El genocidio del pueblo palestina en Gaza perpetrado por el ejército israelí es tal vez uno de los acontecimientos de mayor impacto en la actual civilización humana. Cada masacre, cada tropelía, cada ultraje ejecutado por la horda hitleriana de Netanyahu es una escandalosa pieza de la demencia a la que puede llegar una alteración profunda de un grupo de bestias humanas poseídas por el racismo, el clasismo, el colonialismo y el odio social.
Por supuesto, la reacción de la conciencia humana, al ver la tragedia de los niños, las mujeres, los ancianos y los hombres ha sido de indignación y dolor; de repudio y rechazo por esta infame carnicería ejecutada a los ojos de toda la humanidad.
La protesta y la movilización de millones de seres humanos exigiendo el fin del tormento del pueblo palestino se ha extendido dando forma a uno de los movimientos sociales más potentes del siglo XXI. Movimiento de masas que también involucra a estados, organismos internacionales y líderes muy influyentes por su compromiso en la defensa de la vida y la integridad de los gazaties.
Gustavo Petro, el presidente de Colombia es uno de ellos y en su compromiso resuelto con el pueblo de Palestina ha lanzado varias iniciativas para condenar el actual gobierno de Israel y sancionar penalmente a sus actuales representantes.
Consecuente con su posición rompió relaciones con el gobierno de Netanyahu y ordenó suspender todo tipo de relaciones con el mismo, incluyendo los vínculos militares de larga data por las afinidades de la ultraderecha colombiana con la cúpula neonazi israelí que siempre ha sido la base del paramilitarismo; incluyendo, además, la suspensión de la venta de carbón y otras materias primas a Israel.
Sin embargo, los enclaves fascistas en el Estado colombiano se las han arreglado para hacer caso omiso a las órdenes de Petro para sostener el flujo de vínculos con la camarilla de Netanyahu y sus jefes militares.
Aun así, Petro ha redoblado su voluntad y militancia en contra el genocidio en Gaza.
En esa dirección, ha propiciado la organización y el funcionamiento del Grupo de La Haya, compuesto por Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica, al que le propuso que el país tuviera presencial militar activa en Gaza en contra de la guerra adelantada por Israel.
El grupo de La Haya fue creado tras una opinión consultiva de la CIJ de julio de 2024, que halló indicios de genocidio en Gaza. Su misión es coordinar acciones legales, diplomáticas y económicas para exigir que Israel cumpla el derecho internacional y frene la ofensiva en Gaza. Su primera reunión se dio, precisamente, ayer en Bogotá.
Los miembros del Grupo, con Colombia y Sudáfrica a la cabeza, han acordado tres acciones conjuntas. La primera es cumplir con las órdenes de arresto emitidas por el Tribunal Penal Internacional contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant. A su vez, tienen como objetivo prevenir el suministro de armas a Israel e impedir que buques vinculados a la industria militar israelí atraquen en sus puertos.
La iniciativa de Petro de la acción militar conjunta ocurrió en el marco de un homenaje y exaltación del trabajo de la Relatora especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos, Francesca Albanese, quien llegó al país esta semana a defender las posturas del presidente Petro sobre lo que ocurre en Medio Oriente y con quien se reunió, este martes, en el marco de la primera reunión del Grupo de La Haya, pues fue ella quien le regaló un cuadro sobre la guerra en Gaza, que llevó al mandatario a referirse a la posible ayuda militar.
En la reunión en Bogotá Petro señalo que la ocupación ahora se ha convertido en genocidio. Es imposible desvincular las políticas y la economía estatales de Israel de sus antiguas políticas y economía de ocupación. Han sido inseparables durante décadas, según su apreciación.
En la reunión en Bogotá el Grupo anunció una serie de medidas con el objetivo de reducir el margen de acción de Israel en sus operaciones en Gaza.
Entre estas, prevenir la provisión o transferencia de armas, municiones o combustible militar hacia Israel desde estos países y revisar urgentemente los contratos públicos para evitar que instituciones y fondos públicos apoyen lo que este grupo, en la línea de la resolución de julio de 2024 de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), considera una ocupación ilegal israelí en territorios palestinos.
Además de los estados miembro, este encuentro contó con la representación de 30 países, entre ellos España.
La acogida del evento por parte de Petro es consecuente con la línea que ha mantenido desde la agudización del conflicto palestino-israelí en octubre de 2023, tras la incursión militar de Hamás que dejó unas 1.200 personas muertas y otras 251 como rehenes.
La respuesta de Israel en Gaza, que hasta el momento ha dejado más de 57.800 muertos, llevó al gobierno colombiano a romper relaciones diplomáticas con Israel en la primavera de 2024.
Aquello se interpretó como un giro radical en política exterior colombiana, muy alineada en las últimas décadas con Israel y Estados Unidos, potencia con la que el país tampoco vive sus mejores días desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca.
El gobierno popular del Pacto Histórico se integró al proyecto de política exterior China de La Franja y la Ruta, se acercó a monarquías como la de Qatar o Emiratos Árabes Unidos, cuestionó abiertamente a Trump y EE.UU. por su feroz y racial política migratoria y anuncio que Colombia se retirara de la Otan.
El pasado 8 de julio, en una columna publicada en el diario británico The Guardian, Petro anunció que el objetivo era «introducir medidas legales, diplomáticas y económicas concretas que puedan detener la destrucción de Israel» en Gaza.
Obviamente este importante viraje de la política exterior colombiana bajo el actual gobierno lo que refleja son las grandes transformaciones ocurridas en el país en los últimos 33 meses. Desde luego, tales acciones alternativas influyen el actual curso político colombiano en que la confrontación entre el bloque popular y la casta oligárquica se debe traducir en la continuidad del actual programa de transformaciones de la sociedad bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro, por encima de bloqueos y de restricciones que solo favorecen los intereses de la plutocracia colombiana.
Con los referentes geopolíticos descritos es que debe plantearse la profundización de la actual transición política hacia la paz y la justicia social.
[1] Yoav Galant (en hebreo: יואב גלנט; Jaffa, 8 de noviembre de 1958) es un político israelí, y ex oficial militar que se desempeñó como ministro de Defensa entre 2022 y 2024. El 5 de noviembre de 2024, el primer ministro Benjamín Netanyahu anunció el despido de Galant y su sustitución por el ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz. Gallant es un ex oficial del Comando Sur de las Fuerzas de Defensa de Israel, sirviendo en la Armada israelí. En enero de 2015 entró en política, uniéndose al nuevo partido Kulanu. Después de ser elegido para la Knéset, fue nombrado ministro de Construcción. A finales de 2018, se unió al Likud, también ocupó anteriormente los cargos de ministro de Aliá e Integración y ministro de Educación. Yoav nació en Jaffa, Israel. Galant recibió un título de Gestión en Economía y Finanzas en la Universidad de Haifa. Comenzó su carrera militar en 1977 como comando naval en la unidad militar Shayetet 13. Avanzada ya la década de 1990, Galant entró en las fuerzas armadas de tierra, asumiendo el puesto de mayor general mientras se convirtió en el asesor militar del primer ministro para luego ser el comandante de las fuerzas de defensa del Mando Sur. El 21 de noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto internacional contra Netanyahu y Galant, por los presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos durante la guerra de Gaza. En concreto, a Yoav Galant se le imputaron los crímenes de exterminio, uso del hambre como arma de guerra, denegación de ayuda humanitaria y ataques deliberados a civiles (Ver https://es.wikipedia.org/wiki/Yoav_Galant )
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