Desde varios centros de reclusión del país se desarrollan desde hoy nuevas acciones de protesta coordinadas a nivel nacional. Cientos de detenidos y detenidas han entrado en huelga de hambre ante la falta de medidas eficaces del gobierno para la contención del coronavirus.
Han transcurrido dos semanas desde que para silenciar una protesta fueron masacrados 23 presos en la cárcel modelo de Bogotá. Este hecho sirvió para llamar la atención sobre la falta de acción oportuna del Estado para hacer frente a la pandemia en las prisiones del país. Sin embargo, a la fecha de hoy, los detenidos siguen denunciando que ni siquiera los protocolos básicos de prevención han sido adecuadamente implementados. Las condiciones de salubridad siguen siendo pésimas, el uso de tapabocas y gel antibacterial es poco común y la capacidad del sistema de salud penitenciaria, sigue siendo precaria.
De otro lado, el borrador de decreto para hacer frente al Covid-19 con medidas de deshacinamiento, no sólo es limitado y no logrará el objetivo de nivelar la población carcelaria con la real capacidad de las prisiones, sino que tiene fuerte oposición en la Fiscalía General de la Nación. Entidad que a través de su máximo representante ha hecho uso de tesis peligrosistas que evidencian la clara inclinación segregacionista contra la población reclusa.
El principal argumento del Fiscal General se puede resumir en que es preferible para una sociedad lanzar hacia la muerte a quienes están en prisión, antes que asumir en abstracto y sobre presunciones prejuiciosas, un riesgo para la seguridad ciudadana.
Sus planteamientos constituyen una clara materialización de la doctrina del enemigo interno y una apología a la discriminación, que solo contribuyen a profundizar la crisis del sistema carcelario y perpetuar el encarcelamiento de la población pobre y opositora, como regla general.
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