El gobierno que preside Uribe Vélez presenta su política de Seguridad Democrática, como si tratara de la pócima que cura todos los problemas que padece el país y el pedestal donde descansa la institucionalidad de la nación. A nombre de dicha política justifica todo lo que hace y fundamenta los ataques virulentos a los opositores […]
El gobierno que preside Uribe Vélez presenta su política de Seguridad Democrática, como si tratara de la pócima que cura todos los problemas que padece el país y el pedestal donde descansa la institucionalidad de la nación.
A nombre de dicha política justifica todo lo que hace y fundamenta los ataques virulentos a los opositores a su gobierno y al régimen. Este fue el argumento para la intempestiva cancelación de la mediación del presidente Chávez, para concretar el acuerdo humanitario.
Desde el momento en que la presidencia anunció las facultades otorgadas al presidente Chávez como facilitador del acuerdo humanitario, éstas fueron recibidas con una lluvia de críticas desde los sectores más retardatarios del país y del gobierno de los Estados Unidos.
La presión para apartar al mediador y a la senadora Piedad Córdoba del acuerdo humanitario, no cesó un instante desde que iniciaron su labor el primero de septiembre.
Antes que reconocer las condiciones, capacidad para adelantar la facilitación humanitaria y abrir escenarios de diálogos de paz del presidente Chávez, sus enemigos le dieron primacía al propósito de no cederle espacios ni permitirle protagonismo político.
El Gobierno estuvo a la caza de cualquier motivo, que le sirviera de pretexto para sacar al presidente venezolano y a la senadora Córdoba del escenario de los diálogos. Y en efecto, se pegó de un hecho baladí para apartarlos, alegando la defensa de la política de Seguridad Democrática.
Esta determinación de gran trascendencia para la paz del país y la esperanza de las familias de los retenidos, no tiene correspondencia con la nimiedad del pretexto alegado. Porque el presidente Chávez saludó telefónicamente sin autorización de Uribe, al comandante del Ejército de Colombia, se tomó como justificación para dar por terminada la mediación venezolana.
Sectores de la opinión democrática nacional e internacional la rechazaron por desmesurada, lo mismo hicieron las familias de los retenidos, que vieron en la decisión del Presidente el desinterés por llegar a un acuerdo político y empecinarse en el rescate militar.
Pero esta no es la razón, son otras las que contaron para dar por terminada la gestión exitosa del presidente venezolano y de la senadora colombiana.
La principal, son los planes que tiene el gobierno de los Estados Unidos contra la revolución venezolana -de los cuales hace parte el gobierno colombiano- entre los que se contempla la intervención militar, tomando a Colombia como cabeza de playa para derrocar al Presidente y echar reversa al proceso revolucionario.
La segunda, la oligarquía colombiana teme que Chávez y la revolución Bolivariana se conviertan en referencia para el pueblo colombiano y se desate un proceso (la hecatombe de que habla el presidente Uribe) que replantee el rumbo del país y ponga en alto riesgo sus intereses de minoría privilegiada.
La tercera, tiene relación con la participación de la senadora Piedad Córdoba en las gestiones por el acuerdo humanitario, en equipo con el presidente Chávez. Para la ultraderecha es inaceptable que a ella se le permita ganar protagonismo político, mientras es la más decidida contradictora del actual gobierno.
Por último, como la Seguridad Democrática es el soporte del Plan Colombia, dirigido y financiado por los Estados Unidos; al hallarse en debate su refinanciación, el presidente Uribe prefiere hacer méritos con sus patrocinadores y sacrificar el acuerdo humanitario, retirando al presidente Chávez de la mediación que venía haciendo.
Esto es lo que el gobierno le oculta al pueblo colombiano. El Presidente debe decir la verdad al país.