que ILSA ha desplegado en los temas que aborda la obra, pero también con la alegría de poner nuevamente en el escenario editorial la colección Textos de Aquí y Ahora. Satisfacción y alegría que también se genera por quien es autor del trabajo, nuestro querido amigo Edwin de los Ríos, cuyas reflexiones compartimos a la academia y al movimiento social.

Textos de Aquí y Ahora

En el año 2003, El derecho a la salud en Colombia. Diez años de frustraciones[26], fue el título que inauguró Textos de Aquí y Ahora, en este trabajo se expresa que la colección es un servicio que ofrece ILSA a los movimientos sociales y a la comunidad académica. Su objetivo es contribuir a una mejor comprensión de la actualidad colombiana y latinoamericana. Estos textos pretenden acercarse a la coyuntura desde el análisis en profundidad, como un aporte a la cualificación de la praxis mediante enfoques y propuestas que respondan a las necesidades de quienes buscan incidir constructivamente en nuestras sociedades. TEXTOS DE AQUÍ Y AHORA se suman a los esfuerzos de un continente ávido de transformación.

Como se puede ver en la tabla ubicada al final de este libro, los cinco primeros números de la colección reunieron fundamentalmente trabajos de autores que no estaban vinculados al equipo institucional, nacionales y extranjeros[27]. Fueron textos en que los abordajes buscaban plantear un diálogo más regional y abierto al Sur Global, tratando temas propios de la actualidad de nuestra América, y también al presentar temas de la realidad colombiana.

Posteriormente, los siguientes números de Textos de Aquí y Ahora (6 al 15), se enfocaron en temáticas colombianas y las contribuciones fueron mayoritariamente de autores nacionales, miembros del equipo institucional. Fueron libros con los que ILSA se propuso hacer contribuciones y debates a políticas públicas, marcos legales y diseños institucionales en Colombia, relacionados con la ruralidad, la cuestión agroalimentaria, así como a aquellos sobre seguridad y víctimas, pero también, sobre derechos humanos. 

Esa primera etapa llegó hasta el año 2014. Hoy la realidad nos demanda volver a poner Textos que contribuyan Aquí y Ahora a los movimientos sociales y a la comunidad académica del país, nuestra América y el Sur Global.

* DE LOS RÍOS, Edwin. Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito: balance, rediseño y desafíos. Bogotá: ILSA, noviembre de 2020.

** Abogado y Magister en Derecho – Profundización en Derechos Humanos y DIH de la Universidad Nacional de Colombia. Investigador desde el 2007 del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA) y desde el 2017 presidente de su Junta Directiva. Profesor de la cátedra “Reconstrucción de Estados en Posconflicto” de la Maestría en Derechos Humanos y Gobernanza de la Universidad Cooperativa de Colombia (Pasto, Nariño). Columnista Online de Ámbito Jurídico.


[1] Construcción de paz que implica la necesaria negociación y solución política del conflicto armado con todas las partes en confrontación. Una paz completa.

[2] PALACIO, Germán y ROJAS, Fernando. Empresarios de la cocaína, parainstitucionalidad y flexibilidad de régimen político colombiano: narcotráfico y contrainsurgencia. En: PALACIO, Germán. La irrupción del Paraestado. Ensayos sobre la crisis colombiana. Bogotá: CEREC, ILSA, 1990, p. 69.

[3] Ibid., p. 81. En este mismo texto se encuentran trabajos de diversos autores que abordan la relación entre capitalismo y drogas ilegales, la erradicación y el uso de herbicidas contra los cultivos de uso ilícito y las conexiones entre narcotráfico y guerra sucia.

[4]  PALACIO Y ROJAS, Op. cit., p. 82.

[5] SANABRIA, Mauricio. Editorial. En: Portavoz. Boletín de los programas de servicios legales en Latinoamérica y el Caribe. No. 44 (dic. 1995), p. 7.

[6] GALLÓN, Gustavo. Fuerza pública y Constitución de 1991. En: INSTITUTO LATINOAMERICANO DE SERVICIOS LEGALES ALTERNATIVOS (LSA). 1991 – 2001. Diez años de la Constitución colombiana. Seminario de evaluación. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, ILSA, 2001, p. 169.

[7] CASTELLANOS, Camilo. La paz ni para remediar siquiera. En: Portavoz. Boletín de los programas de servicios legales en Latinoamérica y el Caribe. No. 44 (dic. 1995), p. 31.

[8] Véase: MONDRAGÓN, Héctor. La organización campesina en un ambiente de terror. Bogotá: ILSA, 2002, p. 8-9; FAJARDO, Darío. Las guerras de la agricultura colombiana. 1980-2010. Bogotá: ILSA, 2014.

[9] Puede consultarse, entre otros: INSTITUTO LATINOAMERICANO PARA UNA SOCIEDAD Y UN DERECHO ALTERNATIVOS (ILSA). La participación política de las comunidades rurales: eje de construcción de los nuevos territorios de paz. Bogotá: ILSA, OIM, DPS, 2015; INSTITUTO LATINOAMERICANO PARA UNA SOCIEDAD Y UN DERECHO ALTERNATIVOS (ILSA). Paz desde mi tierra. Herramientas pedagógicas para organizaciones sociales nortesantandereanas sobre los Acuerdos de La Habana y su implementación territorial. Bogotá: ILSA, 2017; SÁNCHEZ, Patricia, DE LOS RÍOS, Edwin; & ORDÓÑEZ, Freddy. Línea de base para establecer las capacidades de incidencia de las organizaciones de la sociedad civil y las plataformas de derechos humanos en 20 municipios del departamento del Meta. Bogotá: PNUD, ILSA, Gobernación del Meta, 2016.

[10] INSTITUTO LATINOAMERICANO DE SERVICIOS LEGALES ALTERNATIVOS (ILSA). Políticas agrarias para Colombia. Bogotá: ILSA, 2004, p. 23.

[11] GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA y FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA – EJÉRCITO DEL PUEBLO (GOBIERNO DE COLOMBIA y FARC-EP). Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (24, nov., 2016), p. 98.

[12] Ibid., p. 99.

[13] Por ejemplo: GONZÁLEZ, Ana María. Cuadernos de la implementación No. 7. La solución al problema de las drogas ilícitas en entredicho. Bogotá: Cepdipo, 2020.

[14] Tal es el caso de RINCÓN, Alexander. Cultivos de uso ilícito en Colombia (coca):  fracasos de una guerra en 7 relatos y estrategias futuras. Bogotá: Centro de Investigaciones para el Desarrollo, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia, 2020; y DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Economías ilegales, actores armados y nuevos escenarios de riesgo en el posacuerdo. Informe Especial. Bogotá: Defensoría del Pueblo, 2018.

[15] Ibid. p. 99.

[16] La más reciente reafirmación de esto se encuentra en: Duque, Iván. Palabras del presidente en la instalación del XXVI Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 28, sep., 2020. [consultado 30 sep. 2020] Disponible en <https://idm.presidencia.gov.co/prensa/palabras-del-presidente-ivan-duque-marquez-en-la-instalacion-del-xxvi-200928>

[17] Ibid.

[18] OBSERVATORIO DE DROGAS DE COLOMBIA. Estadísticas Nacionales.

[consultado 30 sep. 2020]

Disponible en <http://www.odc.gov.co/sidco/perfiles/estadisticas-nacionales>

[19] https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/cifras-record-de-cultivos-y-de-produccion-de-coca-en-colombia-en-2019-469630

[20] GOEBERTUS, Juanita, et. al. ¿Cómo va la solución al problema de las drogas ilícitas? Retos y recomendaciones. Informe 05: Seguimiento multi-partidista a la implementación del Acuerdo de Paz. p. 16.

[21] Sobre la suspensión de beneficiarios del Programa, véase: Ibid, p. 13.

[22] CONSEJERIA PRESIDENCIAL PARA LA ESTABILIZACIÓN Y LA CONSOLIDACIÓN. Informe de gestión 2 años Paz con Legalidad. Agosto 7, 2018 – agosto 31, 2020, p. 327.

[23] Ibid., p. 327-328.

[24] La articulación se ha limitado a incorporar a los PISDA propuestas recogidas en los escenarios participativos PDET. Señala la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación: “los documentos PISDA de los 48 municipios PNIS – PDET tuvieron como insumo 812 iniciativas PDET marcadas con etiqueta “sustitución de cultivos ilícitos” producto de la ruta metodológica implementada por la ART”. Ibid., p. 332.

[25] Sobre cultivos de uso ilícito en áreas protegidas véase: RINCÓN, Op.cit.; FUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ, ÁREA DINÁMICAS DEL CONFLICTO Y NEGOCIACIONES DE PAZ. Cultivos ilícitos y áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. Por qué ha sido difícil avanzar y cuáles son las opciones. Bogotá: FIP, 2020; GOEBERTUS, et. al. Op. cit., p. 18 – 20.   

[26] DE CURREA-LUGO, Víctor. El derecho a la salud en Colombia. Diez años de frustraciones. Bogotá: ILSA, 2003.

[27] Los extranjeros que contribuyeron en estos números iniciales fueron: Owen Fiss, Josep Aguiló, Terri Peretti, Sebastián Linares, Margaret Popkin, Luz Estella Nagle, Elin Skaar, César Landa, Megan Ballard, Claudia María Barbosa, Guido Piccoli y Boaventura de Sousa Santos.

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